El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a otro de los condenados en la causa Vialidad: el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Al igual que Cristina Kirchner, fue condenado a seis años de prisión y transitará su pena en su casa, un domicilio en San Isidro, a pocas cuadras del Ramal Tigre. Del mismo modo que la expresidenta, deberá llevar puesta una tobillera electrónica y presentar un listado de médicos, familiares y abogados que podrán visitarlo sin autorización judicial.

El tribunal basó la decisión en la edad del exfuncionario -está a días de cumplir 80 años- y en la delicada situación de salud que atraviesa, tal como sostuvo su defensa cuando presentó el pedido de prisión domiciliaria y corroboró el Cuerpo Médico en sus estudios.

El informe elaborado por los médicos detalló que el lugar de detención debía poder facilitar estudios regulares en “cardiología, clínica médica, nutrición, urología, gastroenterología, otorrinolaringología, neumonología, cirugía de cabeza y cuello y controles de laboratorio”, además de una “rápida salida a un centro de alta complejidad”.

Requisitos que, según afirmó el presidente del tribunal, Jorge Gorini, a partir de los informes que le fueron entregados, el Servicio Penitenciario Federal, en general, y la Unidad 19 de Ezeiza, donde está actualmente Periotti, no podían satisfacer.

“El estado de situación hasta aquí descripto, a mi entender, resulta suficiente para tener por acreditado el grado mayor de vulnerabilidad que justifica la especial protección, a través de la previsión de la posibilidad del juez de conceder la prisión domiciliaria para personas de más de 70 años de edad”, determinó el juez Gorini. “Periotti -de 79 años de edad, a lo que se suman múltiples afecciones- califica sobradamente en la causal invocada”, agregó.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, sin embargo, señalaron en su dictamen que “de momento, no se encuentran suficientemente configuradas las razones que justifican una medida tan excepcional” y que “no existen elementos objetivos […] que indiquen que el encierro carcelario pudiera agravar” el cuadro de Periotti.

El estudio del Cuerpo Médico Forense ratificó el delicado estado de salud del exfuncionario. Los médicos que lo examinaron “documentaron una importante fragilidad general, atribuible a la edad y a múltiples comorbilidades, entre ellas las de orden endocrinológico y cardiológico”.

Periotti fue el jefe de Vialidad Nacional entre 2003 y 2015, cargo que había ocupado a nivel provincial en Santa Cruz con Néstor Kirchner como gobernador. El tribunal lo encontró culpable del delito de fraude al Estado y, además de imponerle 6 años de prisión, lo inhabilitó a ejercer cargos públicos de por vida.

Entre otras cuestiones, como parte de la prueba en su contra, el tribunal consideró que una resolución suya había relajado los controles en Santa Cruz, provincia que conocía por su paso como jefe de Vialidad. También, que el funcionario había echo caso omiso a alertas que había elevado la Auditoría General de la Nación. Se detalló también la existencia y creación de un canal de pago preferencial para las empresas del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.

En su momento, la defensa del exfuncionario esgrimió, entre otros argumentos, que su función no era la de revisar cada aspecto y documento de las obras viales y que la totalidad del proceso judicial era un caso de “lawfare”, una guerra judicial con fines persecutorios.

Tras formar parte del reclamo por mayores fondos a la Casa Rosada, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, suspendió desde el 1° de julio toda actualización salarial para funcionarios políticos de la provincia.

La medida excluye a los empleados públicos del escalafón provincial y abarca a los cargos principales de la administración central, los organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado.

“La situación económica de la provincia sigue siendo muy delicada”, advirtió Frigerio. El mandatario mencionó la caída en la coparticipación federal, la baja recaudación propia y la falta de transferencias de Nación, además del peso de la deuda pública heredada, como factores clave del deterioro fiscal.

El decreto invita a los poderes Legislativo y Judicial a sumarse a la iniciativa. En ese sentido, el bloque de senadores de Juntos por el Cambio respaldó públicamente la decisión. “Adherimos plenamente a la suspensión de actualizaciones salariales y dietas para senadores y funcionarios”, indicaron en un comunicado.

El decreto establece que el Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá modificar o levantar la medida si la situación fiscal mejora.

No es la única provincia que ajusta. En Santa Cruz, en el último acuerdo paritario del sector de la salud que se firmó el jueves pasado, se dejó de lado la “cláusula gatillo” que aumentaba los salarios a la par de la inflación. Fue reemplazada por una suma fija mensual.

En Chaco, el último aumento fue en marzo. La provincia redujo un 30% los viáticos en la administración pública. Fue una medida firmada el 18 de junio fundamentada en la necesidad de racionalizar el gasto y optimizar el uso de los recursos . Lo hizo el gobernador Leandro Zdero mediante el Decreto 1008/25, que establece una nueva escala de viáticos para empleados públicos. La motosierra, en Chaco, pasó también por la suspensión de contratos que venían de la gestión anterior.

En Río Negro los aumentos también tuvieron la forma de sumas fijas. Este viernes se abonará un bono de 40.000 pesos y en julio están previstas sumas fijas, de carácter permanente, de 30.000, 35.000 y 40.000 pesos según la categoría. En agosto serán de 20.000, 25.000 y 30.000 pesos.

En Misiones se otorgó un3 por ciento de aumento a los empleados públicos en mayo. Se había prometido convocar a los gremios a negociar otro incremento en junio. Pero el mes termina y el llamado aún no llegó.

Los gobernadores vienen escalando sus reclamos en medio de las dificultades financieras que enfrentan sus provincias.

Esta semana, los 24 mandatarios provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se mostraron unidos en su reclamo.

No es la primera vez que desde las provincias suenan los pedidos para que el Gobierno sea más generoso en el reparto de los recursos que son coparticipables pero que retiene la Nación. Las transferencias automáticas por coparticipación se derrumbaron: según datos del Ministerio de Economía, las provincias debieron afrontar durante mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior.

La réplica de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, no tardó en llegar. “Los gobernadores siempre quieren más plata; tratamos de encontrar algún camino para responderles y que no tenga impacto en las cuentas. Pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente (Javier) Milei y el ministro (Luis) Caputo cedan un ápice en el superávit fiscal. Podrán venir los 24 gobernadores a plantearnos…Y cualquier ley que quiera alterar eso será vetada”, avisó.