POLITICA
la Obra Social de las Fuerzas Armadas no le paga hace cinco meses, y está al borde del quiebre
“Esto nunca pasó: dicen ‘no hay plata’, no te pagan, nadie da la cara. Nos deben cinco meses, estamos en rojo y tuve que sacar un crédito para pagar los sueldos”.
Al otro lado de la línea, a la doctora Marta Kura se la escucha desesperada y agobiada. El mundo militar es el suyo propio: lleva 25 años en el Hospital Militar Central, tiene un hijo que es médico militar, “mis pacientes van de la esposa del cabo a la esposa del general”, ilustra. Por eso, quizás, le duele todavía más lo que le está pasando: IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, y también de la Gendarmería y la Prefectura, que atraviesa una grave crisis, le debe en este momento cinco meses de prácticas a Diagnóstico Científico Integral, el centro de diagnóstico por imágenes que dirige, y del cual es propietaria, ubicado en la calle Humboldt, en Palermo.
IOSFA tiene 550 mil afiliados y es una de las cinco obras sociales más grandes del país. Todos los meses suma un déficit de $15 mil millones a una deuda que ya escaló a $120 mil millones desde que arrancó la administración de Javier Milei, según reconoció el ministro de Defensa, Luis Petri, la semana pasada ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
La situación tiene impacto directo en las prestaciones de salud sobre toda “la familia militar” y de las fuerzas de seguridad. El caso de la doctora Kura es ilustrativo de esto y también de los graves problemas que la falta de pago por parte del Estado nacional genera a prestadores y las personas que están laboralmente vinculadas.
“Tengo toda una vida en el Hospital Militar Central (HMC). Entre varios médicos en un momento pusimos algo afuera, el centro en la calle Humboldt 1990. Empezamos en 2012 como Centro de la Mujer en el HMC (un espacio donde la mujer pudiera realizarse todos sus estudios), hasta que llegó la pandemia. Dijeron que solo se podía atender Covid y la experimentación de la vacuna Pfizer. Me hicieron cerrar el servicio, y seguí pagando sueldos sin poder trabajar”, cuenta la doctora, nacida en Misiones, graduada con honores en la UBA en 1982, docente en la UBA y en la Universidad del Salvador, y especialista en Medicina Nuclear con posgrado en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
“Todos los servicios del HMC están en concesión, a través de la Fundación Sanidad Ejército Argentino. Que se creó porque el HMC no tenía cómo mantenerse. La Fundación cobra un canon, y el Hospital el alquiler. Yo en 2020 con la pandemia no pude seguir con el Centro de la Mujer. Formamos el Centro de Diagnóstico, con médicos del Hospital. Hipoteco mi casa en Belgrano, compro resonador, tomógrafo… pasé a ser un centro independiente. IOSFA es el 50% de mi facturación, porque todos los pacientes se querían seguir atendiendo conmigo, la mayoría oncológicos.
“A partir de 2023 empezaron a posdatarme los pagos. Yo siempre le di prioridad a IOSFA, ahora no puedo hacerlo. Si hago una tomografía, una resonancia, no sé cuándo me van a pagar. Tengo 70 empleados, y 40 médicos trabajan con nosotros, incluido el doctor Diego Alasia, director (médico) del HMC. Hoy no tengo para pagar los sueldos del mes que viene y el aguinaldo. En IOSFA nadie me da una solución, nadie me habla. Me dicen ‘no hay plata’…
La doctora Kura se formó con Enrique Rossi y otros especialistas, un mundo donde todos se conocen. Ella menciona a grandes centros médicos, y diferencia: “Han sido comprados por grandes capitales, brasileños, nosotros en cambio somos una empresa unipersonal, familiar. Tenemos que salir adelante, yo no pienso vender. Es una situación injusta y desesperante, y los pacientes están desesperados también.
“Los médicos en nuestro centro cobran 15 mil pesos la consulta, no quieren dejar a sus pacientes, hay una historia detrás. Además, esto se había creado, también, para aliviar un poco la carga sobre el HMC.
“Hoy IOSFA nos debe 110 millones de pesos. Nos tiraron hace poco 20 millones. Porque yo conozco a todos, y me conocen desde chica, yo me recibí de médica y empecé en el HMC, y debajo del presidente (de la obra social) hay un directorio, hay generales. Fue la nada, lo agradecí, pero no alcanza. Tuve que pedir un crédito al HSBC para pagar sueldos.
“Yo no tengo filiación política, nada… Incluso voté a Milei, quería un cambio. Pido que las pequeñas y medianas empresas que dan trabajo, que se las tenga en cuenta. No están cobrando y van a tener que cerrar.
La doctora Kura advierte que se pasó un límite. “No existe el IOSFA en el interior, la gente viene a atenderse acá” (se refiere a que donde no hay red de hospitales militares, como Buenos Aires o Córdoba, los afiliados tienen servicios de salud a través de prestadores). Ella misma dice que excepto a los pacientes oncológicos, empezaron a postergar turnos de la obra social militar. Y cuenta que ya se habla en el HMC de “dejar de recibir ambulancias, porque no hay dónde mandar a hacer estudios al no estar cobrando los prestadores”.
Junto con los salarios derrumbados, la situación del IOSFA está al tope de las preocupaciones en las FF.AA. Si bien supo tener otras crisis, la suba de costos de la salud desde la megadevaluación de fines de 2023 (medicamentos, prestaciones) generó una deuda crítica. Entre las causas del déficit se menciona desde los bajos aportes a causa de los salarios castrenses deprimidos; a la falta de auditorías; la falta de contribuciones “patronales” adecuadas (las mismas fuerzas, es decir, el Estado nacional), o los costos de la estructura administrativa de la obra social, de 2.700 empleados.
