POLITICA
La baja en la edad de imputabilidad entró en terreno de definiciones: hay consenso, pero el kirchnerismo busca frenar el dictamen

El Gobierno, el PRO y otros bloques aliados buscarán mañana aprobar en un plenario de cuatro comisiones de Diputados un proyecto de Régimen Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y un sistema integral para abordar la problemática de los menores involucrados en el delito.
La iniciativa es resistida por el kirchnerismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y la Pastoral Social de la Iglesia Católica, cuyo titular, monseñor Dante Braida, expresó el fin de semana en diálogo con Infobae una fuerte oposición.
El debate se aceleró después de varios hechos de inseguridad que protagonizaron menores de edad. El más impactante fue el caso de Kim Gómez, de 7 años, que fue asesinada por dos delincuentes de 14 y 17 años, que le habían robado el auto a la mamá de la niña y la arrastraron varias cuadras.
Si bien hay 15 proyectos, un despacho que tuvo más consenso será discutido en una reunión con más de 100 diputados que integran las comisiones de Legislación Penal, que preside Laura Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.
La posición mayoritaria del bloque de Unión por la Patria es contraria a bajar la edad de imputabilidad. Pero el massismo, a través de Ramiro Gutiérrez, presentó su proyecto propio que también fijó en 14 años la edad de punibilidad.
Este domingo, el obispo Dante Braida sumó la voz institucional de la Iglesia Católica en contra de la baja de edad imputabilidad: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, dijo en exclusiva con Infobae.
Consensos y debate abierto
Más allá de las posiciones a favor y en contra, entre los más de 100 diputados que integran las comisiones hay consenso para avanzar en un dictamen que establece un Régimen Penal Juvenil que, si bien tiene como punto central la baja a 14 años, incluye una serie de medidas para abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.
El proyecto establece la derogación de la actual Ley 22.278, que rige desde 1980 -plena dictadura militar- y que, según coincidieron los legisladores de todos los bloques, resulta obsoleta. El nuevo texto —que consta de al menos 53 artículos distribuidos en once capítulos— fue elaborado tras ocho sesiones informativas que comenzaron en agosto del año pasado.
El gobierno de Javier Milei envió un proyecto redactado por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), que fijaba en 13 años el límite para la punibilidad. Después, el presidente incluso fue más allá y declaró en varias oportunidades el principio “delito de adulto, pena de adulto”, que incentivó a los sectores que rechazan la iniciativa a endurecer sus críticas.
Según pudo saber Infobae, durante ese proceso se convocó a especialistas de distintas disciplinas, incluyendo neurólogos, que aportaron evidencia científica sobre la capacidad de comprensión de adolescentes de 14 años respecto a la ilicitud de sus actos.
A diferencia de la norma vigente, que apenas contiene 13 artículos y menciona instituciones ya inexistentes como el “patronato de menores”, la iniciativa sobre la que habría mayor consenso incorpora estándares internacionales suscriptos por Argentina en materia de derechos de la infancia. Esa omisión provocó sanciones internacionales por no adecuar el país su legislación a los tratados que reconocen un régimen penal juvenil diferenciado.
Por eso, uno de los puntos centrales sobre los que hay acuerdo es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, alineándose con la mayoría de los países de América Latina, donde el umbral se sitúa entre los 12 y 14 años. El nuevo régimen se aplicará, entonces, a adolescentes de entre 14 y 18 años, y establece que la edad se considerará al momento del hecho delictivo.
Los diputados del oficialismo y los aliados que vienen trabajando en un dictamen de consenso advirtieron que esta modificación no significará que todos los menores que cometan delitos vayan a terminar presos. Por el contrario, proponen un esquema de penas alternativas y medidas complementarias que se graduarán según la edad y la gravedad del delito.
Entre las medidas complementarias previstas, que podrán aplicarse desde la imputación y acompañar a las sanciones penales, la mayoría de los legisladores que integran las comisiones coinciden en establecer en el nuevo régimen los siguientes criterios:
- Asesoramiento interdisciplinario.
- Inclusión en programas educativos, recreativos y culturales.
- Tratamiento médico o psicológico.
- Capacitación laboral y acceso al empleo.
- Prohibición del consumo de sustancias.
- Obligación de presentarse ante el tribunal.
- Prohibición de interrumpir la escolarización como sanción disciplinaria.
