El presidente Javier Milei se pronunció este viernes sobre la controversia por presuntas irregularidades en el examen de ingreso a las residencias médicas. A través de sus redes sociales, el mandatario criticó a los extranjeros señalados y vinculó el supuesto fraude con la ideología “woke”. Su intervención ocurre en medio de la polémica por la decisión del Ministerio de Salud de anular parcialmente los resultados y convocar a una nueva evaluación.

El Presidente utilizó su cuenta personal en la red social X para fijar su postura. En un mensaje directo, Milei se refirió a la polémica con duros términos. “Estallido dentro de los pobres cerebros wokes domésticos“, escribió.

El funcionario afirmó también que “la situación de los exámenes que se sospechan adulterados son parte del parásito mental ‘equidad, diversidad e inclusión’ y es divertido ver cómo les dinamita al nacionalismo berreta de cotillón… Fin“.

El mensaje del jefe de Estado citaba un video con un cruce televisivo entre un médico argentino y un representante de estudiantes ecuatorianos. El debate se centró en la decisión de las autoridades sanitarias de repetir el examen para un grupo de aspirantes.

Leonardo Arias, presidente de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos, defendió a sus compatriotas. “No existe ninguna prueba fehaciente” de que se cometió un fraude, aseguró. Además, cuestionó la responsabilidad del sistema. “¿Creés que fueron culpables los postulantes y no los responsables del sistema, que tuvieron años planeando [el examen] sin poder prevenir los errores?”, expresó.

En el mismo programa, el médico argentino Franco D’Addario manifestó su malestar por la situación: “Yo estuve seis meses preparándome para el examen, diez años me preparé para ser médico. No me corresponde a mí saber quién es el responsable. Hoy estoy siendo perjudicado por una decisión que se tomó”. D’Addario aportó un dato clave para sostener las sospechas de irregularidad. “Nunca en la historia hubo puntajes tan altos como en este año”, marcó.

La afirmación de D’Addario generó una dura réplica de Arias. “Estás mencionando que no puede haber extranjeros con suficiente capacidad intelectual y sin recursos, porque ellos no fueron a la universidad privada que te pagaron tus papis [sic], ellos vinieron a trabajar día y noche y se ganaron ese puntaje. Nos estás culpando de que no hayas rendido bien el examen”, remarcó.

El conflicto se originó tras el Examen Único que tuvo lugar el pasado primero de julio. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, detectó resultados inusuales y dispuso una medida específica. La cartera sanitaria estableció que todos los aspirantes que obtuvieron 86 puntos o más sobre un total de 100 deben rendir la prueba nuevamente.

La decisión afecta a un total de 286 médicos que deben presentarse nuevamente para validar su puntaje. La medida generó quejas de profesionales que aseguran haber obtenido sus altas calificaciones de manera honesta.

Según los registros oficiales, la sospecha principal recae sobre un grupo de aspirantes extranjeros. De los 286 profesionales alcanzados por la medida, 149 poseen títulos emitidos por universidades de otros países.

Un dato que llamó la atención de las autoridades es que un gran porcentaje de ellos no obtuvo promedios destacables durante su carrera universitaria. Sin embargo, presentaron puntajes sobresalientes en el Examen Único.

Las autoridades investigan una serie de denuncias anónimas presentadas por otros médicos. Estas denuncias describen un presunto sistema de fraude organizado. Según los testimonios, algunos participantes habrían utilizado celulares “señuelos” para distraer a los supervisores.

Las acusaciones también señalan la existencia de grupos de chat. En ellos, los aspirantes se habrían organizado para copiarse según el tema de la pregunta. Las denuncias más graves refieren a que se habrían vendido las preguntas por entre US$2000 y hasta US$5000.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

El Gobierno postergó por un plazo “excepcional e improrrogable” de tres meses la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Justicia federal y en la justicia en lo penal económico, que estaba previsto para el 11 de agosto.

El Ministerio de Justicia dijo que lo hizo “como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.

Así lo mencionó en un comunicado oficial, que levantó una polvareda de protestas entre los fiscales, ya que consideran que se los está señalando como poco preparados para afrontar casos complejos.

