POLITICA
La Justicia rechazó un amparo y permitirá la intervención de las fuerzas federales en la marcha de este miércoles

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires decidió este martes rechazar in limine un amparo que había sido presentado por la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales que participarán de la jornada de manifestaciones que se espera para el miércoles.
El fallo que dictó el tribunal desestimó un pedido que buscaban frenar la intervención de las fuerzas federales en el operativo de seguridad de la manifestación de los jubilados, programada para este 9 de abril.
El conflicto comenzó cuando el juez Roberto Andrés Gallardo, en una resolución preliminar, ordenó al Gobierno porteño asumir la coordinación exclusiva del operativo de la movilización y le indicó al Estado Nacional que se abstuviera de intervenir más allá de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior. Esta medida fue impugnada por las autoridades porteñas, quienes consideraron que el fallo violaba la autonomía de la Ciudad y comprometía la coordinación de las fuerzas de seguridad locales y federales.
“Los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik sostuvieron que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos. Además, resaltó la existencia de un expediente anterior con objeto similar, lo que refuerza la decisión de archivar la causa», indicaron desde la administración porteña.
En ese sentido, la resolución estableció que los actores que interpusieron el amparo podrían reformular su planteo ante la justicia federal si lo consideraran necesario.
Desde la sede de Uspallata enviaron el recurso firmado por el Dr. Agustín Luzzi (Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA) que fue elevado con carácter urgente a la Cámara.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en tanto, expresó que “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
La denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional al juez Gallardo
Este lunes, la cartera, a cargo de Patricia Bullrich, presentó ante el Consejo de la Magistratura porteño una denuncia contra el juez Gallardo. Se lo acusó por presunto mal desempeño en sus funciones.
La presentación de Nación la hizo Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Y surgió a raíz de una decisión adoptada por el juez Gallardo de hacer lugar al amparo interpuesto por la CGT, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La solicitud de los gremios pedía que las fuerzas de seguridad federales no intervinieran en las manifestaciones programadas en la Ciudad de Buenos Aires, alegando una vulneración de derechos en movilizaciones anteriores.
El principal argumento de la denuncia desde el ámbito nacional se basó en la supuesta incompetencia y falta de jurisdicción del juez Gallardo para tomar decisiones sobre cuestiones de seguridad que exceden su rol como magistrado local. Según el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, los hechos denunciados violan la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N° 24.059) y afectan competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
El documento presentado remarca que el magistrado incurrió en una intrusión en las facultades del Ejecutivo, lo que resultó en una actuación sesgada y con un tinte ideológico. Argumentaron que “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo cual constituye, a criterio de los denunciantes, mal desempeño de sus funciones.
El texto agregó: “La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad”.
POLITICA
Modesto municipio de Mendoza gastará más de 12 millones en huevos de Pascua para los empleados

En vísperas de Semana Santa, el turismo augura una auspiciosa ocupación en las provincias norteñas, ínfimamente, pero superior a la del año anterior; los comerciantes se preparan para las ventas previas a los días de descanso; y las familias planifican qué platos cocinarán y servirán para los suyos. Pero, ¿qué hacen las gestiones gubernamentales?
En el caso de la municipalidad de Luján de Cuyo, ubicado en Mendoza, se está analizando cómo usar los recursos públicos de los menos de 120 mil habitantes que lo solventan. Según se publicó en la página oficial de licitaciones públicas municipales, anticipándose a las Pascuas, se solicitaron 1.500 huevos de chocolate que serán entregados a los empleados municipales.
Esto resulta llamativo, inicialmente, porque este municipio, ahora comandado por Esteban Allasino (del Pro), apenas tiene 119.888 habitantes. Es decir, tiene poco más de una cuarta parte de la población del municipio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Además, la ciudad también supo ser señalada por la falta de pagos y malos tratos hacia los trabajadores municipales. Considerando que esto último se haya solucionado con la administración del Pro, el gasto de 12.450.000 en huevos de Pascua, irónicamente, genera un mal sabor de boca entre los vecinos.
Captura de la página de licitaciones públicas del la municipalidad de Luján de Cuyo.
Esto se debe a que este año también coincidió con varias festividades, como el carnaval Ugarteche, el desfile y el evento de Chacras, que demandaron un alarmante uso de los fondos públicos. En marzo, el municipio gastó 16.930.000 en seguridad privada para el carnaval Ugarteche; luego, 5,2 millones en servicio de catering; 5,2 millones en el servicio de comida únicamente para los artistas invitados; 3,8 millones en el traslado de estos mismos; 50 millones en el montaje del escenario de Ugarteche y el desfile aniversario del departamento; 4 millones en la contratación del sonido; y 3,2 millones en la contratación de servicios de emergencia médica, entre otros. Cabe destacar que la contratación de cantantes reconocidos, como Palito Ortega, Hilda Lizarazu (en homenaje a Charly García) y Sergio Galleguillo, entre varios más, no fue tipificada en la página del municipio, por lo que se desconoce el costo de su participación en el evento de «entrada gratuita».
