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La Corte revocó una cautelar que mantenía funcionando a los casinos flotantes de la CABA desde el 2019 sin una nueva licencia

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, revocó este jueves la medida cautelar que, en la práctica, extendió la concesión de la explotación de los casinos flotantes en la Ciudad de Buenos Aires que maneja el empresario K Cristóbal López que habían caducado en 2019.

Se trata de un negocio millonario abierto durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y que ha provocado una pelea entre el gobierno de la CABA y el nacional por su control.

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Además, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla, desestimó un recurso del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA) e instó a la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal a resolver una serie de recursos extraordinarios que tiene a estudio hace más de dos años.

De la resolución de esos recursos, se decidirá en la práctica si los casinos flotantes debe ser controlados por el gobierno de la CABA o el gobierno nacional e incluso cerrar ya que la ley porteño prohíbe ese tipo de establecimientos sobre su suelo. Esto en el caso de que no consiga nuevas licencias.

Pero durante el gobierno de Carlos Menem le dio el negocio a CIRSA, del español Manuel Lao con el argumento que los casinos estaban sobre el río que son jurisdicción nacional que sí los permite . Pero a mediados del 2007, Néstor Kirchner le sacó a Lao el 50% para dárselo a Cristóbal y sus socios De Achával y Benedicto.

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El 11 de agosto de 1999, Lotería Nacional S.E. seleccionó a Casino Buenos Aires S.A. como agente operador de la sala de casino que funciona en el buque “Estrella de la Fortuna”, ubicado en el Puerto de Buenos Aires. Dicha concesión se otorgó por 15 años, prorrogables por cinco más.

Luego la Lotería Nacional le otorgó a Casino Buenos Aires S.A. la prórroga de la concesión hasta octubre de 2019 y le autorizó la instalación de una segunda sala de casino en el buque “Princess”.

En 2016, en el marco de la sanción de diversas normas sobre el tema, se firmó un acuerdo aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional y la legislatura porteña, por el cual la CABA asumió la competencia en materia de juegos de azar. Allí se estableció que “conforme lo dispuesto en los artículos 129 de la Constitución Nacional; 50 y cláusulas transitorias segunda y decimonovena de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…) la competencia sobre la regulación (…) de juegos de apuesta y actividades conexas en la Ciudad de Buenos Aires corresponden a esta”.

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Por su parte, la ley 5785 de la legislatura porteña creó Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E., cuyo objeto es la autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas existentes en la Ciudad. Esta norma prohibió instalar salas de juego concesionadas a empresas privadas y previó que diversas salas de juego (entre ellas, las de los buques casino), podían seguir operando hasta la finalización de los plazos originales y de sus eventuales prórrogas. Esa prohibición ya estaba prevista en el artículo 50 de la Constitución de la CABA.

A raíz de ello, Casino Buenos Aires S.A. demandó al Estado Nacional y a Lotería Nacional S.E. para que se le otorgue una ampliación del plazo previsto para la explotación de las salas de casino que funcionan en ambos buques. Sostuvo que, mediante distintas medidas dispuestas por las demandadas, cuya legitimidad no discute, se quebró la ecuación económica del contrato de explotación y que, por tanto, la prórroga solicitada es la forma en que puede restablecerse ese equilibrio. Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar para evitar el vencimiento de la concesión.

El juez de primera instancia hizo lugar a esta medida cautelar, que fue confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

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Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. cuestionó la decisión mediante un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante la tramitación de esta queja se informó sobre el desistimiento de la medida cautelar por parte de Casino Buenos Aires S.A., quien había obtenido otra, de igual tenor, en primera instancia, luego de dictada la sentencia definitiva de la causa. La Corte, por unanimidad, señaló en forma previa a examinar el recurso de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires que esa petición resulta «formalmente inadmisible».

Dicho esto, el Máximo Tribunal recordó que “la medida cautelar apelada prorroga un contrato administrativo sobre juegos de azar cuyo plazo de vigencia venció en el mes de octubre de 2019” y “esto impediría en forma absoluta el ejercicio de las prerrogativas conferidas a la recurrente por el ordenamiento aplicable a los juegos de azar, cuya validez no ha discutido la actora”.

