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La opinión mayoritaria de los constitucionalistas es que García-Mansilla debe dejar de inmediato la Corte Suprema

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La Constitución Nacional establece como regla para designar jueces en la Corte Suprema que deben ser nombrados por el Presidente y obtener el acuerdo del Senado (artículo 99 inciso 4). Javier Milei nombró a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla por decreto, amparado en otro inciso del artículo 99 (el 19), que prevé como excepción los nombramientos en comisión, como estos, y dice que “expirarán al fin de la próxima legislatura”; es decir, en principio, el 30 de noviembre.

Además, el Gobierno había enviado los pliegos de los dos jueces al Congreso para que fueran nombrados de forma definitiva. El Senado acaba de rechazar esos pliegos.

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La pregunta ahora es, asumiendo que su nombramiento fue constitucional (algo que está discutido y la Justicia aún no abordó), ¿puede García-Mansilla quedarse en la Corte después de que el Senado rechazó su pliego?

La Constitución no lo responde en forma expresa y no hay un fallo de la Corte que sea perfectamente trasladable al caso (básicamente porque la última vez que un gobierno constitucional nombró a un juez de la Corte en comisión fue hace más de 100 años).

La doctrina mayoritaria entiende que no puede quedarse, pero el Gobierno sostiene que sí, que la Constitución es clara y que no hay ninguna duda de que el juez en comisión goza de estabilidad durante todo el período legislativo. Sostiene que solo puede ser removido por juicio político.

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Defendió recientemente esta postura el constitucionalista Ricardo Ramírez Calvo, coautor con García Mansilla de varias obras de derecho. Ramírez Calvo citó un fallo de la Corte (”Dura”, 1932) que dijo que los nombramientos en comisión “otorgan a los designados la plenitud de los derechos inherentes a sus funciones hasta la expiración del plazo señalado” por la Constitución, y que sostener que pueden ser removidos sin juicio político va en contra de la independencia judicial.

Históricamente, la interpretación mayoritaria fue la contraria a la de Ramírez Calvo. En 1967, Germán Bidart Campos, referente del constitucionalismo argentino, escribió que si el Senado deniega su acuerdo al juez nombrado en comisión “la negativa senatorial explícita deja ipso jure e ipso facto sin efecto el nombramiento en comisión (para el futuro)”. Y añade: “Que la Constitución diga que el nombramiento en comisión expira al fin de la próxima legislatura no significa que el designado pueda siempre permanecer en el cargo todo ese lapso, a pesar del acuerdo expresamente denegado, sino solamente que permanecerá en el cargo durante dicho término en el único caso de que el Senado no se pronuncie”.

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El constitucionalista Pablo Manili sostiene, en el mismo sentido, que un juez nombrado en comisión y con su pliego rechazado por le Senado “no se puede quedar porque la designación de un juez de la Corte es un acto complejo, que requiere la voluntad del Presidente y del Senado” y que esto es aún más claro “desde la reforma constitucional del ‘94, que estableció requisitos más severos para el acuerdo del Senado, ordenando una sesión pública y dos tercios de los votos”.

Manili publicó el año pasado un artículo en La Ley en el que citó el caso “Montero”, de 1958, sentencia en la que la Corte sostuvo: “El funcionario designado en comisión cesa si el Senado rechaza su acuerdo, aun antes de expirar el período de sesiones. El inc. 22 [actual inc. 19] no ha tenido por finalidad asegurar al funcionario nombrado una inamovilidad irrevocable durante todo el período legislativo”.

No fue en un caso como el de García-Mansilla porque la designación del juez Belisario Montero, al que se refiere el fallo, no era para la Corte y porque había sido designado en comisión por un gobierno militar. En 1958 asumió Arturo Frondizi y cubrió con nombramientos definitivos los cargos que estaban cubiertos en comisión. Entre los juzgados en juego estaba el de Montero, que fue desplazado cuando el Senado le dio acuerdo a otra persona para el cargo que ocupaba él. Montero llegó a la Corte con su reclamo para quedarse hasta el final del “período legislativo”, pero la Corte rechazó su planteo.

