Si como sospecha la propia Cristina Kirchner, la Corte Suprema confirma la sentencia condenatoria del caso Vialidad que le atribuye la responsabilidad penal por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, los efectos colaterales podrían incluir una demanda civil multimillonaria, la confirmación de vínculos del dinero irregular que rodeaba las 51 licitaciones viales con los hoteles de la familia Kirchner, y el camino allanado para otro tramo del expediente que se encuentra elevado a juicio oral.

El máximo tribunal, como instancia de revisión, tiene bajo estudio hace semanas los recursos de queja interpuestos por la ex vicepresidenta y otras ocho defensas. En los papeles, Cristina está condenada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), una sentencia confirmada posteriormente por la Sala IV de la Cámara de Casación, con la firma de los magistrados Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.

La Corte debe resolver si abre las quejas para estudiar los reclamos de las partes o las rechaza por intermedio del artículo 280. El efecto inmediato de ese último criterio es otorgarle firmeza a lo resuelto por la Cámara de Casación: la confirmación de la condena por hechos de corrupción, que estipula que el daño ocasionado al Estado durante los tres gobiernos kirchneristas, asciende a 85.000 millones de pesos.

Ello significará el cumplimiento de la pena a seis años de cárcel, algo que resolverá con la ejecución el presidente del TOF 2; y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Pero el rompecabezas no concluye con la causa que tramitó en Comodoro Py. De obtener firmeza la condena de Vialidad, el derrotero judicial contra la ex vicepresidenta es aún mayor.

En el fuero Civil y Comercial tramita una demanda por daños y perjuicios contra Cristina y los demás imputados que inició el gobierno de Mauricio Macri. La tesis central del planteo se desprende de la acusación de juicio: el 50% de las obras viales adjudicadas de forma irregular a Lázaro Báez fueron abandonadas con un promedio de avance que va del 16% al 36% aunque el empresario de la construcción cobró la totalidad de esos contratos.

Por ese dinero el Estado exige que los condenados respondan con sus respectivos patrimonios para resarcir el daño ocasionado a las arcas públicas. La demanda tuvo cuatro años de pausa durante la presidencia de Alberto Fernández.

Sin embargo, la administración de Javier Milei impulsó la acción civil y pedirá -además- que la cifra inicial de 22.300 millones de pesos se actualice una vez que obtenga firmeza el fallo condenatorio.

La cifra deberá recomponerse en función de el monto de la maniobra defraudatoria que el TOF 2 fijó en 85.000 millones de pesos, una cifra que se aclaró es actualizable.

Una eventual firmeza de la sentencia condenatoria expone otro inquietante escenario. Los vínculos de Vialidad con otras dos causas que están elevadas a juicio oral a la espera de que se fije la fecha de inicio del debate: por una parte el caso Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan delitos de lavado de dinero, dádivas y asociación ilícita.

Los lazos entre Cristina y Báez son un punto neurálgico en la condena por administración fraudulenta. Esos lazos calificados de “espurios” por los jueces, fueron “determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina y Báez)».

Una vez más, se escribió que esos lazos promiscuos entre la ex presidenta y Báez, tuvieron como fin «procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional».

La condena confirmada por la Casación indica que Cristina tuvo un interés particular en beneficiar al dueño de Austral Construcciones. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron “el incremento de su patrimonio” gracias a las rutas con sobreprecios y los contratos celebrados con el dueño del holding, que incluyó la inmobiliaria Los Sauces SA y a la empresa Hotesur.

Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.

Según la argumentación judicial, Cristina proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta«. La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.

Esas dos causas están en manos del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que ordenó concluir una pericia contable y resta colocar fecha de inicio del juicio que ya tiene un puente trazado con Vialidad. El movimiento de expedientes no concluye acá.

Además, elevada a juicio oral se encuentra Vialidad II que se concentra en las autoridades del organismo adjudicatario de los contratos viales, segundas y terceras líneas que omitieron el cumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos. Ese comportamiento desleal, sostiene la acusación, fue indispensable para que la maniobra defraudatoria cumpliera su finalidad.

Un confirmación por parte de la Corte de la causa principal, se convertirá como sostienen en Comodoro Py “en un efecto dominó sobre otros casos que involucran a la ex Presidenta “.