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POLITICA

La marcha universitaria culminó con un discurso en Plaza de Mayo ante más de 150.000 personas

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La marcha universitaria culminó con un discurso en Plaza de Mayo ante más de 150.000 personas

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En el marco de la jornada de manifestación contra el recorte presupuestario para las universidades, más de 150.000 estudiantes universitarios se congregaron en la Plaza de Mayo para la lectura del documento firmado por todos los directivos de las universidades del país.

Piera Fernandez De Piccoli, presidenta de la FUA, fue la encargada de leer el escrito que criticaba duramente la política educativa actual del gobierno. “La universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de la política implementada por el gobierno nacional”, declaró Fernández, quien hizo un llamado a la ciudadanía para mantener las universidades abiertas como “motores de la democracia”.

La dirigente estudiantil también destacó que, a pesar de los recientes anuncios de aumento por parte del gobierno, estos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de mantenimiento de los edificios universitarios y el bienestar de la comunidad educativa, incluyendo becas y servicios básicos.

“Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento; la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las Universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes)”, comenzó el documento. “Todo fue congelado a valores de septiembre de 2023”, enfatizó.

“Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo”, agregó Fernández.

“Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar la infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad”, detalló.

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En esta línea, desestimó que haya un consenso con los funcionarios del Poder Ejecutivo, luego de los aumentos anunciados en las últimas horas. “El aumento anunciado por el gobierno es absolutamente insuficiente”, sostuvo.

En ese fragmento, el documento explicó: “Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y nodocentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50 % respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!”, reclamaron.

La exposición de la presidenta del movimiento estudiantil fue el cierre de la histórica jornada, que según cálculos de la UBA, movilizó sólo en la Ciudad de Buenos Aires a más de 800 mil personas. 

Finalmente, el último fragmento del mensaje consensuado hizo alusión al espíritu de la marcha: “Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y Universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla”, cerró Fernández De Piccoli.

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POLITICA

Tras el Banco Nación, el Gobierno convierte en Sociedad Anónima a YCRT y acelera el camino para una venta

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Luego de convertir al Banco Nación en Sociedad Anónima, el Gobierno avanzó este domingo con un decreto que otorga el mismo estatus a la sociedad estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) que explota la mina de carbón de Santa Cruz.

A diferencia de la banca estatal que en 2024 tuvo ganancias por $3 billones, YCRT es deficitaria pero figura entre las 14 empresas públicas declaradas sujeto de privatización en la Ley Bases. Sin embargo, el artículo 8 de la ley ómnibus establece que la empresa -intervenida desde 2002- solo podrá ser privatizada parcialmente y obliga al Estado nacional a mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

Este fin de semana vencía la prórroga del articulado del Mega-DNU 70/2023 que habilitaba al Gobierno a convertir por decreto a las sociedades del Estado en sociedades anónimas.

En la agencia transformadora de empresas públicas a cargo de Diego Chaher, que prepara el terreno para privatizar, cerrar o liquidar las 59 empresas públicas, consideran ese paso administrativo fundamental para avanzar con la venta de las empresas.

Sobre el caso de YCRT, los funcionarios nacionales destacaban que las cerca de 60 haciendas productivas que funcionaban alrededor del yacimiento también pasarán a constituirse como S.A.

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) junto al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Foto Gobierno Santa Cruz

En el Gobierno insistían que iban a poner al tanto al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que mantuvo una relación zigzagueante con el Ejecutivo nacional durante los primeros 14 meses de gestión de Javier Milei.

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Cuando el Presidente anticipó sus planes de privatizar la empresa, en enero de 2024, el gobernador alertó sobre la importancia de la mina de carbón para la provincia y reclamó al Ejecutivo nacional una auditoría

En 2023, la empresa consumió más $ 20.000 millones; $ 18.000 millones se destinaron al pago de salarios. En marzo de 2022 la mina produjo 6.000 toneladas de carbón, lejos de las más de 112.000 toneladas que requiere la Usina Térmica licitada hace más de 16 años y que aún no se termina de construir.

El Presidente nombró como interventor de la empresa a Pablo Arriagada luego de desprenderse del ex funcionario del PRO Thierry Decoud, echado en septiembre pasado por sospechas de corrupción. La empresa estatal también había quedado en el medio de denuncias como las que le valieron el desafuero al ex ministro de Planificación Julio de Vido.

La compañía minera contaba con 2.766 trabajadores en enero de 2024. La administración libertaria despidió a cerca de 500 empleados. “La empresa depende de los aportes del Tesoro Nacional y eso debe revertirse”, había dicho el gobernador Vidal a Clarín el año pasado.

El Gobierno no descarta la posibilidad de ceder algunas de las empresas públicas a las provincias para saldar parte de las deudas cruzadas entre jurisdicciones. Si Santa Cruz se mostrara interesada podría avanzar en ese sentido. Por lo menos, en un porcentaje.

Vidal es uno de los 18 gobernadores que suscribió con el ministro de Economía, Luis Caputo, el plan para canjear deuda por rutas, tierras fiscales, obras y empresas públicas, el denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

El mandatario provincial santacruceño se reunió días atrás con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y gestionó la inscripción de YCRT en CAMMESA como generadora de energía para que pueda venderle a la provincia parte de la energía generada.

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El Gobierno explora también la cesión parcial o total de la fábrica de aviones Fadea, ubicada en Córdoba. Hay contactos con funcionarios del gabinete de Martín Llaryora.

El nuevo status de S.A. obligará a YCRT a presentar balances y a someterse a la ley de concursos y quiebras, según detallan en el Ejecutivo. Tras hacer lo propio con el Banco Nación, el Ejecutivo habilitó el cierre de la primera sucursal de las 780 oficinas que tiene la banca pública y prometen más clausuras y despidos.

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