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La voluntad del Senado

El constitucionalista Gustavo Arballo coincidió en que, tras el rechazo del pliego por parte del Senado, quien fue designado en comisión no puede seguir, aunque la Constitución diga que su cargo expira “al fin de la próxima Legislatura”. Afirmó: “Que esto esté escrito así (para evitar las comisiones ‘a perpetuidad’ si el pliego queda en un limbo sin rechazo ni acuerdo) no implica que sea la única causal, porque debe verse en contexto como el recurso sucedáneo y transitorio, un procedimiento excepcional, que no puede imponerse frente a la voluntad ya luego declarada -negativamente- por el Senado”.

Manuel García-Mansilla, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

“Pero hay algo -advirtió Arballo-: de ese modo el Presidente podría invocar la vacancia en cada receso para nombrar sucesivos (o los mismos) candidatos en cada fin de legislatura haciendo estéril e irrelevante el desacuerdo del Senado para cada uno de ellos. Ese efecto posible y forzosamente asistemático en sus consecuencias es ilustrativo del absurdo de aceptar su continuidad con el pretexto literalista.”

Arballo insistió: “Un argumento rebuscado para confirmarlo: imaginemos que habiendo una sola vacante un presidente designa a Pedro en comisión, pero por alguna extraña razón, envía al Senado el pliego de Juan, que obtiene acuerdo. Es evidente que el nombramiento de Juan como regular desplaza -y hace cesar- el nombramiento comisionado de Pedro, que no podrá invocar que tiene cargo ‘hasta el fin de la próxima legislatura”.

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“Esta misma noche”

Para el constitucionalista Roberto Gargarella, no se necesita recurrir al fallo “Montero” para atender a un “problema sustantivo”, que es que “la vía utilizada por el Ejecutivo para designar jueces no se encuentra constitucionalmente habilitada”. Gargarella dijo: “Nadie puede ser juez de la Corte sin el apoyo de dos tercios del Senado en sesión pública. Fin de la discusión”. Para él, García-Mansilla “se encuentra usurpando un cargo desde el momento en que avaló y aceptó esa designación palmariamente inconstitucional” y “a esa situación tan grave se agrega la falta seria cometida por la Corte, al tomarle juramento -un hecho que no se explica por resguardo de la Constitución o de los valores republicanos, sino por razones vinculadas con las internas que parecen gobernar a la vida del tribunal-”.

Gargarella afirmó: “Rechazado su pliego por el Senado, él debe dejar su lugar esta misma noche, o se lo deberá remover por la fuerza pública. Ni entro a considerar lo que implicaría la situación contraria -una situación de gravedad institucional extrema, que habilitaría a todo presidente futuro a seguir actuando como si el Senado no existiera-. Tampoco considero el riesgo (imaginable) de una mayoría de la Corte que, otra vez por razones oportunistas, autointeresadas y de corto plazo, que busque apañar la ‘resistencia’ que pudiera ensayar García-Mansilla. Quiero confiar en su dignidad moral, más allá de que él, en poco tiempo, haya dado tantas y serias razones para que no lo haga”.

Un problema de fondo

La constitucionalista María Angélica Gelli afirmó: “Debería obedecerse la decisión del Senado, guste o no. El decreto del Poder Ejecutivo no puede bloquear el poder del Senado para examinar los pliegos y dar acuerdo o no. Así como el Senado puede aprobarlos, los puede desaprobar”.

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Gelli afirmó que “la designación en comisión es hasta tanto se expida el Senado”. Para ella, en estos casos hay un problema de fondo. “El decreto de designación firmado por Milei es irrazonable porque no se han evaluado las impugnaciones, sobre todo de uno de los jueces, que eran muy serias”.

