Otro de los misterios que rodean al intento de asesinato de Cristina Kirchner son los fallidos intentos de extraer el contenido del celular de Fernando Sabag Montiel -confesor autor del ataque- que a casi tres años aún no se pudo concretar.

La jueza María Eugenia Capuchetti, quien retomó la conducción de la causa la semana pasada, está estudiando la posibilidad de encomendar a peritos de la Gendarmería Federal la apertura del famoso Samsug, después de que un especialista de la Federal lo bloqueó y otros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo bloquearon. Es clave para saber con quién habló antes del ataque. Será complejo porque ella tiene una causa residual, mientras que el caso madre ya está en manos de un tribunal oral.

En fuentes judiciales consultadas por Clarín llamó la atención de que en la noche del 1° de septiembrede 2022 el celular haya llegado “sin acta de secuestro”, aunque sí en un sobre de papel madera para la cadena de custodia y dentro de una bolsa llamada Faraday que impide que los manipulen los hackers y frente a testigos.

En la madrugada del 2, la Federal envió al juzgado al cabo Alejandro Heredia que “contaba con antecedentes insuficientes” como para manejar un prueba clave para el intento de asesinato de un jefe de Estado. El celular había llegado al juzgado de Capuchetti con una delegación que integraba el entonces viceministro de Justicia y ex número dos de la SIDE, Juan Martín Mema.

Además, testigos vinculados al secuestro del teléfono en la esquina de Juncal y Uruguay, donde vívía Cristina antes de mudarse a San Telmo con su hija, fueron amenazados tras declarar en el juicio oral donde la querella de Cristina pone el foco en el estado del sobre de papel madera en que el celular, tras el fracaso de la Federal, llegó a la sede de la PSA de manos de la custodia de Capuchetti y relativiza del informe de la Gendamería sobre cómo se hicieron los fallidos intentos de intrusión.

La dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería, en un informe entregado en la causa, observó “falencias en la confección de los informes técncios (de la Federal y la PSA), como así también respecto a la metodología a seguir, en caso de contar con un equipo bloqueado”. Este “no se encontró soportado para una adquisición por intermedio de las heramientas forensese estándares, como el UFED”, subrayó.

La entrega hecha por el perito de la Federal “fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes rspecto a su debida preservación o resguardo”.

Y lo más importe, la pericia de la Gendarmería dictaminó que el teléfono de Sabag “fue restablecido a valores de fábrica a las 00.19 horal local del 3 de septiembre de 2022” cuando ya estaba en manos de la PSA, que en ese momento manejaba el actual diputado K, José Glinsky. Mientras que el perito de la Federal fue enviado por el entonces titular de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, Alejandro Ñamandú, tal como atestiguó el fiscal Eduardo Taiano, quien reemplazó a Rívolo unas horas mientras éste volvía al país para tomar el caso.

Ante estos vaivenes del teléfono, Capuchetti abrió una causa que quedó en manos de su colega María Servini y del fiscal Ramiro Gonzalez. Luego de estudiar el caso, Gonzalez pidió el archivo de la causa porque un especialista sostuvo que el eclular de Sabag había tenido en 2020 “una configuración avanzada de un usuario con conocimiento, tornando al teléfono vulnerable y/o sensible a su manipulación”. Así se sumó otro enigma a la causa principal y a esta secundaria que aún sigue abierta.

En fuentes judiciales llamó la atención que en agosto del año pasado la querella de Cristina pidieraal Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) la suspensión del tercer intento de peritaje que se iba a hacer sobre el celular de Fernando Sabag Montiel.

Sucede que luego de que peritos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) habían bloqueado y luego borrado el teléfono al tratar de extraerle su información en los primeros días después del frustrado ataque, se había acordado con las partes, incluyendo a la fiscal de juicio Gabriel Baigún, realizar un tercer peritaje.

Iba a ser con el llamado programa UFED Premium que es la última tecnología a nivel mundial desarrollada por la empresa Cellebrite.

Se le iba a realizar el procedimiento de “rooteo” luego de que había resultado exitoso con un celular de prueba similar.

El abogado de Cristina, Juan José Ubeira, argumentó que la Cancillería informó a la jueza Capuchetti que la embajada de Israel recibió su pedido de colaboración y que lo envió “a las autoridades competentes” de su cancillería pero sin decir que van a hacer el peritaje. Ubeira dio por descontado que “Israel cuenta con la tecnología más avanzada en materia de análisis de celulares”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos la suspensión de la audiencia fijada para el día de mañana, respecto del celular de Sabag Montiel, hasta tanto se tenga respuesta acerca de la posible colaboración del Estado de Israell”, agregó Ubeira.

Entonces, se solicitó “la suspensión provisoria de la producción de la prueba ordenada, dada la configuración de nuevos hechos de relevancia. En concreto, ante el conocimiento de los riesgos que encarna intentar el rooteo del teléfono secuestrado a Sabag Montiel”, sostuvo. Y el TOF 6 aceptó.

Sin embargo, en fuentes judiciales se sostuvo que el ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con “la versión más moderna del programa UFED Premiun de Cellebrite” y no se entiende las razones del pedido de postergación.

Sobre todo porque Cristina Kirchner había denunciado una supuesta conspiración para hacer perder las comunicaciones de Sabag, a pesar de que en el momento de los peritajes la Policía Federal y la PSA dependían de su gobierno, y ocultar a los autores intelectuales, sumando más confusión y sospechas a la causa.