Estas medidas no están contempladas en la ley vigente y, según los impulsores del proyecto, son instrumentos imprescindibles para que los jueces cuenten con herramientas adecuadas a la hora de intervenir en casos de adolescentes en conflicto con la ley.
Un capítulo específico sobre los que hubo acuerdo es la regulación de penas alternativas a la privación de la libertad, entre las que figuran:
- Amonestación.
- Prohibición de acercamiento a la víctima.
- Servicios comunitarios.
- Monitoreo electrónico.
- Reparación del daño.
- Prohibición de conducir vehículos.
Estos artículos fueron trabajados de forma conjunta por diputados de distintos partidos políticos, y constituyen una de las bases del amplio consenso que sostiene el despacho. La lógica subyacente es que la prisión deberá ser la última instancia, reservada solo para los casos más graves y siempre con fundamentos concretos.
También hubo acuerdos para establecer modalidades atenuadas para la privación de libertad, que van desde la prisión domiciliaria, el instituto abierto, el instituto cerrado especializado. Y se prohíbe expresamente la prisión o reclusión perpetua para adolescentes, como así también se fija un límite máximo de cumplimiento efectivo.
Se contempla en el proyecto de consenso la posibilidad de sustituir parte de la pena tras cumplir dos tercios, siempre bajo control judicial y evaluación interdisciplinaria.
Uno de los aspectos que generó mayor acuerdo es la necesidad de fijar criterios específicos para evitar que los menores condenados cumplan sus penas en cárceles comunes o junto a adultos. Y en caso de internación, el proyecto establecerá la notificación al juez civil competente para garantizar un seguimiento adecuado.
Un dato que tuvo peso en el proceso de construcción del consenso fue la situación de menores de 16 años actualmente detenidos en provincias, a pesar de que la legislación vigente los considera no punibles.
Legisladores de diferentes bancadas reconocieron que en la actualidad, ante delitos especialmente graves —como el del adolescente involucrado en el asesinato de Kim—, los jueces optan por “medidas tutelares” para mantenerlos en reclusión sin juicio formal, sin defensor, sin respetar garantías mínimas y en condiciones de alojamiento que no están claramente reguladas.
Este vacío legal fue señalado como una de las principales motivaciones para avanzar en una reforma que garantice el debido proceso, establezca reglas claras y proteja los derechos de los adolescentes sin dejar a la sociedad desprotegida.
El proyecto que cosechó más apoyo incorpora un conjunto de principios y garantías procesales que tienen por objetivo orientar la aplicación de las normas a los adolescentes, entre ellos:
- Legalidad: solo se aplicarán medidas previstas por la ley.
- Debido proceso: todo adolescente tendrá defensa legal desde el inicio.
- In dubio pro minoris: la duda se resuelve a favor del menor.
- Proporcionalidad y excepcionalidad de las sanciones restrictivas.
- Resocialización y educación como finalidades centrales.
- Privación de libertad como último recurso, en establecimientos adecuados.
- Participación y derecho a ser oído del adolescente.
- Celeridad procesal.
- Posibilidad de renunciar a la reserva procesal para expresarse públicamente.
- Derechos y deberes de los padres en el proceso penal juvenil.
- Obligación estatal de asegurar educación, atención médica y orientación laboral.
POLITICA
“Siempre a favor de los delincuentes”: Patricia Bullrich cuestionó a Axel Kicillof por el desplazamiento de 24 policías

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el desplazamiento de sus funciones a 24 jefes policiales.
“El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política”, apuntó la dirigente nacional desde sus redes sociales.
Luego agregó: “No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total”. Y finalmente definió: “El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”.
La respuesta surge luego de que el gobernador bonaerense tomara la decisión de separar a 24 jefes policiales, después de las acusaciones de que estos oficiales organizaron acciones internas para respaldar políticamente al ex comisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato de La Libertad Avanza (LLA) a legislador provincial por la Tercera Sección Electoral, y conspirar contra la conducción de la fuerza, según informaron fuentes oficiales.
Según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en diálogo con Radio 10, Asuntos Internos recibió una denuncia anónima con datos precisos sobre la presunta confabulación de alrededor de 24 policías. Entre los implicados, estaría Bondarenko, señalado en el expediente en su condición de retirado. El grupo habría utilizado oficinas y recursos estatales para respaldar una candidatura y, principalmente, para elaborar medidas urgentes que implicarían una intervención en la Policía. Parte de esas propuestas los mencionaba como nuevos responsables de la institución, en lo que se investiga como un posible intento de desplazar al mando institucional.
El funcionario indicó que se realizaron auditorías preventivas en las dos dependencias policiales principales y que, al revisar los equipos informáticos, se encontró documentación que respaldó la gravedad de las acusaciones. Como consecuencia, se dispuso la desafectación de los responsables e inició la investigación correspondiente.
Fuentes oficiales señalaron que el centro de las maniobras detectadas fue la Policía Ecológica, cuyos responsables fueron removidos tras confirmarse el contenido de la denuncia, aunque se identificaron vínculos con otras áreas de la fuerza. Asuntos Internos recibió pruebas como conversaciones de WhatsApp, nombres, audios y distintos planes de acción para la Policía Bonaerense.
Por ley orgánica, los efectivos de la Policía Bonaerense tienen prohibido realizar actividad político-partidaria y tampoco están autorizados a ejercer participación gremial. “Bondarenko pidió licencia cuando decidió hacer política y fue concejal con autorización de la institución. Acá lo que hubo fue una actuación por fuera de la ley y por eso se le dio intervención a la Justicia, porque es más que una falta grave”, indicaron voceros del área de Seguridad.
Según fuentes de la investigación, el proceso se inició después de la definición de las candidaturas, cuando una persona cercana a los involucrados presentó abundante documentación y pruebas sobre las actividades de los implicados.“Cuando se fueron a las computadoras de la Policía Ecológica de los efectivos acusados, se comprobó que todo lo denunciado era cierto”, señalaron.
El último sábado se oficializó la candidatura de Maximiliano Iván Bondarenko como primer candidato en la lista de La Libertad Avanza para la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
“Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado, mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”, resaltó el candidato, en el comunicado que compartió el partido libertario.
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POLITICA
Javier Alonso denunció que policías desafectados filtraban datos a legisladores libertarios

En medio de la tensión política entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los 24 policías desafectados mantenían vínculos con legisladores de La Libertad Avanza y filtraban información sensible sobre operativos policiales.
“Se está sancionando porque desarrollaban una actividad prohibida”, sostuvo el funcionario bonaerense en una entrevista con Infobae en Vivo. Allí aseguró que los uniformados no fueron apartados por su ideología sino por haber montado una suerte de consultora política partidaria dentro de la fuerza, con acceso a computadoras, recursos y oficinas policiales.
“No se echó a nadie por lo que piensa. Se trata de acciones incompatibles con el uniforme”, explicó.
Echaron a 24 oficiales de la Policía Bonaerense por trabajar para un candidato de La Libertad Avanza
La investigación interna comenzó tras una denuncia anónima que describía un entramado entre un grupo de policías en funciones y Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y actual candidato de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral. Según Alonso, existía una relación personal directa: “Son compadres. Fueron testigos mutuos en un juicio de usucapión por terrenos en City Bell”.
Recursos públicos y vínculos políticos
De acuerdo con el expediente, los policías habrían utilizado espacios institucionales para reuniones políticas y para brindar asesoramiento en materia de seguridad a dirigentes libertarios. En esa línea, el funcionario alertó: “Facilitaban información a legisladores nacionales sobre operativos”.
“El jefe policial a cargo subordinó a otros oficiales a ese armado. La denuncia aportó testimonios y registros informáticos muy precisos”, agregó.
El candidato libertario por el que Kicillof despidió a 24 policías denunció “una cacería de brujas” en la Provincia
El funcionario aclaró que no se trata de despidos, sino de desafecciones preventivas. Los efectivos pasaron a disponibilidad mientras avanza la investigación y cuentan con derecho a defensa. “No podían seguir en sus funciones con esa denuncia en curso. Hay que preservar la institucionalidad”, explicó.
Choque con Nación y advertencias de Bullrich
La medida provocó una fuerte reacción de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien acusó al gobernador Axel Kicillof de “odiar a la policía” y de “estar del lado de los delincuentes”. Alonso evitó la confrontación directa, pero marcó límites: “El único objetivo es proteger la estructura de la Policía Bonaerense frente a injerencias partidarias. No hay revancha ni persecución”.
Patricia Bullrich cruzó a Kicillof por echar a 24 policías: “Siempre está a favor de los delincuentes”
La denuncia también detalla cómo el grupo armado dentro de la fuerza utilizaba computadoras oficiales, organizaba actos con funcionarios y distribuía datos sensibles. La participación de Bondarenko en reuniones con policías activos, según el ministro, representaba una grave violación de la ley.
