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La “casta” hace los deberes que necesita Milei

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El Senado de la Legislatura bonaerense aprobó una ley para eliminar la limitación que impide a los legisladores hacerse reelegir más de una vez. Más allá de la sensatez de los argumentos técnicos, hay que prestar atención al significado político de esta decisión: en su vocación de eternidad, la “casta” hace los deberes que Javier Milei necesita que haga. Para entender la votación hay que desenmascarar algunos comportamientos cargados de cinismo y, sobre todo, entender el juego de poder que está librando la dirigencia de la provincia mientras camina hacia los comicios convocados por Axel Kicillof para el 7 de septiembre.

Alrededor de la reelección de diputados y senadores hay una discusión teórica. El que mejor la planteó, en defensa de que no haya limitaciones, fue el senador Marcelo Daletto, quien milita en las filas de Emilio Monzó. Este vecino de Chacabuco explicó que es razonable garantizar la alternancia en cargos ejecutivos. Pero no cuando se trata de organismos que elaboran leyes y controlan, como la Legislatura. Daletto alegó que en la experiencia internacional la reelección de parlamentarios está permitida y que, inclusive, merece ser alentada porque asegura la experiencia de quienes deben crear las normas.

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Para adherir a las razones de Daletto hay que olvidar varios detalles. Uno muy relevante es que en casi todos los sistemas qué él citó la elección es uninominal, es decir, el candidato a la reelección debe reclamar el voto poniendo la cara, con nombre y apellido. En la provincia de Buenos Aires ese mismo dirigente participa de una lista, muchas veces escondido, a la que fue incorporado por el dedo de un caudillo partidario. Esa cultura es la que permite hablar de “casta”.

Otra peculiaridad que debe recordarse es que los senadores que eliminaron el límite para permanecer en el poder pertenecen a una Legislatura que pide a gritos una renovación. O al menos, si no es mucho pedir, una mueca de renovación. Es el opaco parlamento bonaerense que en las últimas décadas produjo una única noticia: las fechorías de Julio Rigau, “Chocolate”, quien administraba 48 tarjetas de débito para extraer en los cajeros automáticos del centro de La Plata los retornos que diputados y senadores cobraban a sus empleados a cambio de que reciban las paupérrimas prestaciones de IOMA. “Cobraban” es una licencia poética: apenas se controle un poco lo que sucede en la Legislatura se advertirá que los “chocolates” pasan, pero las trapisondas perduran.

Sobre este telón de fondo, resultó más burlona todavía la retórica de ese gran comediante, Carlos Kikuchi, cuando explicó que, al aprobar la reelección indefinida, los senadores que votaban a favor se estaban mirando en el espejo de Winston Churchill. Kikuchi, junto a su colega Sergio Vargas, llegó a la Legislatura en las listas libertarias de Milei, quien caracterizaba a los legisladores como “ratas”, pero esta vez votó con el kirchnerismo. Antes de asumir su banca cambió de lealtades, abandonó al Presidente, y pasó a militar en una sospechosa LLA blue. Como hacía Churchill.

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La votación por las reelecciones quedó empatada en 22 contra 22. Verónica Magario, la vicegobernadora, inclinó la balanza a favor de la ley. Los alineamientos fueron sinuosos. El Pro, la UCR y el GEN de Margarita Stolbizer, La Libertad Avanza (LLA) oficial y Joaquín De la Torre votaron en contra de la iniciativa. Dos senadores del sector peronista también se opusieron. Federico Fagioli, que pertenece al Frente Patria Grande de Juan Grabois, y Soledad Vanelli, del Frente Renovador que sigue a Sergio Massa.

