Tras tres 30 de debate, la denominada Ley Ómnibus, propuesta por el presidente Javier Milei, fue aprobada en general por la Cámara de Diputados con 144 votos a favor y 109 en contra. El megaproyecto, que perdió en el camino más de la mitad de sus artículos, logró el respaldo de los votos libertarios, los del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

Sin embargo, a pesar de que el oficialismo haya obtenido el apoyo de las provincias y los bloques dialoguistas, el debate sobre los artículos específicos continuará el martes siguiente. Por lo que, si el Gobierno no logra mayores consensos, todavía podrían ser rechazados algunos puntos cruciales como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS.

Sesión en la Cámara de Diputados. Ley Ómnibus – Foto Federico López Claro.

El comunicado de la Casa Rosada, minutos antes de la votación, evidenció la frustración del Gobierno con las provincias y los bloques dialoguistas, quienes, a pesar de las modificaciones realizadas, siguen condicionando su apoyo y exigiendo ajustes adicionales en el texto.

“Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”, sintetizó la Casa Rosada, en un intento de ponerle un límite a las presiones.

Desde el radicalismo, reconocen que las negociaciones y desacuerdos se centran en la coparticipación del impuesto PAIS. De acuerdo con Infobae, los diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Martín Llaryora, fueron los más firmes y amenazaron con forzar cambios a favor de la coparticipación de este tributo.

A pesar de que son tan sólo cinco diputados, desde otros bloques dialoguistas reconocen que una moción para coparticipar el impuesto PAIS podría cosechar con facilidad muchos apoyos en casi todos los espacios ya que beneficia a las provincias en detrimento del gobierno nacional. “Habíamos acordado quitar el tema de la discusión; pero si lo meten, muchos de los nuestros se van a sentir tentados de votar a favor, más aún los de Unión por la Patria”, explicaron desde el radicalismo.

Desde el sector dialoguista, además, añadieron: “Con esta ley el gobierno no va a poder recaudar porque se quitó el capítulo fiscal (retenciones, blanqueo, jubilaciones, etc.). No puede salir perdiendo también con la coparticipación del impuesto PAIS”. De esta forma, los gobernadores provinciales buscan robustecer las arcas tras el recorte de las transferencias del Tesoro, de la obra pública y del impuesto a las Ganancias.

En tanto, otro punto central para el Ejecutivo comprende las emergencias y las facultades delegadas. En medio de las negociaciones, los diputados cordobeses dejaron trascender que sólo estarían dispuestos a aprobar tres emergencias: fiscal, administrativa y de seguridad. Las mismas tres que tiene Llaryora como gobernador. Así, quedarían los votos muy justos para la emergencia tarifaria, económica y energética.

Por otro lado, respecto a las privatizaciones, el oficialismo envió una nueva redacción del capítulo que incluye varios artículos nuevos. No obstante, el consenso no es total.

Con la nueva modificación, el listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres compañías que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Además, las empresas se dividieron en tres artículos, con sus respectivos anexos con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división buscaba facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Sin embargo, el recorte no logra por el momento suficientes apoyos y el radicalismo no apoya la privatización del Banco Nación.

En este contexto, el Gobierno se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores y la oposición durante el fin de semana para seguir acercando posiciones.