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La Justicia analiza pedir a la Gendarmería que abra el celular de Sabag Montiel que rompieron policías tras el atentado a Cristina

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Otro de los misterios que rodean al intento de asesinato de Cristina Kirchner son los fallidos intentos de extraer el contenido del celular de Fernando Sabag Montiel -confesor autor del ataque- que a casi tres años aún no se pudo concretar.

La jueza María Eugenia Capuchetti, quien retomó la conducción de la causa la semana pasada, está estudiando la posibilidad de encomendar a peritos de la Gendarmería Federal la apertura del famoso Samsug, después de que un especialista de la Federal lo bloqueó y otros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo bloquearon. Es clave para saber con quién habló antes del ataque. Será complejo porque ella tiene una causa residual, mientras que el caso madre ya está en manos de un tribunal oral.

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En fuentes judiciales consultadas por Clarín llamó la atención de que en la noche del 1° de septiembrede 2022 el celular haya llegado “sin acta de secuestro”, aunque sí en un sobre de papel madera para la cadena de custodia y dentro de una bolsa llamada Faraday que impide que los manipulen los hackers y frente a testigos.

Sabag Montiel con su celular, antes del ataque.

En la madrugada del 2, la Federal envió al juzgado al cabo Alejandro Heredia que “contaba con antecedentes insuficientes” como para manejar un prueba clave para el intento de asesinato de un jefe de Estado. El celular había llegado al juzgado de Capuchetti con una delegación que integraba el entonces viceministro de Justicia y ex número dos de la SIDE, Juan Martín Mema.

Además, testigos vinculados al secuestro del teléfono en la esquina de Juncal y Uruguay, donde vívía Cristina antes de mudarse a San Telmo con su hija, fueron amenazados tras declarar en el juicio oral donde la querella de Cristina pone el foco en el estado del sobre de papel madera en que el celular, tras el fracaso de la Federal, llegó a la sede de la PSA de manos de la custodia de Capuchetti y relativiza del informe de la Gendamería sobre cómo se hicieron los fallidos intentos de intrusión.

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La dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería, en un informe entregado en la causa, observó “falencias en la confección de los informes técncios (de la Federal y la PSA), como así también respecto a la metodología a seguir, en caso de contar con un equipo bloqueado”. Este “no se encontró soportado para una adquisición por intermedio de las heramientas forensese estándares, como el UFED”, subrayó.

La entrega hecha por el perito de la Federal “fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes rspecto a su debida preservación o resguardo”.

El celular secuestrado a Sabag Montiel que se borró y no se puede abrir, hasta ahora.El celular secuestrado a Sabag Montiel que se borró y no se puede abrir, hasta ahora.

Y lo más importe, la pericia de la Gendarmería dictaminó que el teléfono de Sabag “fue restablecido a valores de fábrica a las 00.19 horal local del 3 de septiembre de 2022” cuando ya estaba en manos de la PSA, que en ese momento manejaba el actual diputado K, José Glinsky. Mientras que el perito de la Federal fue enviado por el entonces titular de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, Alejandro Ñamandú, tal como atestiguó el fiscal Eduardo Taiano, quien reemplazó a Rívolo unas horas mientras éste volvía al país para tomar el caso.

Ante estos vaivenes del teléfono, Capuchetti abrió una causa que quedó en manos de su colega María Servini y del fiscal Ramiro Gonzalez. Luego de estudiar el caso, Gonzalez pidió el archivo de la causa porque un especialista sostuvo que el eclular de Sabag había tenido en 2020 “una configuración avanzada de un usuario con conocimiento, tornando al teléfono vulnerable y/o sensible a su manipulación”. Así se sumó otro enigma a la causa principal y a esta secundaria que aún sigue abierta.

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En fuentes judiciales llamó la atención que en agosto del año pasado la querella de Cristina pidieraal Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) la suspensión del tercer intento de peritaje que se iba a hacer sobre el celular de Fernando Sabag Montiel.

Sucede que luego de que peritos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) habían bloqueado y luego borrado el teléfono al tratar de extraerle su información en los primeros días después del frustrado ataque, se había acordado con las partes, incluyendo a la fiscal de juicio Gabriel Baigún, realizar un tercer peritaje.

Iba a ser con el llamado programa UFED Premium que es la última tecnología a nivel mundial desarrollada por la empresa Cellebrite.

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Se le iba a realizar el procedimiento de “rooteo” luego de que había resultado exitoso con un celular de prueba similar.

El abogado de Cristina, Juan José Ubeira, argumentó que la Cancillería informó a la jueza Capuchetti que la embajada de Israel recibió su pedido de colaboración y que lo envió “a las autoridades competentes” de su cancillería pero sin decir que van a hacer el peritaje. Ubeira dio por descontado que “Israel cuenta con la tecnología más avanzada en materia de análisis de celulares”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos la suspensión de la audiencia fijada para el día de mañana, respecto del celular de Sabag Montiel, hasta tanto se tenga respuesta acerca de la posible colaboración del Estado de Israell”, agregó Ubeira.

