POLITICA
La Cámara de Casación confirmó la condena a tres años contra Guillermo Moreno por alterar las cifras del INDEC

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo Guillermo Moreno por alterar los datos de medición de la inflación del INDEC. También lo inhabilitaron por seis años para ejercer cargos públicos. Pero al ser una condena en suspenso, Moreno no quedará detenido.
El fallo alcanza además a Beatriz Paglieri, exdirectora de Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Ambos fueron condenados a la misma pena de tres años en suspenso y seis de inhabilitación por el Tribunal Oral Federal N° 2, mientras que María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia que fueron absueltas.
El fallo fue dictado por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci de la Sala II de la Cámara Federal de Casación. Si esta semana se aprueba la ley de ficha limpia, con este doble conforme, Moreno quedarían impedido de competir en las elecciones legislativas de octubre para cargos legislativos nacionales.
La condena de Paglieri fue de tres años de prisión en suspenso por los delitos de destrucción e inutilización de registros públicos y abuso de poder y Moreno fue hallado autor por determinar la comisión de ese ilícito.
El fiscal ante la Casación Mario Villar insistió con que se lo condene por falsedad ideológica, argumentando que los comunicados oficiales del INDEC donde se introducían los datos falsos de inflación eran instrumentos públicos. También apeló las absoluciones de Cámpora Avellaneda y Filia, considerándolas partícipes necesarias.
Moreno, en cambio, pidió su absolución o la revisión de la pena. Argumentó que la causa estaba prescripta y que no se violó el secreto estadístico al pedir informes sobre los encuestados para establecer el índice de precios.
Los jueces Ledesma, Slokar y Yacobucci rechazaron todos los recursos de Casación, tanto los presentados por el fiscal como las defensas y dejaron firmes la condenas. Ratificaron que los informes de prensa del INDEC no son equiparables a un “instrumento público” para condenar por el delito de falsedad ideológica. Dijeron además que la causa no está prescripta y que no se probó que Moreno y Palglieri incidieron en el Indice de Precios al Consumidor.
Con respecto de Paglieri, se confirmó que se acreditó el abuso funcional al ordenar cambios metodológicos para el cálculo del índice de inflación, sin tener facultades para ello y de manera contraria la metodología implementada hasta ese momento.
También ratificaron la calificación de destrucción de registros públicos, al entender que la falta de transparencia y los cambios ordenados inutilizaron los registros informáticos.
La jueza Angela Ledesma, cuyo voto lideró el acuerdo, sostuvo al respecto que “la ‘equiparación de los informes de prensa con ”instrumento público» es, ”insostenible’”.
Por su parte, el juez Alejandro Slokar adhirió a esta conclusión, señalando que “no es dable equiparar los informes de prensa en cuestión con el elemento normativo del tipo ‘instrumento público’, previsto en el tipo de injusto antes referido”.
En cuanto a las condenas de Moreno y Paglieri, las defensas no lograron revertirlas. La Cámara validó la valoración del tribunal que encontró probado que Moreno, ante la resistencia para obtener información protegida, “asumió el rol de inductor de las conductas típicas, antijurídicas y culpables de Beatriz Paglieri”. La instó a realizar cambios para “dibujar” el Indices de Precios al Consumidor,
Sobre la actuación de Paglieri, la Cámara confirmó que hubo abuso de autoridad al ordenar cambios metodológicos como la implementación de “topes” para limitar variaciones de precios sin tener facultad legal para ello y en contra de la metodología vigente.
También ratificó la condena por destrucción de registros públicos al entender que las modificaciones introducidas sin transparencia y el uso de fuentes no validadas inutilizaron los registros informáticos originales para compararlos con otros.
El juez Guillermo Yacobucci resaltó las implicancias institucionales de estos delitos. Dijo que estas “conductas son propias de aquellos sujetos que forman parte de la estructura funcional de los poderes estatales en el sistema democrático y que afectan el normal transparente y honesto desenvolvimiento de la administración pública”.
El magistrado dijo que “su infracción se exhibe, además, integrando una matriz de corrupción en sus relaciones con actores de la sociedad civil”. “La falta de transparencia en los actos de los gobernantes y la ausencia de fundamentación de sus decisiones repercuten en la sociedad generando un velo de desconfianza generalizada que lesiona la legitimidad de las instituciones democráticas”, escribió.
Yacobucci sostuvo que la gestión del Estado, en cuanto al INDEC “demandaba que la toma de decisiones de sus funcionarios fuera adoptada con rigurosidad a la luz de los principios de transparencia y legalidad” y en cambio los datos fueron falseados, lo que afectó “la confianza y la credibilidad de los ciudadanos”.
