El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola pidió a los Estados Unidos los videos del despegue del avión del amigo del Gobierno Leonardo Scatturice, ya que está en duda el lugar desde donde partió la aeronave.

No es el único misterio que pretende revelar el magistrado, que hizo lugar a la mayoría de las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Por caso, la identidad y las comunicaciones de la funcionaria de la Aduana que habilitó un carril especial para que los pasajeros y tripulantes del jet privado no fueran revisados; los vehículos y empleados involucrados en la descarga; los controles sobre la bodega del avión, y hasta las razones por las que la ANAC no tenía registros de los movimientos del jet de Scatturice. Una suerte de vuelo “fantasma”. Todo eso, además de autorizar que se vuelva a tomar el testimonio de los pilotos, uno de los cuales trabajó para el expresidente Alberto Fernández.

Oficialmente, se registró que el jet privado partió desde Fort Lauderdale, en Florida, pero podría haberlo hecho desde Opa-locka, otro aeropuerto de ese estado.

Según la declaración general de vuelo, la aeronave provenía del aeropuerto KFLL-Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Sin embargo, en mensajes de WhatsApp enviados por el piloto al personal de la empresa Royal Class, que fueron aportados en el expediente judicial por esa compañía, indicaba que la aeronave provenía y regresaría el 12 de marzo al aeropuerto de Opa-locka (KOPF).

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aportó la faja de progreso de vuelo y mensajes AMHS, que contienen información relativa al plan de vuelo y su trayectoria, de los cuales también se desprende que la aeronave habría provenido de Opa-locka (KOPF).

Este detalle es clave porque habla de los controles que se realizaron sobre el equipaje al salir de los Estados Unidos, uno de los argumentos que la empresa de Scatturice esgrimió para asegurar que el equipaje fue controlado al partir.

Para aclarar esas dudas, el juez −dijeron fuentes judiciales a − pidió los videos del despegue de la aeronave. Asimismo, se pidieron nuevas declaraciones testimoniales a los pilotos. Uno de ellos, Juan Pablo Pinto, fue el piloto de Alberto Fernández que protagonizó el vuelo rasante sobre Aeroparque con el que bautizaron en 2023 al flamante avión presidencial ARG-01.

El fiscal Claudio Navas Rial pidió investigar quién ordenó dejar pasar las valijas del avión de Scatturice sin que las revisaran. Y el juez Yadarola avanzó para individualizar a los funcionarios de la Aduana que permitieron el ingreso del equipaje sin sobresaltos y en particular a una mujer que, según un testigo, recibió un celular de la pasajera Laura Belén Arrieta.

Navas Rial habló en su dictamen de “inconsistencias significativas”, entre las que destacó “omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación que acredite la inmovilización, resguardo e inspección del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado”.

Asimismo señaló que hubo una “instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos” para revisar a los pasajeros del avión que aterrizó el 26 de febrero en Aeroparque.

En ese dictamen, el fiscal pidió que se individualicen los funcionarios que acompañaron a los pilotos y a Laura Belén Arrieta, la ejecutiva de la empresa OCP Tech que bajó del avión como única pasajera.

El avión ingresó con José Luis Donato Bresciano y Pinto como pilotos y Arrieta como pasajera. Se sumó un cuarto ocupante a la salida, Víctor Germán Du Plooy, quien había arribado previamente al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo comercial. Se trata del Corporate Business Manager de OCP Tech, la empresa de Scatturice que hace un mes abrió oficinas en Puerto Madero como parte de su política de expansión. Todos los empleados trabajaban para Scatturice desde hace un año.

Navas Rial, tras reconstruir la llegada del avión, el recorrido de los pasajeros y las valijas, y destacar que se anotaron cinco bultos, cuando en realidad bajaron 10 de la aeronave, destacó que no se revisaron.

Las valijas pasaron por un canal paralelo sin ser objeto de controles. “Este tratamiento diferenciado -justificado en la inexistencia de alertas activas sobre el grupo, según lo manifestado por el jefe de División- y en presencia de tecnología operativa disponible, plantea interrogantes sobre el fundamento de la selectividad aplicada”, dijo Navas Rial.

Y agregó que “la omisión de revisión contrasta con el control ejercido de manera regular e inmediata sobre todos los demás pasajeros en condiciones aparentemente similares”, destaca el dictamen.

“El registro fílmico evidencia que, mientras una cantidad considerable de personas se encontraban en el hall de Aduana, siendo sometidos al control de equipaje mediante escáner, la pasajera y los dos tripulantes del vuelo privado fueron los únicos en beneficiarse de un criterio de selectividad que derivó en un procedimiento diferenciado. Este hecho se produjo ante la mirada de los funcionarios encargados del control, que no solo presenciaron la situación, sino que además facilitaron activamente el acceso exclusivo del grupo, mientras los demás pasajeros eran conducidos por los carriles de control correspondientes”, dice el fiscal.

La fiscalía quiere identificar a todos los vehículos que intervinieron en el arribo del avión, en particular dos camionetas color negro, pertenecientes a Royal Class; una camioneta tipo traffic que podría pertenecer a la PSA; una camioneta a la Dirección General de Aduanas y dos o tres camionetas que se aproximan y se retiran de la aeronave. La fiscalía quiere saber quiénes iban a bordo para llamarlos a declarar.