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Entonces, se solicitó “la suspensión provisoria de la producción de la prueba ordenada, dada la configuración de nuevos hechos de relevancia. En concreto, ante el conocimiento de los riesgos que encarna intentar el rooteo del teléfono secuestrado a Sabag Montiel”, sostuvo. Y el TOF 6 aceptó.

Sin embargo, en fuentes judiciales se sostuvo que el ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con “la versión más moderna del programa UFED Premiun de Cellebrite” y no se entiende las razones del pedido de postergación.

Sobre todo porque Cristina Kirchner había denunciado una supuesta conspiración para hacer perder las comunicaciones de Sabag, a pesar de que en el momento de los peritajes la Policía Federal y la PSA dependían de su gobierno, y ocultar a los autores intelectuales, sumando más confusión y sospechas a la causa.

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El Senado realizará este jueves una sesión en homenaje al Papa Francisco

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El pleno de la Cámara alta durante una sesión realizada en 2024 (Prensa Senado)

El Senado realizará este jueves una sesión homenaje al Papa Francisco como único tema. El cónclave, que será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, fue convocado para las 10.30 y tiene un estimado de duración, como mínimo, de entre dos y tres horas.

La próxima reunión será más ajustada ya que, anteayer, los legisladores decidieron postergar -en Labor Parlamentaria- la definición de la ley de Ficha Limpia para el miércoles 7 de mayo, en medio de un intrincado -y ya especial- ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición. Al ser un proyecto de corte electoral, precisará la mayoría absoluta, es decir, 37 votos.

“En las sesiones en que se rinden homenajes sobre acontecimientos de actualidad, el uso de la palabra no excederá de diez minutos por orador. Si la Cámara dispone que sólo uno de sus miembros rinda el homenaje, su disertación podrá extenderse hasta veinte minutos”, plantea el artículo 17 del reglamento del Senado.

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Comisiones

La actividad en la Cámara alta no mermó pese al duelo decretado por la muerte del Papa. Por caso, un lote de comisiones ratificó o renovó autoridades. Otras, incluso, comenzaron a analizar iniciativas, como la de Presupuesto y Hacienda, que preside el jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche. Allí se comenzó a discutir un proyecto de la radical Mariana Juri (Mendoza) sobre el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que el resto de las empresas aéreas puedan equipararse al beneficio actual de Aerolíneas Argentinas, Austral, Optar, Jet Paq y Aerohandling, según fundamenta la legisladora.

La legisladora radical Mariana Juri (Prensa Senado)

En concreto, el texto impone para “las sociedades y empresas que presten en la Argentina el servicio de transporte aerocomercial de pasajeros”, la utilización del saldo “a favor acumulado y/o por generarse a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. por decreto 280 del 26 de marzo de 1997) y sus modificaciones, para el pago de las obligaciones impositivas cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentran a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”.

Durante el convite de ayer, Juri describió que el 90% de los viajes internacionales “empiezan y terminan en Buenos Aires”, una situación que “no pasa en ningún país”, y valoró la buena voluntad de las actuales autoridades de Aerolíneas Argentinas.

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Seguido a ello, la senadora mendocina aseguró que la problemática de rutas con una línea aérea a cargo y sin competencia implica “más o menos un 30% extra en el valor de los tickets”.

De cara al corto plazo, se aguarda un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para analizar el costo fiscal de la iniciativa. Atauche deslizó la idea, para no apresurar un dictamen, la citación a funcionarios nacionales. “Espero que ayuda a desterrar prejuicios”, señaló el cristinista y ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, quien insinuó que “no estaría de acuerdo” con el proyecto en cuestión.

El senador cristinista Mariano Recalde

“Todo lo que sea políticas activas, ayudar a las aerolíneas para que puedan operar y a la política activa de todas las provincias de dirigirlas y asistir en determinadas situaciones va a traer buenos resultados para todos”, resaltó el gerente general de Andes Líneas Aéreas, Horacio Preneste.

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Por su parte, su par de JetSMART Argentina, Gonzalo Pérez Corral, manifestó: “Según un informe de la IATA, entre 2011 y 2023, el promedio de la tarifa aérea real disminuyó un 12%. Esto muestra que nuevos operadores en el mercado genera reducción en las tarifas”.

En los argumentos del proyecto, que también firmaron los también radicales Pablo Blanco y Víctor Zimmermann, entre otros, se enfatizó que el beneficio para las actuales empresas incluidas en ese grupo “permite mejorar significativamente el flujo de caja y reducir notablemente sus costos operativos, otorgándole una ventaja comparativa que lesiona gravemente la sana y libre competencia que debiera existir entre las empresas que prestan el mismo servicio”.

