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POLITICA

La Corte tomó dos decisiones clave para las causas Odebrecht e importación de buques con GNL durante el gobierno de Cristina Kirchner

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó este martes dos decisiones clave en las causas por las irregularidades en la importación de gas natural comprimido (GNL) y en obras de la brasileña Odebrecht para la empresa estatal AYSA.

Por un lado, declaró abstracto los recursos presentados por el fallecido ex ministro de Obras Públicas José Roberto Dromi e inadmisibles de Roberto Nicolás Dromi San Martino, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en operaciones con cargamentos de gas natural licuado.

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El Tribunal Oral Federal N° 7 no hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal formulado por la defensa, en la causa en la que se investigan supuestas maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública en el marco del proceso de adquisición de cargamentos de gas natural licuado entre los años 2008 y 2009.

La causa la habían investigado el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por la importación de buques con GNL con supuestos sobreprecios durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Entre el 2008 y el 2015 el kirchnerismo importó sin licitación pública buques con GNL por 15 mil millones de dólares. En el 2008 hubo una ola de frío y se justificó la compra directa a través de la empresa estatal ENARSA pero luego se siguió con la misma modalidad y a pesar de que la Argentina es un país productor de gas. La causa elevada a juicio solo abarca solo una parte de esos embarques. La compra de GNL fue tan importante que para algunos economistas fue una de las causas del cepo al dólar durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

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Ese ilícito fue calificado en los términos de los artículos 173.7 y 174.5 del Código Penal, y la intervención de Dromi y Dromi San Martino fue considerada como de participación necesaria.

La defensa recurrió esta decisión, que fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese estadío, la parte elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con diversos planteos. En uno de ellos apuntó contra la duración del proceso y, en el otro invocó el principio ne bis in idem (que garantiza que una persona no sea juzgada dos veces por los mismos hechos).

En abril de 2024 se presentaron sendas quejas ante el Máximo Tribunal que, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fueron declaradas abstractas respecto de José Roberto Dromi (por fallecimiento), y desestimados en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, respecto del restante recurrente.

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Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo y, con ello, quedó firme la actualización del embargo trabado sobre el patrimonio de la constructora Odebrecht S.A., sucursal Argentina, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el proceso de licitación de las obras que integraron el denominado “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino”.

El 28 de septiembre de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7 dispuso actualizar el monto del embargo trabado oportunamente sobre el patrimonio de la firma, modificándolo en la suma de $ 8.528.856.000. Para llegar a esta decisión, el tribunal tuvo en cuenta que el monto originario del embargo representaba casi USD 13.590.163 al cambio de ese momento, que al momento de decidir se convirtieron en USD 3.725.842,79 al cambio oficial, o unos USD 2.070.843,32 en su variable MEP. En cuanto al índice de actualización, la mayoría del tribunal consideró aplicable el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.

La constructora apeló esa decisión hasta llegar a la Corte y el Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo por incumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 7, inciso c, de la Acordada 4/2007 (no acompañar copia del escrito de contestación del traslado). De esta manera, la actualización del embargo quedó firme.

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La causa analiza presuntas irregularidades en el marco de un proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por la empresa pública de aguas en el año 2007. Se trata, por un lado, de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.

En ese marco, el hecho que se investiga consiste en el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia. A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.

Entre los acusados figuran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, de los ex directivos de Aysa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.

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Corte Suprema de Justicia

POLITICA

Ordenan la prisión preventiva del juez federal Marcelo Bailaque y le prohíben la salida del país

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El juez de garantías de Rosario Eduardo Rodrigues Cruz dispuso esta tarde la prisión preventiva de su colega Marcelo Bailaque, quien fue imputado hoy de manera formal por tres causas graves que lo tienen como protagonista. Además le prohibió la salida del país y ordenó embargos de sus bienes y de sus cuentas bancarias, tal como habían reclamado los fiscales que intervienen en la investigación.

La prisión preventiva recién se podría aplicar cuando pierda sus fueros como magistrado.

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Bailaque está acusado del armado de una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. En ese expediente se arrepintió el ex titular de ARCA de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex AFIP contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima de 160 mil dólares. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado.

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“No hubo ninguna asociación para hacer la maniobra extorsiva que se dice. No recuerdo que haya estado esa noche Fernando Whpei, sí estuvo un periodista», dijo Bailaque en la audiencia.