Entusiasmada por la conducta de Vanelli, Malena Galmarini agitó la bandera de la renovación política: “Atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por la cerradura a ver si llueve del lado de afuera” condenó, con una imagen meteorológica muy adecuada al comienzo del invierno. Sin embargo, tanta pasión merece ser matizada. Vanelli votó en contra pero dio quorum, habilitando así a que se vote la ley. Es la misma Vanelli que, solitaria, votó a favor de la continuidad del fiscal Claudio Scapolan, cuando se decidió su destitución. Scapolan fue removido de su cargo por un jury debido a que la Justicia encontró pruebas de que integraba una banda que, con varios policías bonaerenses, traficaban drogas en el conurbano. Entre los defensores de esos acusados estaba Marcelo D’Angelo, abogado que formó parte del equipo de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Hoy Ritondo, el entrañable “Pucho”, negocia con LLA la integración de las listas que van a purificar a la Legislatura de la insoportable “casta”. A propósito de “Pucho”: ayer la Corte resolvió todas las recusaciones pendientes, con lo cual ya quedó conformado el equipo de jueces que debe resolver la multimillonaria situación fiscal de Pablo Otero, el “Señor del Tabaco”, dueño de Tabacalera Sarandí. Son Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú.

Vanelli, que repudia las reelecciones pero defiende a Scapolan, se ufanó de estar a favor de la ley vigente, que fue propuesta por su compañero del Frente Renovador Rubén Eslaiman. El “Turco” Eslaiman siempre fue señalado como jefe de los Albini, Claudio y Facundo, hoy en prisión domiciliaria por sus responsabilidades en las manualidades de “Chocolate” Rigau en los cajeros automáticos. Un paisaje poco edificante que Galmarini podría contemplar con solo acercarse al ojo de la cerradura.

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Más allá de los detalles, Vanelli permitió a Massa exhibir un acto de coherencia: él siempre estuvo en contra de las reelecciones indefinidas. Sin embargo, quienes saben que su astucia es ilimitada, sospechan que fue él quien indujo a que facilite el quorum María Mandagarán, del GEN. En la misma actitud estuvieron María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón, del PRO. Todos alegan que ayudaron a que se abra la sesión interesados en otros temas del orden del día.

Frente al empate, debió definir Magario. Al votar a favor de la reelección indefinida de los diputados y senadores entró en una contradicción con su socio Kicillof: él había prometido que sólo se quitaría la limitación para los legisladores si al mismo tiempo se beneficiaba a los intendentes, que tampoco pueden gobernar más de dos períodos consecutivos. Es en este punto donde la polémica de las reelecciones se entrelaza con la disputa electoral para septiembre.

La ley que se aprobó en el Senado fue impulsada por dos miembros de esa Cámara: Luis Vivona, autor del texto, y Gustavo Soos. Ambos sueñan con ser reelectos. Están apurados: deberían postularse el 19 de julio, que es cuando vence la presentación de listas. Vivona depende del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Soos, del de Merlo, Gustavo Menéndez. Nardini y Menéndez soñaron con terminar con dos “barones del Conurbano”, Raúl Otacehé y Jesús Cariglino. Ahora ellos asumieron la baronía. No pensaban distinto que sus antecesores: querían los mismo.

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Kicillof necesita que también los intendentes puedan eternizarse. Carente de recursos, es algo que puede ofrecer a cambio de la lealtad de esos caudillejos en la guerra contra Cristina Kirchner. Sin embargo, la expresidenta y su hijo Máximo se niegan a aceptar la relección indefinida de los jefes municipales. No lo hacen por una repentina pasión republicana. Al parecer, se los aconsejó Massa: “Primero que jueguen con nosotros en la interna; después les pagamos con la reelección”, habría sido la receta. Primero una zapatilla, después la otra: como en los comicios. “Massa tiene séptima velocidad, para el bien y para el mal”, diagnostica alguien que lo conoce y aprecia. Lo relevante: en la reglamentación electoral se está jugando, cifrada, la interna peronista.

