La decisión del gobierno de Axel Kicillof de desafectar a 24 oficiales debido a la vinculación con Maximiliano Bondarenko, el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral para los comicios del 7 de septiembre próximo, no influyó ni tuvo impacto hacia el interior de la policía bonaerense, la mayor fuerza de seguridad del país. En la actualidad, la principal preocupación de la mayoría de los uniformados bonaerenses radica en los salarios.

Las quejas de los policías abarcan un abanico formado por los sueldos bajos, supuestos maltratos de los oficiales jefes hacia sus subalternos, los recargos de servicio, los atrasos en los pagos de las horas adicionales y la falta de una cobertura médica. Esas son sus demandas reales y concretas, según fuentes del sector.

Durante el último año, los responsables del Ministerio de Seguridad bonaerense, hoy a cargo de Javier Alonso, afirmaron que hubo una recomposición salarial para igualar los sueldos de los efectivos de la policía bonaerense a los de las fuerzas federales.

Según la planilla de haberes a la que tuvo acceso , un comisario general, la máxima jerarquía en el escalafón policial, cobraría en el sueldo de julio un básico de $1.587.380, más una suma “remunerativa no bonificable” de $477.334.

Mientras que en la base de la pirámide el oficial de policía que corresponde al agente percibe de sueldo básico $ 734.670 y una suma “no bonificable” de $125,629. En el caso de los suboficiales y en las jerarquías hasta oficial principal pueden aumentar el sueldo con las denominadas horas Cores (compensación por recargo de servicio) y las horas Polad (policía adicional), que tienen diferentes valores.

Las Cores se pagarían $1800 y las adicionales por servicio bancario aproximadamente $8000 cada hora. Muchos policías se quejaron por las demoras que existen en la acreditación de esas horas extras. Por el uniforme perciben un adicional de $47.000.

A raíz del descuento por los salarios, creció la cantidad de efectivos de la policía bonaerense que comenzaron a trabajar como choferes de aplicaciones de viajes. En esa circunstancia fue asesinada Daniela Fernanda Luna.

La joven sargento de la fuerza de seguridad provincial fue asesinada en septiembre del año pasado. Su cuerpo fue encontrado con un balazo en el mentón dentro de un Ford Fiesta blanco en el cruce de Carlos Casares y Norquin, en la localidad de Rafael Castillo, La Matanza. La investigación determinó que Luna fue asesinada durante un robo por un delincuente que abordó su vehículo como pasajero y, al llegar a la mencionada esquina, le disparó y se apoderó del celular.

La necesidad de muchos policías de buscar un ingreso adicional se convirtió en una fuente de recaudación ilegal de algunos jefes policiales que firman licencias por carpeta médica o las planillas de asistencia a cambio de un porcentaje del sueldo del agente que lo solicita. Esta maniobra permite a los efectivos concurrir a otro trabajo y tienen el presentismo asegurado. En la Auditoría General de Asuntos Internos se sumaron las denuncias sobre estos hechos.

Aunque pasaron casi cinco años, todavía permanecen latentes los 5000 sumarios administrativos que, durante la gestión de Sergio Berni, se iniciaron contra los efectivos que realizaron la protesta frente la quinta presidencial de Olivos, los que usaron móviles para cortar el tránsito frente a la estación de policía en Puente 12 y los que participaron de las protestas en los comandos de patrullas de Florencio Varela, Quilmes, Tigre, San Martín, La Matanza, Mar del Plata y Bahía Blanca.

“Con los cinco mil sumarios, los policías acusados en esos expedientes administrativos están en una situación similar a la de tener un respirador artificial: si los activan, los echan. Un motivo para firmar la expulsión es una nueva convocatoria a una movilización”, explicó un comisario inspector retirado de la policía bonaerense que representa a varios de los efectivos sometidos a esos sumarios.

El gobierno bonaerense, que encabeza Axel Kicillof, aportó a la Justicia una serie de chats y videos relacionados con la supuesta conspiración política de policías de la provincia de Buenos Aires para apoyar la candidatura del comisario retirado Maximiliano Bondarenko, candidato por La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre próximo.