Escribió el juez: “Beatriz Paglieri no solo actuó bajo las órdenes directas de Mario Guillermo Moreno, sino que también tuvo una injerencia activa en el esquema diseñado para alterar los índices económicos del país, habiendo manipulado, desde su rol, estos datos”.
Moreno estaba acusado de, entre 2006 y 2007, instar a los funcionarios del INDEC a que le suministren datos protegidos por el secreto estadístico para que cambien la metodología en que se venía elaborando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Fue para que diera un índice de inflación de acuerdo con la expectativas del gobierno de Néstor Kirchner.
En el juicio se probó la adulteración de los Índices de Precios al Consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires entre enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007, y del IPC de la Provincia de Mendoza comprendido en el Índice Nacional de Precios al Consumo de agosto de 2007.
Esos datos fueron comunicados en informes de prensa oficiales del INDEC. “Al manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del Índice IPC se alteró la base de datos original del INDEC y quedaron inutilizados los registros oficiales del sistema estadístico nacional”, afirmaron los jueces.
POLITICA
Reflotan una denuncia contra el hermano de Sabbatella en medio de la interna que sacude a la intendencia de Morón

Una denuncia contra Hernán Sabbatella, secretario legal y técnico de la Municipalidad de Morón, elevó la tensión en una intendencia cruzada por la interna entre el intendente, Lucas Ghi, y el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.
En el Departamento Judicial de San Isidro está a la espera de una definición la posible reapertura de una investigación por entrega de estupefacientes y lesiones leves contra el funcionario municipal, enfrentado con su hermano, en un expediente que la defensa de la mujer denunciante aspira a que se evalúe como un presunto abuso sexual. El acusado atribuye toda la situación a la pelea local por el poder.
La causa se inició luego de una salida del actual secretario legal y técnico de Morón con una mujer, en Vicente López, el 29 de agosto de 2021. Luego de ese encuentro, la mujer (de 33 años, cuya identidad se preserva) afirmó haber quedado inconsciente en la vía pública, donde fue asistida por repartidores de la aplicación Pedidos Ya! que la hallaron en la esquina de avenida Maipú y Santa Rosa, y terminó en un hospital local, para más tarde recalar en el Hospital Posadas. Ella y Sabbatella consumieron cerveza. En un análisis que le realizaron luego a la denunciante se estableció la presencia de opiáceos.
El expediente pasó por la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas del Distrito Vicente López y se archivó en noviembre de 2021, según extractos de expedientes a los que accedió . En diciembre de 2024, la denunciante solicitó que se revirtiera el archivo. A principios de abril, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género volvió a disponer el archivo. Ahora, la defensa de la mujer, a cargo del abogado Javier Baños, pidió la revisión ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro.
La expectativa de la defensa de la víctima es que se investigue si existió abuso sexual contra la mujer durante unas cuatro horas en las que no recuerda lo que sucedió. Según sostuvieron fuentes cercanas a la denunciante, “estuvo tres días recuperándose”. Indicaron, además, que “el desencadenante [para pedir que se reabra la investigación] fue colocar al imputado como jefe de la víctima” en el organigrama municipal.
Hernán Sabbatella atribuye a la interna política del distrito que la denuncia se haya revitalizado. “Es todo falaz. La causa fue archivada en 2021 y el 8 de abril de este año”, subrayó a este diario el funcionario de Morón. “Salimos, tomamos algo. Ella recordó que el día anterior había consumido marihuana en su cumpleaños. Cuando, en octubre del año pasado, recrudece la interna, Lucas [Ghi] transfirió a mi secretaría el área de Derechos Humanos. Empiezan a aparecer pintadas en la esquina de mi casa, mensajes diciéndome que si aceptaba la transferencia se podía reactivar la denuncia. En enero, se presentan en la fiscalía patrocinados por Javier Baños, que hasta enero era asesor en la secretaría de Spina [por el exsecretario de Gobierno Diego Spina, hombre leal a Martín Sabbatella]”, sintetizó el secretario legal y técnico de la municipalidad.
El funcionario dijo que solo fue jefe de la denunciante por un período transitorio. “Cuando Lucas [Ghi] disuelve la Secretaría de Gobierno, se distribuyen áreas. La Dirección de Asuntos Interreligiosos, donde ella era coordinadora, por unos días pasó a depender de mi secretaría. Ahí se dispara el tema; el área de Género manda una notificación al intendente y se rectifica”, explicó el secretario legal y técnico municipal. “Nunca trabajó conmigo ni le di un cargo en el Estado”, añadió.
Hace dos meses, Hernán Sabbatella fue expulsado de Nuevo Encuentro, el partido que preside su hermano. “Se conformó una comisión especial con el propósito de conocer los detalles del caso y convocar a las partes y a testigos para interiorizarse del episodio ocurrido en 2021. La comisión produjo un dictamen contra Hernán Sabbatella que elevó al Comité de Ética de Nuevo Encuentro, donde se dispuso la expulsión del denunciado”, se informó en un comunicado del partido.