Así como Massa, a través de Vanelli, planteó una disidencia, Grabois hizo lo mismo, representado por Federico Fagioli. A diferencia de Vanelli, Fagioli no dio quórum. Se ausentó. No debe sorprender: Grabois y su frente apuestan a una nitidez que les permita capturar a un electorado kirchnerista que está amenazado por la vacancia de Cristina Kirchner. Quienes conocen bien la trama de las organizaciones sociales interpretan que el documento emitido por la Conferencia Episcopal, denunciando que el drama del consumo de drogas está potenciado por la retirada del Estado, esconde un reproche por el recorte de subsidios al movimiento de Grabois y al “Evita” de Emilio Pérsico. Fue hasta ahora la queja más contundente ante el ajuste fiscal que lleva adelante Javier Milei.

No hace falta aclarar que la expansión de la droga es muy anterior a la llegada del actual gobierno nacional. Y que tiene muchos más motivos que el recorte de partidas. Entre ellos está la corrupción policial y judicial. Sin ir más lejos: en estos días el Consejo de la Magistratura debe resolver la situación del juez de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de numerosas irregularidades, entre otras la connivencia con el poderoso narco rosarino Esteban Alvarado, cuyas redes de tráfico penetrarían en el Gran Buenos Aires. Curiosidades de estas tramas: Bailaque es defendido en el Consejo de la Magistratura por el abogado Mario Laporta. Y va a ser juzgado en un jury integrado, entre otros, por la diputada Agustina Propato. Es la esposa del senador Sergio Berni, quien es defendido por el mismo Laporta en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Se puede suponer que Berni, sucesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad, también está rozado por los narcos? Es muy probable que no. Tal vez Bailaque y Berni, antiguos comprovincianos de Santa Cruz, hayan recurrido en busca de un defensor a Nicolás Fernández, ex senador por esa provincia con bastante influencia en Tribunales.

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Mientras en el Senado se aprobó la ley que permite la reelección indefinida de los legisladores, nadie sabe qué sucederá con esa iniciativa en Diputados. La premura es un problema: las listas cierran el próximo 19. Hay 22 legisladores que ya consumieron dos mandatos y quieren acelerar el tratamiento. Los que conocen la rutina de la Legislatura creen que esos 22 repúblicos van a perder el tren.

Mientras tanto, en cada sector se juega el ajedrez del armado de las listas. El peronismo realizará la semana próxima una reunión en su sede nacional de la calle Matheu para que los representantes de todos los partidos de Unión por la Patria fijen la oferta electoral. El primero de ellos, decidir en un mismo proceso las candidaturas provinciales y nacionales, aunque compitan en fechas diferentes. La liturgia debe despejar la gran incógnita: quién reemplazará a Cristina Kirchner al frente de la lista de la tercera sección electoral. En el entorno de la expresidenta apoyan a Máximo Kirchner. ¿Kicillof y su grupo lo aceptarían? ¿Qué harían los intendentes que acompañan al gobernador, como Jorge Ferraresi, Juan José Mussi o Mario Secco? ¿Se replegarían sobre sus municipios limitándose a armar listas de concejales? La respuesta que dan a estos interrogantes en el Instituto Patria es previsible: “¿Además de proscribir a Cristina también van a proscribir a su hijo? ¿Proscripción sin fallo?”.

El antropólogo Pablo Semán observó ayer que “resulta sorprendente que a la acusación de conformar una casta se responda atacando con una estrategia dinástica. Después intentan explicarse las derrotas”. Pero el kirchnerismo es indiferente a la acusación de estar formando una oligarquía.

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Los libertarios, que son quienes formula la acusación, no. Por eso confían el desmantelamiento de la “casta” a las negociaciones de “Pucho” Ritondo y el “Colo” Santilli con Sebastián Pareja y los Menem, Martín y “Lule”. Hasta ahora las conversaciones no tuvieron demasiado éxito. “Pucho” y “Colo” no están tan interesados en las listas como en incorporarse al gabinete como ministros o jefes de agencias del estilo de la SIDE. Los observa Mauricio Macri, a la espera de que obtengan algo “digno”. Es la palabra que usa el expresidente. Algo digno para Pro, no para ellos, claro. Macri está siendo tentado por dirigentes como Emilio Monzó para armar una oferta independiente en la provincia. Jorge Macri defiende esa estrategia, que hace juego con armar una lista propia de legisladores nacionales para octubre. ¿María Eugenia Vidal sería la candidata a senadora? La relación entre los primos no pasa por el mejor momento. Mauricio piensa intervenir todavía más en la gestión porteña. Acaso uno de estos días convoquen a Edgardo Cenzón desde su paraíso uruguayo y lo traigan de nuevo a Buenos Aires para ejercer, como hizo siempre, el “gobierno invisible”. La “casta” sigue haciendo los deberes que Milei necesita que haga.



