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POLITICA

La iglesia católica argentina nombra a nuevo exorcista

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La tarea de un cura exorcista dentro de la iglesia católica es de vital importancia para la comunidad. Los exorcistas son responsables de realizar exorcismos, rituales destinados a liberar a las personas de influencias malignas, como posesiones demoníacas o la presencia de espíritus malignos.

El padre Miguel Ángel Tamagno tendrá la responsabilidad de diagnosticar espiritualmente si una persona está realmente poseída por un espíritu maligno, afectada por una influencia demoníaca, o si sus síntomas pueden tener explicaciones médicas o psicológicas. Este diagnóstico es crucial para proceder con el rito adecuado.

Además, llevará a cabo el rito del exorcismo, siguiendo las oraciones y rituales prescritos por la iglesia católica. Este proceso incluye rezos, la lectura de pasajes bíblicos y órdenes directas al demonio para que abandone a la persona afectada.

Proporcionar apoyo espiritual y consejo a la persona afectada y a su familia durante y después del proceso de exorcismo es una parte fundamental del trabajo del padre Tamagno. Esto puede incluir la celebración de misas, confesiones y otros sacramentos para fortalecer la fe y la resistencia espiritual de los involucrados.

Con una sólida formación en teología y espiritualidad, Tamagno utilizará su discernimiento especial para reconocer las señales de posesión demoníaca y diferenciar entre fenómenos sobrenaturales y problemas psicológicos. A menudo, trabajará en colaboración con médicos, psiquiatras y psicólogos para asegurar que la persona reciba un diagnóstico integral y adecuado, garantizando así un enfoque holístico en el tratamiento de los casos.

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Además, el padre Tamagno se encargará de educar a la comunidad sobre las enseñanzas de la iglesia respecto a la existencia del mal, los peligros del ocultismo y la importancia de una vida de fe y oración para evitar influencias malignas.

El nombramiento del padre Miguel Ángel Tamagno como exorcista representa una reafirmación del compromiso de la iglesia católica argentina con la asistencia espiritual y la protección de sus fieles. Por lo pronto, este nuevo capítulo en la comunidad de Chascomús es visto como un paso significativo para abordar los desafíos espirituales que enfrentan algunos de sus miembros, fortaleciendo así la fe y la tranquilidad en la región. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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POLITICA

Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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