Gelli destacó que “el mismo decreto de Milei dice que los nombramientos se hacen ante la inacción del Senado” y afirmó: “Si la hubo [la inacción], que a mí me parece que no, ahora no hay dudas: se pronunció y no hay nada más que hablar”.

La constitucionalista advirtió que sostener lo contrario además generaría un problema en los tribunales porque se multiplicarán los pedidos de nulidad de los fallos que firme García-Mansilla de acá en más. “Implicaría una judicialización de cada sentencia de la Corte”, advirtió.

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En medio de la interna peronista, Tolosa Paz se inclinó por Axel Kicillof y pidió “pensar el peronismo a 20 años”

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La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz se refirió a las internas dentro del peronismo y le restó dramatismo a las tensiones que, por estos días, agitan el debate sobre la conducción del espacio. De todos modos, se mostró convencida de que Axel Kicillof es quien debe liderar el futuro del movimiento: “Hay que pensar el peronismo de acá a 20 años, y Axel es el que puede”, afirmó.

Sobre la posible disputa entre el gobernador bonaerense y Cristina Kirchner, Tolosa Paz minimizó cualquier eventual choque. “La discusión entre Axel y Cristina termina en dos minutos”, aseguró. Y enfatizó: “Axel no le dedica ni el 0,1% de su tiempo a la interna. Está enfocado en gobernar, que es lo que hay que hacer”.

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Para la diputada, Kicillof y Cristina Kirchner son “los referentes más importantes” que hoy tiene el peronismo. Su diagnóstico es claro: no hay lugar para diferencias y, llegado el momento, “los liderazgos se ordenarán de manera natural”.

Victoria Tolosa Paz junto a su esposo, Enrique «Pepe» Albistur, en el sector de playa del parador Hemingway en Cariló.Marcelo Aguilar / Enviado Especial –

Por otra parte, Tolosa Paz apuntó con dureza contra el gobierno de Javier Milei y, especialmente, contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “La excita la represión, la pone exultante”, lanzó este domingo en el programa radial A confesión de parte, en diálogo con la periodista Romina Manguel en FM Milenium.

Además, denunció una maniobra política vinculada al oficialismo tras la difusión de un video que involucró a su pareja, el publicista Enrique “Pepe” Albistur. “El video de Albistur fue una operación de Santiago Caputo para tapar la agresión que vivimos, donde un militante suyo puso en peligro la vida de mis hijos y mis nietos”, advirtió.

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En su análisis sobre el rumbo del gobierno, Tolosa Paz fue contundente: “Tengo la certeza de que Milei va a fracasar”. Para la diputada, el ajuste llevará a un colapso político. “Dispuso el ajuste más brutal en materia social que tengamos memoria. Pasó la motosierra con maldad”, sostuvo, y comparó la actitud del Presidente con la de “un chico” que no sabe gestionar la frustración: “Tiene una limitación muy grande para manejarla”, remarcó.

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POLITICA

Rosca en el Congreso con tufillo electoral y dura pelea por el presidente cripto

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Intentan bloquear la cripto-comisión

Oscar Zago tenía que a subirse a un avión el sábado por la noche rumbo al Distrito Federal de Washington junto a un grupo de senadores, diputados y empresarios, en una misión amparada por la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), una entidad sin fines de lucro que se parece mucho a un partido político. Se quedó para a atender uno de los tantos mostradores de su tarea en el oficialismo. Esta vez tuvo que participar en la decisión de quién presidirá la Comisión Investigadora del negocio paraestatal de la cripto moneda Libra que compromete a la cúpula del gobierno.

Según el debate que enreda a oficialismo y oposición, la comisión está empatada y llegan a la final, para presidirla, Zago y Oscar Agosto Carreño, del bloque Encuentro Republicano Federal por la oposición negociadora, que actúa como el «centrão» en la Cámara de Diputados. Sí pudieron subir al avión rumbo a los Estados Unidos dos colegas. El diputado Pablo Ansaloni, que migró de la FE del Momo Venegas a La Libertad Avanza, y el exdiputado radical Alejandro Cacace que se desreguló con una changa en el gabinete junto a Federico Sturzenegger.

