POLITICA
La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner a prisión y no podrá ser candidata
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal N°2, que la condenó en primera instancia, instó a la expresidenta a que se presente dentro de los cinco días hábiles desde que sea notificada de la sentencia en su contra. Además, el tribunal integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que disponga de un lugar para su detención.
La decisión confirmada este martes por la Corte sacude a todo el sistema político. Cristina Kirchner es la primera expresidenta en tener una condena firme por corrupción. La actual líder del Partido Justicialista (PJ) nacional, aún la figura más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei, quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.
Por su edad, 72 años, Cristina Kirchner puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario. Esperó el pronunciamiento de la Corte rodeada de dirigentes y militantes en la sede del PJ.
La Corte Suprema resolvió de manera unánime, con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
A las 17.50, la expresidenta dio un mensaje frente a la militancia, desde la sede del PJ. “Es un triunvirato de impresentables”, dijo sobre los jueces de la Corte. Y añadió: “Agregaron el cepo al voto popular”. Relacionó el fallo “al cronograma electoral”.
Con la decisión de la Corte, quedó firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El máximo tribunal también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.
Los jueces Rosatti y Rosenkrantz hicieron un voto conjunto al que se sumó luego Lorenzetti. Los tres rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir, en su recurso de queja, la condena en su contra.
“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.
Todo se precipitó por la mañana, cuando Rosatti informó que los jueces se reunirían para tratar el asunto, algo inusual en la comunicación de la Corte.
Los jueces consideran a Cristina Kirchner responsable del delito de defraudación contra la administración pública para favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Después de la segunda instancia, la expresidenta había presentado un recurso de queja ante la Corte, mientras que el fiscal Mario Villar reclamaba duplicar la pena a 12 años (a partir de agregar el delito de asociación ilícita).
Las señales de que llegaría una decisión del máximo tribunal se aceleraron la semana pasada, cuando los tres jueces rechazaron “sin más trámite” la recusación del juez Ricardo Lorenzetti que presentó la defensa de la expresidenta.
Ella lo tomó como una confirmación de lo que vendría. El sábado, en un acto en Corrientes, dijo: “Hay que estar atentos a que me metan presa”. Y añadió: “Mirá cómo tiemblo”. El lunes organizó un acto en la sede porteña del PJ para convocar a una resistencia política, del que participó incluso su reciente adversario interno, Axel Kicillof.
“Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, dijeron los tres jueces.
Y añadieron: “El argumento de la defensa basado en la competencia de terceras personas en el asunto —entre ellas, el jefe de gabinete de ministros de la Nación y los restantes funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en los hechos— se desentiende del fundamento desarrollado por los jueces de la causa en torno a la modificación implementada por el decreto 54/2009 y la indisputada competencia y responsabilidad de la encausada en la emisión del mismo. Además, omite rebatir las demás circunstancias ponderadas por el a quo respecto de la intervención personal de la recurrente en los hechos, en particular, el beneficio económico obtenido”.
La denuncia original que derivó en esta causa la presentó Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, mientras Cristina Kirchner era todavía presidenta de la Nación.
La investigación apuntó a determinar si el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos sin terminar. El holding de empresas de Báez apenas terminó 27 de las obras adjudicadas.
Los jueces consideraron como una prueba clave el decreto 54/2009, al que calificaron como un “instrumento para la maniobra criminal”. Esa medida modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Así, según los jueces del proceso original, “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente. Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso”.
Además de Cristina Kirchner, el TOF 2 condenó a Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); entre otros. En cambio, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre quien pesaba un pedido de condena de 10 años, fue absuelto junto con Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, y Héctor Garro, exjefe de Vialidad de Santa Cruz. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y exsecretario de Coordinación de la Obra Pública, el tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y fue sobreseído.
La Corte ratificó todo lo actuado.
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CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.
El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).
Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.
La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.
Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.
El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.
Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.
En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.
Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.
Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.
En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.
Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.
El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.
En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.
El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.
una ley convenio,se le quitó un punto,fallo de la Corte Suprema de Justicia,Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.,Gabriela Origlia,Coparticipación,Javier Milei,Federico Sturzenegger,Conforme a,Coparticipación,,Foto en la Rural. Ocho gobernadores se mostraron con Guillermo Francos, pero no hubo un acercamiento,,Desafío y tensión. Se diluye la posibilidad de un encuentro de Francos con los gobernadores para explorar una tregua,,Polémica. El error de Sturzenneger al decir que el proyecto de los gobernadores modificó la ley de coparticipación
POLITICA
Cúneo Libarona denunció que atacaron el estudio de su hermano y descartó que se trate de violencia política
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona denunció este martes que una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina donde funciona el estudio de su hermano Matías. El incidente fue revelado públicamente por el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X. El ministro explicó que la persona responsable ya fue identificada y subrayó que la explosión del artefacto, que efectivamente detonó en el inmueble, no dejó víctimas ni personas lesionadas.
