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La liberación de los venezolanos: un plan elaborado durante semanas que tuvo que abortarse al menos una vez

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Después de meses de preparación y espera, agentes de Inteligencia de los Estados Unidos rescataron en secreto a cuatro venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas. Fue un operativo concretado el domingo a una hora indeterminada de la noche del caribe.

El plan estaba organizado hace varias semanas. Y se abortó al menos una vez, durante los carnavales venezolanos.

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Un grupo de espías de la CIA, con control y organización del Departamento de Estado, aguardó un descuido de la vigilancia a la sede diplomática para extraer a los asilados, llevarlos a la zona de Guajira, para trasladarlos desde allí a territorio de los Estados Unidos. El lunes a la mañana todos estaban a salvo en una ciudad del sur de ese país.

La operación fue un éxito gracias a la sagacidad de la Casa Blanca pero también lo habría sido por la ayuda de paramilitares corruptos que trabajaron para esta causa por dinero.

Los refugiados rescatados por la Casa Blanca fueron Pedro Urrichurrtu, Magallí Mesa, Humberto Villalobos y Omar González. Todos ex asesores asesores de campaña de la férrea opositora al chavismo, Corina Machado.

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Otra quinta asilada mujer en la embajada de nuestro país en Caracas, Claudia Macero, habría logrado salir a fines del año pasado mediante mecanismos más ortodoxos, no vinculados a una agencia de Inteligencia del extranjero. Ella estaría ahora en Europa. Su salida habría evitado difundirse adrede. Ella habría dejado la embajada días antes de que lo hiciera Fernando Martínez Mottola, quien murió en febrero pasado tras cumplir con em pedido de presentarse ante las autoridades chavistas

La operación de salvataje de los asesores de Machado fue coordinada desde Washington por el subsecretario del Departamento de Estado, Chris Landau.

Y por el influyente enviado de la Casa Blanca a América Latina, Maurice Claver Carone, un funcionario muy informado sobre el devenir nacional.

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La Casa Rosada no fue informada del operativo. El Gobierno supo lo que pasó pocas horas antes de que trascendiera a los medios. La Cancillería se enteró del mismo modo. El servicio secreto nacional no tuvo injerencia en esta plan secreto y confidencial.

Clarín pudo reconstruir apenas algunos puntos de lo ocurrido gracias agentes especializados en Inteligencia y Seguridad, amigos de la Argentina, que están trabajando en Washington en contacto con la intimidad del poder Trump.

El único intercambio de opiniones y datos entre la Casa Blanca y la Casa Rosada sobre los refugiados ocurrió en diciembre pasado cuando desde DC se le pidió información a las anteriores autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Única vez. Nada relacionado con la operación final llevada a cabo el domingo.

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Los detalles centrales de esa acción sorpresiva son clasificados.

Un dato evidente pero quizás no obvio: los refugiados no fueron rescatados, ni tampoco escaparon, por la puerta principal de la embajada.

La Casa Blanca no evitó ocultar que la extracción de los refugiados no se realizó por vías diplomáticas, ni formales, ni informales.

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El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien fue el líder en los papeles del «Plan Rescate», escribió en su cuenta de X que celebraba lo que describió como «precisa operación», y también como «exitoso rescate» de los opositores venezolanos. Incluso redactó otro párrafo no sutil: «Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos».

La Casa Rosada emitió un comunicado en el que agradeció a Rubio por su «compromiso personal» con este acontecimiento de impacto internacional.

El texto de la Oficina del Presidente agradece la «operación» realizada, y menciona una variable inquietante de ahora en más: «Asimismo, seguiremos trabajando fuertemente en cooperación con nuestros aliados para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado ilegalmente por la dictadura venezolana. Su libertad es una prioridad para este Gobierno y no vamos a frenar hasta alcanzarla».

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Desde que se dio a conocer el rescate de los asilados, en ámbitos diplomáticos de los Estados Unidos y la Argentina se analizó la situación del gendarme argentino secuestrado.

