POLITICA
La millonaria caja sindical que fue de Pro y el PJ, y que ahora Milei busca controlar

Es probable que durante la última década no haya habido otro sindicato en el que los gobiernos de turno se hayan interesado tanto por poner un pie y tener su control. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) sirvió de caja sindical de Pro, después del PJ y ahora se libra una batalla a todo o nada en la Justicia por el intento de La Libertad Avanza (LLA) de desbancar al actual jefe, José Voytenco, un dirigente chaqueño de bajo perfil al que sus opositores acusaron por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Voytenco administra una caja millonaria que cautivó en su momento al macrismo, cuando el gremio era conducido por Gerónimo Venegas y Ramón Ayala, y después al kirchnerismo, con el que se alineó cuando se conformó el Frente de Todos. Por las cuentas de la Uatre circulan $4000 millones mensuales mientras que Osprera, su obra social, maneja unos $10.000 millones, según fuentes gremiales confiables. La obra social está hoy intervenida por un decreto de Javier Milei. Está a cargo de Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, la hermana del Presidente. Petroni fue designado por la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).
Las cifras de dinero que administra el gremio surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que en 2024 recaudó $190.088 millones, de acuerdo a fuentes empresarias del sector. La Uatre tiene 560 seccionales y es uno de los gremios con mayor territorialidad en el país. Es también un botín político y electoral.
Mientras que la atención pública está centrada exclusivamente con lo que sucede en Roma, con el funeral del papa Francisco, hubo esta semana intensos movimientos en la Justicia, en despachos oficiales y en la misma Uatre que anticipan que la pelea está aún lejos de dirimirse y que el conflicto podría escalar.
Por un lado, hubo un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que desestimó un pedido del Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, para intervenir la Uatre. El argumento oficial para pedir la intervención es que Voytenco excluyó del congreso que eligió a las autoridades a diferentes seccionales. La decisión fue tomada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a partir de una presentación que hizo Claudio Aquino, el director de Asociaciones Sindicales, el área que regula la vida interna de los sindicatos. Los tres jueces laborales dijeron que el pedido es “improcedente” y lo argumentan con la legislación que sostiene el principio de libertad sindical. La cuestión de fondo, de todos modos, no está aún resuelta.
A partir de este avance del Gobierno, Voytenco fue a la Justicia para denunciar penalmente a Cordero, Aquino y a tres dirigentes opositores, entre los que está Pablo Ansaloni, actual diputado nacional de LLA. Los acusa de orquestar “un plan criminal para hacerse con la conducción del gremio” y vincula a la gestión de Milei detrás de la maniobra. La causa recayó en el juez federal Sebastián Casanello y la instruye el fiscal Guillermo Marijuan, quien ya avanzó con algunas testimoniales (dos asesores de Cordero y uno de Aquino) y requirió medidas sobre algunos teléfonos. También fue citado a declarar el diputado libertario Nicolás Mayoraz, que pidió testificar por escrito, según fuentes con acceso al expediente. De acuerdo a un registro oficial de audiencias, Mayoraz participó el 20 de noviembre junto con Ansaloni de un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¿Hablaron de Uatre? Algunos dicen que sí, otros que no. Ansaloni también aparece en los registros con reuniones a solas con Francos y Lule Menem. “Las fechas de las reuniones coinciden con decisiones inmediatamente posteriores de la Secretaría de Trabajo sobre el proceso eleccionario de la Uatre”, sugiere la defensa de Voytenco.
En paralelo, hay otro expediente judicial a cargo de Federico Villena a partir de la denuncia del opositor Marcelo Andrada contra Voytenco, al que además de acusarlo de enriquecimiento ilícito lo denunció por un presunto pedido de coimas a empresarios rurales. La Cámara Federal de La Plata desplazó a Villena del caso en noviembre del año pasado y requirió que se tramite en Comodoro Py. El proceso está a la espera de una definición de la Casación.
También hay una causa en curso por la intervención de la obra social y los opositores a Voytenco amenazan con una nueva presentación judicial por presuntos negocios con la aseguradora El Surco y una constructora vinculada a un histórico sindicalista que supo tener mucho poder hasta hace algunos años y que hoy está retirado. Existe una posibilidad que todo se unifique en el juzgado de Casanello o que los expedientes continúen su curso por separado.