“Hoy una persona que ya fue identificada dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina de mi hermano, Matías. Si bien el artefacto llegó a explotar, afortunadamente no hubo heridos”, escribió Cúneo Libarona en X. En el mismo mensaje, el funcionario desestimó que el ataque tuviera motivos políticos y lo vinculó con el estado mental del atacante: “No se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por alguien que presenta evidentes signos de desequilibrio mental”, aclaró el ministro.
El episodio se registró en el inmueble donde trabaja Matías Cúneo Libarona, hermano del titular de la cartera nacional. El ingreso del artefacto se produjo durante el horario normal de actividad, trascendió luego de conocido el incidente. Tras la explosión, personal de seguridad del edificio activó el protocolo correspondiente y avisó de inmediato a las autoridades locales. Según el relato de Mariano Cúneo Libarona, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y permitió evitar mayores consecuencias. El ministro agradeció públicamente a los responsables del operativo: “Agradecemos a las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”, concluyó en su publicación.
Cómo explicó el actual ministro de Justicia, la evaluación inicial apunta al accionar de un individuo con alteraciones evidentes en su salud mental, sin conexiones comprobadas con organizaciones o motivaciones políticas. Del relato se desprende la intervención de personal idóneo en el manejo de explosivos que llegaron a la conclusión de que el artefacto utilizado tenía capacidad para provocar lesiones, aunque por cuestiones circunstanciales la detonación no generó daños personales.
El antecedente de 2002
El episodio evocó el antecedente de septiembre de 2002, cuando la familia recibió una carta bomba en circunstancias que, en ese momento, fue interpretada como un posible amedrentamiento vinculado a conflictos judiciales. En aquella oportunidad, la oficina de Rafael Cúneo Libarona fue blanco de un intento de atentado a través de un sobre bomba, cuya explosión tampoco generó víctimas pero sí daños materiales y alarma en el edificio. El ministro, en esta ocasión, buscó desvincular los episodios mediante un mensaje contundente que pone el foco sobre la situación personal del atacante.
Aquel incidente ocurrió cuando Rafael Cúneo Libarona llegó a su despacho, ubicado en aquel entonces a escasos metros de la avenida Córdoba. Las crónicas de la época dan cuenta de que el sobre de papel blanco había sido enviado por Correo Argentino desde la ciudad de Rosario. El paquete, que contenía un libro de Derecho con la inscripción “Congreso de la Nación”, presentaba un detalle inusual: el destinatario figuraba como “Rafael Cunio”, con “i”, una alteración en el apellido que llamó la atención de los investigadores.
El sobre explosivo había llegado al edificio el sábado anterior y permaneció en poder del encargado hasta la mañana del lunes, cuando fue entregado a la secretaria del estudio. Minutos después de las 8, Rafael Cúneo Libarona abrió el paquete y activó inadvertidamente el detonador oculto en su interior. La explosión le provocó una fractura expuesta en el dedo índice de la mano derecha y lesiones en ambas manos y brazos.
El artefacto parecía “muy casero” y “realizado por gente poco profesional”, aunque su confección requería conocimientos específicos sobre explosivos, se dijo aquella vez.
POLITICA
Mientras Milei quiere parar las peleas internas, a Cristina Kirchner y Kicillof no los une el amor sino el espanto a una victoria libertaria
Las peleas internas entre La Cámpora y Axel Kicillof y las disputas entre Karina Milei y el súper asesor Santiago Caputo llevaron al Presidente y a Cristina Kirchner a coincidir en un punto. La necesidad de ponerle fin y ordenar la campaña para las elecciones provinciales en Buenos Aires.
El cierre de listas abrió heridas de uno y otro lado cuya cicatrización demandará mucho tiempo, si es que algunas no quedarán sin cura.
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Javier Milei dejó hacer a los otros dos integrantes del triángulo de hierro que sostiene al Gobierno, aunque el Presidente considera que, en definitiva, es a él a quien votarán, a través de sus candidatos, y que la pelea pronto llegará a su fin.
