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POLITICA

La hija de Fernando Espinoza y su fructífera sociedad con una figura clave del Grupo Werthein

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En el marco del proceso judicial que lo investiga por abuso sexual, al intendente del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza, se le exigió una fianza de 10 millones de pesos para que se le permita viajar a Barcelona. La suma fue depositada desde la cuenta de su hija, María Eva Magalí Espinoza.

Este movimiento financiero generó sospechas, y el abogado de la querellante, Marcelo Urra, presentó una denuncia por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, solicitando a la Justicia que investigue las finanzas de la hija de Espinoza, quien es considerada una persona políticamente expuesta.

El caso, que surgió de la denuncia por abuso sexual y desobediencia judicial interpuesta por Melody Rakauskas, exsecretaria privada de Fernando Espinoza, generó un debate sobre la posibilidad de fuga del dirigente político. Rakauskas, a través de su abogado, intentó bloquear el viaje de Espinoza, argumentando que su posición y contactos podrían facilitarle evadir el proceso. Aunque el jefe comunal logró que la Cámara del Crimen le permitiera viajar bajo ciertas condiciones, la querella sigue presionando para que el caso se eleve a juicio oral y público.

La hija de Espinoza y una “empresa fantasma”

Como indicamos más arriba, la hija de Fernando Espinoza es María Eva Magalí Espinoza, una de las propietarias de Lids Comunicaciones SA, empresa que comparte con Nadia Laura Serra.

En abril del 2023, LN+ difundió un informe donde vinculó a Lids Comunicaciones SA con una “empresa fantasma”, aparentemente dedicada a la electrónica y las comunicaciones. Para entonces, la sociedad anónima contaba con dos empleados: además de María Eva, también figuraba Nancy Miriam Mare, esposa del mandatario matancero denunciado por abuso sexual.

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El informe investigó la presunta facturación apócrifa de la empresa, como la emitida bajo el número 0000001 en septiembre del 2022 al Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, por “pauta y contenido publicitario”, por un total de 423.500. Las cuatro facturas subsiguientes repitieron la misma mecánica. Ariel Garcé, ex autoridad del cuerpo colegiado, denunció un “escándalo”, ya que “no se realizó ninguna campaña de prensa ni publicitaria en el Colegio de Odontólogos”.


Una de las polémicas facturas de la empresa de María Eva Magalí Espinoza.

Además, se reveló que la dirección postal utilizada por Lids Comunicaciones SA para facturar no guardaba vinculación con la sociedad. Se trataba de un PH ubicado en Villa Sarmiento, Rivera Indarte 755 departamento 2, cuya dueña aseguró desconocer a la empresa y a la familia Espinoza.

La socia de María Eva, una figura clave del Grupo Werthein

Actualmente, Nadia Laura Serra es directora de Comunicación Institucional del Grupo Werthein, cargo que asumió en enero del 2024. La socia de la hija de Espinoza viene de ser directora de Comunicación Institucional en Vrio Corp, una sociedad también vinculada al Grupo Werthein a través de DirecTV.

Según su LinkedIn, entre enero de 2019 y noviembre de 2021, Serra fue directora de Comunicación Institucional y Prensa del ministerio de Educación de la Nación, cargo al que arribó de la mano del albertista Nicolás Trotta.

Serra, una “operadora de prensa” con asiento en La Matanza

Tras su arribo a la gestión de Alberto Fernández, Serra recibió duras críticas por parte del periodista Nicolás Sanz, en el medio Tribuna de Periodistas, donde fue vinculada a operaciones de prensa.

Según escribió el comunicador, Serra se desempeñaba “como coordinadora general de la siempre mal vista consultora AR y Asociados, cuya presidenta es Alejandra Rafuls”. Se trata de una firma que realiza servicios de marketing y publicidad de diversa índole, entre ellas, dentro del mundo político. Del trabajo desarrollado en esta consultora con la municipalidad de La Matanza entre 2011 y 2015 surge, casualmente, su vinculación con la familia Espinoza. Aunque este medio pudo saber que dicha vinculación no quedó allí, sino que se extendió en el tiempo.


Alejandra Rafuls.

“Rafuls, presidenta de la consultoría en cuestión, y a la sazón jefa de Nadia Serra, es señalada como ‘especialista en blindaje mediático, operaciones de prensa y campaña política’ y es identificada como ‘literalmente la dueña de la subsecretaría de Prensa y Difusión del municipio matancero’”, agregó Sanz. REALPOLITIK confirmó que la contratación de Serra con Rafuls se dio a través de la empresa MG Consulting Group SA.

