El proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos” ya está con trámite parlamentario en la Cámara de Diputados. Es el 25-PE/2023, orden del día número 1 del 26 de enero de este año, del período de sesiones extraordinarias convocadas por el jefe de Estado. El proyecto se aprobó en general por 144 votos a favor, 109 en contra. En la discusión en particular de los primeros seis artículos, el proyecto fue rechazado. El presidente de la Libertad Avanza, Oscar Zago, propuso retirarlo del recinto y votó la vuelta a comisión del proyecto.

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En los próximos días se retomaría su tratamiento en el plenario de tres comisiones, Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Los mismos protagonistas de aquellas discusiones del verano encabezarán nuevos plenarios de debates, los libertarios Gabriel Bornoroni, José Luis Espert y Nicolás Mayoraz.

La base para la discusión serán los borradores que el gobierno hizo girar a los gobernadores y a los bloques de diputados del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Contemplando ciertos acuerdos en la delegación de facultades por parte del legislativo al Ejecutivo, cuatro declaraciones de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año con extensión a uno más con autorización del Congreso. Reforma del Estado mediante la privatización total o parcial de solo un puñado de empresas públicas que, en algunos casos, generan dudas en varios sectores como la privatización del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas. Además de cambios a legislaciones en materia energética como los hidrocarburos y un capítulo que incluirá, a propuesta de bloques aliados, una reforma laboral.

Con la excepción del PRO, que encabeza Cristian Ritondo y ya expresó su acompañamiento al proyecto, el resto de los bloques elevaron a jefatura de Gabinete sus sugerencias de modificaciones al borrador y esperan respuestas para los próximos días. Martín Menem se reunió con los radicales Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo. Zago hizo lo propio con Ritondo. Hubo comunicaciones telefónicas con los diputados que conduce Miguel Pichetto. Todos buscando mejorar la nueva ley de Bases.

El capítulo fiscal ingresará como proyecto de ley, así lo afirman diferentes legisladores del oficialismo y de la oposición dialoguista. Pero ese proyecto estará sujeto a los acuerdos que puedan arribar los mandatarios provinciales y el gobierno nacional. Serán dos iniciativas para discutir por separado. Paralelamente, Menem terminará de conformar las restantes comisiones de trabajo para avanzar no solo con estas propuestas sino con las presentadas por los parlamentarios en este periodo de sesiones ordinarias.

Las fechas de debate

Los diputados tomarían menos de dos semanas para avanzar con los dictámenes. Seguirán buscando consensos desde el bloque libertario que encabeza Zago con los sectores “dialoguistas”. Unión por la Patria, con sus 99 diputados que preside Germán Martínez y el Frente de Izquierda, no son tenidos en cuenta por el oficialismo a la hora de buscar acuerdos. “Nos enteramos de las conversaciones por otros diputados “, señaló a TN el tucumano Pablo Yedlin.

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Tras esos días de debate en las comisiones, que podrían incluir la presencia de algún funcionario nacional para defender los proyectos, el oficialismo pretende firmar dictamen entre el 17 y 19 de abril. Una semana después, el 24, la ley Ómnibus sería tratada en el recinto. Es el cronograma ambicioso que manejan en La Libertad Avanza.

El capítulo fiscal busca acuerdos con gobernadores

La última reunión del jefe del de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Interior, Guillermo Francos, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y el secretario de Interior, Lisandro Catalán con los mandatarios enrolados en Juntos por el Cambio fue un nuevo capítulo de las negociaciones antes del envío del proyecto al Congreso. Siguen las diferencias y se dilatan las posibilidades de consenso. Los gobernadores quieren respuestas concretas en diferentes temas.

La reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que se lo bautizará impuesto a los ingresos, se modificará el nuevo piso imponible que sería superior a $1.800.000, si se alcanzan acuerdos entre las partes y el gobierno mejora su oferta. Esperan respuestas del ministro de Economía, Luis Caputo. El año pasado los cambios que impulsó el exministro Sergio Massa fueron aprobados por amplia mayoría en el Congreso, incluso por el entonces diputado Javier Milei.

La reactivación de la obra pública, financiada con parte de la recaudación del impuesto País. Los gobernadores en varias oportunidades pidieron la coparticipación de ese gravamen que imputa a las compras de moneda extranjera y gastos con tarjeta de crédito y débito desde el exterior. El gobierno descartó su coparticipación, pero esos ingresos serían fuente de financiamiento para las necesidades de los gobernadores.

Otro punto de conflicto son los giros desde la ANSES a las cajas previsionales provinciales. La medida alcanza a 13 provincias cuyo déficit de sus cajas para el pago de jubilaciones y pensiones se cubre con fondos nacionales. Esas partidas estaban previstas en el presupuesto 2023, sancionado por el Congreso y prorrogado por Decreto de Necesidad y Urgencia por el presidente Milei. La Oficina del presidente de la República Argentina (OPRA), negó en su cuenta de X que se hayan recortado esos fondos, “el crédito presupuestario contemplado en la Ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no ha sido eliminado”.

La eliminación del Fondo nacional de incentivo docente (Fonid), una masa de 333 mil millones de pesos (según el presupuesto 2023), que el gobierno central no giró a las provincias. El Fonid fue creado en 1998 y cumplió la función de mejorar los salarios docentes. Hay varios proyectos en las dos Cámaras legislativas para restablecerlo si no hay una señal de cambio por parte del Ejecutivo nacional.

El Fondo compensador al transporte público es otro distanciamiento con los mandatarios provinciales. Allí son otros 102 mil millones de pesos (dispuestos en el presupuesto 2023), que permitieron cubrir parte del costo del boleto de micros y colectivos en el interior del país.

Todavía faltan acuerdos políticos y económicos entre las partes para avanzar con los proyectos. En el horizonte asoma el Pacto de Mayo que Javier Milei quiere firmar el 25 del mes próximo en la provincia de Córdoba. Mientras tanto, un importante diputado oficialista preguntó a un opositor, “¿sabes si están los votos para aprobar la ley?”. No hubo respuesta.

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