El oficialismo retiró el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años que había enviado al Congreso y presentará uno nuevo, que lleva el piso a 14, como lo impulsa la oposición, pudo saber TN de fuentes parlamentarias. El Gobierno quiere debatir la iniciativa el próximo jueves en sesión en la Cámara Baja.

Unas de las razones centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen inicial la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Actualmente la base de imputabilidad se ubica en 16 años.

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El proyecto es similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Con la salvedad que en esta oportunidad el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que prevean el financiamiento para la efectiva implementación de la ley, en caso de que se sancione.

Desde bloques aliados adelantaron que la nueva iniciativa entraría después de la integración de la comisión de Justicia de la Cámara Baja. De todos modos aclararon que, pese a la iniciativa original que planteaba el piso de imputabilidad en 13 años, que estaba acordado con el oficialismo de antemano que el consenso era que partiera desde los 14. Cambio clave que el Gobierno decidió aceptar para agilizar el avance de la iniciativa en el Congreso.

Desde el oficialismo plantearon que la iniciativa se habría retirado por objeción administrativa y que sigue vigente el dictamen de 2024, al que le sumarían partidas presupuestarias contempladas en el nuevo proyecto.

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A horas del debate decisivo, Diego Santilli, ministro del Interior, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Santilli defendió con énfasis la iniciativa del Gobierno nacional, remarcó los cambios clave y apuntó contra la oposición por sostener un sistema que, según él, frena la generación de empleo formal.

Cambios concretos: vacaciones flexibles, indemnizaciones y fin a la industria del juicio

El funcionario adelantó que la nueva ley laboral permitirá acordar vacaciones de manera flexible, dejando atrás la rigidez del régimen anterior. “Ahora vas a poder tomarte una semana en un momento, en acuerdo de partes”, explicó Santilli, quien subrayó que la normativa vigente se había vuelto obsoleta y estaba llena de parches.

Uno de los puntos centrales será la creación del Fondo de Asistencia Laboral, destinado a garantizar indemnizaciones en tiempo y forma para empleados de pequeñas y medianas empresas. “Un juicio laboral podía destruir a una PYME. Ahora, con este fondo, el trabajador cobra como corresponde”, destacó.

Además, Santilli insistió en que la reforma apunta a terminar con la industria del juicio y la multiplicación de multas que, hasta ahora, encarecían los despidos y paralizaban la contratación. “Estamos matando también ese lugar”, afirmó.

Respuesta a la oposición y apuesta por la formalización

Frente a las críticas que tildan la norma de “ley esclavista”, Santilli devolvió la acusación: “Son los que no quieren cambiar y te quieren dejar en la misma situación de pobreza”. Apuntó contra el kirchnerismo por, según su visión, haber perpetuado la informalidad y el clientelismo.

El ministro insistió en que la reforma busca ampliar derechos y que los trabajadores informales accedan a cobertura de salud, vacaciones y una jubilación futura. “El desafío es ayudar a los que están en la informalidad a ser formales”, sostuvo.

Impuestos, fondos discrecionales y la disputa por los ATN

Santilli negó cualquier maniobra de presión sobre los gobernadores para conseguir votos, desestimando la existencia de una “nueva Banelco” o entrega de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) discrecionales. “Los dos años con menor entrega de ATN son los del presidente Milei. Incluye al que te habla como ministro”, remarcó.

El funcionario reiteró que toda la política fiscal del Gobierno apunta a bajar impuestos y devolver excedentes a la sociedad. “Cada peso excedente va a bajar impuestos y devolvérselo a la sociedad”, afirmó.

PYMES: alivio ante el riesgo judicial y mirada federal

El titular de Interior reconoció que muchos empresarios sentían que contratar era “una bomba de tiempo” por el riesgo de juicios laborales. Explicó que la reforma busca reducir ese miedo, adaptando las normas a las realidades productivas de cada región. “No es lo mismo un comercio en Santiago del Estero que en La Pampa o una actividad minera en el norte que una petrolera en Neuquén”, graficó.

Actualización de juicios laborales y el debate pendiente

Sobre la actualización de los juicios laborales, Santilli sostuvo que la eliminación de multas es un paso clave y que hay proyectos en marcha para fijar una tasa única de actualización, evitando la actual dispersión de criterios. “Lo que estamos buscando es una tasa en un proyecto individual que está listo para tratamiento”, precisó.

El poroteo final: confianza en la media sanción

Con la votación a horas de producirse, Santilli se mostró convencido de que el oficialismo logrará la media sanción en la Cámara alta. “Estoy convencido que tenemos número para quórum y número para sancionar la ley”, aseguró. El ministro resaltó que la meta es formalizar trabajadores y recuperar ingresos para las provincias y la Nación: “Cada cuatrocientos mil trabajadores formalizados, que es una meta alcanzable, recuperás el cien por ciento del impacto de ganancias”.

