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POLITICA

La crítica del Gobierno a Kicillof por la masacre en La Matanza: “El Estado provincial no está tan presente”

El vocero presidencial se refirió al conflicto que se desató este domingo en la zona oeste del conurbano por la toma de tierras.

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En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni criticó este lunes al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la masacre en la toma de tierras en La Matanza: “Evidentemente el Estado provincial no está tan presente en esos lugares”, sostuvo.

Al ser consultado sobre el trágico hecho que se cobró la vida de cinco personas en el barrio 8 de Diciembre de la localidad de González Catán, el portavoz cuestionó el rol del gobernador bonaerense.

“Entendemos que es un tema estrictamente provincial, que atañe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires”, señaló. En el mismo sentido, sostuvo que desde Nación están “consternados por la cantidad de muertos y heridos” y manifestó que consideran que se trata de un “hecho penoso y lamentable”.

Tras ello, Adorni criticó al gobernador de la Provincia. “Evidentemente el Estado no está tan presente en esos lugares. Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose en el partido de La Matanza por tener un pedazo de tierra”, enfatizó y dijo que además de la tragedia, también lamenta “el contexto en el que ocurrió”.

Este domingo un grupo de al menos tres personas atacó a balazos a los vecinos del barrio 8 de Diciembre. Todo sucedió a metros de la intersección de las calles Vega y Debussy.

En un principio se indicó que hubo un grupo que intentó desalojar a otro, pero ahora los familiares de las víctimas denuncian que el ataque a tiros se inició por parte de los delegados barriales durante una asamblea.

La esposa de uno de los hombres asesinados sostuvo que días antes habían comenzado las amenazas y que durante la reunión un hombre le dijo a otro “baja un cambio que terminado esto sos boleta”. A partir de allí comenzó la balacera que culminó con cinco personas asesinadas.

Hasta el momento no se logró establecer el motivo del ataque, pero las primeras hipótesis indican que todo comenzó tras una discusión que rápidamente escaló en violencia.

El lugar se encuentra tomado hace varios años y los vecinos denuncian que los presuntos delegados fueron quienes se lo vendieron. “Nosotros compramos, esas lacras lucraban con los terrenos, vendían, se llenaban los bolsillos a costa de la gente laburante”, denunció la esposa de una de los hombres asesinados.

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El Gobierno eliminó una exigencia para habilitar centros y servicios de salud mental y adicciones

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El Gobierno modificó el procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental publicado en diciembre del año pasado, pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández. A través de una resolución de las autoridades sanitarias, se eliminó una consulta vinculante con una comisión especial –que pasará a tener un rol consultivo– para agilizar esos trámites, de acuerdo con el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.

La resolución precedente (4107/23) provocaba demoras o imposibilidad de habilitaciones, ya que establecía que para la habilitación y fiscalización de los establecimientos debía realizarse una consulta vinculante con la Secretaría de Derechos Humanos”, señalaron desde el Ministerio de Salud. “Esta situación –continuaron– no se correspondía con lo establecido por la norma superior vigente, la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Por lo tanto, la modificación obedece no solo a ubicar la resolución acorde al artículo 34 [de la ley de salud mental], sino a efectivizar el procedimiento de forma eficiente y expeditiva”.

Por ese artículo de la legislación sancionada por el Congreso en 2010, la cartera sanitaria, como autoridad de aplicación, es responsable de fijar “en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones” los requisitos de habilitación y fiscalización de los servicios de atención de salud mental en el sector público, privado y las obras sociales.

Para el Gobierno, la Resolución 6155/2024 también adapta ahora esas tareas a la simplificación de procesos en el Estado prevista en la Ley Bases. “Adecua el procedimiento de habilitaciones de estos dispositivos [por los lugares de atención especializada] a fin de garantizar un procedimiento administrativo ágil, dinámico y diligente”, plantean en Salud. Y consideran, a la vez, que “fortalece la red de servicios” al crear “los dispositivos comunitarios necesarios”. La definición de esos servicios incluye la atención de las adicciones y a los equipos interdisciplinarios “para la continuidad de cuidados y la externación sustentable”.

Este conjunto de “normas mínimas” para la habilitación y el control de los establecimientos y los servicios de salud mental y consumos rige para los lugares de atención ambulatoria (consultorios o gabinetes, centros, hospitales de día con/sin internación o comunitarios, emprendimientos de inclusión sociolaboral y servicios de atención domiciliaria), dispositivos residenciales (con apoyo bajo, moderado o alto y estancia transitoria o prolongada) y lugares con internación (servicios de salud mental en hospitales, clínicas o sanatorios).

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Dictamen consultivo

De acuerdo con la resolución de diciembre del año pasado firmada por la exministra Carla Vizzotti, el trámite de habilitación empezaba –como en la nueva resolución– con la solicitud de habilitación del administrador de la institución, centro o servicio vía la plataforma online de trámites a distancia oficial.

Pero si bien la autorización para funcionar también la tramitaba la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dentro del Ministerio de Salud, la evaluación inicial de las solicitudes debía ser “en conjunto” con la Comisión Permanente de Trabajo y Asistencia Técnica para la Implementación de los Estándares de los Servicios de Salud Públicos y Privados. Ahora, de acuerdo con los fundamentos publicados en el Boletín Oficial, esa intervención deja de ser vinculante y pasa a ser consultiva cuando así sea requerida.

Esa comisión permanente de trabajo se formó por una resolución de 2022 con tres representantes designados por Salud y otros tres por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Quedaban exceptuados de su intervención solo los consultorios de salud mental, en cuya habilitación participaba únicamente la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras.

El procedimiento para habilitar y fiscalizar instituciones, centros y servicios de salud mental había sido establecido pocos días antes de que finalizara la gestión de Alberto Fernández por la entonces ministra Carla Vizzotti

Con la modificación publicada hoy, sus miembros intervendrán “en caso de que existan incongruencias con los estándares fijados” en un anexo de la resolución y a requerimiento de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos para “asistencia técnica, colaboración e intervención”.

En esos casos, una vez finalizada la inspección del lugar a habilitar, la comisión tendrá que emitir opinión “sobre el cumplimiento de los estándares normados” en 30 días hábiles para la administración pública a contar desde la llegada del expediente. Cumplido ese plazo sin esa opinión, regirá el silencio de la administración como en el resto de los procedimientos administrativos del Estado nacional.

Lo mismo se aplica para la fiscalización de los establecimientos y servicios de salud mental y consumos problemáticos, como lo define la nueva resolución, que reemplaza a la 4107 de diciembre del año pasado.

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Antes, ese dictamen pasaba a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos para remitir el expediente de nuevo a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras para continuar el trámite de habilitación.

Esta nueva normativa promueve una respuesta adecuada por parte del Estado a la demanda de atención en materia de salud mental, lo que hace necesario avanzar en la habilitación de dispositivos y servicios acordes al modelo de abordaje basado en la comunidad, con el objetivo de alcanzar la inclusión socio-comunitaria de las personas y garantizar una atención de calidad, integral, interdisciplinaria, intersectorial y con enfoque de derechos”, argumentan en el ministerio a cargo de Mario Lugones.

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