El gasto en huevos de Pascua no es un hecho aislado. La municipalidad supo destinar recursos a otras iniciativas que, aunque atractivas para el turismo, generan cuestionamientos entre los contribuyentes. Por ejemplo, en febrero, se impulsó la campaña “Enamórate de Luján”, con actividades promocionales y decoraciones en espacios públicos para celebrar el día de los Enamorados. Asimismo, se organizó una feria de Pascuas en el Parque Ferri, con food trucks, artesanos y un huevo gigante de chocolate, según informó la propia municipalidad. Aunque estas actividades forman parte de la agenda cultural del municipio, no se publicó cuánto dinero de los vecinos se destinó a ellas, lo que aumenta la percepción de opacidad en el uso de los fondos públicos.
Es decir, Allasino no se caracteriza por ser un intendente austero. Aunque intenta justificarlo con el arribo de turistas que, seducidos por los eventos, visitan su territorio, los gastos superfluos, como los huevos de Pascua, y la opacidad en otros desembolsos exponen el nulo cuidado que tiene a la hora de acudir a la caja del estado.
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POLITICA
La belicosa elección porteña se volvió determinante para la eventual alianza en la provincia entre Milei y Pro

La renovada tensión entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro, que escaló por las recientes declaraciones de hostilidad que salieron de boca de Javier Milei y Mauricio Macri, estiró y complejizó el camino para que ambos sectores arriben a una alianza -o una “integración”, como prefieren los libertarios- en la provincia de Buenos Aires.
El corazón de la discusión está dado por la naturaleza del acuerdo. En la Casa Rosada, el dispositivo de Karina Milei y Santiago Caputo quieren incorporar a los principales dirigentes de Pro -Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro- y a sus correspondientes armados territoriales sin un acuerdo de cúpula entre los partidos. Es decir, pretenden absorber a los cuadros y vaciar al partido que fundó Mauricio Macri. Quieren que el sello se llame La Libertad Avanza y borrar de un plumazo a la marca Pro.
Del otro lado, el expresidente -pero también muchas figuras de peso de Pro- reclama una alianza partidaria de pares y una coalición electoral clásica donde se mantengan las identidades.
El martes próximo La Libertad Avanza hará su congreso partidario en La Plata y mostrará a la primera plana del gabinete, con Javier Milei a cargo del cierre del evento. Los referentes de Pro no están invitados.
Dos factores
Dos factores comenzaron a operar con fuerza en las tratativas, más frías, que se estuvieron dando en las últimas horas. Uno es la elección porteña: en ambas terminalesreconocen que el que se imponga sobre el otro en las urnas del 18 de mayo (aún si el peronismo, con Leandro Santoro, sale primero en la ciudad) tendrá la voz cantante para definir la estrategia provincial.
“El 18 de mayo se salda el tema. Si les ganamos a Pro en su casa… si les ganamos a los primos Macri, queda saldada la discusión sobre quién manda para la provincia”, dijo a un lugarteniente de Karina Milei.
En Pro también reconocen que la feroz disputa porteña va a incidir en el futuro de la alianza en la provincia. “Va a ser determinante”, dijeron cerca de una de las figuras más gravitantes del partido.
Mauricio Macri repite que la alianza en la Capital Federal no prosperó por falta de voluntad de Karina Milei (que siempre votó en contra del oficialismo porteño en la Legislatura). Y Milei ya replicó que el responsable de la falta de acuerdo en la ciudad fue Jorge Macri por haber desdoblado los comicios porteños para “cuidar sus negocios”.
Es una discusión sin fin donde ambas partes se echan la culpa y que, en definitiva, dejó planteada una campaña de enorme belicosidad donde el principal objetivo de Pro y LLA dejó de ser ganar la elección para demostrar quién tiene más poder de fuego en el espectro de centroderecha.
El calendario electoral podría ayudar a enfriar la tensión para dar lugar al pragmatismo. Si se suspenden las PASO en Buenos Aires (hay una sesión en la Legislatura bonaerense el próximo miércoles para tratar el tema), el cierre de alianzas a nivel provincial quedará más alejado de la elección porteña. Todavía no están las fechas, pero se habla de julio como el mes de las definiciones bonaerenses.