Fuerzas Armadas,Obras sociales,Luis Petri,Ministerio de Defensa,Javier Milei
POLITICA
Fabiola Yañez pedirá 12 años de prisión para Alberto Fernández
Los abogados Fabiola Yañez solicitarán 12 años de prisión para Alberto Fernández por las distintas agresiones que la ex primera dama sufrió a manos del expresidente, según la denuncia y la hipótesis de la Justicia. La causa tiene al expresidente procesado por tres distintos hechos violencia y se encamina al juicio oral.
La etapa de pruebas está concluida. Cuando la querella, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, realice el requerimiento de elevación y pida los 12 años de prisión, será el turno de la defensa del expresidente, en manos de la abogada Silvina Carreira, y luego del fiscal que instruyó el caso, Ramiro González, que en su dictamen acusó al exmandatario de lesiones leves y graves agravadas por un contexto de violencia de género y amenazas coactivas.
El juez Julián Ercolini, que procesó al expresidente por algunos de esos hechos, será quien tenga la última palabra y decida si eleva la causa a juicio oral o falta alguna medida de prueba adicional.
El caso se inició en agosto de 2024, luego de se hicieran públicos algunos chats que evidenciaban las presuntas agresiones por parte del expresidente y la ex primera dama decidiera instar la acción penal contra él. Los mensajes que trascendieron inicialmente pertenecían a una conversación en la que Yañez le decía a la entonces secretaria del presidente, María Cantero, que su jefe le pegaba.
Tras la denuncia, el juez Ercolini imputó al expresidente, le prohibió el acercamiento a Yañez y dio inicio a un escarpado proceso judicial que incluyó un allanamiento al domicilio del expresidente, peritajes de teléfonos, recusaciones fallidas, informes de distintos profesionales de la salud y varios capítulos de una guerra mediática pero asordinada entre el expresidente y Yañez, con acusaciones y denuncias cruzadas entre ambos.
En su declaración indagatoria, donde no contestó preguntas del juez ni del fiscal, el expresidente arremetió contra el juez Ercolini −a quien intentó sin éxito correr del caso−, negó las acusaciones y pidió su sobreseimiento. A través de un escrito, sostuvo que jamás ejerció violencia física contra su expareja, y que si alguien fue agredido en la pareja fue él, que debió soportar insultos y maltratos varios, agresiones que asoció a los reconocidos problemas de Yañez con el alcohol.
“Ninguno de los testigos que han pasado por esta causa han visto o han conocido de algún modo que yo haya tenido semejante conducta”, afirmó. “En este tribunal me siento como en la embajada de una potencia extranjera: aquí no se aplica la ley argentina”, sumó.
En febrero de este año, el juez Ercolini procesó al expresidente por los delitos de lesiones leves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades−; lesiones graves −agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja−; y amenazas coactivas. Además, trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes y resaltó la relación asimétrica entre ambos.
“Como todo supuesto de violencia de género, este también se encuentra asentado en una relación asimétrica de poder entre Fernández y Yañez. Así el desarrollo personal, profesional, la vida política y pública del imputado se encuentra por demás acreditado y se ve contrastado con el desarrollo que tuvo la víctima, incluso luego de iniciar la relación con el nombrado, se observa un bajo perfil”, afirmó el juez.
El procesamiento fue luego confirmado por la Cámara Federal.
marcelo bailaque,política
POLITICA
Juicio por YPF: el Gobierno trabaja en los detalles de la apelación y asegura que no transferirá las acciones
El Gobierno descarta presentar garantías ante la Justicia de los Estados Unidos para avanzar con la apelación del fallo que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del proceso. El Ejecutivo asegura que insistirá con el rechazo a la decisión de la jueza Loretta Preska a través de la vía judicial hasta “las últimas instancias”.
“No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio”, expresan en Nación. Dicho de otro modo, quieren evitar pagar la indemnización por US$16.100 millones y no transferirán el 51% de las acciones que Preska solicitó.
La Casa Rosada no da precisiones sobre la fecha en la que presentará la apelación del fallo, pero los equipos técnicos están trabajando para oficializarlo lo “antes posible”.
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En Balcarce 50 sostienen que no están preparando un esquema de pago con los fondos Burford y Eton que incluyan activos o dólares. La mesa política del presidente descarta además tomar deuda para cumplir con la sentencia. “No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas para pagar”, agregan.
El documento de apelación está a cargo de la Procuración General del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla. El abogado se reunió esta tarde con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia jurídica y discursiva del oficialismo, que cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo culpó por la estatización de la empresa.
El encuentro se realizó luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezara una reunión con la mesa chica de Nación, que integran Caputo; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Javier Milei presidió temprano una reunión de Gabinete.
El fallo de Loretta Preska dispuso: “Se concede la moción de los demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”.
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La definición de la jueza del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York se efectivizó mientras siguen sin resolverse las apelaciones por su decisión anterior que se tramitan en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La Argentina y Burford buscan la revisión del fallo de primera instancia. Mientras que el Estado argentino quiere que se revierta la sentencia, los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización.
La Casa Rosada le expresó a su equipo de abogados que retrasaran todo el tiempo posible el pago adjudicado por la Justicia de los Estados Unidos. Se trata del mismo esquema que aplican para todas las demandas contra la Argentina: apelar, solicitar la suspensión de los efectos e impulsar que un nuevo tribunal defina sobre el conflicto.
Gobierno, YPF
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