Entre las muchas causas que Ariel Lijo mantiene con poca actividad en su Juzgado Federal N° 4 se encuentra uno de los expedientes más delicados para el expresidente Mauricio Macri y parte de su entorno. Se trata de la causa conocida como Correo Argentino que desde 2017 investiga sin avances tangibles las presuntas irregularidades en el arreglo que alcanzó la firma de servicios postales -manejada por la familia del expresidente- con el Estado en 2016, durante la gestión del gobierno de la coalición Cambiemos.

El acuerdo evitaba al Grupo Socma pagar la actualización de la deuda que acarreaba desde 1997, cuando se hizo cargo de la empresa a cambio del pago de un canon semestral de $51.600.000. A criterio de una fiscal del fuero comercial el acuerdo resultaba tan perjudicial para el Estado como favorable para la empresa controlada por los Macri.

El caso en la Justicia nació un año después del acuerdo que, atrapado en los cuestionamientos, finalmente quedaría trunco. Desde entonces, varios fiscales estuvieron a cargo de la investigación. Inicialmente, estuvo en manos de Juan Pedro Zoni, que fue desplazado en 2018; luego, se hizo cargo Gerardo Pollicita, que luego renunciaría a la subrogancia de la fiscalía donde tramita el expediente; finalmente, la investigación recaería sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien la conduce actualmente.

En la causa fueron investigados el radical Oscar Aguad, exministro de Comunicaciones de Cambiemos; el extitular de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, Juan Manuel Mocoroa, y los directivos de Correo Argentina S.A, Jaime Cibils Robirosab y Jaime Kleidermacher, su representante legal,

Por pedido del fiscal Pollicita, todos ellos fueron imputados e indagados, pero ninguno procesado. “No hay novedades”, dijo una fuente judicial al tanto de las actuaciones.

Controversia

Cuando arreciaban las críticas a la candidatura de Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema – muchas de ellas por congelar expedientes sensibles- la ONG Será Justicia, ligada al macrismo, deslizó en su impugnación que el juez federal utilizó la causa del Correo como moneda de cambio en el Consejo de la Magistratura para proteger a su hermano Alfredo “Freddy” Lijo, cuando allí tramitaba una denuncia en su contra por un crecimiento patrimonial desmedido.

Fue uno de los ejemplos que esa y otras entidades jurídicas volcaron en sus impugnaciones para intentar graficar cómo Lijo usufructuaba a favor suyo el manejo de los tiempos de muchas de las causas radicadas en su juzgado.

El caso del Correo volvió a quedar bajo la lupa luego de que la Corte Suprema rechazara ayer una queja de los directivos del grupo SOCMA para recusar a dos jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Roberto Boico, que revisan las decisiones de los juzgados. Boico, antes de ser camarista, fue abogado de Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán.

En concreto, el caso investiga un arreglo espurio entre el Gobierno de Cambiemos con la empresa de correo en 2016. El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, pero según se supo luego, el pago del canon se interrumpió al comienzo de ese contrato, en el segundo semestre de la gestión.

Para 2001, la deuda del Correo Argentino S.A. con el Estado ascendía a $296 millones de pesos. La oferta que fue fuertemente cuestionada fue implicaba el pago del “100% del capital verificado” de ese monto en 15 cuotas anuales y consecutivas, a pagar desde fines de 2017 hasta 2033. Con los intereses, el monto ascendía a un total de $555 millones.

La fiscal del fuero comercial, consideró en su dictamen de 2016 que la oferta aceptada era “abusiva” e implicaba un grave “perjuicio fiscal” contra el patrimonio del Estado. Calculó que la quita en la fórmula propuesta era del 98,82% y que el Estado dejaba de percibir cerca de 70 mil millones de pesos.

Tras el dictamen, el entonces presidente Macri sostuvo en una conferencia de prensa que todo volvía “a foja cero”. “No pensamos en un mecanismo para controversias judiciales como ésta, como la del Correo con el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre”, afirmó.

Luego se inició la causa en el juzgado de Lijo para investigar las responsabilidades del acuerdo alcanzado en 2016.

Durante los gobiernos kirchneristas previos al de Cambiemos, y el que vendría luego, se rechazaron otras ofertas para cancelar la deuda. La última de ellas fue objetada en 2021 por Carlos Zannini, en ese entonces procurador del Tesoro. Seguía siendo enorme la distancia en los cálculos de cada una de la partes, tal como consignó : si para el Grupo Socma apenas superaría los $ 1000 millones, para la Procuración podría rondar los $ 4300 millones,