En esos chats, que fueron aportados al expediente del fiscal Álvaro Garganta, se identifica a un grupo de WhatsApp denominado The Rockets, en el que Bondarenko se dirige sus integrantes.

“Buenas noches queridos amigos! Hace una rato finalizó una reunión con el equipo mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por su aporte, mil gracias por estar. Cada palabra q mencioné fue el claro reflejo de lo q me trasmitieron y de lo q somos ” buenos policías”, dice Bondarenko en el chat grupal. Y añade: “Este es un largo camino, camino q recién comienza. Es un camino donde podemos reescribir la historia de nuestra policía y sobre todos de la seguridad!“.

En otro mensaje, dice: “Buenos días a todos! Hoy Maximiliano Bondarenko está yendo al Ministerio de seguridad de Nación a ver a Patricia Bullrich por el proyecto de seguridad para la provincia. Encarezco a todos, que avancen con sus trabajos y consignas en función de los pedidos y requisitorias que se desprendan de la charla. Hay que asignarle un tema a Eduardo Borja para su desarrollo o en su defecto incorporarlo a un grupo formado, misma situación Ezequiel y Pedro. Gallito compartiles el plan bienvenidos los nuevos, nos vemos a mi regreso… por favor aprovechemos esta oportunidad”.

Los mensajes, según el gobierno bonaerense, dan a entender que hay una actividad organizada de trabajo político protagonizado por los policías, lo que está vedado por la ley de la policía bonaerense. Para el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, en cambio, se trata de espionaje ilegal. De hecho, el organismo presentó una denuncia en la Justicia de La Plata por espionaje ilegal, persecución ideológica, discriminación y abuso de autoridad.

Para el gobierno bonaerense se trata de una violación del artículo 202 inciso e y g de la ley 13.982, que regula a la fuerza de la provincia de Buenos Aires y fue lo que motivó el sumario administrativo.

Además se le aportó al fiscal unos videos que muestran el contenido de dos computadoras que fueron secuestradas. En esas máquinas hay papelería con el Logo de la La Libertad Avanza, de un león, que es símbolo del partido de Javier Milei, y hasta un protector de pantalla partidario, lo que contraría las normas policiales.

Además, se ven archivos identificados con nombres del partido del gobierno y pedidos de acceso a la información pública escritos en hoja membretada con el logo de La Libertad Avanza, dirigidos a la Municipalidad de Florencio Varela para saber cantidad de efectivos, de patrulleros y otros recursos policiales. Los videos registran que los archivos se filmaron el 22 de julio pasado.

Fuentes del gobierno bonaerense dijeron a que el fiscal Garganta impulsó la investigación a partir de esta evidencia para precisar si más allá de una violación administrativa hay delitos.

Los chats tuvieron lugar luego de un asado que se realizó la semana pasada en la casa de un ladero de Maximiliano Bondarenko, en Florencio Varela. Allí vive un ahijado de Bondarenko, cuyo padre es comisario de la Policía Ecológica, la dependencia donde están la mayor parte de los uniformados suspendidos.

El gobierno nacional contratacó y presentó a su vez una denuncia contra las autoridades bonaerenses por lo que consdieran que se trató de una persecución ideológica y de un caso de espionaje ilegal, por la difusión de los chats.

En esa denuncia se menciona que el asado reunió a algunos de los policías invetsigados y tuvo lugar en la casa del Comisario Mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, Jefe de la División Policía Ecológica, que es padrino de uno de sus hijos.

“De ese grupo de amigos son los 24 oficiales que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha puesto inmediatamente en disponibilidad, quitándole sus armas oficiales y sus credenciales en un acto humillante realizado frente a sus compañeros, para discriminarlos ideológicamente”, señala la denuncia del ministerio que comanda Patricia Bullrich.

Los policías sumariados al quedar “desafectados” cobran el 50 por ciento de su salario y están bajo investigación administrativa.

En 90 días debe resolverse el sumario administrativo y determinar si se los pasa a disponibilidad preventiva.