El presidente Javier Milei contará con la presencia de 17 gobernadores en Tucumán el 9 de julio para la firma del Pacto de Mayo. Sin embargo, este respaldo no es incondicional. Los mandatarios provinciales, aunque satisfechos con la aprobación de la Ley Bases, subrayan que ahora es el turno de la Casa Rosada para demostrar su capacidad de gestión.

Entre los presentes, destacan figuras de diferentes partidos, incluidos mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) y peronistas aliados como Raúl Jalil (Catamarca) y el anfitrión Ricardo Jaldo. En contraste, el núcleo duro del peronismo opositor, liderado por Axel Kicillof, no asistirá. Estos gobernadores consideran que el acuerdo es meramente un acto partidario y demandan acciones concretas. Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, aún no ha confirmado su presencia.

A pesar de su apoyo, los gobernadores mantienen sus exigencias. Las transferencias automáticas por coparticipación han disminuido un 12% real interanual, y otras partidas se han reducido un 82%, lo que ha forzado ajustes en todas las jurisdicciones. Los mandatarios insisten en que el Gobierno nacional debe atender deudas acumuladas y transferencias de fondos a las provincias, especialmente para las 13 cajas de jubilaciones no transferidas.

En el ámbito de Juntos por el Cambio, los gobernadores enfatizan que no estarán disponibles para apoyar cada proyecto sin cuestionamientos. “No vamos a estar como granaderos ante cada proyecto”, ironizó un mandatario de JxC, destacando que también tienen que gobernar y mostrar resultados en sus propias provincias. Aunque hay diferencias internas sobre cómo relacionarse con la administración de Milei, todos esperan más gestos de parte del Ejecutivo.

La “regionalización” de alianzas entre gobernadores seguirá siendo un factor crucial en los próximos meses. Gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ya han unido fuerzas para reclamar pagos adeudados por la ANSES. Esta cooperación regional muestra una estrategia conjunta para hacer frente a las políticas del Gobierno y asegurar que las demandas provinciales sean escuchadas y atendidas.