“Un policía retirado no puede comandar ni tener reuniones con oficiales en actividad”, remarcó Alonso.
La investigación quedó en manos de Asuntos Internos y peritos en delitos informáticos, y no se descartan futuras sanciones administrativas o judiciales, dependiendo de las pruebas reunidas.
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POLITICA
“Las aguas van a bajar”, dijo Guillermo Francos sobre la interna en el oficialismo por las listas

Un día después de la intervención de Karina Milei, quien apeló a su cuenta de la red social X para alzar la voz en medio de la feroz interna que atraviesa La Libertad Avanza, en medio de los cuestionamientos originados por la conformación de las candidaturas para las elecciones legislativas bonaerenses que impulsó la Casa Rosada, este jueves Guillermo Francos estimó que “las aguas van a bajar”, al considerar que tanto la hermana del Presidente como Santiago Caputo, uno de los principales asesores del mandatario, “cumplen un rol importante” para el Gobierno.
“Cuando se conforman las listas para competir en una elección, siempre existen estas diferencias de opinión y cuestionamientos”, advirtió Francos esta mañana, durante una entrevista brindada a CNN Radio.
“Yo creo que las aguas van a bajar, estamos hablando de dos personas que son importantes para el Gobierno y el Presidente de la Nación, como Karina Milei o Santiago Caputo. Cada uno cumple un rol importante para el Gobierno, de modo que yo creo que no tiene sentido que las líneas de ahí para abajo estén confrontando”, insistió.
“No veo un problema que genere un cisma por tener posiciones distintas”, completó.
Por último, aprovechó para destacar los conflictos que atraviesa el peronismo, que precisó una prórroga de la Junta Electoral para cerrar sus listas en la provincia de Buenos Aires. “Son momentos electorales, momentos de conformación de listas, y existen ese tipo de disputas. El peronismo/kirchnerismo, que tiene una trayectoria mucho más larga, ha tenido más problemas que nosotros mismos porque no han sido capaces de cerrar sus listas en PBA cuando vencía el plazo legal, y tuvieron que prologárselo para ellos por casi 48 horas”, recordó.
Ayer miércoles, dos días después del dilatado cierre de listas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo cual originó cruces internos dentro de La Libertad Avanza, Karina Milei se refirió a la tensión que surgió en las filas libertarias después de que sectores internos manifestaran disconformidad con la selección y el armado de aspirantes legislativos en el distrito más populoso del país. La líder del espacio marcó el tono del debate público al señalar:“El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo”.
La frase resonó en sintonía directa con las expresiones previas del armador bonaerense Sebastián Pareja, quien también salió al cruce de detractores internos al advertir que “la persona que cuestiona a los candidatos del presidente está cuestionando al presidente”.
A través de su cuenta en X, la dirigente no solo defendió la conformación de las nóminas, sino que enfatizó el carácter fundacional del proyecto político y sentó posición sobre el rumbo de la organización: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”, afirmó.
Además, la presidenta de La Libertad Avanza subrayó que las listas presentadas no se tratan de un armado coyuntural. “No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, manifestó.
Bajo este marco, Milei remarcó la importancia de la “lealtad” y la alineación con la jefatura nacional del espacio, en referencia a las críticas internas que surgieron tras el cierre de las fórmulas, e insistió en el principio de “tabula rasa” promovido por el mandatario desde el inicio de su gestión. “Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”, aseguró la presidenta del partido.
El mensaje también ubicó como adversario al “kirchnerismo” y resumió las motivaciones de La Libertad Avanza para disputar con fuerza la Provincia de Buenos Aires. “El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia”, publicó la titular del espacio libertario.
Las tensiones dentro de La Libertad Avanza en Buenos Aires quedaron a la vista luego de que dirigentes del espacio expresaron su descontento por la manera en que se diseñaron las listas. Frente a ese escenario, desde el sector alineado a Sebastián Pareja y la conducción nacional reafirmaron la legitimidad de los designados.
El próximo 7 de septiembre, la provincia renovará la totalidad de sus bancas legislativas y autoridades municipales. En este contexto, la lista cerrada por La Libertad Avanza buscará consolidarse como fuerza competitiva frente a las tradicionales estructuras bonaerenses con un mensaje de confrontación directa hacia el peronismo y el sector afín al kirchnerismo, que gobierna la provincia desde hace más de una década.
“Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, concluyó la presidenta partidaria.
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