La Casa Blanca haría hincapié ante el régimen de Maduro no tome represalias contra el argentino.

Es casi imposible que el Departamento de Estado acepte públicamente que realizó una intrusión en territorio venezolano, pero así lo dieron a entender y y lo difundió públicamente Rubio de modo implícito.

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Como toda acción de espionaje o militar clasificada, hasta podría ser desmentida por los canales oficiales de la Casa Blanca. Lo narrado por las fuentes siempre puede una realidad alterada en una acción cuya principal característica es la confidencialidad y el secreto.

Clarín accedió a documentos sobre la embajada argentina en Caracas que alguna vez se analizaron como herramientas para buscar el modo de rescatar a los asilados.

El compromiso con las fuentes fue no publicarlos.

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Un dato: la sede diplomática nacional está ubicada dn la misma zona que

las embajadas de Suiza, España, Portugal, Reino Unido y la de la Orden de Malta.

La Avenida Blandín, que pasa por el frente de la residencia bajo acecho del régimen de Maduro -de la que escaparon el domingo los cuatro dirigentes perseguidos por el chavismo-, conecta con la calle Miranda, una de las arterias viales en la que se levanta la embajada de Japón. La más cerca de todas las que rodean a la argentina.

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Venezuela

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz

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El PRO presentó un proyecto en Diputados para que se investiguen las causas del escándalo del corte de luz en el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

El jefe del partido en provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, pidió el esclarecimiento de las interrupciones del servicio eléctrico en La Plata. El dirigente advirtió que “afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas”.

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Los cortes derivaron en la prórroga del plazo para las inscripciones, de última hora del sábado a la tarde del lunes, lo que benefició al peronismo, que ganó tiempo y logró llegar a un acuerdo en medio de fuertes internas entre el kirchnerismo duro, el massismo y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de bloque del PRO en la Cámara Baja presentó un proyecto de resolución en Diputados para que se investiguen los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales. “Estos apagones impidieron el normal desarrollo del proceso electoral y afectaron directamente a las sedes institucionales involucradas», señaló Ritondo.

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“Los bonaerenses merecen elecciones transparentes y sin maniobras que generen sospechas. No vamos a parar hasta saber la verdad. Los atropellos tienen que terminar en la Provincia», enfatizó el legislador, al anunciar la iniciativa.

En paralelo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Ranzini, presentó un pedido de informes con el mismo objetivo: esclarecer los hechos, determinar si hubo avisos previos, identificar posibles responsables y garantizar que no se repitan situaciones que pongan en riesgo la transparencia electoral.

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Fernando de Andreis, Guillermo Montenegro, Mauricio Macri y Cristian Ritondo en un encuentro del PRO en Mar del Plata. (Foto: X @deAndreis)

El proyecto nacional impulsado por el PRO solicita al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que informen las causas de la interrupción del servicio, si se iniciaron investigaciones y qué medidas se prevén para fortalecer la infraestructura eléctrica.

“El hecho resulta llamativo, no solo por el horario del corte, sino por las zonas afectadas, que coinciden con las instituciones claves del proceso electoral», advirtió Ritondo.

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El proyecto presentado en el Congreso Nacional fue acompañado por los diputados Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi, María Sotolano, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Alejandro Bongiovani, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain, Javier Sánchez Wrba, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Martín Maquieyra, Sergio Capozzi, Nancy Ballejos y Patricia Vázquez, entre otros.

Los cuestionamientos al peronismo por el apagón no solo llegaron del PRO. Durante el fin de semana, tanto Javier Milei como varios funcionarios nacionales pusieron en duda el origen del corte y sugirieron que pudo haber sido una maniobra deliberada para favorecer el cierre de listas del PJ.

De hecho, Alejandro Dichiara, primer candidato a diputado provincial por la sexta sección y dirigente cercano a Cristina Kirchner, reconoció en una entrevista que el corte de energía “les dio un tiempito más” para alcanzar un acuerdo interno entre los distintos sectores.

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PRO, Elecciones 2025, Diputados, corte de luz, Provincia de Buenos Aires

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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

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