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Buscan una bisagra

El Gobierno busca aprovechar ese empate para desplegar una estrategia de bloqueo de la comisión, a partir del argumento de que la parda 14 a 14 impide elegir un presidente. La oposición rechaza que ese cargo lo ejerzan diputados que votaron en contra de la creación de la comisión. El oficialismo rechaza que el titular sea un peronista.

Esto abre el camino para el «centrão» que representa el bloque de Miguel Pichetto, bisagra en otras situaciones de bloqueo, que buscará la presidencia para alguno de sus dos representantes, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño.

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Massot es un duro opositor y ha llegado a señalar en el recinto, sin nombrarlo, a Martín Menem como uno de los participantes en la trama de la Cripto Libra. Agost es más moderado y actúa como secretario del bloque, y tiene una habilidad concurrente. Es heredo-riojano (aunque representa a Córdoba donde es presidente del PRO de esa provincia), y conoce como pocos a los primos Menem que le gobiernan a Milei como si supieran.

Zago y la pelota sobre la raya

Tirando para el medio, el Gobierno vuelve a pensar en Zago, que se va convirtiendo en otro diputado bisagra, que saca la pelota sobre la raya. Ya se quedó con la Comisión de DNU, que se había trabado entre oficialismo y oposición, y se apoderó de la diferencia a favor del gobierno. Martín Menem ya le avisó: «Estamos pensando en vos para la Comisión Investigadora».

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En la votación para aprobar la comisión, Zago se abstuvo. Eso lo salva del reproche de la oposición, aunque es opositor. Ya facilitó el empate 14 a 14 al armar una entente con el PRO. Ahora puede ser de nuevo la solución para un oficialismo que se metió solito en este lío. Zago, en el diálogo que tuvo con Menem, pudo adelantarle otro paso táctico en su irresistible ascenso como bisagra del poder: renunciará a su cargo en la Comisión de Juicio Político.

Es vocal y cuando presidía el bloque de La Libertad Avanza respaldó la designación en la presidencia de Marcela Pagano, a quien rechazan los primos Menem. Ese entripado le costó la presidencia del bloque a Zago, que se fue a un bloque propio. La Comisión de Juicio Político es en la que más celo debe poner un presidente. Pero es el escenario donde puede terminar el CriptoGate.

Los amigos, más caros que los enemigos

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El Gobierno repite la rutina de arriesgar prestigio y posiciones de poder. El CriptoGate vuelve al escenario después del duelo colectivo por la muerte del papa Bergoglio con el mismo doble formato original. La interpelación en Diputados a funcionarios, como el jefe de Gabinete -que está reglamentariamente a tiro de destitución-, puede terminar en un escenario teatral de exhibición de músculos por parte del oficialismo y de la oposición.

El miércoles se agrava el riesgo del oficialismo porque se constituye la Comisión Investigadora que decidirá qué responsabilidad le cabe al Presidente en este affaire, que ya navega en la Justicia local y la de afuera (España, Estados Unidos). Esta instancia es más comprometedora porque, además, el Gobierno queda atrapado entre fuerzas que son más poderosas que él:

1) La oposición frontal del peronismo que mocionó ya, en vano, por la apertura de un juicio político a Javier Milei.

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2) Los socios del oficialismo en el PRO y la UCR que juegan al trueque de favores. Apoyarán al Gobierno en la investigación a cambio de apoyo a candidaturas en las elecciones, o dinero para las gobernaciones en las que se referencian.