El Gobierno designó en noviembre pasado por decreto a Petroni como nuevo interventor de Osprera, la prestadora médica de los peones rurales. Petroni respondería a Menem y percibe un salario de ocho millones de pesos, según fuentes de la obra social. Es un sueldo mayor al que hoy percibe Milei.
Petroni, que deberá revalidar su cargo el mes próximo, adquirió rápidamente el léxico libertario: habla de “curros”, “contratos leoninos” y “motosierra” para explicar la supuesta administración fraudulenta de Voytenco. Ayer, por ejemplo, comunicó que rescindió de un convenio con Uatre que supone un ahorro de $700 millones mensuales. Reforzó de esta manera que la caja de la obra social y la del gremio no son las mismas. Precisó, además, que la deuda total de Osprera era de $97.899 millones al 31 de octubre de 2024 y advirtió sobre “posibles maniobras fraudulentas en la gestión anterior”. La deuda sería un 94% superior a lo que se había informado previamente, según el informe del funcionario que ubicó en la prestadora la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de la regulación y que encabeza Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud. Una ironía: Lugones fue socio hasta muy poco en el Sanatorio Güemes de Julio Comparada, dueño de la aseguradora El Surco que le presta servicios a la Uatre de Voytenco.
Voytenco dijo que las acusaciones de la SSS “son falsas” y fue a la Justicia tras ser desbancado de su doble función de jefe del sindicato y de la obra social, por lo que cobraba a fines de 2024 un salario de $14.005.643. “En una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el Gobierno volvió a intervenir la obra social. Es fundamental señalar que desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado casi 60 empleados, directos o indirectos, todos con sueldos millonarios”, contraatacó Voytenco, que afirmó que al menos diez de los contratados por Petroni son delegados o miembros de la lista opositora que impulsa Ansaloni.
De crisis en crisis, Osprera recibió el 7 de diciembre de 2023 un subsidio de $3350 millones del Frente de Todos en concepto de “apoyo financiero”. Es decir, tres días antes de que Alberto Fernández deje la gestión y le transfiera el bastón de mando a Milei. Daniel López, titular de la SSS de ese entonces, fue el que autorizó el envío de los fondos. Hubo por entonces también un pedido judicial de intervenir la obra social, pero así y todo Voytenco mantuvo el control. Después, la SSS del gobierno libertario dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo sobre la intervención judicial al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit había pasado de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024. Ahora, ese déficit habría trepado a casi $100.000 millones, según Petroni, el nuevo interventor.
El Gobierno, en otro contraataque, circuló a través de periodistas afines la posibilidad de denunciar al expresidente Alberto Fernández y a la exministra de Salud Carla Vizzotti por los $3350 millones destinados a Osprera tres días antes de irse de la gestión pública. Un interrogante: ¿por qué Oriolo denunciaría recién ahora a la gestión anterior si había detectado este pago hace ya más de un año?
A fines de 2022, Voytenco le ganó la elección interna a Ansaloni por apenas un punto. Fue la primera vez desde 1991 que no había lista única en el gremio donde reinó Gerónimo Venegas, un exaliado de Macri. A Ansaloni, que manejaba la obra social, no le alcanzó el apoyo que le había dado Sergio Massa, por entonces el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fernández. Las elecciones se concretaron después de un proceso nublado de sospechas y acusaciones, que fue incluso judicializado en tribunales federales y provinciales.
Unas semanas antes de la elección sindical, unos sicarios asesinaron a Mauricio Cordara, chofer y mano derecha de Ansaloni, quien, según surge de la investigación judicial, era el verdadero blanco del ataque. Por el episodio hay seis personas detenidas vinculadas a un clan narco de Rosario que esperan ser juzgadas. Ansaloni, que no oculta sus intenciones de retomar el poder de la Uatre con la ayuda del Gobierno, ya tendría decidido señalar a Voytenco como el instigador del ataque. Da la sensación que es una pelea a todo o nada.