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Kicillof se opone al decreto de Milei y le da asueto a los trabajadores estatales de la Provincia

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En línea con los gremios que se manifestaron en contra la nueva medida, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se opone el decreto firmado por Javier Milei que elimina el asueto por el Día del Empleado Público que se celebra este viernes 27 de junio. En ese contexto, el distrito de Axel Kicillof decidió dar lugar al día no laborable a los trabajadores estatales provinciales.

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público bonaerense hizo hincapié en la Ley Provincial 14.600 que establece el asueto para el Día del Empleado Público (aplicable a los estatales de la provincia de Buenos Aires).

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“Se informa que conforme el día viernes 27 de junio de 2025 es asueto para los y las trabajadores/as de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración del ‘Día del Trabajador del Estado’, fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 reconociendo el derecho a la negociación colectiva en la administración pública”, dice el breve escrito firmado por la subsecretaria Paula Verónica Ferraris.

El aviso llega en desafío al Decreto 430/2025, que elimina el asueto administrativo para los trabajadores estatales nacionales de este viernes. La medida deroga el artículo 2° de la Ley 26.876, por lo que obliga a los trabajadores estatales nacionales a ejercer sus trabajos con normalidad el viernes pese a que el día no será considerado hábil administrativo para el cómputo de plazos legales.

Antes, en su conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni argumentó en su anuncio: “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.

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Tras hacer hincapié en que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país”, el también legislador porteño electo reforzó: “Esta medida fue en consonancia con la concepción del Estado de este gobierno. La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, fue el primer gremio que se manifestó en contra del decreto oficializado este jueves en el Boletín Oficial al considerarlo ilegítimo ya que es el Congreso el que debe derogar una norma aprobada por el Poder Legislativo (en este caso la ley data del 2013). Además, llamó a no respetar la medida.

Primero, tras la conferencia de prensa de Adorni, Aguiar tildó la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

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Por otro lado, esta mañana amenazó con un paro para este viernes. “Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”, publicó el sindicalista en su cuenta de X.

Sólo en su odio se explica que el resto de las actividades laborales tengan su día y el mismo sea no laborable. Celebrar nuestro día es un derecho que el Congreso estableció mediante una ley y sólo el Congreso puede derogar”, insistió.

Y cerró: “No descartamos llevar adelante una medida de acción directa, como un paro, a comunicar en las próximas horas”.

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Un diputado peronista se diferenció y criticó la reelección indefinida: “No estamos en un momento político para esos planteos”

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El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, cuestionó la media sanción del Senado bonaerense al proyecto que habilita la reelección indefinida de legisladores y cargos legislativos municipales en la provincia de Buenos Aires, al señalar que expresó su desacuerdo en impulsarlo, y le llamó la atención la insistencia en la propuesta, a pesar de la falta de apoyo con la que contaba entre los propios.

No estamos en un momento político para esos planteos. No fue acertado”, afirmó, en declaraciones realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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En ese marco, Valdés analizó la reciente media sanción en el Senado bonaerense —aprobada tras un empate y decidida por la vicegobernadora Verónica Magario— y profundizó en el debate interno por la representación política, la reacción frente a la condena contra Cristina Kirchner y las complejidades en la construcción de una alternativa peronista competitiva en el actual contexto político.

