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POLITICA

La Coalición Cívica vuelve a la carga por los gastos reservados de la SIDE y pide al Gobierno que aclare el destino de los $ 100 mil millones

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La controversia por los fondos millonarios que el presidente Javier Milei otorgó a la nueva SIDE en concepto de gastos reservados sigue a pesar de que el DNU mediante al cual se otorgaron los $ 100 mil millones de pesos ya fue rechazado y anulado por el Congreso. De acuerdo a lo denunciado por la Coalición Cívica, la suma continuaba figurando en el portal de Presupuesto Abierto como disponibles para tal objeto del gasto.

Así lo detectó el diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien en las últimas horas hizo un pedido de Acceso a la Información Pública para que el Poder Ejecutivo confirme y valide estos datos. En caso de haber dado de baja la partida, el legislador que responde a Elisa Carrió exigió que el Gobierno presente la documentación que pruebe la restitución y transferencia de los fondos afectados con carácter reservado al Tesoro de la Nación.

Vale recordar que tanto el Senado como Diputados rechazaron el DNU 656/24 que otorgaba los fondos millonarios para la SIDE complementando otro decreto que dio de baja a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la conformación de una nueva secretaría.

Fue tal la polémica generada por los cambios en el área, que la bicameral de Inteligencia convocó al jefe de los espías Sergio Neiffert para que dé precisiones ante la comisión presidida por el senador radical Martín Lousteau. En esa reunión, el funcionario que responde al asesor todo terreno Santiago Caputo aseguró que no gastó nada de las partidas que le habían asignado a través del decreto firmado por Javier Milei.

En el escrito que presentó en las últimas, Ferraro pidió toda la documentación que acredite la asignación y transferencia bancarias de fondos del Tesoro a las cuentas de la Secretaría de Inteligencia, y de la restitución de la misma al Tesoro; detalle a la fecha del crédito vigente, comprometido, devengado y efectivamente pagado cuyo objeto de gasto sean “gastos reservados” de la Secretaría de Inteligencia.

También exigió un listado cronológico y cuantitativo de los movimientos de créditos presupuestarios cuyo objeto de gasto sean “gastos reservados”; y toda información y documentación vinculada a los actos administrativos realizados en consecuencia del rechazo legislativo al DNU 656/24.

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A más de un mes del rechazo del decreto presidencial, el portal público y oficial de Presupuesto Abierto que da cuenta de la asignación y ejecución de los recursos del Presupuesto Nacional, continuaba señalando que la Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación tiene un crédito vigente $ 103 mil millones, de los cuales se han ejecutado y pagado más de $ 81 mil millones.

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POLITICA

“La sociedad salarial está en crisis en el marco de la cuarta revolución industrial”

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“Estamos viviendo un momento histórico, un quiebre en la forma en que entendemos el trabajo y la producción de riqueza”, afirmó Jerónimo Guerrero Iraola. Para el experto, la automatización y el avance tecnológico plantean una disrupción sin precedentes en el mercado laboral. “La sociedad salarial, como la conocimos en el siglo XX, está en crisis. La tecnología está generando una desvalorización del trabajo humano y una precarización de los derechos laborales”, explicó.

En su análisis, Guerrero Iraola destacó que la inteligencia artificial, aunque puede aumentar la eficiencia en diversos sectores, también está desplazando a los trabajadores de sus puestos tradicionales. “Las máquinas pueden hacer tareas repetitivas y de alta precisión, pero el problema es qué sucede con las personas que ya no tienen un lugar en esa cadena de producción. La IA está reemplazando a los trabajadores, y eso implica un ajuste en el modelo social y económico que hemos construido”.

El abogado sugirió que, en este contexto, es esencial repensar las políticas públicas y las formas de organización social. “La tecnología debe ser una herramienta que mejore la calidad de vida, no un factor de exclusión. Es necesario crear un marco normativo que proteja a los trabajadores y garantice que los beneficios de la automatización se distribuyan equitativamente”.

En este sentido, subrayó la importancia de una transición justa: “No se trata solo de generar empleos en el ámbito tecnológico, sino de asegurar que las personas que se vean afectadas por la automatización tengan oportunidades de reconvertirse laboralmente y acceder a trabajos de calidad”.

Guerrero Iraola señaló que el estado tiene un papel crucial en este proceso de transición. “La planificación es fundamental. No podemos permitir que las tecnologías avancen sin control, dejando a millones de personas sin sustento. Es responsabilidad del estado regular y orientar estos cambios para que la tecnología se convierta en una aliada de la sociedad y no en un agente de desigualdad”.

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En un momento de transformación estructural, Jerónimo Guerrero Iraola llama a repensar el modelo de sociedad salarial y adaptarlo a los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial. “Debemos mirar al futuro con responsabilidad, asegurando que el desarrollo tecnológico sea un motor de progreso inclusivo y no una causa de exclusión social”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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