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La Justicia analiza pedir a la Gendarmería que abra el celular de Sabag Montiel que rompieron policías tras el atentado a Cristina

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Otro de los misterios que rodean al intento de asesinato de Cristina Kirchner son los fallidos intentos de extraer el contenido del celular de Fernando Sabag Montiel -confesor autor del ataque- que a casi tres años aún no se pudo concretar.

La jueza María Eugenia Capuchetti, quien retomó la conducción de la causa la semana pasada, está estudiando la posibilidad de encomendar a peritos de la Gendarmería Federal la apertura del famoso Samsug, después de que un especialista de la Federal lo bloqueó y otros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo bloquearon. Es clave para saber con quién habló antes del ataque. Será complejo porque ella tiene una causa residual, mientras que el caso madre ya está en manos de un tribunal oral.

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En fuentes judiciales consultadas por Clarín llamó la atención de que en la noche del 1° de septiembrede 2022 el celular haya llegado “sin acta de secuestro”, aunque sí en un sobre de papel madera para la cadena de custodia y dentro de una bolsa llamada Faraday que impide que los manipulen los hackers y frente a testigos.

Sabag Montiel con su celular, antes del ataque.

En la madrugada del 2, la Federal envió al juzgado al cabo Alejandro Heredia que “contaba con antecedentes insuficientes” como para manejar un prueba clave para el intento de asesinato de un jefe de Estado. El celular había llegado al juzgado de Capuchetti con una delegación que integraba el entonces viceministro de Justicia y ex número dos de la SIDE, Juan Martín Mema.

Además, testigos vinculados al secuestro del teléfono en la esquina de Juncal y Uruguay, donde vívía Cristina antes de mudarse a San Telmo con su hija, fueron amenazados tras declarar en el juicio oral donde la querella de Cristina pone el foco en el estado del sobre de papel madera en que el celular, tras el fracaso de la Federal, llegó a la sede de la PSA de manos de la custodia de Capuchetti y relativiza del informe de la Gendamería sobre cómo se hicieron los fallidos intentos de intrusión.

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La dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería, en un informe entregado en la causa, observó “falencias en la confección de los informes técncios (de la Federal y la PSA), como así también respecto a la metodología a seguir, en caso de contar con un equipo bloqueado”. Este “no se encontró soportado para una adquisición por intermedio de las heramientas forensese estándares, como el UFED”, subrayó.

La entrega hecha por el perito de la Federal “fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes rspecto a su debida preservación o resguardo”.

El celular secuestrado a Sabag Montiel que se borró y no se puede abrir, hasta ahora.El celular secuestrado a Sabag Montiel que se borró y no se puede abrir, hasta ahora.

Y lo más importe, la pericia de la Gendarmería dictaminó que el teléfono de Sabag “fue restablecido a valores de fábrica a las 00.19 horal local del 3 de septiembre de 2022” cuando ya estaba en manos de la PSA, que en ese momento manejaba el actual diputado K, José Glinsky. Mientras que el perito de la Federal fue enviado por el entonces titular de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, Alejandro Ñamandú, tal como atestiguó el fiscal Eduardo Taiano, quien reemplazó a Rívolo unas horas mientras éste volvía al país para tomar el caso.

Ante estos vaivenes del teléfono, Capuchetti abrió una causa que quedó en manos de su colega María Servini y del fiscal Ramiro Gonzalez. Luego de estudiar el caso, Gonzalez pidió el archivo de la causa porque un especialista sostuvo que el eclular de Sabag había tenido en 2020 “una configuración avanzada de un usuario con conocimiento, tornando al teléfono vulnerable y/o sensible a su manipulación”. Así se sumó otro enigma a la causa principal y a esta secundaria que aún sigue abierta.

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En fuentes judiciales llamó la atención que en agosto del año pasado la querella de Cristina pidieraal Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) la suspensión del tercer intento de peritaje que se iba a hacer sobre el celular de Fernando Sabag Montiel.

Sucede que luego de que peritos de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) habían bloqueado y luego borrado el teléfono al tratar de extraerle su información en los primeros días después del frustrado ataque, se había acordado con las partes, incluyendo a la fiscal de juicio Gabriel Baigún, realizar un tercer peritaje.

Iba a ser con el llamado programa UFED Premium que es la última tecnología a nivel mundial desarrollada por la empresa Cellebrite.

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Se le iba a realizar el procedimiento de “rooteo” luego de que había resultado exitoso con un celular de prueba similar.

El abogado de Cristina, Juan José Ubeira, argumentó que la Cancillería informó a la jueza Capuchetti que la embajada de Israel recibió su pedido de colaboración y que lo envió “a las autoridades competentes” de su cancillería pero sin decir que van a hacer el peritaje. Ubeira dio por descontado que “Israel cuenta con la tecnología más avanzada en materia de análisis de celulares”.

“Por todo lo expuesto, solicitamos la suspensión de la audiencia fijada para el día de mañana, respecto del celular de Sabag Montiel, hasta tanto se tenga respuesta acerca de la posible colaboración del Estado de Israell”, agregó Ubeira.

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Entonces, se solicitó “la suspensión provisoria de la producción de la prueba ordenada, dada la configuración de nuevos hechos de relevancia. En concreto, ante el conocimiento de los riesgos que encarna intentar el rooteo del teléfono secuestrado a Sabag Montiel”, sostuvo. Y el TOF 6 aceptó.

Sin embargo, en fuentes judiciales se sostuvo que el ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con “la versión más moderna del programa UFED Premiun de Cellebrite” y no se entiende las razones del pedido de postergación.

Sobre todo porque Cristina Kirchner había denunciado una supuesta conspiración para hacer perder las comunicaciones de Sabag, a pesar de que en el momento de los peritajes la Policía Federal y la PSA dependían de su gobierno, y ocultar a los autores intelectuales, sumando más confusión y sospechas a la causa.

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.

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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.

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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en un encuentro del PRO en Mar del Plata. (Foto: X @deAndreis)

El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.

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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.

De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.

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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

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