No entiendo cómo se baja a un recinto cuando sabés que vas a perder. Me sorprende porque el sector de (Sergio) Massa no iba a votar, y el de (Juan) Grabois tampoco. No entiendo por qué, si no tenés acuerdo con quienes estás para compartir el diseño político que viene, yo no estaría para bajar al recinto”, consideró el legislador nacional.

El sorpresivo avance legislativo en la provincia de Buenos Aires se consumó tras la sesión en la que el Senado en esta semana, dividido en partes iguales (22 a 22), recurrió a la intervención decisiva de Magario para desempatar en favor de la reelección indefinida. El proyecto, promovido por un sector del kirchnerismo, permitió que se destrabe una restricción impuesta en 2016, cuando la Legislatura había fijado un límite de dos mandatos consecutivos para senadores, diputados, concejales y consejeros escolares.

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Las fricciones por las listas en el peronismo bonaerense

En cuanto al panorama interno del peronismo bonaerense y la sucesión del liderazgo tras la condena judicial de Cristina Kirchner, Valdés señaló sobre la expresidenta que “los liderazgos son naturales, no los imponés vos”, sin embargo, admitió que “creo que estamos entrando en una etapa más institucional” tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Suprema.

«Son todos forcejeos en un momento previo a una negociación“, consideró, al referirse a los contrapuntos y cortocircuitos de la última semana, entre el kirchnerismo, y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se referencia en el gobernador Axel Kicillof. ”Va a haber acuerdo. Nadie se suicida. Si del otro lado están juntándose con el fórceps, vos (no) te vas a dividir de este lado. Algunos fórceps hay que usar», reconoció el diputado nacional.

Según Valdés, lo principal es que la conducción del peronismo apunte a “reconstruir la pertenencia de los sectores tradicionalmente representa el peronismo” y recuperar el voto en áreas de alto ausentismo electoral.

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Tenemos una obligación con los sectores más vulnerables que no nos votaron. Habría una incipiente recuperación de ese voto, por ejemplo, como pasó en la Comuna 8, pero hay un gran ausentismo, que es más sobre nosotros que sobre ellos (el oficialismo de Javier Milei). No quieren votar a Milei, pero tampoco nos vota a nosotros“, consideró.

El pedido para flexibilizar el régimen de visitas de CFK

Durante la entrevista, Valdés abordó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena en el marco de la denominada causa Vialidad. El diputado insistió en su denuncia de irregularidades durante el proceso, y las diferencias de trato en el sistema judicial con respecto a otros condenados. “El mismo tribunal que está ejecutando la pena de Cristina Fernández de Kirchner es un condenado de lesa humanidad, Arráez, fue uno de los que fueron a visitar y no habían pedido autorización, que tiene visitas domiciliarias sin ninguna restricción, firmado por Gorini y Giménez Uriburu”, afirmó Valdés.

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Además, volvió a cuestionar la reapertura de causas judiciales y la intervención de jueces presuntamente vinculados al expresidente Mauricio Macri, en referencia a episodios mencionados como la participación de jueces en actividades sociales en la quinta presidencial y reuniones en la Casa Rosada.

Se rompe el principio de cosa juzgada. Cristina estaba sobreseída hasta en tercera instancia y le reabren una causa en 2016 sobre hechos ocurridos en 2008, cuando había asumido apenas cinco meses antes. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Además —agregó—, la esposa del juez Ercolini era funcionaria en el Ministerio de Justicia de Garavano y tuvo una intervención directa. Cuando se apela la decisión porque la justicia no es independiente, lo recibe un tribunal compuesto por jueces que compartieron partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri, y que tenían ingresos a la Casa Rosada en vísperas de dictar sentencias en contra de Cristina Kirchner”.

La situación de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio Constitución, llevó a senadores y diputados de Unión por la Patria a solicitar una autorización formal al Tribunal Oral Federal N°2 para visitarla y dialogar sobre la estrategia política del espacio. Valdés fue uno de los que adhirió al reclamo: “Vamos a conversar entre nosotros. Yo firmé. Me encantaría. Me cuesta mucho dialogar por Telegram, estoy acostumbrado a tener un diálogo franco con ella. Es una presentación que se firmó en el bloque, y lo comparten todos. Se van a completar con muchas más firmas”.

