En línea con los gremios que se manifestaron en contra la nueva medida, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se opone el decreto firmado por Javier Milei que elimina el asueto por el Día del Empleado Público que se celebra este viernes 27 de junio. En ese contexto, el distrito de Axel Kicillof decidió dar lugar al día no laborable a los trabajadores estatales provinciales.

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público bonaerense hizo hincapié en la Ley Provincial 14.600 que establece el asueto para el Día del Empleado Público (aplicable a los estatales de la provincia de Buenos Aires).

“Se informa que conforme el día viernes 27 de junio de 2025 es asueto para los y las trabajadores/as de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración del ‘Día del Trabajador del Estado’, fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 reconociendo el derecho a la negociación colectiva en la administración pública”, dice el breve escrito firmado por la subsecretaria Paula Verónica Ferraris.

El aviso llega en desafío al Decreto 430/2025, que elimina el asueto administrativo para los trabajadores estatales nacionales de este viernes. La medida deroga el artículo 2° de la Ley 26.876, por lo que obliga a los trabajadores estatales nacionales a ejercer sus trabajos con normalidad el viernes pese a que el día no será considerado hábil administrativo para el cómputo de plazos legales.

Antes, en su conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni argumentó en su anuncio: “El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.

Tras hacer hincapié en que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país”, el también legislador porteño electo reforzó: “Esta medida fue en consonancia con la concepción del Estado de este gobierno. La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, fue el primer gremio que se manifestó en contra del decreto oficializado este jueves en el Boletín Oficial al considerarlo ilegítimo ya que es el Congreso el que debe derogar una norma aprobada por el Poder Legislativo (en este caso la ley data del 2013). Además, llamó a no respetar la medida.

Primero, tras la conferencia de prensa de Adorni, Aguiar tildó la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

Por otro lado, esta mañana amenazó con un paro para este viernes. “Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día”, publicó el sindicalista en su cuenta de X.

“Sólo en su odio se explica que el resto de las actividades laborales tengan su día y el mismo sea no laborable. Celebrar nuestro día es un derecho que el Congreso estableció mediante una ley y sólo el Congreso puede derogar”, insistió.

Y cerró: “No descartamos llevar adelante una medida de acción directa, como un paro, a comunicar en las próximas horas”.

El director de Cultos de la provincia de Buenos Aires, Juan Ignacio Torreiro, viajó al Vaticano en representación del gobernador Axel Kicillof y denunció ante la Santa Sede una situación social y política cargada de “conflictividad” que, según afirmó el funcionario provincial en un comunicado, generó “preocupación” en sus interlocutores eclesiásticos.

En el marco del Jubileo de los Gobernantes, Torreiro estuvo entre los funcionarios de distintos países que participaron de una reunión con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Luego de ese encuentro, mantuvo un diálogo con el jefe de Oficina en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, padre Avelino Chicoma Bundo Chico. Esa dependencia es una suerte de “ministerio social y ambiental” en el que el papa Francisco había designado a Juan Grabois, referente de Patria Grande, espacio político al que pertenece Torreiro.

“El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral convocó a Torreiro a una reunión para consultarle sobre la situación social y política de Argentina, por la que se mostraron preocupados”, se informó en un comunicado de Patria Grande.

“Uno de los puntos del informe fue la conflictividad social, con especial foco en la represión que lleva adelante el Gobierno todos los miércoles a jubilados, y también a los curas y pastores que los defienden, como fue el caso del Padre Paco [Olveira]. Este punto provocó la sorpresa de Avelino, al igual que el monto del haber mínimo que cobran los jubilados en la Argentina”, se aseguró en el comunicado.

Entre otras cuestiones, Torreiro denunció “el incumplimiento del principio de subsidiariedad del Estado, específicamente el recorte a las pensiones por discapacidad, el desfinanciamiento de universidades públicas y el desfinanciamiento del Hospital Garrahan”. El funcionario de Kicillof afirmó que “este último punto tuvo especial foco e interés”, porque le comentó a su interlocutor que “la Conferencia Episcopal Argentina se había pronunciado contra el desfinanciamiento del Garrahan y su presidente recibió a una delegación del hospital”.

Las denuncias del funcionario provincial se difunden dos días después de un pronunciamiento crítico de la Iglesia argentina. Anteayer, en una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), se apuntó contra el Gobierno por “el avance del narcotráfico” y el “retiro del Estado” de los barrios populares.

Además de resaltar “la caída de los salarios y la caída del consumo de carne y leche como expresiones del aumento real de la pobreza”, el director de Cultos provincial comentó en el Vaticano “el recorte ilegal que sufrió la Provincia de Buenos Aires por la ley coparticipación”. El área de Cultos depende de la Jefatura de Asesores bonaerense, que lidera Cristina Álvarez Rodríguez.

Torreiro aprovechó la ocasión para cuestionar la prisión domiciliaria dispuesta contra la expresidenta Cristina Kirchner, así como la detención de Grabois cuando ocupó el Instituto Nacional Juan Perón. “El informe presentado aborda los últimos episodios de altísima gravedad institucional que ponen en riesgo la convivencia democrática, como es la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, la detención ilegal de Juan Grabois sin orden judicial, la persecución por parte del Gobierno a periodistas y el impulso, por parte del Gobierno y del propio Presidente, de discursos de odio, tema al que se refirió el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva en su homilía del último tedeum», se especificó en el comunicado de Patria Grande.

“Finalmente, el informe expone las causas que el Gobierno debe enfrentar en la Justicia. Por un lado, la criptoestafa $LIBRA, y por otro lado, el juicio contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, por el cese del abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios que vulnera el derecho a la alimentación de la población», concluye el resumen sobre la reunión del enviado de Kicillof a la Santa Sede.