Diagnóstico equivocado

El Gobierno pudo evitar este retablo inconveniente para su prestigio justo antes de las elecciones legislativas, pero ha sido víctima de un diagnóstico y una estrategia equivocados, que le han impedido consolidar su fuerza. Ha preferido desacreditar a la política y sus representantes en el Congreso antes que exponer al presidente y a sus funcionarios del área económica para dar explicaciones de sus DNU, o de la ausencia, por segundo año consecutivo, de un presupuesto.

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Este desaire se basa sobre el prejuicio improbable de que Milei es un outsider que se ganó el cargo porque captó la mayoría de los votos con sus ocurrencias de comunicación. En realidad, es presidente porque el electorado de Cambiemos se quedó huérfano de candidato con el colapso de la candidatura de Patricia Bullrich. Ese electorado que expresó a más del 40% de los votos en las elecciones desde 2015 en los distritos más grandes de la Argentina se volcó en un 90% hacia Milei, habilitado por el balotaje, con tal de que el peronismo de Sergio Massa no continuase en el poder.

La pócima transaccional

Ese diagnóstico lo hace depender de sectores del macrismo y del radicalismo que lo llevaron al cargo, al punto que el destino de la pesquisa depende del afán que le pongan los representantes de los bloques que presiden Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo. La actitud que tomen en la comisión depende de cómo tramite el oficialismo las relaciones con el PRO en toda su gama -los hay macristas y bullrichistas- y con el radicalismo.

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En trapicheo se juegan los sueños electorales de De Loredo, que busca el apoyo de La Libertad Avanza para renovar su banca en Córdoba, y los de Diego Santilli de encabezar la lista en Buenos Aires. Según lo que pase en esta cripto-comisión, subirán o bajarán las acciones de neo-mileístas de esos distritos, que se sostienen por su relación estrecha con Olivos, dígase Luis Juez o José Luis Espert.

El oficialismo ya probó un trago de esta pócima transaccional. La comisión tiene 28 integrantes y, antes de comenzar, se presenta empatada entre 14 oficialistas que buscarán que nunca sesione y 14 opositores que quieren que avance hasta determinar responsabilidades políticas. En la semana que pasó Martín Menem convocó a los 14 oficialistas y le faltaron algunos.

Hubo pánico por las ausencias de Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, dos radicales del bloque de De Loredo, pero que además tributan al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo que vive orejeando el mazo en sus relaciones con el Gobierno. Tampoco fue Agustín Domingo de Innovación Federal, que se ausentó después de que YPF anunciase que no hará una planta de gas en Río Negro, que gobierna Alberto Weretilneck, otro adalid de la oposición transaccional.

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Asesores secretos

Agost, junto a Silvia Penacca, la secretaria del bloque Unión por la Patria, trabajan desde hace dos semanas en el borrador de dos reglamentos: para la interpelación del martes y para la constitución de la Comisión Investigadora. Deben adaptar las normas vigentes, que nacieron para un sistema político bipartidario, al actual mapa balcanizado de 2025.

Del lado del radicalismo marrón la tarea la hacen Silvina Giudici, que en este trámite ha sido de un mileísmo extremo, más oficialista que los diputados de La Libertad Avanza. En la preparación del escenario de la interpelación y para la tarea de la comisión, los secretarios de los bloques han entrevistado a expertos en cripto monedas y otras especies del mundo de las finanzas para dominar los detalles del negocio.

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Ocultan los nombres porque hay algunos que han estado estrechamente vinculados con el propio Milei que han encendido algunas luces sobre aspectos escondidos que van a parecer en las preguntas a los funcionarios y en las medidas que ordene la comisión. También se han leído todas las interpelaciones que han ocurrido desde 1983 para coachear a sus diputados.

No hay registro de interpelaciones desde 1996. Hubo comisiones investigadoras más recientes. Los pesquisantes quieren evitar problemas que hubo en el pasado. Buscan sacar lección de comisiones míticas como la que investigó la estatización de la compañía de electricidad Italo durante el gobierno militar. Quieren asegurarse la legalidad de órdenes de allanamiento que puedan ordenar. En la investigación de la Italo la Justicia invalidó algunas medidas porque faltó la venia judicial.