POLITICA
Elecciones en PBA: los intendentes que optaron por un realineamiento político de cara al 7 de septiembre

Las tensiones que antecedieron al frenético cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires, demorado un día y medio por un polémico corte de luz el sábado a la noche, tuvieron reflejo en los realineamientos políticos de muchos de los intendentes bonaerenses, que dieron signos de rebeldía y dejaron sorpresas de último momento. Más que las alianzas políticas previas que los llevaron a la intendencia, los jefes comunales buscaron hacer valer el peso territorial y preservar su gobernabilidad futura en los concejos deliberantes a partir de diciembre.
Con este objetivo y asegurarse la tracción de votos a nivel local, 22 jefes comunales de los 135 que tiene la Provincia serán candidatos el 7 de septiembre: 9 liderarán la lista de concejales en sus distritos, en candidaturas testimoniales, y 13 se postulan a una banca legislativa, con interrogantes sobre si asumirán o no en caso de entrar.
El nuevo mapa de los realineamientos políticos de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires, confeccionado por Infobae tras relevar todas las listas, muestra que 83 de ellos se referencian en Fuerza Patria, el frente que conformaron el Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador Axel kicillof, La Cámpora y Frente Renovador, de Sergio Massa.
Otros 30 en Somos Buenos Aires, el nuevo frente surgido como “tercera vía” que reúne a sectores del peronismo no kirchneristas, a la UCR bonaerense y la Coalición Cívica, entre otros partidos menores. En tanto, 12 intendentes se alinearon con la Alianza La Libertad Avanza, el frente de los libertarios con el PRO.
Otros 3 jefes comunales se alinearon con Hechos, el espacio creado por los hermanos Passaglia, de San Nicolás; uno apoya a Potencia, la fuerza creada por la abogada y ex segunda de la UIF durante el gobierno de Cambiemos María Eugenia Talerico; uno en Nuevos Aires; y 5 intendentes van con lista corta.
Los que van de candidatos
De los 22 jefes comunales que se candidatean en las elecciones bonaerenses, 16 son de Fuerza Patria, de los cuales 7 se presentan como candidatos a legisladores provinciales.
Si bien en su mayoría aseguraron que van a asumir la banca en caso de ser electos, no renunciarán a la intendencia, sino que pedirán licencia en el Municipio y dejarán a alguien de confianza en su cargo, para seguir manejando la política local, y poder volver en caso de ser necesario políticamente.
Los siete de Fuerza Patria son: Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, tercera candidata a diputada por la Tercera; Mariano Cascallares, jefe comunal de Almirante Brown, que va de cuarto candidato a diputado por esa misma Sección; Mario Ishi, de José C. Paz, tercer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, que va de cabeza de lista para diputado en la Segunda Sección; Marcos Pisano, de Bolívar, va de segundo candidato a senador por la Séptima; Alejandro Acerbo, de Daireaux, va de tercer candidato a diputado por la Sexta; y Germán Lago, de Alberti, va de tercer a candidato a senador por la Cuarta.
En tanto, otros 9 encabezan la lista de concejales en sus distritos. Son Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabian Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Julio César Marini (Benito Juárez).
Otros cuatro intendentes van de candidatos a legisladores por Somos Buenos Aires. Se trata de Julio Zamora, de Tigre, impulsor de ese espacio, que resolvió competir como primer candidato a senador en la Primera Sección; Pablo Petrecca, de Junín, que se fue del PRO disconforme con las condiciones impuestas por la LLA en la alianza con el partido amarillo y va de primer candidato a senador por la Cuarta Sección; Guillermo Britos, jefe comunal vecinalista de Chivilcoy, que va de tercer candidato a senador también por la Cuarta; y Maximiliano Suescún, intendente radical de Rauch, que también se presenta por Somos como primer candidato a senador por la Quinta Sección.
Dos jefes comunales competirán en septiembre por la Alianza La Libertad Avanza: Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO en enero para sumarse a los libertarios y encabeza la boleta de la Primera Sección como candidato a senador, y Guillermo Montenegro, jefe comunal de Mar del Plata del PRO, y uno de los férreos impulsores de la alianza con los libertarios en la provincia.
En otros casos, no se postularon ellos mismos para encabezar las listas de concejales en sus distritos, pero sí sus familiares, y así asegurarse lealtad política.
Es el caso de la mujer del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y asesora ad honorem en el área Social del Municipio, Magdalena “Magui” Gray. También, el de José María Ghi, hermano del actual jefe comunal de Morón, Lucas Ghi; y de Eva Andreotti, hermana del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del distrito.