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Además, dijo que “medidas de la naturaleza de la cautelar concedida inhiben a la demandada de ejercer poderes regulatorios propios y generan el riesgo cierto de que los jueces sustituyan a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad, lo que como es sabido no resulta constitucionalmente admisible”.

Por otra parte, la Corte agregó que “la decisión recurrida no se ajusta al principio que exige que las sentencias sean fundadas y, por ende, no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa”.

En efecto, Lotería de la Ciudad realizó una serie de planteos que no fueron tenidos en cuenta por la Cámara. Así, por un lado, dijo que la medida cautelar se había adjudicado competencias que corresponden a las autoridades locales sin que exista cuestionamiento sobre la validez de las normas que confieren tales competencias. Por el otro: que si para conceder la cautelar se tuvieron en cuenta ciertas medidas que habrían afectado el equilibrio del contrato en perjuicio de Casino Buenos Aires S.A., había que considerar también aquellas que le habrían reportado beneficios a la empresa, no previstos inicialmente (como el aumento en la cantidad de máquinas electrónicas, la autorización para explotar la cuarta cubierta de uno de los buques y para la instalación del otro buque).

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La Corte agregó que “a ello se suma que en el caso no se ha explicitado el fundamento jurídico que justificaría un remedio como el adoptado cuando el daño que invoca la actora sería estrictamente patrimonial”. De allí que consideró arbitraria la sentencia de Cámara, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada.

En cuanto al Sindicato, la Corte desestimó por unanimidad el recurso extraordinario de ALEARA contra la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que había rechazado un planteo de nulidad procesal.

En la causa principal (en la que se dictó la medida cautelar en favor de Casino Buenos Aires S.A.), el tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia que había hecho lugar a la demanda de Casino Buenos Aires S.A.

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Contra esa decisión plantearon recursos extraordinarios el Estado Nacional, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y Lotería Nacional S.E., que fueron contestados por la actora.

Cuando la Cámara iba a resolver sobre la concesión de esos recursos, se presentó ALEARA ­-citado en la causa como tercero- y planteó que no se le dio traslado de las presentaciones de las demandadas. La Sala rechazó ese cuestionamiento y el sindicato planteó la nulidad del procedimiento hasta llegar a la Corte.

La Corte, por unanimidad, desestimó el recurso extraordinario de ALEARA, con costas a su cargo. Asimismo, advirtió que “existen recursos extraordinarios contra la sentencia de fondo, que han sido interpuestos hace más de dos años y se encuentran pendientes de resolución”, por lo cual hizo saber a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que “deberá dar inmediato tratamiento a esas presentaciones”.

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Victoria Villarruel no fue invitada al acto principal por Malvinas y crecen las tensiones con Javier Milei

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La creciente división entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sigue sumando capítulos. Esta vez, la tensión alcanzó un nuevo pico cuando se conoció que Villarruel no fue invitada al acto principal por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevará a cabo el 2 de abril en la Plaza San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento central, organizado por la Casa Rosada, contará con la presencia de autoridades nacionales, militares y excombatientes de Malvinas, y será encabezado por el primer mandatario argenitno. En este marco, se espera que el mandatario reafirme su postura sobre la soberanía de las Islas, un tema que ha sido clave en su discurso político.

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Según fuentes cercanas a la vicepresidenta, ella no fue invitada al evento en el cenotafio de Plaza San Martín, lo que ha sido interpretado como un claro reflejo del distanciamiento entre los dos máximos funcionarios del Gobierno. En lugar de participar en el acto en Buenos Aires, Villarruel viajará a Ushuaia, en Tierra del Fuego, para asistir a un evento organizado por excombatientes locales.

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El entorno de Villarruel destaca que el acto en Tierra del Fuego tiene un fuerte componente federal y multipartidario, un gesto que la vicepresidenta valora especialmente, dada su defensa histórica de la causa Malvinas.

Este nuevo episodio de tensiones se suma a una serie de desacuerdos previos entre Milei y Villarruel, que se han ido haciendo cada vez más evidentes a medida que se acercan las elecciones legislativas. La interna en el Gobierno podría tener consecuencias en la campaña electoral, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde los dos dirigentes tienen proyectos políticos diferentes y no siempre coinciden en su enfoque.