El reglamento con el que aspira a funcionar la comisión prevé pedir el auxilio a la fuerza pública a los testigos que se nieguen a comparecer. El Congreso parece encontrar en estos procedimientos la contracara al autoritarismo del Gobierno para administrar por DNU y desairando al Poder Legislativo. Un riesgo innecesario que depende del prejuicio de que hay que gobernar con las mismas consignas de la campaña. Hacer campaña es confrontar, mientras que gobernar es concertar.

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Sin acuerdo, tropezones

La comisión investigadora de la estatización de la compañía Italo de Diputados actuó entre 1983 y 1985 y tenía un ingrediente que no tiene esta comisión. Se fundamentó en un acuerdo político entre el radicalismo que gobernaba y la oposición peronista. El proyecto de comisión lo presentó el diputado Julio César Aráoz y la presidencia la ejerció Guillermo Tello Rozas. Fue tras una negociación de la que participaron Raúl Alfonsín, Diego Ibáñez (sindicalista de YPF), César Jaroslavsky, Vicente Saadi y otros.

Fue una antesala del juicio a las juntas militares que incluyó la declaración de Jorge Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti y José Martínez de Hoz, entre otros, antes de que fueran juzgados por los delitos durante la represión clandestina de las guerrillas. Los diputados les negaron el uso de uniforme cuando declararon en el palacio del Congreso. Martínez de Hoz incluso fue detenido cuando declaró ante los diputados. Saadi aportó con la negativa a que la comisión fuera bicameral, como propuso en esta ocasión Zago, razón de la abstención cuando se aprobó la comisión por el CriptoGate.

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Javier Milei,Axel Kicillof,Cristina Kirchner,Mauricio Macri

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Chaco | Primer test electoral para la alianza entre radicales y libertarios, con Zdero y Capitanich como antagonistas

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CORRIENTES.- Sin clima electoral evidente aún -pese a la realización de un primer debate televisado de candidatos-, con las calles prácticamente limpias de cartelería proselitista, pero con un moderado movimiento de las campañas en los territorios digitales, la provincia del Chaco encara las últimas dos semanas antes de las elecciones legislativas previstas para el 11 de mayo, en la que se renovarán 16 bancas de la Cámara de Diputados, pero también, en la que se pone en juego mucho más que eso.

Para la mirada nacional, lo que se testeará por primera vez en el Chaco será el acuerdo que el radicalismo cerró con La Libertad Avanza, el primero del país y que podría convertirse en un modelo a seguir en las futuras elecciones distritales que jalonarán el camino hacía las nacionales de octubre. Sobre todo, por el resultado de la elección de convencionales de Santa Fe y el tercer lugar obtenido por la boleta libertaria.

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En total habrá once listas en cada cuarto oscuro chaqueño, pero el escenario nació y creció polarizado entre el oficialismo liderado por el gobernador Leandro Zdero y la oposición que encabeza Jorge Capitanich, a quien Zdero arrebató el sueño de un cuarto mandato al frente de la provincia en las elecciones de 2023.

Zdero es el adalid del espacio encabezado electoralmente por Julio Ferro, subsecretario de Legal y Técnica de la Gobernación; mientras que Capitanich lidera el kirchnerismo provincial como presidente del PJ, pero también como primer candidato.

El exgobernador de Chaco y actual candidato a diputado provincial Jorge CapitanichPablo Caprarulo PDC – Télam

La grieta se sustenta igualmente entre los candidatos prácticamente desconocidos que postula el gobierno radical y la vieja guardia peronista que encontró en la trayectoria de sus dirigentes un elemento aglutinante y atenuante de las diferencias internas, porque si bien el PJ buscó y logró cierta unidad mayoritaria, no consiguió frenar un desgajamiento que podría ser decisivo a la hora del recuento de los votos. Se trata del frente “Primero Chaco”, que irá con boleta propia. Sus candidatos son Atlanto Honcheruk, exintendente de Villa Berthet y diputado provincial, y Magda Ayala, intendenta de Barranqueras.

