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La oposición le pide a Kicillof «bajar el gasto en personal al 30 por ciento del presupuesto»

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Para iniciar, el legislador Marcelo Daletto comparó datos del presupuesto del 2023 con el actual: «El gobernador dio aumento de sueldos por encima de la inflación cuando el dinero no está, entonces esta es una alerta. En diciembre pagamos 320.000 millones en salarios, este mes pagamos 640.000 millones, o sea, teníamos problemas a fines del año pasado y hoy se está gastando el doble», precisó.

En ese sentido, Daletto comentó que el gasto en personal representaba el 50 por ciento del presupuesto en la gestión de Daniel Scioli, bajó al 42 por ciento con María Eugenia Vidal y Axel Kicillof aumentó la cantidad de empleados bonaerenses en 100 mil, pero mantuvo el nivel de gasto en un 42 por ciento. «Eso hay que destacarlo», expresó el senador oriundo de Chacabuco.

No obstante, consideró que «sin ánimo de generar una polémica de vida o muerte con los gremios, para mí habría que bajar el gasto en personal al 30 por ciento del presupuesto».

«La provincia de Buenos Aires gastaba el 3 por ciento en obra pública con Scioli, con Vidal y Kicillof pagaba el 7 por ciento por año, este gasto tiene que estar en el 20 por ciento, así no tendríamos problemas hídricos, de inundaciones, viales, de iluminación. Ese es el egreso importante que tiene que tener la provincia de Buenos Aires», explicó. Por lo cual argumentó: «Hoy hay gastos fijos, un 42 por ciento en personal, un 18 en jubilaciones, un 14 – 15 por ciento en transferencia a los municipios porque de ciertos impuestos se arma una masa coparticipable que va a las comunas».

«Prevenir es mejor que curar, esta es una alerta. Ahora esto no termina a fin de año, sigue y si vos empezás a tener un problema donde el gasto en personal y jubilaciones en vez del 60 pasa a ser del 70, ya ahí empezaste a quitarle dinero a las obras públicas, al resto del funcionamiento y cuando llegue al 100 por ciento es porque estás con el agua al cuello», advirtió.

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Finalmente, el legislador de UCR-Cambio Federal sostuvo: «Es importante saber que tenemos este problema y ser cuidadosos con los fondos que son de los bonaerenses y hay que cuidarlos para que la provincia funcione». (www.REALPOLITIK.FM)

 

(*) Escuchá RADIO REALPOLITIK FM en www.realpolitik.fm

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Al igual que con CFK, se oficializó la quita de la jubilación de privilegio de Amado Boudou

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El Gobierno oficializó este viernes la quita de la jubilación de privilegio del ex vicepresidente Amado Boudou, quien percibía $6.814.272 mensuales. La decisión se formalizó a través de una resolución del titular de la ANSES, Mariano de los Heros, en el marco de una política para anular las asignaciones especiales de ex funcionarios condenados por la Justicia.

La Casa Rosada fundamenta la medida en la Ley 24.018, que regula las pensiones vitalicias, y en el artículo 53 de la Constitución Nacional, argumentando que estas asignaciones son incompatibles con el “mal desempeño” demostrado por sentencias judiciales firmes. En 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou por la causa Ciccone, lo que lo convirtió en el primer vicepresidente en ser sentenciado por corrupción.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Ejecutivo anticipa posibles acciones judiciales por parte de los afectados, como Boudou y Cristina Kirchner, a quien también se le revocó su pensión y jubilación. La defensa jurídica de estas decisiones recaerá en el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. En el Gobierno consideran que las condenas por delitos en el ejercicio de la función pública son razón suficiente para retirar estos beneficios, incluso sin un juicio político formal.

Según el texto de la resolución, la jubilación de privilegio debe estar vinculada a una conducta ejemplar durante y después del ejercicio del cargo. “La asignación de privilegio resulta jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en perjuicio del Estado Nacional”, detalla el documento.

Desde sectores críticos se cuestiona la validez de la medida, argumentando que la ausencia de un juicio político impediría retirar la pensión. Sin embargo, el Gobierno insiste en que las condenas judiciales por corrupción son prueba suficiente de una “conducta deshonrosa” incompatible con estos beneficios.

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