Karina impuso a la mayoría de los candidatos con el accionar del principal operador que tiene en Buenos Aires, Sebastián Pareja, y los Menem, Martín y “Lule”.
El sabor amargo de la derrota lo sintió Santiago Caputo y sus Fuerzas del Cielo que, a través de las redes sociales, descargaron toda su ira contra Pareja y los Menem.
Milei tuvo que salir a aclarar que todo lo hecho por su hermana y sus operadores fue con su total aval. Además, mandó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a tratar de poner orden y mediar entre Karina y Caputo.
Francos ya se reunió con ellos porque no solo está preocupado por el daño que esa pelea pueda generarle al Gobierno sino también a la estrategia en el Congreso, donde conviven legisladores nacionales de uno y otro bando.
Milei se propuso participar de la campaña en territorio bonaerense, donde La Libertad Avanza tiene un importante caudal de votos entre aquellos que todavía no han podido salir de la pobreza o que sufren por la falta de empleo, trabajo precario o bajos salarios.
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La otra interna, la que Milei mantiene con Victoria Villarruel, no le preocupa para nada. Es más, cuando puede la profundiza, como ocurrió ayer en la exposición rural de Palermo, donde el Gobierno bloqueó la entrada de los asesores de la vice.
En esa medida, Villarruel encontró la excusa para no ir a la inauguración ganadera, como lo había hecho el año pasado, y no soportar en persona el desprecio del Presidente.
Milei la volvió a calificar de “bruta traidora” y dijo que en Roma a los traidores les correspondía el destierro.
Si bien esa pelea, las luchas internas de LLA y el resultado de las elecciones no dejan de preocupar a los potenciales inversores, que necesitan un clima de tranquilidad y estabilidad política para aterrizar en la Argentina, Milei tiene otros parámetros para moverse y está seguro de una amplia victoria en la Provincia.
Por eso salió a apuntalar al excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista en la Tercera Sección Electoral, históricamente peronista.
Sucede que la inseguridad será la principal bandera de campaña de los libertarios, pero no solo en ese populoso lugar del sur del Conurbano bonaerense, sino también en la Primera Sección (norte y oeste), que se ha convertido en la más numerosa.
La aparición en escena de Bonderenko le sirvió al gobernador Axel Kicillof a hacer una purga en un sector de la Policía bonaerense, la Ecológica. Sacaron a 24 uniformados, acusados por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, de confabular para dar un golpe comando institucional y quedarse con puestos claves.
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Para la gobernación, esos policías filtraron información clave a legisladores libertarios para que puedan usarla en sus estrategias políticas y así ayudar a Bondarenko, quien tiene el total respaldo de la ministra Patricia Bullrich.
Pero Kicillof tiene otras preocupaciones de cara a la campaña: cómo convivir con La Cámpora y los candidatos que impuso Cristina Kirchner.
La expresidente a envió un claro mensaje a sus seguidores, a través de su hijo Máximo y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, convertida en su principal vocera.
Para CFK, ya se cumplió con el objetivo de colocar la mayor cantidad de candidatos posibles en las listas de legisladores provinciales, concejales y consejeros. Ahora deben buscar la paz, aunque sea circunstancial, con el gobernador Kicillof y los intendentes peronistas.
Quiere evitar la derrota en la Tercera Sección Electoral y tratar de hacer el mejor resultado posible en la Primera.
Kicillof también sabe de esa necesidad y comenzó a definir la estrategia de campaña con su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y los intendentes peronistas que son aliados.
Por lo pronto, mostraron una foto de unidad el viernes cuando Kicillof compartió un acto con Mayra Mendoza en la Universidad de Quilmes. Sus caras parecían responder a esa máxima de que no los une el amor sino el espanto de lo que puede ocurrir con una amplia victoria libertaria.
Kicillof sabe que Cristina no olvida el enfrentamiento que ambos tienen y que, en algún momento, irá por la revancha.
El terreno quizás sea la Legislatura bonaerense. Es por eso que la expresidenta se ocupó de colocar la mayor cantidad posible de candidatos para desembarcar en ese lugar, donde La Cámpora ya le mostró a Kicillof la capacidad de daño a su gobierno que puede tener.
A pesar de estar presa por una causa de corrupción, Cristina sabe que la batalla electoral de este año será entre ella y Milei.
La primera pelea de fondo será en Buenos Aires y la principal, en las elecciones legislativas nacionales de octubre. La historia entre ambos todavía tiene capítulos importantes por escribir, sin importar los daños colaterales.
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