Si Alberto Fernández no hubiera firmado el Decreto 823/2021, ¿existiría la causa de los Seguros? Es uno de los interrogantes latentes en la causa por presuntos hechos de corrupción que instruyen el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. Recientemente, la fiscalía le dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que analice la norma impulsada por Alberto Fernández que habilitó la intermediación de brokers en los contratos de seguros entre organismos estatales. Bajo estudio están los chats de María Cantero, para ver si arrojan alguna irregularidad respecto a las 19 pólizas otorgados a Héctor Martínez Sosa.

La actividad de los productores de seguros se encuentra regulada por la Ley 22.400, según la cual ellos son los encargados de intermediar entre las empresas y los asegurados y deben estar matriculados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) que es la encargada de su aplicación y control.

Lo que el juez Ercolini y el fiscal Rívolo analizan en este expediente son las presuntas irregularidades alrededor del Decreto 823/202, que abrió el camino a la intervención de los brokers: durante el 2020 en concepto de comisiones, el Estado pagó 2.483.753 pesos. Desde entonces, los números aumentaron: para 2022, el Estado ya había erogado un total de 928.777.819. pesos. Según una auditoría, el año pasado se registró la mayor cantidad de pagos a los brokers: $1.984.879.730 pesos.

Durante toda la presidencia de Alberto Fernández, en concepto de comisiones se abonaron 3.453.302.77 pesos.

Con estos números, la justicia federal busca determinar el posible perjuicio al Estado. Es decir: qué maniobras al margen de la ley se cometieron para beneficiar a brokers amigos del poder, más específicamente a quien tenía línea directa con el ex presidente de la Nación, Héctor Martínez Sosa.

En el expediente se estudian dos posibles delitos: por un lado, el pago de comisiones que estarían por encima de los valores de mercado; y por otro el posible direccionamiento en la elección de los brokers intervinientes en 45 contratos.

En esa búsqueda, el fiscal Carlos Rívolo le dio intervención a su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez.

Con competencia en delitos cometidos contra la administración pública, la PIA comenzó a trabajar bajo los lineamientos especificados por Rívolo. En primer término, se busca determinar si los 45 contratos que 25 organismos del Estado firmaron con Nación Seguros, se adjudicaron de forma correcta, o si fueron direccionados para favorecer a algunos brokers que después percibían millonarias comisiones.

Según la auditoría de Nación Seguros, entre 2019 y 2023 Martínez Sosa recibió 366.635.744 pesos en concepto de comisiones, lo que lo ubica en el puesto número dos de los cinco brokers más beneficiados: acumulan ese reducido grupo el 80,56% de los pagos realizados por el Estado.

Héctor Martínez Sosa logró 19 de los 45 contratos bajo análisis. La PIA ahora analiza cómo fuero otorgados esos contratos, si se respetaron los circuitos administrativos o, como sospecha la justicia federal, se configuró una camino alternativo.

Para despejar esas sospechas, los 1.899 mensajes de whatsapp que intercambiaron María Cantero y su esposo serán determinantes. La PIA realiza un entrecruzamiento de datos entre esas comunicaciones y los contratos que fue ganando el broker amigo de Alberto Fernández.

En las 424 páginas que el juzgado de Ercolini incorporó al expediente y donde constan las conversaciones entre Cantero y Martínez Sosa, se nombra a una docena de funcionarios y cerca de 25 negociaciones relacionadas con contratos que estaban bajo el radar del broker.

A ese dato se suma una sospecha previa que sostiene el juez Julián Ercolini: la vinculación entre Bachellier SA y Martínez Sosa. Dicha compañía es la que encabeza el “Top Five” de los brokers más beneficiados con el cobro de comisiones por parte del gobierno. Percibió un total de 1.665.741.081 pesos, y el principal contrato -el de Gendarmería Nacional- por encima de los 1.000 millones de pesos, se lo llevó el amigo de Alberto Fernández.

Esa relación que establece la justicia convertiría a Martínez Sosa en el más beneficiado en el cobro de comisiones. Los chats exponen cómo Cantero facilitaba reuniones, destraba situaciones cuando les interesaba un contrato en particular. Todo está siendo inspeccionado por la PIA.

La otra cuestión que tiene bajo estudio la PIA es si el Decreto 823/2021 “tuvo un trámite normal, si hay alguna inconsistencia y cómo se implementó en las distintas áreas, entre otros aspectos”, indicaron fuentes de la causa a Clarín.

Esta investigación a cargo de la PIA convive con otro legajo a cargo del fiscal Carlos Rívolo, donde interviene la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a cargo de Diego Velasco. En este tramo se busca determinar presuntos circuitos ilegales para el desvío de fondos.

Bajo estudio hay una serie de cooperativas que podrían haber oficiado como financieras para que algunos brokers logren desviar dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) sospecha de cheques emitidos por 15 millones de pesos, entre otras irregularidades que podrían configurar otros delitos.

En el marco de ese legajo patrimonial están bajo estudio los bienes de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa y María Cantero. Allí, la justicia se formula un interrogante central: El broker, ¿era el único y final beneficiario del negocio que pudo estar direccionado? Por el momento, la pregunta sigue abierta y se profundiza esta investigación en la que se levantó el secreto bancario y fiscal del ex presidente de la Nación y del matrimonio amigo hace más de tres décadas.