Decidida a confrontar con el Gobierno, la CGT activará desde este miércoles su plan de lucha de 36 horas, que contempla una movilización al Congreso en apoyo a los jubilados y un paro general de 24 horas a partir de la medianoche del jueves que afectará el normal funcionamiento del transporte público y diferentes actividades.

La hoja de ruta de las protestas comenzará con una movilización, a partir de las 15, a la plaza del Congreso para impulsar el reclamo semanal de la mesa coordinadora de jubilados, que exige un aumento de emergencia para los haberes, cuyo monto mínimo es hoy de $285.820, más un bono de $70.000. Como todos los miércoles, se improvisará un escenario en la plazoleta, aunque no está previsto que se suban allí los referentes sindicales. La intención es simbolizar el respaldo de la central obrera peronista a la demanda de los jubilados.

La convocatoria callejera y la huelga de la CGT contará con las adhesiones de las dos vertientes de la CTA, movimientos sociales y de agrupaciones vinculadas a la izquierda. En la marcha prometen una presencia central las columnas sindicales y las de los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. El punto de encuentro de la cúpula de la CGT será en Hipólito Yrigoyen y Solis, detrás de la mesa coordinadora de jubilados. El operativo de seguridad estará a cargo de las fuerzas federales, con apoyo de la Policía de la Ciudad, a pesar de una presentación que hizo el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, que había pedido correr al Ministerio de Seguridad de la Nación del operativo por considerar que existe un “riesgo cierto” de lesiones si ellos intervienen. La solicitud de Gallardo no prosperó.

Después de meses de letargo y de haber sellado una tregua con el gobierno de Javier Milei, la CGT apuró hace casi un mes la convocatoria al paro general en reclamo de mejoras a los jubilados y en rechazo a la intervención oficial en las negociaciones salariales. La represión policial en la marcha del 12 de marzo último, que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo herido de gravedad por el disparo horizontal de una cápsula de gas lacrimógeno por parte de un gendarme, fue el episodio que empujó a los gremios a la confrontación.

“El fin a la represión salvaje de la protesta social” es una de las consignas de la protesta. La CGT reclama, además, paritarias libres, la homologación de los acuerdos salariales ya sellados, un aumento para los jubilados y la actualización del bono. Pero además exige un incremento en los presupuestos de salud y educación, a contramano de la motosierra libertaria. Entre sus proclamas, los gremios expresan el rechazo a las privatizaciones y a los despidos en el sector público y privado, y piden al Gobierno un programa de desarrollo de la industria nacional y una política exterior convergente con los intereses nacionales. También se rechaza el nuevo pacto que la gestión de Milei está por anudar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La movilización y el paro pondrán a prueba a la CGT, que no contará esta vez con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el poderoso gremio de los colectiveros. La decisión de la UTA impactá de lleno en el alcance de la huelga. Además, la determinación de activar el tercer paro contra la gestión de Milei no contó con el aval unánime de la central obrera y hubo sectores que buscaron tomar distancia.

La estrategia del Gobierno para bajar a la UTA del paro de la CGT tuvo hasta ahora resultado. Puertas adentro del gremio de los colectiveros, Roberto Fernández, el jefe de 80 años, argumentó dos motivos para no adherir. El primero, jurídico: está en vigencia la conciliación obligatoria que se inició la semana pasada por no haber logrado un acuerdo en su negociación salarial con las cinco cámaras empresarias del sector.

El segundo, más político: Fernández lleva años alejado de la vida interna de la CGT por disputas irreconciliables con los Moyano y no está dispuesto a confrontar con el Gobierno, que aporta subsidios millonarios para que los colectivos circulen por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión de Fernández, además de sus argumentos legales y políticos, encontró otro motivo: la caja y los negocios. La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) realizó la semana pasada una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA, que no está ajena a la crisis financiera que afecta a todas las prestadoras médicas sindicales. La obra social de los Conductores de Transporte de Colectivos de Pasajeros es administrada por Silvia Antonia Bevk, la esposa del jefe de la UTA.