Luego de que el Gobierno anunciara este lunes el cierre y la reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo que dependía del Poder Ejecutivo, desde la oposición criticaron en duros términos la decisión que dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni. “No es eficiencia: es abandono. No es reforma: es desmantelamiento del Estado”, sostuvo José Cano.

El exsenador y exdiputado de Juntos por el Cambio, y extitular de la Unidad del Plan Belgrano Norte durante la gestión de Mauricio Macri también señaló en su cuenta de X: “En un país con rutas destruidas, más accidentes de tránsito y familias que pierden seres queridos por el abandono estatal, Milei decide cerrar Vialidad Nacional”.

Asimismo, se refirió al vencimiento de la emergencia que estaba estipulado en la Ley Bases. “A horas de que se le terminen las facultades delegadas -este miércoles-, decreta el cierre de un organismo clave para la conectividad y la seguridad vial», dijo al tiempo que afirmó: “No es ajuste, es castigo a todos los argentinos. Siguen profundizando el abandono estructural”, completó Cano.

Otra de las voces que se pronunció respecto a la medida del Gobierno fue la de la diputada santafesina Florencia Carignano de Unión por la Patria (UxP) en la misma red social.

“Mañana eliminan Vialidad Nacional y concesionan más de 9200 Km…. Privatizan las rutas, eliminan el INTA [Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria], eliminan el Instituto Nacional del Cáncer y de Enfermedades Cardiovasculares. Y no se podrán crear nuevos hospitales nacionales», apuntó.

Y reflexionó: “Por qué y de una vez no eliminan a los 30 millones de argentinos que le sobran a este modelo económico que solo beneficia a Javier Milei y sus amigos empresarios”.

“Lo que está quedando de país es inviable -afirmó la diputada-. Luis Caputo andá sacando pasaje, si es que esta vez te logras escapar», concluyó.

La exdiputada de izquierda Myriam Bregman destacó la labor de los trabajadores de Vialidad en todo el país y advirtió que su disolución implicará “un salto en el deterioro de las rutas que ya están gravemente afectadas por la falta de fondos y obras”.

En ese marco, subrayó: “Las y los trabajadores de Vialidad son los que permiten la conexión de infinidad de ciudades y pueblos, realizan la asistencia y el despeje de caminos cuando se producen catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca y Zárate-Campana. Ahora, en pleno invierno, son quienes hacen el despeje de hielo y nieve en las rutas de la Patagonia y regiones de la Cordillera”.

“El gobierno busca privatizar las rutas y la obra pública para favorecer los grandes negociados. Quieren destruir los organismos de control como el de Vialidad, para que las empresas hagan lo que quieran”, aseguró.

Por su parte, el extitular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Pablo Martínez Carignano publicó también en X: “La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya no existe”.

“Fue destruida por la ignorancia criminal de Federico Sturzenegger y Javier Milei y por la cobarde entrega de los funcionarios actuales. Una tragedia anunciada”, expresó.

El representante de la juventud radical Agustín Rombolá remarcó, en línea con Bregman, el perjuicio a los empleados que desempeñaban tareas en el organismo que cerró Milei: “Cierran Vialidad Nacional, un organismo que garantiza la logística para que nuestros diezmados sectores productivos sean competitivos”.

“5 mil compatriotas sin trabajo. 47 millones, sin obras. Odian al Desarrollo. Odian al Progreso. Odian a la Argentina”, cerró.

En diálogo con LN+, el senador Martín Lousteau se sumó a la defensa de los trabajadores: “¿Saben cuántos empleados tiene Vialidad? 5300. Son muchos. Hay gente capacitada pero no la mayoría. Para planificar la distribución de rutas y que ya no funciona, necesitas gente capacitada. No hay econometristas que miden cuánto tránsito va a pasar, cuál es el costo”.

A diferencia de otras opiniones, dijo que ve como un “acierto” que el Gobierno se replantee la eficiencia del organismo: “Es una estructura que requiere ser modificada. Veo como acierto la preocupación de decir ‘esto así no funciona’. Es como un supermercado donde cada uno de los gobernadores va en busca de su propia obra, que muchas veces no es eficaz para la totalidad del sistema. Por ende, el sistema total de rutas en la Argentina es caro de mantener, porque no está diseñado de manera óptima”.

Asimismo, contrastó: “Dicho esto, si contamos lo pavimentado, tenemos más de 30 mil kilómetros de ruta. Hay una parte que se va a concesionar. Veremos cómo funciona. Veremos cuánto tiempo tarda en ser concesionado, quienes participan, cuándo se adjudican. No tenemos las mejores experiencias en el pasado -consideró Lousteau-. Después está todo el resto que hay que mantener”.

