El fallo de la Corte Suprema de la Nación que le otorgó más poder a la Justicia porteña sigue generando controversia en ámbitos judiciales. Primero fue la postura en contra esgrimida por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que pidió revertir el fallo porque, sostuvo, obstaculizará la normal tarea del Ministerio Público. Ahora salió a contestarle el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, que reclamó respetar el fallo y cumplir con lo que dicta la Constitución.

«Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el ‘inmovilismo’ y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional», escribió Tapia en su cuenta personal de X en respuesta a la postura que explicitó Casal.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia fue dictada en la última acordada de 2024, cuando todavía integraba el tribunal Juan Carlos Maqueda (se jubiló el 29 de diciembre). Pero hasta ahora tuvo nulo impacto concreto, debido a la feria judicial de verano.

La feria termina este lunes. Ese día entrará en vigencia el fallo cortesano, que establece que todas las sentencias de la Justicia nacional con competencia sobre la Ciudad sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de llegar eventualmente a la Corte.

Por lo pronto, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, iniciará una serie de consultas informales como las que ya tuvo, con la asociación de magistrados, los colegios y otros actores para ver cómo instrumentar el llamado fallo Levinas.

Esa resolución generó opiniones encontradas y resistencias que vienen desde lejos en el tiempo. En su reforma de 1994, la Constitución Nacional creó la ciudad autónoma de Buenos Aires, que debería tener su propia justicia. Pero ya desde ese momento los jueces nacionales de los fueros laboral, comercial, civil y penal ordinario se resisten a ser traspasado a la justicia porteña, a través de declaraciones o acciones de amparo.

El viernes, en un escrito dirigido a Rosatti, Casal advirtió que la posición del máximo tribunal en el fallo Levinas le impediría al Ministerio Público Fiscal «cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según sostuvo el jefe de los fiscales.

Tras esa carta llegó el pronunciamiento de Tapia, que ya el 27 de diciembre había celebrado el dictamen. «Otro gran paso hacia la consolidación de nuestra autonomía», manifestó el ministro. También dijo que el fallo sentó un nuevo precedente que «equipara» a la Ciudad «a las otras 23 provincias».

Ese mismo mes se presentó un proyecto de ley, que fue aprobado por la Legislatura porteña e impulsa un Código Procesal de Trabajo de la Ciudad. Se trata de otra iniciativa clave para la Justicia porteña, ya que pone en marcha el fuero laboral de esa jurisdicción.

Desde la Ciudad lo destacan como un paso adelante para acelerar los tiempos de los procesos judiciales laborales, que en la Justicia nacional pueden demorar hasta ocho años. En ese sentido, afirman que el fuero porteño asegura procedimientos ágiles y flexibles.

Mientras tanto se mantienen los canales de diálogo entre Ciudad y Nación para concretar el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria al Poder Judicial porteño.