“Es inaudito. Se suspende por falta de recursos, no porque no estemos preparados. Si nosotros llevamos adelante las investigaciones más complejas, investigamos y llevamos a la condena a un vicepresidente y a una presidenta por corrupción y hoy tenemos el caso más saliente, con los cuadernos de las coimas. ¡Cómo que hay una falta de preparación suficiente para investigar casos complejos!“, se indignó un encumbrado fiscal de Comodoro Py.

“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma”, señaló el comunicado del ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona. Y añadió: “La Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”.

El tono no se corresponde con el diálogo que vienen manteniendo la procuración, a cargo de Eduardo Casal, con Cúneo Libarona, que impulsa la puesta en marcha del nuevo código en todo el país.

“Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional”, dijo el Gobierno. Los fiscales, en tanto, se quejan de que no les dieron lo que pidieron: recursos, computadoras, personal.

Dice el comuncado que durante años hubo “desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional”.

“Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década”, señaló el Ministerio.

Y concluyó con el párrafo que mas enervó a los fiscales: “No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.

El ministerio difundió luego un texto en el que señala que “esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado”.

El nuevo sistema comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo 10 de noviembre de 2025, dice el parte oficial.

Señala que el cronograma establecido para las demás jurisdicciones se mantendrá sin modificaciones y que la implementación del sistema acusatorio no admite retrocesos».

“La ciudadanía exige una Justicia transparente, ágil y eficaz; la ley debe ser aplicada y este Gobierno no va a aceptar que se posterguen los cambios que el país necesita”, señala el mensaje donde se anuncia la postergación.

El nuevo Código Procesal Penal Federal ya se puso en marcha en Salta y Jujuy y está en funcionamiento desde este año en Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, General Roca, Comodoro Rivadavia y Río Negro.

Su funcionamiento se basa en que los jueces dejan de estar a cargo del proceso y la investigación queda en manos de los fiscales. Hay oralidad en cada incidencia con audiencias públicas y grabadas y desaparece el expediente de papel.

La Cámara en lo Penal Económico pidió hace una semana suspender la implementación porque cuenta con solo dos jueces de los seis que deben integrar ese tribunal. Y los fiscales vienen advirtiendo sobre los problemas de implementación. El Ministerio de Justicia les cedió un edificio de la ex ESMA para su uso, pero surgieron problemas para su utilización.

El Procurador Casal le envió cerca de 30 notas a Cúneo Libarona reclamando más recursos. La última fue el 2 de julio, cuando le reiteró un preocupante panorama de insuficiencias y obstáculos que, de no atenderse, podría comprometer la eficacia del sistema.

El documento, que amplía un diagnóstico previo de mayo, subraya que las condiciones actuales del Ministerio Público Fiscal (MPF) resultan insuficientes para el normal desempeño bajo el nuevo modelo procesal.

La preocupación se centra en varias áreas críticas. Por ejemplo, no se actualizaron los créditos presupuestarios, y por el contrario, la Secretaría de Hacienda pidió reducir un 2,5% los fondos ya otorgados.

Asimismo, se mencionaron falencias de personal por la asimetría entre la cantidad de jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación en comparación con los de las fiscalías. En las jurisdicciones federales de la Capital Federal, el Poder Judicial cuenta con 71 jueces, frente a 40 fiscales, y 1532 funcionarios y empleados, contra 569 del Ministerio Público.

Por eso, Casal reclamó la incorporación de personal, con el agravante de que el proceso de traspaso del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal requiere más tiempo que el que demanda la puesta en marcha del nuevo código.

A estos problemas se suman las dificultades que originan la falta de jueces (33% de los juzgados sin cubrir), ya que la falta de integración de tribunales y la necesidad de un cuarto juez para juicios prolongados dificulta la programación de audiencias.

También hay problemas con los edificios actuales, que no son apropiados. Casal dijo que hay retrasos en capacitación y formación y carencias tecnológicas. Y reclamó sin éxito computadoras potenciadas y licencias de software específicas.

Con el nuevo Código, los fiscales asumen la investigación y requieren cuerpos periciales propios, por lo que pidieron traspasar los del Poder Judicial.

Ante este panorama, el Gobierno decidió posponer el nuevo Código por tres meses, pero responsabilizó a los fiscales por la decisión, lo que los hizo estallar en protestas.