Bailaque siguió la audiencia desde los tribunales de Rosario.

La segunda causa contra Bailaque está vinculada a presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano, con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau.

Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas.

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En su defensa, Bailaque argumentó que las intervenciones telefónicas a la ex mujer de Alvarado que pedían los fiscales eran “infundadas” y que la causa igualmente terminó en un juicio oral. Sobre el contador Mizzau, en la audiencia de hoy admitió que son amigos pero aseguró que están distanciados por otro motivo.

La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei, su amigo.

El juez se defendió hoy argumentando que no designó al interventor sino que le renovó su designación. “Fue el interventor el que solicitó el desbloqueo de los fondos. Tampoco fue una orden direccionada para que le den los fondos a una entidad vinculada a Fernando Whpei”, apuntó.

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Bailaque (a la derecha) junto al contador del narco Esteban Alvarado (Gentileza: Aire de Santa Fe)

Por todos estos casos, los fiscales pidieron hoy la prisión preventiva de Bailaque. “Existe un peligro de fuga, tiene los medios económicos para fugarse”, sostuvo Diego Velasco, titular de la PROCELAC en la audiencia. También habló de intentos de “entorpecer la causa” a través de intimidaciones a testigos, algunos que trabajan en el juzgado, y del borrado del teléfono.

Bailaque todavía sigue en funciones por lo que tiene inmunidad de arresto. Por ese motivo, entre los pedidos al juez, Velasco agregó que se le prohíba la salida del país y que se le retenga el pasaporte mientras dure la investigación.

La defensa de Bailaque cuestionó el pedido de preventiva. «No se puede decidir sobre ese pedido hasta que no se produzca el desafuero. En ese momento las condiciones no van a ser las mismas», se quejó uno de sus abogados.

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El Consejo de la Magistratura avanza hacia un Jury

Luego de varios meses de inactividad, ayer sesionó la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde se aprobaron las medidas de prueba solicitadas por el consejero Álvaro González, hace más de un mes, en la investigación contra Bailaque.

González, que actúa como consejero instructor, solicitó la remisión de los tres expedientes donde hoy fue imputado, pero aclaró que el Consejo juzga un posible mal desempeño. “En los próximos 40 o 50 días vamos a tener novedades importantes en estos expedientes”, coincidió el senador Luis Juez, que ahora preside esa comisión.

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POLITICA

La Corte Suprema dejó firme la condena a un intendente salteño por el robo de 228 caños que dejaron inconcluso el gaseoducto del Noroeste

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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra un exintendente del norte de Salta por el robo de 228 caños del inconcluso Gasoducto del Noroeste, una megaobra destinada a importar gas de Bolivia, que nunca se terminó.

Se trata del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, sentenciado a seis años y medio de prisión efectiva, junto a dos empresarios, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.

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El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la apelación de la defensa por considerarla inadmisible, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La causa se tramitó bajo el sistema acusatorio que rige en la provincia de Salta desde 2019. Allí se investigó la sustracción durante el período que va de diciembre 2019 a abril de 2020 de alrededor de 228 caños del gasoducto pertenecientes al Estado Nacional del noreste argentino conocido como GNEA.

El gasoducto fue declarado de interés público y concesionado para su realización a la empresa Enarsa, hoy Ieasa, con la finalidad de transportar gas desde Bolivia a Argentina, obra que según afirmó la acusación que representa la querella asciende a un monto de $2.000.000.000 y beneficiaría a 1.700.000 habitantes de las zonas aledañas al trazado de la obra.

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El veredicto se conoció en Salta, en diciembre del 2021. En su acusación la fiscalía pidió las condenas al considerar que el saqueo de caños del Gasoducto GNEA fue uno de los mayores casos de corrupción en torno a una obra del Estado Nacional en la zona.

Este plan consistió en la gestación de la Resolución Municipal N°1215, la cual fue urdida con el único fin de darle “ropaje legal” al traslado de los bienes que tenían proyectados saquear de una planta petrolera instalada en la finca de Ñacatimbay, en Aguaray. Ello se frustró por la resistencia del administrador de esa propiedad, dijo la acusación.