Según comenta el profesor Joaquín Puebla, a Rafuls “se la reconoce como una buena estratega de prensa” aunque “su fama no es de las mejores” ya que “se dedica a armar operativos de desinformación, protección mediática (a través de sospechosos sobres que le llegan a medios y a algunos periodistas), campañas sucias, etcétera”.

“El trabajo que realiza AR y Asociados es realmente costoso. Sin embargo, en lo que a la intendencia de La Matanza refiere, al ser pagado por los contribuyentes matanceros, no influye mucho en la multimillonaria caja que maneja Fernando Espinoza”, concluyó.

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Rafuls, el nexo entre Espinoza y Santiago Caputo 

Durante los últimos meses trascendió que Alejandra Rafuls, la operadora de prensa con vínculos estrechos con el histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, ha sido elegida por Santiago Caputo para manejar la pauta oficial de manera indirecta a través de la firma Tonal, propiedad de los hermanos Tomás y Jorge Noguer. Este sistema de intermediación permite que Rafuls, en conjunto con Roberto di Lorenzo, mano derecha de Caputo, controle la distribución de pauta publicitaria de organismos como Banco de la Nación Argentina y YPF, evitando licitaciones y aplicando comisiones de hasta un 17.5 por ciento sobre la pauta destinada a los medios.


Santiago Caputo.

La influencia de Rafuls también se extiende a su rol de asesora en el área de inteligencia, donde junto a José Luis Vila, cercano al Enrique «Coti» Nosiglia, y a Caputo, manejan fondos reservados para coordinar una red de medios, periodistas e influencers afines al gobierno de Javier Milei.

La participación de Rafuls también ha sido evidente en la reactivación del canal de IP Noticias, vinculado al sindicalista peronista Víctor Santa María, quien ha negado públicamente un reciente encuentro con Caputo que habría sido facilitado por la amiga de Espinoza.

El peso de su influencia en la comunicación política se refuerza con sus nexos con el juez Ariel Lijo y su rol de asesora en la comunicación del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a quien Rafuls ha defendido a pesar de las denuncias en su contra. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Víctor Santa María, Fernando Espinoza, La Matanza, Ariel Lijo, Enrique Nosiglia, Melody Rakauskas, Santiago Caputo, Marcelo Urra, María Eva Magalí Espinoza, Lids Comunicaciones SA, Nancy Miriam Mare, José Luis Vila, IP Noticias, Tomás Noguer, Jorge Noguer, Joaquín Puebla, Nicolás Sanz, Grupo Werthein, Roberto di Lorenzo

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Corrupción: Axel Kicillof y una sospechosa licitación de 4.000 millones de pesos

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Un proveedor de la dirección provincial de Cultura y Educación, que conduce Alberto Sileoni, denunció que una licitación pública fue «direccionada» para favorecer a una empresa específica. Esta práctica no sería un hecho aislado, sino una costumbre arraigada en la estructura administrativa de la provincia bajo la gestión de Axel Kicillof.

Para poder comprender la maniobra llevada adelante  en este tipo de actos de corrupción administrativa por el gobierno de la provincia de Buenos Aires se requiere un análisis detallado.

Modus operandi

El procedimiento comienza en la etapa de confección de los pliegos licitatorios, específicamente en las «cláusulas técnicas». Estas se redactan con un nivel de detalle tal que solo un proveedor puede cumplir con las especificaciones, garantizando así que este obtenga el contrato. Este proveedor, previamente, ha llegado a un acuerdo de algún tipo con las autoridades responsables.

Para blindar esta maniobra, los pliegos incluyen una cláusula que obliga a cualquier oferente que desee impugnar la licitación a pagar una garantía que puede oscilar entre el 1 y el 5 por ciento del presupuesto oficial de la licitación. En el caso denunciado, la licitación superaba los 4.000 millones de pesos, lo que implicaría un desembolso previo de entre 43 y 131 millones de pesos para cuestionar el proceso. Un verdadero escándalo.

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Este monto es reembolsable solo si la impugnación prospera, una posibilidad casi nula dado que la evaluación de las mismas queda en manos de las mismas autoridades que establecieron los pliegos, es decir, en manos de la gestión de Kicillof. “Es como si el ladrón tuviera que juzgarse a sí mismo”, explicó el denunciante.