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Villarruel no participará de la vigilia anual en Ushuaia, pero sí estará presente en el acto principal del 2 de abril, tras lo cual regresará a Buenos Aires para asistir a una sesión clave en el Senado el 4 de abril, donde se discutirán los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema.

La estrategia de Javier Milei para contener la volatilidad cambiaria en medio de la campaña electoral

Además, se ha confirmado que la última compañero de fórmula del actual presidente convocó a 72 veteranos de la Guerra de Malvinas a la Cámara Alta para un evento de reconocimiento programado para el 4 de abril. Este acto, que se celebrará con un fuerte componente simbólico, está destinado a rendir homenaje a los veteranos, aunque aún no se han definido todos los detalles logísticos, incluyendo el lugar donde se realizará, ya que algunos sugieren que podría tener lugar en el Salón Azul del Senado.

Por otro lado, la Casa Rosada ha decidido mantener a Villarruel al margen del armado de las listas electorales para las elecciones de mitad de término. Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que esta decisión se debe a una estrategia para distanciarse de su discurso y evitar que sus posturas ideológicas influyan en la campaña. Desde el entorno de la vicemandataria, no obstante, se sostiene que ella no tiene planes de consolidarse como una alternativa electoral para las elecciones de 2027, aunque por ahora no existen confirmaciones al respecto.

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POLITICA

De facto, Maximiliano Abad se autoproclamó titular de la Unión Cívica Radical bonaerense

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Ocurre que por finales de marzo caducaron los mandatos de las autoridades electas hace dos años y, con ello, el plazo para que Maximiliano Abad siga al frente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. No obstante, las apetencias por ese sillón partidario parece que sobrepasan cualquier requerimiento mínimo de institucionalidad partidaria.

Como se sabe, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dio curso positivo a los reclamos del frente opositor Futuro, que postula a Pablo Domenichini, a la vez que confirmó irregularidades ocurridas durante la votación de octubre último en varios distritos. En consecuencia, esta Cámara ordenó comicios complementarios en municipios del conurbano y del interior, a la vez que instruyó al juez federal Alejo Ramos Padilla que se encargue de ultimar todos los detalles.

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En medio de todo esto y para evitar una intervención, Abad -referente de la lista oficialista Adelante- convocó la semana pasada a un plenario en el comité provincia para analizar la posible prórroga de mandatos, incluida su propia continuidad. Sin embargo, sometió la propuesta a consideración de la mesa directiva y no alcanzó los dos tercios de los votos, requisito numérico necesario y legal para darle respaldo al senador nacional.

Abad, no muy acostumbrado a las prácticas lógicas y democráticas de convivencias partidaria, insistió con su intención de perpetuarse y se decretó a sí mismo como el presidente del comité provincia “de facto”, igualito que durante las dictaduras militares o en regímenes pseudodemocráticos.

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Desde cercanías de Adelante quieren convencer a todos de que el fallo de la CNE no estará firme hasta que la Corte de Nación se expida y que, en función de esa circunstancia, Abad apeló a medidas de su propia “necesidad y urgencia”, tal cual los DNU de Javier Milei.

Habría una razón importante que, obviamente, se explica desde cierto compromiso de Abad de mantener el poder partidario para acordar listas con La Libertad Avanza (LLA) y con el Pro o con el sector que en ese partido le responde a Patricia Bullrich.

Abad, con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, forzaron la ruptura de todo tipo de acuerdo que se venía esperando en instancias de la mesa directiva del comité provincia, donde hubo algún amague de diálogo entre los candidatos de ambos bandos como es el caso del oficialista Miguel Fernández y del opositor Domenichini.

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Sin embargo, trascendió que el oficialismo ponía como condición “no negociable” que se aceptara su triunfo y después sí charlar de otros temas como reparto de cargos partidarios y, posiblemente, respetar cierta presencia opositora en listas electivas, claro está,bajo el ala de La Libertad Avanza, algo que Domenichini no quiere ver ni de cerca.