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Un análisis político más lineal diría que esta elección de medio término servirá para renovar 16 bancas en la Cámara de Diputados, la mitad del único cuerpo colegiado en esta provincia de régimen unicameral. Se trata de una parada electoral en la que el PJ pondrá el juego 8 escaños (6 del Frente Chaqueño y 2 del CER), contra los 7 del oficialismo (6 bancas del radicalismo y 1 del Frente Integrador).

Pero es más que eso. Primero porque el gobierno, del que todos los encuestadores dicen que ganaría la elección, debe primero verificar ese pronóstico, y a partir de allí, ver si puede mejorar la conformación oficialista del parlamento para evitar la dependencia de otros bloques para la sanción de cada una de las leyes que necesita y manda a la cámara. Para Zdero, 9 escaños es el número mágico.

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en una de sus visitas a la Casa RosadaMariano Blanc

“Pero, antes que eso, lo que el gobernador pone en discusión es si en estos dos años logró consolidar su poder y, en todo caso, si logró romper el núcleo duro del voto peronista que en el Chaco, aun fuera de la administración central, goza de buena salud”, dijo a una analista equidistante del poder político provincial.

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Será crucial para Zdero porque dependerá de este resultado su proyección para 2027. Lo será también para Javier Milei, pues eleva a la consideración pública un acuerdo en el que radicales y libertarios se sienten incómodos, más allá del pragmatismo aplicado para sellar este pacto de intereses concurrentes en dos tiempos: uno ahora en mayo y el otro en octubre, cuando se diseñen las listas nacionales.

El PJ, en tanto, pone todo lo que tiene, empezando por Capitanich, seguido por la diputada nacional María Luisa Chomiak y el intendente de Castelli, Pio Sander, para ratificar su poderío electoral, y en todo caso para ver si esta elección oficia de trampolín para octubre, pues cada vez suena con mayor fuerza que la candidatura de Capitanich diputado provincial es una estrategia testimonial: un entrenamiento para ser candidato a senador nacional en octubre.

Si la lista de Zdero gana holgadamente y además el PJ divide votos y el sector disgregado consigue más de un legislador, Capitanich verá de cerca sus documentos de retiro. Al menos se le hará cuesta arriba imponer sin discusión su pretendida candidatura nacional de octubre.

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Mientras todo eso ocurre, la estrategia de campaña es una sola en ambas carpas divididas por la grieta ideológica: la polarización. “Chaco Puede”, la alianza radical con La Libertad Avanza, prevé profundizar la pelea con el kirchnerismo corporizado en Capitanich, pues interpretan que mantener vivo el recuerdo de la debacle final de la gestión justicialista incentivará a muchos a mantener el respaldo a Zdero.

“Por ahora el gobernador aguanta los dardos disparados por Capitanich, pero es un hecho que saldrá a dar pelea de manera más contundente cuando la votación esté más cerca”, dijo un armador de su equipo.

La corrupción será el eje central de las estocadas finales, ayudado por el trabajo judicial que mueve expedientes, genera allanamientos y detenciones y exhibe la obscenidad del desvío de dinero presumiblemente público, como pasó el último jueves con Fernando Adrián Ayala, un coordinador piquetero involucrado en una causa federal por lavar dinero de planes sociales, en un trama que involucra a la política chaqueña y a funcionarios del ex gobernador Capitanich.

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Marcela Acuña y Emerenciano Sena, ahora encarcelados por el caso de la desaparición de Cecilia

En el “Frente Chaco Merece Más” apuntan a lo mismo: creen que abonar la grieta contribuirá a que la boleta peronista sume votos entre los descontentos con Milei y Zdero, entre los que se sienten excluidos por la economía libertaria, e incluso entre aquellos que no adhieran convencidos a la oferta electoral del “coquismo”, pero la ven como una manera eficaz de expresar su malestar.

