El juez federal Sebastián Casanello dictó una medida cautelar en respuesta a una causa promovida contra el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su fallo, el magistrado exhorta a Bullrich a ajustar la actuación de las fuerzas federales a los límites constitucionales y a los estándares marcados por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El juez citó las observaciones de los relatores al protocolo antipiquetes de la ministra y a “su posible apartamiento del estándar internacional en orden a la protección del derecho de reunión pacífica”. En este contexto, recordó que se trata de un derecho “cuyo contenido y alcance está principalmente determinado por la Observación General nro. 37 (2020) del Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, un pacto que tiene jerarquía constitucional para la Argentina.

La observación general que citó Casanello reconoce la “reunión pacífica” como un “derecho humano fundamental” que “permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración de sus sociedades”. En base a esa observación, los relatores remarcaron que “sólo en casos excepcionales, precisamente, cuando ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia, se puede dispersar una reunión”. “Considerar a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección”, señalaron.

El juez también recordó la importancia de proteger las manifestaciones pacíficas para permitir que las personas se expresen “sin temor a posibles amenazas, actos de intimidación o violencia, como arrestos o detenciones arbitrarias o campañas difamatorias”. Asimismo, destacó que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales.

Además, en referencia al protocolo de Bullrich, los relatores señalaron que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales.

“Los mandatos [de los relatores], en suma, advierten sobre el peligro de que el Protocolo -en los términos en los que fue escrito- habilite el accionar de las fuerzas de seguridad por fuera de los estándares de protección, internacionalmente reconocidos, con el consecuente sacrificio de derechos fundamentales”, afirmó el juez.

El magistrado tomó su decisión en el marco de una causa que inició el 18 de diciembre de 2023, luego de que la legisladora porteña María Celeste Fierro, del Movimiento Social de los Trabajadores (MST) presentara una acción declarativa de inconstitucionalidad y pida, como medida cautelar urgente, que se suspendiera el protocolo.

“La decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda (suspensión de Resolución)”, advirtió el juez, que sostuvo que “luce posible alcanzar el reaseguro” de los derechos en juego “a través de los lineamientos” que citó en el fallo.

En su resolución, además, Casanello convocó al Ministerio de Seguridad, a la promotora del caso y a la fiscalía a una audiencia para el 14 de febrero. El juez le dio al caso el “trámite de habeas corpus” y este lunes pidió un informe al Ministerio de Seguridad, que lo presentó este martes.

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