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La Justicia aceptó tratar un amparo colectivo contra el DNU de Javier Milei para desregular la economía

La Justicia aceptó tratar el amparo colectivo contra el DNU de Javier Milei para reformar el Estado. (Foto AP/Natacha Pisarenko)Presentaron un amparo colectivo contra el DNU de Javier Milei. (Captura fallo judicial)Javier Milei y su gabinete en el mensaje grabado por cadena nacional. (Foto: Presidencia)

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2, a cargo del juez Esteban Furnari, aceptó tratar el amparo interpuesto por el exdiputado Claudio Lozano y otros representantes del Observatorio de Derecho a la Ciudad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que envió el presidente Javier Milei el 20 de diciembre.

En concreto, el reclamo busca la declaración de inconstitucionalidad de la medida firmada por el presidente. Además del Observatorio de Derecho de la Ciudad, a esta presentación se sumaron la CTA Autónoma, ATE y la agrupación Unión Popular, por lo que se trata de un amparo colectivo.

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En el fallo, Furnari resolvió ordenar su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos y ordenó dar vista a la fiscalía interviniente. La resolución, a la que accedió TN, sostiene que el “colectivo está integrado por todos los habitantes alcanzados por y/o sujetos al DNU 70/2023 que afirmen su inconstitucionalidad con base en que fue dictado en violación del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional”.

Presentaron un amparo colectivo contra el DNU de Javier Milei. (Captura fallo judicial)
Presentaron un amparo colectivo contra el DNU de Javier Milei. (Captura fallo judicial)

El artículo citado en el amparo sostiene que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia, ‘’cuando circunstancias excepcionales lo requieran y no se pueda esperar la reunión del Congreso”. Como los demandantes entienden que este requisito no se cumple, avanzaron con la acción de amparo.

El objetivo de la demanda interpuesta ante el Fuero Contencioso, -que se ocupa de los juicios iniciados contra cualquier poder del Estado-, es obtener la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023 y de “toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina”.

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El decreto del presidente constituye 366 artículos donde deroga leyes como la de Alquileres, de Góndolas, de Abastecimiento y otras, y prevé la privatización de empresas públicas, la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, modificaciones a la medicina prepaga y las obras sociales.

Javier Milei y su gabinete en el mensaje grabado por cadena nacional. (Foto: Presidencia)
Javier Milei y su gabinete en el mensaje grabado por cadena nacional. (Foto: Presidencia)

Al presentar el amparo, el extitular del Banco Nación, Claudio Lozano, declaró que el DNU es “inconstitucional y carente de todo fundamento”. “Milei pretende avanzar en su estrategia de demolición sobre la sociedad argentina”, dijo. En la misma línea, agregó: “Presentamos acción judicial contra el DNU de Milei por inconstitucional y antidemocrático para que se declare su nulidad insanable”.

La resolución enuncia que “corresponde proceder con arreglo a lo previsto en las acordadas 32/2014 y 12/2016 dentro ese espectro, a cuyo efecto se hace saber que se ha efectuado la consulta de causas inscriptas en el Registro Público de Procesos Colectivos”.

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Hay otras demandas que se han presentado contra el DNU como la que impulsó el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, que recayó ante el juez Pablo Cayssials. La CGT, además, prometió en los próximos días hacer su propia presentación.

Si bien el fuero en lo contencioso administrativo es el encargado de analizar las decisiones de gobernabilidad, lo cierto es que los cuestionamientos podrían aparecer en distintos tribunales como los laborales, civiles o de trabajo, según sea el derecho afectado.

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Los registros de ingresos a la quinta de Olivos que comprometen todavía más a Alberto Fernández

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Según consta en los registros de la Quinta Presidencial de Olivos, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros que intervino en numerosas operaciones durante el mandato de Alberto Fernández, fue parte de varias reuniones que lo incluyeron él y otros intermediarios del rubro.

La información fue mostrada por el usuario de la red social X @El30se_equivoco y en los registros se puede constatar que el 8 de enero de 2020, Martínez Sosa ingresó a las 21.36 y se retiró al día siguiente, a la 1.20 de la madrugada. En los mismos horarios figura también el ingreso de Guillermo Alonso, el segundo de Martínez Sosa en la empresa, y de María Guadalupe Cortés, productora de seguros. También fue parte del encuentro Fernando Salim, otro broker que le vendió su empresa a Martínez Sosa al año de esa reunión.

Esa no fue la única reunión que Martínez Sosa mantuvo en la residencia presidencial, ya que el 11 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de ese mismo año se registraron más ingresos. En esas ocasiones estuvo acompañado de María Cantero, su esposa y secretaria privada del entonces Presidente. Además, en esas fechas, regía la cuarentena impuesta por el propio presidente en la zona del AMBA y Martínez Sosa no desempeñaba ninguna función esencial como para ser exceptuado de la imposibilidad de transitar libremente.

El fiscal Ramiro González imputó al expresidente, a Martínez Sosa y a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.

Alberto Fernández, breves declaraciones luego de votar  y se fue. En Universidad Católica Argentina

En diciembre de 2021, Alberto Fernández publicó un decreto que obligaba a las dependencias estatales a contratar sus seguros con Nación Seguros. Los organismos del Estado utilizaron un intermediario para la contratación que cobró hasta un 17% de comisiones. Martínez Sosa estaba entre los intermediarios más beneficiados. Entre los organismos que contrataron los servicios del broker estuvieron la Anses, la Casa de la Moneda, la Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y el Servicio Penitenciario Federal, entre otros.

Alberto Fernández, que se jactaba de no tener en su haber casos de corrupción, al pronunciarse sobre su secretaria Cantero y la posibilidad de que haya beneficiado a su esposo Martínez Sosa, dijo: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.





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