Una muestra muy gráfica de esto ocurrió el miércoles pasado en el primer debate realizado en la localidad de Villa Ángela entre los candidatos a diputados provinciales por Chaco. Estuvieron todos, pero la discusión se centró en Ferro, Capitanich y Honcheruk, quienes presentaron sus posturas en torno a ejes cruciales como el desarrollo económico, humano y de seguridad, aunque aprovecharon la ocasión para tirarse con de todo. A lo largo del debate, los candidatos intercambiaron acusaciones. Corrupción y pobreza fueron las palabras más utilizadas. El 30 se verán de nuevo, pero en Resistencia.

Salvo la aparición de un cisne negro, según las encuestas “Chaco Puede” sería la fuerza más votada, mientras que “Chaco Merece Más” ocuparía el segundo lugar. Tercero saldría “Primero Chaco” y la atención estará puesta en este resultado, porque de eso dependerá la vida futura de Capitanich.

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“Las otras ocho opciones aparecen lejos en las encuestas, seguramente aplastadas por la polarización de las fuerzas mayoritarias”, dijo Alejandro Pegoraro, consultor de Politikon Chaco. Un pronóstico conservador, para el consultor, sería el siguiente: 8 bancas para Zdero, 7 para Capitanich y 1 para Honcheruk. Aunque también podría darse un 6-2 en el bloque opositor.

“Esto es así porque el piso peronista en el Chaco es muy fuerte, de al menos un 35%. Recordemos que Zdero ganó la gobernación con poco más del 46%, pero sobre todo, recordemos que Capitanich perdió el gobierno sumando más del 41% de los votos y con todo el peso del femicidio de Cecilia Strzyzowski en sus espaldas. Y perdió por la división con los sectores que hoy se encuentran en su espacio”, remarcó Pegoraro.

De todas maneras, el desacople o lejanía de las demás fuerzas menores no tiene que ver sólo con estrategias mal diseñadas, sino también con cuestiones económicas. Solo para imprimir boletas se habla de un costo cercano a los 100 millones de pesos.

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Un consultor independiente con trabajos sostenidos en el Chaco dijo a que esta será una elección de “voto negativo”. Salvo los convencidos, muchos votantes utilizarán su herramienta a modo de castigo, repartiendo responsabilidades entre el oficialismo y la oposición. Esa misma perspectiva puede que juegue a favor del espacio de Honcheruk, pues es una alternativa de castigo entre los peronistas heridos por Capitanich.

“Ya se ve que es una campaña de contraste y de acusaciones cruzadas, que puede escalar cuando el gobierno conteste todos los dardos personalizados del PJ. Pero otro dato interesante a verificarse tiene que ver con la movilización”, añadió el analista, y recordó que en Chaco no hay elecciones legislativas comunales de medio término, es decir que los concejales entran con los intendentes y se van con ellos.

La pregunta que surge entonces es cómo trabajarán los intendentes en sus territorios sabiendo que el resultado electoral provincial no modificará la correlación de fuerzas en su metro cuadrado. Para contextualizar aún más este detalle hay que decir que el gobierno cuenta con aliados en los municipios más importantes, mientras que el PJ tiene cabezas de playa en muchas comunas intermedias y chicas.

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El 11 de mayo, de 8 a 18 y con boleta única de papel, Chaco renovará 16 bancas de la Cámara de Diputados. Competirán estas 11 listas:

Ya se encuentra habilitada la consulta del padrón definitivo en el sitio web del Tribunal Electoral provincial. Para votar es necesario figurar en el padrón y presentarse con un documento de identidad habilitado. El voto es obligatorio para los ciudadanos a partir de los 18 años.

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