El otro punto sensible de la negociación entre LLA y Pro es el que encarna la figura de Cristian Ritondo. Toda la presión hoy recae sobre él. Si bien él formó parte de las fotos con Karina Milei en donde ambos espacios mostraron voluntad de trabajar juntos para hacerle frente al kirchnerismo en la provincia, el planteo que hace la Casa Rosada lo deja en un lugar de extrema incomodidad.
En primer lugar, porque de los tres amarillos sentados a la mesa de negociación, es el más comprometido con Mauricio Macri, que es quien lo designó como delegado para encarar las tratativas a nivel bonaerense. En segundo lugar, por el rol institucional que ocupa en Pro: es el jefe de bloque en Diputados y el presidente del partido a nivel bonaerense.
“Cristian tiene puesta la camiseta amarilla y quiere un acuerdo de partidos, no garrocha”, aseguraron cerca del diputado. En la última foto con Karina Milei y los Menem, que tuvo lugar en el Congreso, al titular de la bancada amarilla se lo vio intentando hacer equilibrio para promover una alianza sin incomodar al jefe de Pro.
Santilli y Montenegro consideran que la necesidad de hacer un frente antikirchnerista en la provincia está por encima de cualquier discusión entre los aliados. El “Colo” propone una fórmula sencilla, donde LLA pone la marca y Pro los candidatos de mayor trayectoria en los lugares más relevantes. El intendente de Mar del Plata, por su parte, machaca con la unión a como dé lugar. “Si no arreglamos, el peronismo va a tener una mayoría abrumadora en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y va a ser salvaje. Hay que unirse, después vemos cómo hacemos”, dicen cerca de Montenegro.
En el medio se cuelan los enojos de larga data entre las figuras de Pro que tienen un larguísimo historial en común. Santilli por estas horas mastica bronca contra Jorge Macri y quiere separar su suerte de la del jefe de gobierno porteño.
Los libertarios creen que si presionan hasta el final con su rechazo un acuerdo entre partidos, al final del camino los referentes de Pro darán el salto a las filas violetas. El diagnóstico es más dudoso si se piensa en el caso de Ritondo. En medio del barullo general, hoy el titular del bloque de Pro en diputados se tomó una foto con los dirigentes que le responden para hacer una exhibición de su tropa hacia adentro y hacia afuera.
En Pro también buscan tensionar hasta el final. Un importante colaborador de los amarillos soltó: “Si no acordamos, tiene más para perder el Gobierno que nosotros. Nosotros ya salimos terceros en 2023, no pasa nada. Ellos ponen en juego la gobernabilidad”.
POLITICA
El Gobierno ordenó que la UIF deje de impulsar causas por corrupción y lavado de dinero

La Casa Rosada firmó un decreto para que la Unidad de Información Financiera ya no actúe como querellante en la Justicia; argumentan que se busca evitar superposición de funciones y reducir el gasto.
A través del decreto 274/2025, el presidente Javier Milei dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de actuar como querellante en causas por corrupción y lavado de dinero. La medida fue firmada también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y justificada como parte de una reorganización para “evitar superposiciones con el Ministerio Público Fiscal”.
“El esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones”, advierte el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
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Desde ahora, la UIF seguirá colaborando con la Justicia aportando informes e información financiera, pero dejará de tener rol activo en los expedientes como parte acusadora. Según el Gobierno, la decisión responde también a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sugiere evitar que los organismos de control comprometan su independencia funcional al intervenir como parte en procesos judiciales.
Cambios en la estructura del Estado
La medida forma parte de un proceso de “reestructuración organizativa” con el que el Ejecutivo busca “alcanzar la máxima eficacia y eficiencia” en el uso de los recursos del Estado, según el texto oficial.
“La reestructuración organizativa y las modificaciones de competencias que se propician por la presente medida permitirán alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios con los que cuenta el Estado Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, argumenta el decreto.
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La UIF había tenido un rol clave en los últimos años como querellante en causas sensibles que involucraban maniobras de corrupción, evasión y lavado de activos. Ahora, el Gobierno marca un giro en su rol institucional.
Qué implica el decreto
Estos son algunos de los puntos clave del decreto 274/2025:
La UIF ya no será parte querellante en causas por corrupción y lavado.
El Gobierno alega superposición de funciones con la Procuración.
La medida responde a recomendaciones del GAFI.
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Se busca preservar la autonomía del organismo.
La UIF continuará colaborando con la Justicia, pero sin impulsar causas.
El objetivo es una gestión más “ágil, eficiente y coordinada” del Estado.
Aunque el oficialismo defiende la medida como parte de una modernización del aparato estatal, desde algunos sectores judiciales advierten que la decisión podría debilitar herramientas que ayudaron a avanzar en investigaciones sensibles de los últimos años.
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Corrupción,Gobierno,Lavado de dinero,Milei,UIF
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