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Puán avanza en derechos laborales: Fabiola Mosquera firmó un nuevo Convenio Colectivo

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En un acto celebrado en la sede central de UPCNBA en la ciudad de La Plata, la Secretaria General del gremio, Fabiola Mosquera, firmó este martes un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores y trabajadoras municipales del partido de Puán, junto al intendente local, Diego Reyes. La firma marca un paso clave en la reconstrucción del vínculo entre el municipio y sus empleados, tras una gestión anterior que dejó sueldos impagos y un fuerte desgaste institucional.

El acuerdo fue rubricado también por el Secretario de Finanzas de UPCNBA, Héctor Nieves; el Secretario Gremial, Juan Pablo Martín Oyarzábal; el Coordinador General de Interior, Silvio Prop; la delegada gremial de Darregueira, Patricia Rivas; el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Puán, Juan Cofré; y el Director General del Ente Descentralizado de Salud, Muriel Harispe.

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Este nuevo marco normativo reemplaza al convenio firmado durante la gestión del exintendente Facundo Castelli, cuya salida del gobierno estuvo marcada por la falta de pago de salarios, una situación que debió ser absorbida por la provincia. En ese contexto de crisis, UPCNBA asumió un rol protagónico como organización gremial mayoritaria en el distrito, gestionando la recuperación de derechos para el personal municipal.

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“El convenio establece reglas claras para las relaciones laborales dentro del municipio, apuntando a garantizar estabilidad, condiciones dignas y equidad para todos los trabajadores y trabajadoras”, destacaron desde el gremio. Además, señalaron que el acuerdo representa una mejora significativa en los salarios y consolida una agenda de fortalecimiento del empleo público local.

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El pedido de la Junta Electoral para cambiar el cronograma bonaerense: “Hay 10 días corridos para verificar 10 mil candidatos”

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El envío de la carta se había conocido, pero los detalles de su contenido no. Con dosis inocultables de dramatismo, la Junta Electoral bonaerense le reclamó a la Cámara de Diputados de la provincia que modifique el cronograma que fija los preparativos para los comicios del 7 de septiembre. “Hay 10 días corridos para verificar 10 mil candidatos”, destacó la misiva que se recibió antes de la postergación del debate por la suspensión de las PASO, que enfrenta a las huestes de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

La carta contó con el aval de la presidenta de la Junta Electoral y a la vez titular de la Suprema Corte de Justicia, la reconocida jueza Hilda Kogan. Con la firma del secretario de Actuación del organismo a cargo de las elecciones intermedias, Daniel Jorge Demaría Massey, la carta alertó por el “exiguo plazo” que quedará entre el cierre de listas y la confección de las boletas para los comicios del 7 de septiembre.

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La carta de la Junta Electoral bonaerense

“La Ley 5109 del año 1946 determina plazos de oficialización de candidatos y boletas que son materialmente imposibles de cumplir. Efectivamente, en el artículo 61 se establece que las listas de candidatos deberán presentarse 30 días antes de las elecciones y las boletas partidarias con 20 días”, recordó la Junta Electoral.

Y agregó: “En la práctica significa que solo hay 10 días corridos para la verificación de las cualidades constitucionales de los postulados y la consiguiente oficialización, que podría tratarse de un volumen de más de diez mil candidatos”.

“Se sugiere proponer una modificación en los plazos del artículo 61: presentación de listas de candidatos con una anticipación de cincuenta días antes de la elección y con treinta días las boletas identificatorias de los candidatos oficializados. Los plazos solicitados eran los que determinaban el Código Electoral Nacional -Ley 19945- antes de la modificación que introdujo la Ley 27781″, agregó la Junta Electoral.

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Propios y ajenos. Axel Kicillof lanzó la campaña desde San Martín

La postura de la Junta tiene aval de Kicillof para cambiar el cronograma. El proyecto del gobernador, por ejemplo, daba un margen de 70 días entre la presentación de listas y la elección. Actualmente, por la normativa vigente, es de 30 días y no hay acuerdo para modificarlo. Las listas para elegir diputados y senadores provinciales deberían entonces cerrar el 8 de agosto y diez días después oficializar las boletas. El 7 de septiembre se llevará adelante la elección.

Lo cierto es que el kirchnerisno no está dispuesto a ceder y quiere que se mantengan los plazos vigentes y solo votar la suspensión de las primarias. En principio, ese debate se saldará la semana que viene, cuando se junten los diputados bonaerenses.

Lo cierto es que la fecha de presentación de listas es estratégica porque al estar tan encimada al cierre de candidatos nacionales -el 17 de agosto- podría anudar o generar un efecto compensación que le podría resolver los problemas del peronismo.

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Para la Justicia Electoral, el “exiguo plazo perjudicaría a las agrupaciones políticas participantes, por el escaso tiempo que tendrá para resolver las observaciones sobre candidaturas y proceder a la impresión de las boletas en término, las que deberán ser cotejadas con las listas de candidatos, trasladar observaciones, subsanarlas y luego oficializarlas, resultando insuficiente en el tiempo establecido para agregarlas en los bolsines y remitirlas a cada uno de los locales donde se constituyan las mesas receptoras de votos en el territorio de la provincia”, indicó la carta a la que accedió Infobae.

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