Con las negociaciones trabadas y sin avances en la sustanciación de elecciones complementarias, Abad tuvo la feliz idea de decretar para sí mismo la propia continuidad de su mandato, algo que no contaría con respaldo legal y que va a ser atacado en las próximas horas mediante un recurso ante la justicia federal por parte de la lista Futuro.

Desde Futuro sostienen que esta prórroga es “artificial” e “ilegítima” y no debería proceder porque se dió en una votación nueva no convocada y que, por otra parte, ese tema ya fue puesto a consideración la semana pasada. Fue cuando Abad no alcanzó los dos tercios para asegurarse la continuidad. Para la oposición partidaria apareció “de la nada” un cuarto intermedio que supuestamente habría terminado hace algunas horas, jornada en la cual se volvió a poner en consideración un tema que ya fue tratado.

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Ante este panorama de falta de avances hacia la institucionalidad, el comité provincia está en riesgo de “intervención”, en principio, de parte de la propia Justicia Federal o de algún otro remedio legal que podría establecerse a partir de alguna medida cautelar que propicie la oposición de Domenichini.

En tanto, desde el oficialismo partidario, están expectantes con algún recurso de apelación planteado ante la Corte de Nación, sobre la cual se duda que pueda resolver en lo inmediato este tipo de diferendos. En muchas ocasiones, el tema se plancha durante mucho tiempo y cuando le toca resolver ya es tarde.

En el radicalismo bonaerense han existido muy fuertes disputas con un fuerte contexto de tensión. Sin embargo, difcilmente se recuerde una situación que, además de provocar tensión, pueda producir un escenario de ruptura similar a la época de dirigentes de la talla de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, aunque, claro, en esta ocasión con actores de menor cuantía, como el caso de Abad.

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En tanto, el tiempo del cronograma electoral sigue corriendo y el radicalismo corre el riesgo de no participar formal y efectivamente, ni siquiera en un frente, de los próximos comicios legislativos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Alejo Ramos Padilla, Gustavo Posse, Daniel Salvador, Patricia Bullrich, Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, Miguel Fernández, Pablo Domenichini, Ricardo Balbín, CNE, Javier Milei

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La integración de la Corte: el Senado se encamina a rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla

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El Gobierno de Javier Milei no tiene los votos para aprobar los pliegos que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia y se encamina, de no mediar alguna acción que la evite, a sufrir una dura derrota política si es que, como lo decidió la vicepresidenta Victoria Villarruel, el próximo jueves al mediodía el Senado sesiona para discutir las postulaciones de ambos candidatos.

Con la Casa Rosada todavía negándose a negociar votos por cargos, como pide el kirchnerismo, en despachos del Senado con comunicación aceitada con el Gobierno se empezaron a barajar la semana pasada alternativas para evitar que se concrete la sesión. El fracaso por falta de quorum o la postergación de la convocatoria son las posibilidades en danza. Hay una tercera, por el momento descartada, que es que el Poder Ejecutivo pida el retiro de los pliegos.

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El futuro del dólar. Milei, ante el momento más decisivo de su gobierno

La opción de patear la sesión para una fecha posterior fue explorada por el peronista correntino Carlos Espínola, presidente del bloque Las Provincias Unidas que mantiene línea directa con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien se la hizo llegar a la vicepresidenta. La respuesta de Villarruel fue que esa no es una decisión que pueda tomar por iniciativa propia, que debe mediar un pedido de varias bancadas para poder darle curso.

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Cuando faltan tres días para la sesión, una eternidad en el vértigo de la política nacional, la nominación de Lijo cuenta con al menos unos 30 votos en contra. El caso de García-Mansilla es aún peor, ya que toda la bancada peronista de Unión por la Patria, 34 senadores, está dispuesta a rechazar su designación. Además, sumaría un par de votos más de otros bloques.

De continuar así, estos números implicarían un final dramático y traumático para la novela iniciada en mayo del año pasado, cuando el Gobierno envió los pliegos de ambos postulándolos para completar el máximo tribunal de justicia del país y cabeza del Poder Judicial. Lijo fue propuesto para ocupar la vacante que dejó Elena Highton con su renuncia en 2021 y García-Mansilla, de manera anticipada, para ocupar el lugar que dejó Juan Carlos Maqueda, jubilado a finales de diciembre.

