El juez federal Sebastián Casanello aceptó este lunes como querellante al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, en la investigación por extorsiones de los movimientos sociales.

Si bien la última novedad tuvo que ver con la inhibición de bienes de los 27 imputados y el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la causa continúa con secreto de sumario.

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Tras los allanamientos en domicilios de piqueteros y comederos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la investigación busca ahora esclarecer si los delitos fueron cometidos de manera aislada por algunos dirigentes o si en rigor se trataba de un plan organizado en el que también participaban los líderes de cada organización.

Además, la Justicia intentar determinar a dónde iba a parar buena parte de la plata que se recaudaba a través de los mecanismos extorsivos: desde quedarse con un porcentaje de lo que las personas cobraban del Potenciar Trabajo hasta la venta de bolsones de comida que debían repartirse gratuitamente en los comedores.

En este sentido, en el expediente que instruye el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, se investiga si dirigentes del Polo Obrero canalizaron buena parte de esa plata ilícita a través de una cooperativa de trabajo denominada “El Resplandor Limitada”, que fue presidida por María “Tango” Dotti, una de las referentes del Polo Obrero allanada el pasado lunes y a la que le encontraron U$S54 mil en su domicilio.

En el dictamen del fiscal Pollicita a través del que requirió los allanamientos, sostuvo que en las cuentas bancarias de estas cooperativa habría ingresado una porción del dinero ilícito obtenido a través de las maniobras extorsivas. Dotti fue presidenta de esta asociación entre 2010 y julio de 2022 y actualmente sigue vinculada a la cooperativa ya que es representante ante la AFIP y como apoderada ante el Ministerio de Capital Humano y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Noticia que está siendo actualizada.-

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