Todos los caminos conducen a la Corte Suprema de Justicia después de que la negociación del gobierno de la Ciudad y el nacional por los fondos de coparticipación se truncara definitivamente. Tal como anticipó Clarín, el jueves pasado ingresó al máximo tribunal un escrito en el que la administración porteña reclamó el «urgente» cumplimiento de la cautelar dictada y que se exiga el goteo del 2,95% mensual que Nación debe pagar y que viene incumpliendo.

El texto fue redactado en duros términos contra el Gobierno nacional, ya que se lo acusa no sólo de incumplimiento, sino también de transferir de manera «discrecional, unilateral e inconsulta» $ 20.000 millones por semana en lugar del coeficiente que debe girarle el primer día hábil de cada mes. Esa decisión la tomó el Ejecutivo desde agosto, después de haber sellado un acuerdo de palabra entre Jorge Macri y Luis Caputo en el que se iba a empezar a gotear el 2,95%.

Esa reunión se había dado el 19 de julio, en el Ministerio de Economía. Tras ella, Macri había celebrado públicamente un acuerdo que el Gobierno nunca terminó ratificando. La sorpresa fue grande en Uspallata el 1° de agosto cuando vieron que los fondos transferidos eran los mismos de siempre: el equivalente a 1,4%, misma cifra que había establecido el kirchnerismo después de podarle los fondos de coparticipación a los porteños durante el gobierno de Alberto Fernández.

Tras ello se pactó una reunión el día siguiente entre Valeria Sánchez, secretaria de Provincias, y el ministro de Hacienda de la Ciudad Gustavo Arengo. Allí las diferencias volvieron a evidenciarse y la tensión creció porque tampoco hubo un acuerdo, solamente la decisión de Nación de empezar a pagarle a los porteños a razón de $ 20.000 millones semanales, teniendo en cuenta que la pérdida de recursos que Jorge Macri calculó entre un coeficiente de 1,4% y uno de 2,95% era de unos $ 80.000 mensuales.

El fastidio del alcalde porteño y de los funcionarios de primeras y segundas líneas fue grande con Nación, pero trataron de seguir tendiendo puentes en pos de resolver el conflicto. Hasta el lunes de la semana pasada, cuando desde la Procuración porteña y el Ministerio de Justicia de la Ciudad se decidió presentar una nueva nota en la Corte, que es la que se terminó efectivizando el jueves. En el medio hubo varias idas y vueltas y un pedido de Jorge Macri de bajar el tono a la discusión y evitar confrontar con el Gobierno.

Pero finalmente el texto llegó a la Corte firmado por el procurador porteño Martín Ocampo. El mismo que días antes había cuestionado en redes sociales al gobierno de Milei por no girarle los fondos debidos de coparticipación y que había borrado un tuit del lunes pasado en el que anticipaba el nuevo reclamo en el máximo tribunal. La decisión del Gobierno porteño ahora parece clara: sin acuerdo político, será la Corte la que defina un caso de larga data y que tiene como trasfondo una deuda que la Ciudad estima en al menos 4,8 billones de pesos desde diciembre de 2022, cuando la Corte dictó la cautelar.

La tensión por la coparticipación se da en el medio del conflicto por la quita de subsidios de Nación a la Ciudad en las 31 líneas de colectivo que circulan por el territorio porteño.

La aparente solución política a la que habían llegado las partes motivó que el tema en la Corte Suprema resignara centralidad, sobre todo porque estuvo la feria judicial de por medio, pero especialmente porque la reunión entre Caputo y Macri pareció haber saldado la discusión.

Al no suceder eso, el reloj vuelve a correr y en el máximo tribunal saben que seguramente tendrán que intervenir en un corto plazo. La postura es clara desde hace tiempo, e incluso el fallo quizás ya habría salido si no hubiera habido negociaciones política de por medio. La Corte fue la que fijó en el 2,95% el coeficiente a pagar y no se va a mover de ahí en ese aspecto, ya que lo estableció en la cautelar y lo va a ratificar cuando firme el fondo de la cuestión.

«Más temprano que tarde», fue la frase que eligió una fuente judicial consultada por Clarín en julio sobre la decisión que tomará la Corte Suprema en materia de coparticipación federal. Según pudo reconstruir este medio, el fallorepresentará el primer revés contundente del máximo tribunal contra el gobierno de Javier Milei. Falta definir la fecha, pero es un tema que está latente, como otras demandas iniciadas por provincias en la Corte por reclamos de coparticipación federal.

En el mundo jurídico, por afuera de la Corte, hace ruido que el Ejecutivo lleve 20 meses incumpliendo la decisión que tomó el máximo tribunal sobre la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. Lo comparan con el caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que recurrió a la máxima instancia la decisión del ejecutivo provincial de quitarlo del cargo y obtuvo un fallo favorable en 2009, cuando se ordenó que lo repusieran. El kirchnerismo santacruceño nunca cumplió con esa resolución.

«Es lo mismo que el caso Sosa, hay un emparentamiento jurídico que te lleva a preguntar ‘¿estás cumpliendo el fallo?’ La respuesta es no, este Gobierno no cumplió el fallo, como tampoco lo cumplió Cristina», es otra de las reflexiones que surgen en el ámbito jurídico sobre la decisión del kirchnerismo de no adecuarse, misma postura que ha seguido Milei.

Si bien no lo expresan públicamente para conservar los buenos términos de la relación institucional, tampoco dentro de la Corte cae bien que no se respete una cautelar firmada. Podían entenderlo de parte del kirchnerismo, con el que el máximo tribunal mantuvo una relación de extrema tensión durante la última década. Pero los propios jueces figuran dentro del grupo que creían que, como había dicho en campaña, Milei iba a cumplir con el pago de la deuda a los porteños que heredó del kirchnerismo. La relación entre el Gobierno y la Corte es de cordialidad, que tal vez se vea alterada con un fallo adverso.