La licitación que dejó en evidencia la maniobra ilegal

El escándalo estalló tras la publicación del pliego de bases y condiciones generales para la contratación de bienes y servicios, identificado como la licitación pública 9/24, de la dirección provincial de Equipamiento Escolar, dependiente de la subsecretaría de Infraestructura Escolar, actualmente bajo el control de Ariel Alejandro Lambezat. La misma, destinó un estruendoso presupuesto de más de 4.000 millones de pesos que serán destinados a la compra de pupitres, escritorios, sillas y pizarrones.

En el mismo, en el anexo de especificaciones récnicas, llamaron la atención los notables -y para nada casuales- detalles con los que las autoridades bonaerenses describían el producto a entregar. Usualmente, se hace una descripción de las medidas del pupitre, del color y los materiales. En este caso, sin embargo, el nivel de detalle asombró incluso al más desprevenido: estructuras tubulares de acero al carbono de un diámetro de 31,7 y 1,22 mm. de espesor, patas inclinadas acopladas a un tubo metálico soldado de forma continua a cada lateral del soporte superior de la tapa, etcétera.

“Se describe el producto en un detalle exhaustivo. Lo cierto es que el único producto que coincide con lo descripto es, casualmente, el de una de las empresas de la competencia”, explicó el denunciante. “Es un delito muy común que se comete en la provincia de Buenos Aires. A cambio de ello, se le comparte el dinero de la adjudicación a las autoridades bonaerenses. El cual será más que jugoso, teniendo en cuenta que, además del presupuesto de 4.383.140.500, está la posibilidad de ampliarlo en un 100 por ciento”.

Contexto Legal

La ley 2.095, consolidada por la 6.588, y el reglamento decreto 129/23, establecen los porcentajes de garantía necesarios para impugnar los pliegos o los dictámenes de evaluación. En particular, el artículo 93 estipula:

  • Impugnación al pliego de bases y condiciones: 1 al 3 por ciento del presupuesto oficial.
  • Impugnación a la preselección/precalificación: 1 al 5 por ciento.
  • Impugnación a la preadjudicación: 1 al 5 por ciento del monto de la oferta.

Estas disposiciones afectan derechos constitucionales, ya que contradicen principios esenciales del procedimiento administrativo y la garantía de acceso gratuito al mismo. Además, convierten al ciudadano en un actor limitado en su capacidad de cuestionar actos ilegales o arbitrarios de la administración.

Impacto en la transparencia

Las regulaciones mencionadas dificultan la fiscalización de los procesos licitatorios, limitando la capacidad de los oferentes para cuestionar irregularidades. En la práctica, estas normas blindan la actividad licitatoria contra impugnaciones, permitiendo que se perpetúen negocios cuestionables con fondos públicos.

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La justificación oficial para estas restricciones es que las impugnaciones retrasan las compras estatales. Sin embargo, este argumento busca encubrir la falta de transparencia y proteger prácticas de dudosa legalidad. La verdadera responsabilidad por los retrasos recae en la administración, que debería optimizar sus procesos y garantizar la legalidad de sus actos.

Implicancias constitucionales

El artículo 14 de la constitución nacional garantiza el derecho de peticionar a las autoridades sin restricciones ni sanciones. Asimismo, el artículo 10 de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los derechos y garantías no pueden ser limitados por regulaciones insuficientes o arbitrarias.

La garantía exigida para impugnar actos administrativos viola estos derechos fundamentales, coartando el derecho de defensa y el debido proceso. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que el estado debe funcionar de manera eficaz y justa, lo que implica permitir el control ciudadano sobre sus actos.

La exigencia de garantías impugnatorias y la redacción dirigida de los pliegos licitatorios constituyen prácticas que fomentan la corrupción administrativa. Estas normas, lejos de garantizar transparencia, crean un marco que desalienta la fiscalización y la defensa de derechos por parte de los ciudadanos y las empresas afectadas.

Es fundamental que la sociedad bonaerense comience a exigir cambios en estas regulaciones para garantizar procesos licitatorios transparentes y justos. La derogación o modificación de estas figuras jurídicas es un paso necesario para combatir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos y oferentes, promoviendo una administración pública que actúe dentro del marco de la legalidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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