“Se resolvió que la fuerza debía informar al intendente de Morón, Lucas Ghi, y pedirle que desplazara a Hernán Sabbatella del gobierno municipal, donde se desempeña como secretario legal y técnico. La solicitud de Nuevo Encuentro, debidamente notificada por la diputada nacional Mónica Macha [pareja de Martín Sabbatella] y las referentes del espacio de género del partido, aún no fue respondida», se completó en el comunicado de Nuevo Encuentro. “¿Por qué no me expulsaron en 2021 [cuando empezó la denuncia]?“, se preguntó Hernán Sabbatella, en diálogo con .
Martín Sabbatella, enfrentado con su hermano, cuestionó que se cuele la interna de Morón en este caso. “Si bien para nosotros lo personal es político, y más cuando estás ejerciendo la función pública, esto no tiene nada que ver con las discusiones políticas internas. Hernán quiere mezclar las cosas para protegerse y enchastrar la situación para desacreditar la denuncia y desautorizar la palabra de la víctima”, aseguró el extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), expresidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y exintendente de Morón (fue electo en 1999, 2003 y 2007).
Martín Sabbatella y el intendente Ghi están enfrentados. Sabbatella planea postularse a intendente en 2027 y Ghi reformuló su gabinete para tener funcionarios leales. Desplazó a Spina, hombre de confianza del exjefe comunal, y también a los funcionarios que lideraban áreas como las de Seguridad, Educación, Desarrollo Productivo, Género y Fortalecimiento Institucional. Por fuera del distrito, también están en veredas opuestas: Sabbatella, con Cristina Kirchner; Ghi, con Axel Kicillof.
Hernán Sabbatella es un hombre de confianza de Ghi, que se mantiene en cargos de máxima responsabilidad. “Desde hace dos años digo que no voy a ser parte del complot contra la gestión de Lucas”, resaltó el secretario legal y técnico municipal que enfrenta la denuncia judicial.
POLITICA
Andá, máquina, nadie te detiene

Minutos después de que se oficializara la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertada Avanza, el PRO cuestionó a la ministra de Seguridad y consideró que con esa decisión «deja atrás una parte muy grande de su reputación«. A la par, dirigentes del partido amarillo como María Eugenia Vidal la cruzaron en clave irónica con memes donde se burlan de su partida.
«Los dirigentes alcanzan sus posiciones de poder representando las ideas y la voluntad de muchas personas que creen en ellas. En un sentido, al ser elegidos, dejan de ser del todo libres, porque adquieren una responsabilidad que no tiene vencimiento«, empieza el texto que el espacio político compartió en su cuenta oficial de X.
Además, el alejamiento de la expresidenta del partido amarillo, dio lugar a la aparición de memes para graficar el rechazo al cambio de Bullrich. «Andá máquina nomás, nadie te detiene», publicó la diputada María Eugenia Vidal, con la imagen de la clásica escena de la serie Okupas.
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 6, 2025
POLITICA
Obtuvo dictamen la baja de la edad de imputabilidad y será tratada en Diputados

La Cámara de Diputados dio un paso clave hacia la reforma del Régimen Penal Juvenil al aprobar el dictamen que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto original, impulsado por los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, contemplaba reducirla a 13 años, pero fue modificado para obtener el consenso necesario en el plenario de comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Niñez y Adolescencia.
El dictamen de mayoría obtuvo 77 firmas, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, y el bloque Innovación Federal. En tanto, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal firmaron en disidencia, expresando preocupaciones sobre la implementación y el financiamiento del nuevo régimen.
Patricia Bullrich se afiliará a La Libertad Avanza y abandonará al PRO
Entre las modificaciones introducidas, se estableció que la prisión solo será efectiva para delitos graves y la pena máxima quedó fijada en 15 años. Además, se incorporó la figura del “acompañante” para garantizar el debido proceso y la supervisión de las medidas socioeducativas, como la continuidad escolar de los menores.
Sin embargo, algunos legisladores manifestaron su desacuerdo. El diputado Fernando Carbajal, de Democracia Sindical, criticó que “este dictamen no recepta los ejes políticos e ideológicos del Gobierno” y rechazó el lema “delito de adulto, pena de adulto”.
El proyecto ahora está listo para ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados. Su aprobación definitiva dependerá de las negociaciones entre los distintos bloques y de cómo se aborden las preocupaciones planteadas sobre la implementación efectiva del nuevo régimen penal juvenil.
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Cámara de Diputados,Edad de Imputabilidad,menores de edad,Penal
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