Jorge Prado, exintendente de Aguaray, SaltaFacebook

El Tribunal Oral de Juicio Nro. 2 de Salta condenó así al exintendente Prado a seis años y seis meses de prisión y los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera recibieron penas de seis años y tres meses y de seis años y ocho meses, respectivamente, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda. El tribunal oral también dispuso absoluciones por el beneficio de la duda.

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Para el tribunal, Alos y Prado redireccionaron la maniobra hacia los caños ubicados en el paraje de Tonono, ubicado en el municipio de Tartagal, para lo cual cambiaron la resolución a fin de justificar la extracción y traslado de esos caños, siempre bajo el falso argumento que se trataba de pasivo ambiental.

Esta maniobra les permitió el robo de 67 caños, pero volvió a naufragar el 7 de febrero de 2020, cuando se produjo el primer procedimiento y secuestro de un camión con caños robados del gasoducto. Ello derivó en que el exintendente y el empresario mendocino volvieran a reorientar el saqueo, esta vez hacia el paraje El Desemboque.

En este segundo tramo del plan criminal, explicó el tribunal, Vera tuvo una intervención clave en materia de logística, pues se instaló en la zona y urdió todo lo necesario para el saqueo de otros 161 caños, de los cuales 123 fueron a parar a un predio de la empresa MYP y otros 5 a Perterser SRL.

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Para el tribunal de Salta, Prado, Alos y Vera fueron los principales responsables del robo de 228 caños, aunque no descartaron -como lo señaló la fiscalía- que hayan sido más.

En julio del 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas al exintendente y los dos empresarios, y además revocó dos absoluciones.

La defensa de Prado presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revisara en queja su condena. El máximo tribunal no entró a analizar la causa y desestimó por inadmisible el planteo.

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POLITICA

Gustavo Valdés impulsa una «mirada federal» para el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay

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En la tercera reunión de gobernadores de la Región Litoral, realizada este lunes en Resistencia, Chaco, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó la importancia de una mirada federal para abordar los desafíos comunes, como la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. En su discurso, Valdés subrayó la necesidad de una visión conjunta entre las provincias, enfatizando que el país no puede seguir funcionando de manera aislada. “La Argentina necesita tener fundamentalmente una mirada federal”, afirmó.

El encuentro, que reunió a los mandatarios de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y el vicegobernador de Misiones, también abordó temas clave como la energía, obras viales y la preservación de recursos naturales. Valdés aprovechó la ocasión para resaltar los avances logrados en la gestión compartida de recursos hídricos, como los acuerdos de pesca en el río Paraná, los cuales promueven el cuidado de los recursos ícticos y la sostenibilidad de la región.

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Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la discusión sobre la Hidrovía. Valdés reflexionó sobre la disminución de la flota fluvial argentina y el crecimiento de la flota de Paraguay, sugiriendo que Argentina debe revisar sus estrategias en este ámbito. “No puede ser que transportar un contenedor aquí sea más caro que cruzar el Atlántico”, expresó, al tiempo que instó a una revisión de los pliegos de licitación de la Hidrovía para garantizar una mayor participación de las provincias en la toma de decisiones.

El gobernador también destacó la importancia de una tarifa eléctrica diferenciada para las regiones del norte, buscando equiparar las condiciones con las del sur, que cuentan con subsidios en gas natural. Al concluir su intervención, Valdés entregó la presidencia pro-témpore de la Región Litoral a su par de Chaco, Leandro Zdero, quien continuará con la gestión durante los próximos seis meses.

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Zdero, al asumir la presidencia, reafirmó el compromiso de trabajar por una región integrada y próspera, señalando la necesidad de avanzar en temas de energía, pesca y la Hidrovía. Además, destacó la importancia de fortalecer los lazos con Paraguay y Brasil, en particular para mejorar la competitividad de la región.

Los gobernadores presentes también celebraron la creación de la mesa técnica de la Hidrovía, que se encargará de trabajar en la licitación y la desregulación de la Ley de Cabotaje. La creación de una mesa de trabajo sobre empleo y seguridad social también fue un tema prioritario, con el objetivo de abordar los desafíos laborales y sociales de la región.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, felicitó a Valdés por su gestión, destacando que su liderazgo fue fundamental para lograr avances significativos en la región, como el reconocimiento institucional de la Región Litoral por parte del Gobierno Nacional.

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