El jueves 6 de noviembre de 2025 a las 9.30, Cristina Kirchner estará sentada otra vez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) fijó esa fecha para el inicio del juicio por el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas. A partir de ese día, las audiencias se harán todos los jueves. Se admitieron 630 testigos para el debate oral y público en una causa con más de 147 imputados -casi todos políticos y ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios- involucrados en el circuito de sobornos.

La ex presidenta está acusada como jefa de una asociación ilícita y se le atribuyen un conjunto de hechos vinculados a las coimas que su gobierno percibía para garantizar a contratistas del Estado diversas concesiones, negocios y obras públicas.

Cinco años después de su elevación a juicio oral, el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, determinó que en noviembre del próximo año comenzará el juicio por corrupción de mayor envergadura de los que se hicieron en los Tribunales de Comodoro Py.

El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.

La estructura investigada, básicamente, consistía «en una serie de ‘puntos fijos de recaudación’, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación que se leerá el día del juicio.

Con más de 220 cuerpos y 159 imputados, el expediente radicado en el TOF 7 analizó los planteos de todas las partes respecto a las medidas de prueba complementaria sugerida como también, lo manifestado por la fiscal general Fabiana León.

Esas medidas de prueba complementan la realizada en etapa de instrucción. En esa etapa se impulsaron 231 medidas: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

La causa está radicada en el Tribunal de juicio hace cinco años. En reiterados escritos la fiscal León se quejó por el retraso en el inicio del juicio y denunció esa situación ante la Casación. Si bien su denuncia fue rechazada, se convalidó su reclamo de que se avance definitivamente hacia la fijación de una fecha de comienzo de juicio, algo que ocurrió este viernes.

En la resolución, los jueces indicaron que “atendiendo a las particularidades de las presentes actuaciones y sus conexas», las audiencias se harán mediante la plataforma virtual Zoom.

Sin embargo, se añadió que “frente a la existencia de alguna circunstancia que amerite la concurrencia del Tribunal en forma presencial, o ante la concreta petición de alguna de las partes para que determinadas jornadas tengan lugar en forma mixta -telemática y semipresencial-, explicados los motivos de la pretensión que deberán ser puntuales y precisos, teniendo en cuenta el volumen de imputados en las causas en cuestión, se proveerá”.

El listado de imputados convocados al inicio del juicio incluye al ex chofer y primer imputado colaborador de esta caso, Oscar Centeno, también al financista Ernesto Clarens, el primo de Mauricio Macri –Ángelo Calcaterra-, su ex socio Javier Sánchez Caballero, también el listado incluye al ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, el ex titular de Vialidad Nacional ya condenado, Nelson Periotti, entre otros.

En este expediente la justicia federal contó con el testimonio de 31 imputados colaboradores que fueron el puntapié inicial para la realización de medidas de prueba que, sostiene el requerimiento de elevación a juicio, permiten sustentar las acusaciones.

Son en total 630 los testigos que figuran en la resolución del Tribunal de Juicio quienes deberán declarar durante las audiencias. Pero en función de cómo se vaya desarrollando el debate pueden sumarse otras personas.

Entre ellos se encuentra: Hilda Horovitz, esposa de Oscar Centeno, Miriam Quiroga -la ex secretaria de Néstor Kirchner-, el periodista Diego Cabot, cuya investigación dio origen al caso. También declararán la ex diputada nacional del ARI-CC Mariana Zuvic y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Además, se aceptó el llamado a prestar declaración testimonial de Diego Carbone, jefe de la custodia de Cristina Kirchner, el ex secretario de Energía Daniel Cameron.

Pero en función de cómo vaya desarrollándose el juicio, el Tribunal no descarta citar a Oscar Parrilli, Máximo Kirchner, Andrés Larroque,Graciela Camaño, entre otros referentes políticos.

La elevación a juicio sostiene que el caso de los cuadernos, se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

A criterio del juez de instrucción, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada.