El Poder Ejecutivo estableció este jueves, mediante el Decreto 497/2025, la creación de un fondo especial de hasta $10.000 millones para brindar asistencia directa a los afectados por las inundaciones registradas el 16 y 17 de mayo en Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco. El objetivo de la medida es mitigar los daños materiales ocasionados por el fenómeno meteorológico, que acumuló hasta 400 milímetros de lluvia en pocas horas.

La decisión implica un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR)”, que consistirá en una prestación monetaria no contributiva por única vez, dirigida a los residentes de las viviendas afectadas. Para acceder al beneficio, se deberán cumplir requisitos como acreditar domicilio en las zonas impactadas, ser mayor de 18 años y presentar una declaración jurada sobre los daños sufridos. El monto será percibido por un integrante del grupo familiar damnificado que habite en el inmueble.

El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, será la autoridad de aplicación y fijará el monto de los subsidios, gestionará las solicitudes y deberá garantizar procedimientos transparentes. La medida fue firmada por la titular de la cartera de Seguridad, el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El fondo para estas zonas de la provincia de Buenos Aires se suma a otro monto de $200.000 millones para los damnificados en el temporal del 8 de marzo en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en el que hubo 18 muertos que tuvo como objetivo la reconstrucción de viviendas y la compensación por pérdidas materiales.

En tan solo diez horas, Bahía Blanca sufrió precipitaciones el 8 de marzo por un total de 290 milímetros, superando ampliamente todos los récords históricos. Como resultado, cientos de viviendas quedaron destruidas, se reportaron múltiples pérdidas materiales y la muerte de decenas de personas, algunas de ellas aún desaparecidas.

El decreto estableció en abril la creación del “Suplemento Único para la Reconstrucción” (SUR), un subsidio “no contributivo” y otorgado por única vez a los residentes de las casas dañadas.

La presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, la kirchnerista Eva Mieri, procesada por el ataque a la casa del diputado nacional José Luis Espert, viajó a Ginebra, Suiza, para participar de un evento de Derechos Humanos organizado por las Naciones Unidas que reunió a funcionarios, académicos y expertos.

Mieri, que podría convertirse en jefa comunal de Quilmes si Mayra Mendoza asumiera como diputada de la tercera sección -cargo para el que se postula-, pidió expresa autorización a la jueza Sandra Arroyo Salgado para participar de la reunión, que se desarrolla en el Palacio de las Naciones, la sede de la ONU en Europa.

La semana pasada, Arroyo Salgado procesó a Mieri por haber tirado estiércol frente a la casa de Espert. Los delitos de los que está acusada la concejala son, según el fallo de la jueza: “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas”, “falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado” (por la patente del vehículo usado para el ataque) y “malversación de caudales públicos”.

La participación de Mieri en el evento de la ONU fue dada a conocer por la cuenta de United Cities, uno de los organizadores del evento. La publicación de esta página fue replicada por el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, un funcionario cercano a la ministra Patricia Bullrich.

“La concejal Eva Mieri, investigada por tirarle caca a Espert, después de ser excarcelada se fue al ‘Encuentro de Gobiernos Locales y Derechos Humanos’ de la ONU”, señaló el funcionario en su cuenta de X.

Mieri estuvo 13 días detenida en Ezeiza por orden de la jueza Arroyo Salgado y fue finalmente excarcelada por decisión de la Cámara Federal de San Martín el martes pasado.

El hecho que se le imputa incluyó, además del estiércol, haber colocado un pasacalle que decía “Acá vive la mierda de Espert”, haber arrojado volantes con la leyenda “con Cristina no se jode” y haber utilizado para el ataque un vehículo que estaba a disposición de la intendencia de Quilmes.

Sandra Arroyo Salgado procesó a Mieri, a Iván Díaz Bianchi y a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, involucrada en el hecho a partir de una serie de pruebas que recolectó la Justicia, como chats e imágenes que muestran que su auto, un Renault Clio, fue uno de los dos vehículos utilizados para el ataque. El otro fue la camioneta Chevrolet del municipio de Quilmes. Ambos vehículos tenían sus chapas patentes tapadas con cinta adhesiva para evitar su identificación.

La jueza los procesó por haber formado parte de “una agrupación, al menos transitoria”, cuyo objetivo era “alarmar y/o amedrentar al Diputado Espert y su familia”.

Sobre Abaigar y Mieri, la jueza sostuvo: “Fueron quienes organizaron y planificaron las acciones que se llevarían adelante, cobrando especial relevancia que estamos hablando de dos funcionarias que obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras”.

Las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar reflejan cómo fueron presuntamente algunos de los preparativos para el escrache, incluidos el reclutamiento de personas, la logística y la vestimenta a utilizar.

En su momento, la jueza rechazó la excarcelación de ambas al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Fundó su decisión en que Mieri había entregado a la Justicia un teléfono vacío, sin información, y, en que Abaigar fuera funcionaria bonaerense, una condición que -entendió la jueza- le daba herramientas para trabar la investigación.

En el fallo que liberó a Mieri, los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones sostuvieron que ella aportó voluntariamente su teléfono, sin clave de desbloqueo, y que no contaba con antecedentes.

En el procesamiento, la jueza Arroyo Salgado insistió en que la concejala intentó entorpecer la investigación al entregar un teléfono vacío. Del celular de Abaigar, dice la jueza, “se obtuvieron numerosos chats que permitieron tener por corroborado su rol de organizadora del hecho y, aún más, reclutadora”.

“Estamos ante dos funcionarias y un empleado público [por Iván Diaz Bianchi, trabajador del Hospital Cetrángolo] que a todas luces militan políticamente y más allá del partido o agrupación por el cual lo hagan, debieran enarbolar la bandera de la democracia, el respeto y la igualdad y, por el contrario, a estar a las resultas de la causa, organizan o al menos son parte de este tipo de conductas que, como se dijera antes, atentan contra el orden público”, dijo la jueza en su procesamiento.