“El Gobierno hizo una explicitación de que [Vialidad] es algo que no funciona. Ahora, ¿qué es lo que se está construyendo que va a funcionar? No lo veo. Como en muchas otras cosas, el Gobierno dice ‘esto no funciona, es ineficaz, hay demasiada gente’. Pero después lo que hace es dejar esa estructura por ahí y tratar de buscar otra solución. En muchos casos, todavía eso no lo vemos. Lo viejo pervive y lo nuevo no termina de arrancar”, concluyó.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, solicitó que Cristina Kirchner mude el lugar de su arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. Villar argumentó que la permanencia en su departamento de Constitución representa un riesgo para la seguridad de la propia exmandataria y altera la vida del barrio. La defensa no solo rechazó este traslado, sino que también pidió que se le retire la tobillera electrónica y se anule el régimen de visitas.

El fiscal general Mario Villar fundamentó su pedido de cambio de domicilio para el arresto en dos razones centrales. La primera se enfoca en el “riesgo de seguridad de la condenada”. Villar sostuvo que las apariciones de Cristina Kirchner en el balcón de su departamento, ubicado en un segundo piso en la calle San José 1111, la exponen a un peligro innecesario.

El fiscal recordó también el antecedente del intento de magnicidio que sufrió y señaló que su custodia ya demostró ser ineficaz para prevenir un ataque de esa naturaleza.

El segundo motivo se relaciona con la alteración de la tranquilidad del barrio de Constitución. El fiscal mencionó las constantes manifestaciones de militantes, los problemas de higiene derivados y los recurrentes llamados de los vecinos al servicio de emergencias 911.

Según su planteo, la detención en ese lugar perturba la vida cotidiana de toda la zona. Por ello, aunque aceptó la modalidad domiciliaria, consideró razonable que la defensa ofrezca una locación alternativa.

El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, rechazó de plano la posibilidad de un traslado. Sostuvo que la elección de la propiedad de la calle San José no es arbitraria, sino que “es el domicilio que le corresponde”, ya que Cristina Kirchner reside allí desde 2022.

El letrado desacreditó un informe de la Procuración de la Ciudad que advertía sobre las molestias al vecindario. Afirmó que las manifestaciones ya no ocurren y que, por el contrario, la seguridad en la zona mejoró.

Beraldi enfatizó que la condición de condenada no puede anular su vida social y familiar. Argumentó que su edad, 72 años, y su condición de mujer son factores que justifican el cumplimiento de la pena en su hogar, una postura que, recordó, el propio juez Gustavo Hornos defendió en recomendaciones sobre la ejecución de penas.

La defensa calificó el uso del dispositivo electrónico de control como una medida innecesaria y con una clara “implicancia simbólica para molestarla y humillarla”. Beraldi fue tajante al respecto: “Pensar que Cristina se va a escapar es una burla”. Subrayó que la exmandataria es “una de las personas más conocidas del país” y que cuenta con una custodia policial permanente las 24 horas.

Para el abogado, el único propósito de la tobillera no es evitar una fuga, que considera improbable, sino funcionar como un “mecanismo innecesario y burdo” con fines de hostigamiento.

Otro de los puntos centrales del reclamo de la defensa fue la anulación del actual régimen de visitas. Actualmente, solo su familia, abogados, médicos y custodios pueden ingresar al domicilio sin autorización previa. Cualquier otra persona debe solicitar un permiso especial y motivado al Tribunal Oral Federal N°2.

Beraldi argumentó que esta regla es inédita y “carece de base legal”. Cuestionó con qué criterio los jueces podrían aprobar o denegar una visita, ya que no existe una ley que regule esa facultad. Sostuvo que la norma es de cumplimiento imposible y deja la decisión en manos de la total discrecionalidad del tribunal.

Frente a los planteos de Beraldi, el fiscal Villar defendió la legalidad de las medidas vigentes. Sobre el régimen de visitas, afirmó que es una limitación razonable y análoga a la que rige para los presos en las cárceles, quienes también deben solicitar permisos. Sostuvo que las personas condenadas tienen una expectativa de privacidad menor que el resto de los ciudadanos.

Villar también fue contundente respecto al uso de la tobillera. Recordó que la ley de ejecución penal establece que se “exigirá” el uso de un dispositivo electrónico de control en casos de arresto domiciliario. Indicó que el tribunal no tenía otra opción más que imponerla.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.