Cambio de espacio político
Del total de 135 intendentes bonaerenses, 45 compiten o apoyan espacios diferentes a la alianza con la que fueron electos hace dos años.
La mayor fidelidad partidaria se dio entre los jefes comunales que ingresaron o fueron reelectos por Unión por la Patria hace dos años. De los 85 que suman en total, 83 cerraron finalmente dentro del nuevo frente Fuerza Patria. Solo Zamora, de Tigre, y Gilberto Alegre, de General Villegas, de la Cuarta Sección, decidieron romper con Kicillof e ir con Somos Buenos Aires. Gray, en cambio, pese a haber sido promotor de ese nuevo espacio, finalmente decidió quedarse dentro de Fuerza Patria.
El intendente de Esteban Echeverría no fue el único que se fue de Somos. Este frente variopinto se fue desgajando en la semana previa al cierre de listas y perdió al GEN, de Margarita Stolbizer, y a dirigentes importantes de la Provincia como los filo peronistas-PRO Joaquín de la Torre y Emilio Monzó, o los radicales Daniel Salvador y Gustavo Posse El ex intendente radical de San Isidro presentó una lista de concejales propia bajo el nombre Acción Vecinal San Isidro es Distinto.
Los 27 intendentes de la UCR decidieron no acompañar al PRO en el acuerdo con LLA y, casi en su totalidad, se sumaron a Somos Buenos Aires. Solo dos no lo hicieron. Una es Lucía Gómez, de Adolfo Gonzales Chaves, de la Sexta Sección Electoral, que promovió el espacio local de Nuevos Aires.
El otro, Román Bouvier, de Rojas, que se sumó a Hechos, de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, actual y ex intendente de San Nicolás, respectivamente. Tras alejarse del PRO, Manuel Passaglia irá en la cabeza de la lista de diputados de Hechos, la nueva fuerza que creó con su hermano, y tiene chances de retornar a la Cámara de Diputados bonaerense. Este espacio solo presentará candidatos en la Segunda Sección.
En tanto, tras su alianza con los libertarios, el PRO perdió a seis intendentes en el camino. Además de a Passaglia, el primer intendente referenciado en el partido amarillo que decidió competir por fuera de la alianza con los libertarios y creó un espacio propio local, también Javier Martínez, de Pergamino, se sumó a Hechos.
A su vez, disconformes con el acuerdo cerrado por Cristian Ritondo con Sebastián Pareja en la Provincia, Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio); y Esteban Reino (Balcarce) decidieron enrolarse en esta elección en el espacio Somos Buenos Aires.
Diego Reyes, de Puán, tomó su propio rumbo y se enroló para el 7 de septiembre en Potencia.
Por su parte, Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo que era del PRO y se pasó en enero a LLA, decidió romper con los libertarios. Disconforme con el reparto de candidaturas, competirá el 7 de septiembre solo, con su propia lista de candidatos a concejales.
No será el único. También presentaron lista corta Jaime Méndez (San Miguel), y los vecinalistas Arturo Rojas (Necochea), Matías Nebot (Saavedra) y Carlos Bevilacqua (Villarino).
Visualización de datos: Daniela Czibener
POLITICA
Campaña, polarización y Presupuesto: qué esperan los bloques del Senado para el segundo semestre del año

Mientras atraviesa días de receso, el Senado se prepara de a poco para iniciar su segundo semestre del año con un denominador común -y lógico- de los jefes de bloque consultados en las últimas 72 horas por Infobae: el sendero de la Cámara alta será “complicado”. Algunos apuntan a la campaña electoral, el nivel de polarización y las tensiones generadas por el propio Gobierno, mientras que otros marcan al Presupuesto 2026 como cuestión clave ante un oficialismo agazapado y con un termómetro de agresividad que condiciona, en el plano legislativo, la toma de decisiones.
El principal interbloque y primera minoría en el Senado es el Frente de Todos. Su titular, el peronista José Mayans (Formosa), señaló a este medio: “Nosotros aspiramos a seguir trabajando, pero como corresponde. El problema es que el ‘equipo’ de 39 legisladores que armó -la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria- Villarruel está en confrontación y no sé cómo se va a recomponer esa situación. La incertidumbre es generada por el propio Gobierno”.