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La entrevista completa a Eduardo Valdés la podés encontrar en el siguiente video.

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Un enviado de Kicillof al Vaticano expuso un informe de la situación social y asegura que generó “preocupación”

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El director de Cultos de la provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Torreiro, viajó al Vaticano en representación del gobernador Axel Kicillof y denunció ante la Santa Sede una situación social y política cargada de “conflictividad” que, según afirmó el funcionario provincial en un comunicado, generó “preocupación” en sus interlocutores eclesiásticos.

En el marco del Jubileo de los Gobernantes, Torreiro estuvo entre los funcionarios de distintos países que participaron de una reunión con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Luego de ese encuentro, mantuvo un diálogo con el jefe de Oficina en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, padre Avelino Chicoma Bundo Chico. Esa dependencia es una suerte de “ministerio social y ambiental” en el que el papa Francisco había designado a Juan Grabois, referente de Patria Grande, espacio político al que pertenece Torreiro.

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“El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral convocó a Torreiro a una reunión para consultarle sobre la situación social y política de Argentina, por la que se mostraron preocupados”, se informó en un comunicado de Patria Grande.

El director de Cultos de la provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Torreiro, fue recibido en el Vaticano por el padre Avelino Chicoma Bundo Chico

“Uno de los puntos del informe fue la conflictividad social, con especial foco en la represión que lleva adelante el Gobierno todos los miércoles a jubilados, y también a los curas y pastores que los defienden, como fue el caso del Padre Paco [Olveira]. Este punto provocó la sorpresa de Avelino, al igual que el monto del haber mínimo que cobran los jubilados en la Argentina”, se aseguró en el comunicado.

Entre otras cuestiones, Torreiro denunció “el incumplimiento del principio de subsidiariedad del Estado, específicamente el recorte a las pensiones por discapacidad, el desfinanciamiento de universidades públicas y el desfinanciamiento del Hospital Garrahan”. El funcionario de Kicillof afirmó que “este último punto tuvo especial foco e interés”, porque le comentó a su interlocutor que “la Conferencia Episcopal Argentina se había pronunciado contra el desfinanciamiento del Garrahan y su presidente recibió a una delegación del hospital”.

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Las denuncias del funcionario provincial se difunden dos días después de un pronunciamiento crítico de la Iglesia argentina. Anteayer, en una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se apuntó contra el Gobierno por “el avance del narcotráfico” y el “retiro del Estado” de los barrios populares.

Además de resaltar “la caída de los salarios y la caída del consumo de carne y leche como expresiones del aumento real de la pobreza”, el director de Cultos provincial comentó en el Vaticano “el recorte ilegal que sufrió la Provincia de Buenos Aires por la ley coparticipación”. El área de Cultos depende de la Jefatura de Asesores bonaerense, que lidera Cristina Álvarez Rodríguez.

Torreiro aprovechó la ocasión para cuestionar la prisión domiciliaria dispuesta contra la expresidenta Cristina Kirchner, así como la detención de Grabois cuando ocupó el Instituto Nacional Juan Perón. “El informe presentado aborda los últimos episodios de altísima gravedad institucional que ponen en riesgo la convivencia democrática, como es la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, la detención ilegal de Juan Grabois sin orden judicial, la persecución por parte del Gobierno a periodistas y el impulso, por parte del Gobierno y del propio Presidente, de discursos de odio, tema al que se refirió el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva en su homilía del último tedeum», se especificó en el comunicado de Patria Grande.

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“Finalmente, el informe expone las causas que el Gobierno debe enfrentar en la Justicia. Por un lado, la criptoestafa $LIBRA, y por otro lado, el juicio contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, por el cese del abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios que vulnera el derecho a la alimentación de la población», concluye el resumen sobre la reunión del enviado de Kicillof a la Santa Sede.



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