La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en instancia originaria, hizo lugar este miércoles a una demanda presentada por la Administración de Parques Nacionales (APN) y declaró la inconstitucionalidad de las leyes 3978 y 4559 de la Provincia de Río Negro.

La APN promovió demanda contra esa provincia, a fin de que se declare la inconstitucionalidad, invalidez y nulidad de las leyes locales 3978 y 4559, mediante las que se anexaron al ejido de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche poco más de 2484 hectáreas de la Reserva Nacional Nahuel Huapi -Zona Gutiérrez-; 29.850 hectáreas de la Reserva Nacional Nahuel Huapi -Zona Centro-, y 81.690 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En el juicio, Parques Nacionales advirtió que, además, «en la superficie anexada mediante la ley 4559, se incorporaron parcelas de propiedad privada situadas en el loteo Brazo Machete Country Club (300 hectáreas) y en el paraje Millaqueo (1260 hectáreas)».

Es decir, el máximo tribunal le dio la razón a Parques Nacionales en una disputa por una superficie eequivalente a más de 6 veces a la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta tiene 20.030 hectáreas de dimensión.

En el caso, la cuestión de fondo sometida a decisión de la Corte consistió en determinar si la Provincia de Río Negro podía válidamente anexar al ejido municipal de San Carlos de Bariloche los territorios consignados en las leyes provinciales mencionadas.

O por lo contrario, como lo sostenía la Administración de Parques Nacionales, tales normas resultan inconstitucionales por disponer de bienes que son del dominio público y exclusivo del Estado Nacional regidos por la ley 22.351.

La Corte concluyó que las tierras consignadas en las leyes cuestionadas, en cuanto se encuentran comprendidas dentro de los límites dispuestos por normas nacionaless y en el territorio de dicha provincia, integran la Reserva Nacional Nahuel Huapi -Zona Gutiérrez-, la Reserva Nacional Nahuel Huapi -Zona Centro- y el Parque Nacional Nahuel Huapi, respectivamente, y han sido excluidas de los bienes que debían transferirse con motivo de la provincialización dispuesta por la ley 14.408.

Para la Corte esa ley impide a la provincia demandada efectuar actos de disposición con relación a ellos (artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional).

Al defender su posición, la provincia había señalado que «a excepción de los inmuebles efectivamente ocupados por el Estado Nacional, las tierras de la Colonia Agrícola Nahuel Huapi –según las normas que invoca- pertenecen al dominio privado del Estado provincial, sin perjuicio de los derechos que podrían esgrimir quienes ocupan en forma legítima esas tierras desde hace décadas«. Añadió, también, que la “reserva” efectuada mediante la resolución del 12 de abril de 1937 dictada por el Presidente de la Dirección de Parques Nacionales sobre una superficie de aproximadamente cinco mil (5000) hectáreas con destino al Ministerio de Guerra, en el mejor de los casos pudo generar el derecho del Ejército Argentino a la posesión de lo que efectivamente ocupaba en 1968 al sancionarse la ley 17.830, pero de ninguna manera comprende la totalidad de las tierras de la Colonia Agrícola«.

Por su parte, el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se refirió esta semana al problema de la ocupación de tierras del organismo de parte de pueblos originarios. «La ocupación mapuche en tierras argentinas es un problema que tenemos que solucionar urgente. Estamos comprometidos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, «en recuperar cada hectárea de nuestros Parques Nacionales. Vamos a trabajar con todo el peso de la ley y las fuerzas de seguridad».

Desde que Larsen asumió la presidencia de Parques Nacionales se reactivaron los juicios de desalojo que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner había tratado de cerrar en favor de los mapuches.