“Necesitamos que el Presidente presente el Presupuesto 2026 en septiembre y que el Congreso lo trate, ya que estamos con las dos últimas leyes de gastos prorrogadas de 2023. Estamos hablando de pautas claras para la política monetaria y cambiaria y de relación con las provincias. Ni hablar del tema de la deuda. Al menos esa es mi aspiración, ya que me preocupa que se sostenga el valor de la divisa -en referencia al dólar- a través de la usura. No olvidemos tampoco el tema de la canasta básica, las importaciones y la producción primaria que cae”, advirtió Mayans.
En tanto, su par de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi (Corrientes), aseguró: “Entiendo que vamos a tener un segundo semestre complicado desde el punto de vista político. Las elecciones generan posiciones más extremas y eso seguramente va a impactar en el trabajo legislativo. Por otro lado, veo al Gobierno que está endureciendo su posición para marcar una estrategia electoral. Seguramente, los ataques a quienes piensen distinto serán más comunes, algo que profundiza la grieta. La inestabilidad institucional genera incertidumbre económica, por lo que espero no sea de gravedad”.
Por su parte, el jefe libertario en el Senado -y uno de los pocos enlaces con la Casa Rosada-, Ezequiel Atauche (Jujuy), también utilizó el término “complicado” y agregó: “Hay que ver cómo se mueve el kirchnerismo y dialoguistas que generan mayorías circunstanciales. Esto condiciona la toma de decisiones. También se percibirá el nivel de agresividad, algo que ya se ha notado. El ejemplo claro es la moratoria previsional, que no todos querían e igual fue sancionada. Es ir en contra sólo por el hecho de la compulsa electoral, y hay algunos que necesitan eso ya mismo para volver al foco de atención”.
Desde el Pro, Alfredo De Ángeli evitó opinar ante el requerimiento de Infobae. Sí lo hizo el vice del macrismo en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones), quien dijo: “Creo que lo que resta del año va a estar marcado por las elecciones nacionales. Primero, en la provincia de Buenos Aires; luego, en el resto del país. Todos los senadores van a estar abocados a eso e irá tensando un poco toda la discusión, y todo se va a ceñir o teñir en base a lo que intente el kirchnerismo, el Gobierno o los aliados. Veo un Senado complicado. También, para las reformas de fondo que quiere hacer el Presidente va a esperar el resultado de octubre y esa agenda quedará en ‘stand by’. Va a ser un Senado conflictivo. Habrá que esperar a octubre y ver la próxima conformación para ver cómo sigue esto”.
También fueron consultados espacios provinciales. Por caso, José María Carambia (Por Santa Cruz) evaluó que “será un segundo semestre en el que, excepto que el Gobierno necesite alguna norma concreta, el oficialismo va a intentar dilatar y que no haya sesiones“. En ese sentido, expresó: “Total, después le echan la culpa a los senadores que no laburan y listo. Por eso la autoconvocatoria de la vez pasada -se sancionaron, entre otras leyes, la mejora en jubilaciones y la emergencia en discapacidad- dio un marco político nuevo y que, pese a la voluntad del oficialismo, sí se puede sesionar».
“Obviamente, el Gobierno va a esperar hasta las elecciones para ver cómo se configura la Cámara y así analizar qué conviene. Como tema central nuestro está la ley de incentivo al petróleo convencional o de cuencas maduras, ya que necesitamos urgente un incentivo. Va a ser un semestre difuso porque sesionar va a depender más de la oposición que del oficialismo”, sumó Carambia.
POLITICA
Deja su cargo el interventor en Medios Públicos y será reemplazado por el vocero de la Sociedad Rural

El Gobierno anunció este sábado la designación de Carlos Curci, hasta ahora vocero de la Sociedad Rural (SRA), como nuevo interventor en el área de los medios públicos, en reemplazo de Eduardo González, quien presentará su renuncia a fin de mes. El nombre del futuro funcionario comenzó a circular días atrás, pero recién se confirmó este sábado, tras el acto que encabezó el presidente Javier Milei en la exposición agropecuaria en Palermo.