El número del bloqueo

Esto es así porque para darle acuerdo a un juez de la Corte la Constitución exige el apoyo de los dos tercios de los presentes. Visto desde otra perspectiva, alcanza con que 25 senadores, el tercio más uno del total de los 72 miembros del Senado, vote en contra para frustrar cualquier candidatura.

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Lo sabe bien Cristina Kirchner, que debió dar marcha atrás en 2015 con la postulación de Roberto Carlés después de que 25 senadores de la oposición firmaran un compromiso de que no iban a darle a un gobierno en su último año de mandato la posibilidad de nombrar a un juez en el tribunal.

Según sostiene José Mayans (Formosa), jefe de la bancada de Unión por la Patria, son 20 los senadores dispuestos a votar el rechazo de Lijo por haber aceptado asumir como juez de la Corte Suprema por decreto del Poder Ejecutivo. En conversaciones con otros senadores, la bonaerense Juliana Di Tullio estira esa cifra a 24 rechazos, confiaron fuentes peronistas.

Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, el jefe de los bloques peronistas del Senado

A García-Mansilla, en tanto, el kirchnerismo nunca estuvo dispuesto a votarlo y menos aún después de convertirse en juez supremo “en comisión”. Se espera que, salvo alguna excepción, el rechazo de Unión por la Patria a su pliego sea masivo.

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Si bien la asunción de Lijo no se concretó, ya que el máximo tribunal le impidió jurar al exigirle que antes renuncie a su condición de juez federal con despacho en Comodoro Py, el kirchnerismo duro por ahora sigue las órdenes de la presidenta del PJ, que quiere obligar al Gobierno a negociar. Exige, como mínimo, un cargo en la Corte para una mujer del gusto de la expresidenta. Sin respuesta a esta demanda, la idea es patear el tablero y volver todo a fojas cero rechazando a ambos candidatos.

A la veintena de senadores kirchneristas habría que sumarle al menos tres radicales que ya hicieron público su oposición a la nominación del juez federal. Ellos son Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Carolina Losada (Santa Fe) y Martín Lousteau (Capital).

Pro aportaría otros cuatro votos en contra: Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Martín Goerling (Misiones), Luis Juez (Córdoba) y Guadalupe Tagliaferri (Capital). También adelantó su rechazo la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, aunque su alineamiento con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que defendió públicamente a Lijo, tal vez la lleve a cambiar de idea o, al menos, a sumarse a la estrategia de no dar quorum.

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Así se alcanzarían los 30 votos en contra del juez federal, al que se podría sumar el de la cordobesa Alejandra Vigo, del bloque Las Provincias Unidas. La esposa del exgobernador Juan Schiaretti rechazó de manera pública la designación de jueces por decreto y votaría en contra de los dos pliegos.

La senadora Alejandra Vigo, junto a su marido el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti

En el caso de García-Mansilla, a los 34 senadores de Unión por la Patria debería sumarse Lousteau y Tagliaferri, que impulsaron la aprobación del dictamen del catedrático en la Comisión de Acuerdos con el fin de poder facilitar su tratamiento en el recinto con el fin de rechazarlo por haberse prestado a una jugada que la senadora porteña calificó de “al filo de la Constitución” para sortear el veredicto de la Cámara alta.

Estos números están en poder del oficialismo y sus aliados, que se lo han hecho llegar en reiteradas oportunidades a la Casa Rosada. El cordobés Luis Juez, amigo personal de Milei, fue el primero en recomendarle al Gobierno que retire los pliegos para evitarse una derrota legislativa. También lo hizo el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi (Corrientes), pero en su caso para evitar que muchos de sus correligionarios de bancada, que apoyan de manera vergonzante la candidatura de Lijo, tengan que exponer su posición en el recinto de la Cámara alta. No obtuvieron respuesta del Gobierno.

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En este escenario, desde algunas usinas oficialistas comenzaron a filtrar la posibilidad de que la sesión fracase por falta de quorum y apuntaron sus dedos en dirección a los cuatro senadores de Unión por la Patria que la semana pasada crearon un nuevo bloque. “Que se olviden de eso, vamos a ser los primeros en bajar al recinto”, respondió ante la consulta de LA NACION uno de esos legisladores.

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