Teniendo en cuenta la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente, Navas Rial sugirió además que vuelvan a declarar ambos tripulantes y el chofer del vehículo identificado como “Michi”, que estaba al servicio de Laura Belén Arrieta.

En su requerimiento de instrucción, el fiscal tuvo acreditada “la discrepancia entre los cinco bultos declarados oficialmente en el Formulario de Declaración General y las imágenes de la PSA que muestran más de diez bultos”.

También pidió al juez “identificar al personal de la empresa Royal Class que intervino en la operación de arribo, en especial a las dos personas que, según se desprende del análisis de las imágenes, trasladaban los bultos (posibles maleteros), así como a los dos agentes que habrían acompañado a la pasajera y la tripulación durante todo el procedimiento, tanto en pista como en el hall de Aduana”.

Además, quedaron en el avión dos valijas, que se declararon como equipaje en tránsito, que llamaron la atención del fiscal.

El avión permaneció en tierra hasta volver a despegar hacia París, previa escala en Tenerife. La fiscalía quiere saber qué “normativa vigente aplicable al momento de los hechos y en la actualidad, en relación con la permanencia de aeronaves en el territorio argentino” y las normas sobre “control de aeronaves en hangares privados”.

Hay, dijo Navas Rial, inconsistencias en la información de Migraciones: “Se advierten inconsistencias en los registros migratorios correspondientes a los dos tripulantes (José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto) y a los dos pasajeros (Laura Belén Arrieta y Víctor Germán Du Plooy). En particular, los datos consignados por la Dirección Nacional de Migraciones indican como destino de salida “Estados Unidos”, cuando en realidad la aeronave partió con destino final París, realizando una escala intermedia en Tenerife, y recién retornó a EE.UU. el día 12 de marzo, hecho que sí surge de documentación incorporada a la causa.

En cuanto a las “inconsistencias en registros migratorios”, el fiscal pidió que Migraciones “proceda a la rectificación urgente de los datos incorrectamente consignados en el sistema migratorio”.

El fiscal enumeró las siguientes irregularidades:

Una amplia mayoría opositora avanzó esta tarde en la Cámara de Diputados en un dictamen para insistir en un mecanismo que garantice el financiamiento de las universidades públicas, iniciativa que fuera vetada por el presidente Javier Milei el año pasado.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de los rectores universitarios, está listo para ser debatido en el recinto en una sesión que, se estima, se convocaría para fines de este mes.

Esta mayoría se construyó merced al consenso alcanzado entre casi todos los bloques de la oposición, salvo un sector de UCR y la izquierda –que firmaron sus propios dictámenes-, Pro y un puñado de aliados del oficialismo. Satisfechos, los opositores confían en que este nivel de acuerdo permitiría aprobar el proyecto con dos tercios de los votos en el recinto, número que permitiría resistir un eventual nuevo veto del Poder Ejecutivo si finalmente es convertido en ley.

La propuesta se basa sobre dos ejes troncales: por un lado, la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, de los hospitales universitarios y de las partidas destinadas a ciencia y tecnología retroactiva al año pasado; a partir de este año se propone un ajuste bimestral, también por inflación.

El otro eje se refiere a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes. Sobre este punto el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses, aunque fija como piso de aumento mensual el índice de precios del consumidor. Asimismo, se dispone la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles y la realización de auditorías obligatorias en todas las universidades por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Los dictámenes se firmaron durante el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto, convocadas luego de que la oposición emplazara la semana pasada a sus presidentes –Alejandro Finocchiaro (Pro) y José Luis Espert (LLA)– a dar el debate. El siguiente paso será llevar los dictámenes al recinto; aún no hay fecha de sesión por el inminente receso legislativo, pero se estima que no pasará de la primera semana de agosto.

Los opositores reconocieron el consenso alcanzado. “Es cierto que hace un año impulsamos un proyecto que fue vetado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad estamos en un lugar distinto, el consenso es mucho más amplio y se incorporaron elementos nuevos en el dictamen. Creemos que a partir del aprendizaje del año pasado logramos obtener un dictamen de comisiones con más potencia y más fuerza”, exaltó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

“Celebro el amplísimo consenso. Lo que hubo fue sentido común y conciencia colectiva. Esta vez decidimos bajarnos del pedestal y acercarnos a quienes vienen visibilizando la realidad del sistema universitario”, enfatizó, por su parte, Danya Tavella (Democracia para Siempre), una de las principales promotoras del dictamen.

“Cuando no invertís en educación, cortás las posibilidades de desarrollo. Cuando no apostás a la ciencia y la tecnología, te quedás afuera del mundo. Por eso es clave construir una alternativa que garantice inversión pública y un proyecto de país con futuro”, agregó.

El socialista Esteban Paulón exaltó que el proyecto cuenta con el respaldo de los rectores, docentes y no docentes universitarios, además de la mayoría de los espacios políticos de la Cámara. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que el presupuesto universitario cayó, en términos reales, un 32% y que la inversión presupuestaria por estudiante “es la más baja desde 2005. “Hemos logrado una mayoría contundente que demuestra que, más allá de nuestras diferencias, hemos actuado con generosidad”, enfatizó.

Los detractores del dictamen se retiraron sin pronunciar palabra. Solo cuando finalizó el plenario el diputado Finocchiaro cuestionó los alcances del proyecto. “No le corresponde al Congreso intervenir en una paritaria. Eso lo tienen que resolver las partes. Es un antecedente muy peligroso”, alertó.