Según pudo saber , hace dos meses Eduardo González había notificado a la Casa Rosada que a fines de julio oficializaría su renuncia. El funcionario saldrá del país “por motivos personales” y, una vez que retorne, podría seguir trabajando junto a Manuel Adorni en alguna de las áreas bajo su órbita, aclararon en Balcarce 50.
Fuentes cercanas a González, desestimaron algunas versiones que vinculaban la salida del interventor a un desgaste producido por las tensiones que se viven dentro de la TV Pública y en las distintas radios del país, en respuesta al recorte y los reclamos gremiales. “Deja su cargo con todo encaminado”, repiten en su entorno.
Con el desembarco de Curci, el Gobierno pretende continuar achicando el área de medios oficiales. Directiva que comenzó a implementar el año pasado Diego Chaher, como interventor de todos los medios que integran Radio Televisión Argentina (RTA), cargo que le valió un ascenso como titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tras ser reconocido en La Casa Rosada por el recorte que llevó adelante en la exagencia de noticias Télam, hoy reconvertida en Apesau, después de que más de 400 trabajadores aceptaran un retiro voluntario.
Fue en reemplazo de Chaher que González asumió a fines de julio pasado al frente de los medios públicos. Ahora, finalizada su gestión, el interventor deja una hoja de ruta clara a su sucesor. Basicamente, el funcionario saliente tenía en carpeta un recorte del 40% sobre la estructura de RTA, marcado en gran medida por nuevos retiros voluntarios y una reducción de planta. “Resta la definición política”, señalaron fuentes cercanas al exfuncionario.
El objetivo de la llegada de Curci estaría orientado a “ordenar” Radio y Televisión Argentina (RTA) y el resto de las empresas de la órbita de medios públicos. La idea sería avanzar “lo máximo que se pueda siguiendo la línea del Presidente en términos generales, con las limitaciones que la ley de medios impone”, aclararon fuentes del oficialismo.
Los cambios en el área, que depende de Adorni, se vienen dando desde hace un mes, cuando el portavoz comenzó a tomar decisiones fuertes en los medios y empresas públicas bajo su órbita. El nombre de Curci habría sido elegido para esa misma época, pero por su “excelente relación” con La Rural. En efecto, la oficialización de su designación llegó después del cierre de la exposición, el evento más importante del año para el sector.
En el mientras tanto, Adorni concretó el nombramiento de Bárbara Pintelos, la subsecretaria de Medios que, como adelantó , es una experta en empresas y cuestiones legales, pero que nada tiene que ver con los medios. Hasta la llegada de Pintelos no había nadie en esa Subsecretaría.
“No es del medio, ni conoce de él”, explicaron las fuentes consultadas, que hicieron hincapié en que esa formación es precisamente el motivo por el que fue elegida. “Llega para achicar todo”, completaron.
En las listas de áreas que podrían verse ajustadas con la iniciativa oficial están, Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau, exTélam).
En la TV Pública, los empleados son casi 900 y aún está decidido el número de desvinculaciones que podría llegar a haber. En cuanto a Radio Nacional, la especulación es que su planta de 1169 empleados podría reducirse a la mitad . En lo que respecta a Apesau, la situación es distinta que en el resto, porque ya se hizo una fuerte reestructuración cuando se concretó el cierre de la agencia, en 2024, y solo quedaron 228 empleados activos.
Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, en la mira de los funcionarios hay distintas opciones de lo que podría suceder, más allá del ajuste en cada área. Incluso se evalúa que podría cerrarse el área de Contenidos Públicos, un sector bajo la lupa. En todas las áreas alcanzadas se vería como una primera opción la posibilidad de ofrecer retiros voluntarios antes de avanzar con los despidos, según informaron.
Por el momento no hay un número total de desvinculaciones que podrían llegar a concretarse. El Gobierno sostiene, desde el inicio de la gestión, que el esquema de medios públicos está “sobredimensionado” y por eso planea seguir avanzando con la reducción de la planta, en línea con lo que sucede en otras áreas del Estado.
Delfina Galarza,Cecilia Devanna,Medios y política,Javier Milei,Medios,Conforme a,Medios y política,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Retiros, despidos y cierres. El Gobierno prepara un nuevo recorte en la estructura de medios públicos,,Paka Paka. Así son los dibujitos libertarios: doctrina antiestado, fobia al socialismo y por qué la universidad no sirve
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