Por lo pronto, este mediodía habrá una nueva reunión de la mesa política del Gobierno para analizar cómo se encuentran las negociaciones y terminar de definir hasta qué punto está dispuesto a ceder el Poder Ejecutivo con cambios en el proyecto, cuyo texto final se conocería recién mañana en el inicio de la sesión.

La semana clave para la reforma laboral de Javier Milei continúa hoy a partir de las 10:00 con una reunión decisiva en la Casa Rosada. La mesa política de La Libertad Avanza se encontrará en la previa de la sesión del Senado, convocada para este miércoles, en un clima marcado por la negociación con los bloques aliados que piden la eliminación del capítulo de Ganancias y una creciente tensión sindical en la calle.

El oficialismo llega a esa instancia con el objetivo de ordenar su estrategia legislativa y despejar incertidumbres sobre el texto final que se debatirá en el recinto. La discusión se da mientras la CGT prepara una movilización al Congreso en rechazo al proyecto y sectores gremiales combativos avanzan con medidas de fuerza propias, que incluyen un paro de actividades de transporte y estatales, un plan de lucha que la central obrera rechazó convocar.

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La sesión en la Cámara Alta será el primer gran test parlamentario del año para el Gobierno. En ese marco, la conducción libertaria busca evitar sorpresas y llegar al debate con el mayor nivel de previsibilidad posible, tanto en la votación en general como en los artículos más sensibles.

En Balcarce 50 ya avisaron que están dispuestos a hacer cambios y, en ese contexto, la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades está cada vez más cerca de ser excluida del proyecto por pedido de las provincias, que cuestionan tener que afrontar una nueva caída de recursos coparticipables.

Mientras los gobernadores piden garantías sobre una compensación de esas pérdidas, como volver a coparticipar el Impuesto al Cheque, el senador radical Eduardo Vischi planteó la opción de que Nación y provincias acuerden un nuevo pacto fiscal.

Reunión clave del oficialismo

La mesa política de LLA volverá a encontrarse con la mirada puesta en el poroteo fino del Senado y en la coordinación con gobernadores y bloques dialoguistas. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de los principales armadores políticos del oficialismo: Santiago Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Luis Caputo e Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada dan por hecho que la definición de la estrategia no se limitará a un solo punto del proyecto. El foco está puesto en asegurar apoyos y reducir el margen de conflicto durante la sesión, en un contexto en el que cada voto resulta determinante para el Gobierno.

Durante las últimas horas, los contactos con mandatarios provinciales y senadores aliados se intensificaron. El objetivo fue llegar a la reunión política con un panorama claro de los respaldos y de los eventuales costos de sostener o modificar algunos artículos del proyecto.

Además, Bullrich recibió a los presidentes de bloques aliados, en la que acordaron la modificación de unos 30 artículos, según confirmó la titular del bloque de LLA en el Senado, y quedó a un paso la eliminación de Ganancias.

Negociaciones contrarreloj con aliados y gobernadores

En ese marco de negociaciones contrarreloj se sucedieron varias reuniones en la Casa Rosada con mandatarios provinciales aliados, con el eje puesto en el impacto de la reforma y en la necesidad de garantizar el avance de la agenda legislativa.

Desde el Gobierno insisten en que la reforma laboral forma parte del plan para atraer inversiones y mejorar la productividad, un argumento que fue reiterado en los encuentros con dirigentes del interior. Sin embargo, también admiten que el respaldo parlamentario depende de equilibrios frágiles y de acuerdos que deben cerrarse antes de la sesión.

La mesa política evaluará este martes cómo traducir esas conversaciones en votos concretos y qué margen de maniobra tiene el oficialismo para sostener el texto sin abrir nuevos frentes de conflicto en el Senado. La clave está en la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente a los recursos coparticipables y que es el de mayor resistencia de parte de los senadores de las provincias dialoguistas.

La presión sindical y la fractura del frente gremial

Mientras el Gobierno define su hoja de ruta, el sindicalismo mostró señales de fragmentación. La CGT convocó a una movilización al Congreso para el miércoles, pero evitó llamar a un paro general, con la intención de que una demostración masiva en las calles durante el debate legislativo alcance para frenar los artículos más conflictivos para los gremios.

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En paralelo, los gremios del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron un paro desde las 13:00. La medida afectará vuelos, trenes, subtes y el transporte de carga, con impacto en todo el país, y coincidirá con la marcha cegetista.

A esa decisión se sumaron otros sindicatos industriales y de servicios que optaron por medidas de fuerza propias, que se desmarcaron de la conducción de la CGT para elevar la presión sobre el Senado en la jornada del debate.

En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga de 24 horas con movilización al Congreso y llamó a “parar igual” aunque no exista una convocatoria formal de la CGT, según expresó su secretario general, Rodolfo Aguiar, en un plenario federal de delegados y horas después de haberse reunido con Pablo Moyano.

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