El Congreso tomó temperatura y promete un verano intenso. A la espera del paquete de reformas que se tratará en sesiones extraordinarias, la semana que viene quedaría conformada la comisión bicameral que deberá analizar la validez o invalidez del mega DNU desregulador con el que Javier Milei derogó o modificó cientos de normas. Sin embargo, entre dudas reglamentarias y con un sector de la oposición en una posición muy incómoda, la discusión podría extenderse al menos hasta marzo. El decreto, mientras tanto, estará en vigencia.

El DNU de Milei fue publicado en el boletín oficial este jueves y comenzará a regir 8 días más tarde, el 29 de diciembre. Según la Constitución, dentro de un plazo de 10 días desde su “dictado” debe ser puesto a consideración de la Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene otros 10 días para emitir un dictamen sobre su validez o invalidez.

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El recorrido no termina allí. El dictamen debe ser tratado tanto en el recinto del Senado como en el de Diputados: sólo si las dos cámaras lo rechazan, el DNU es derogado. Cualquier otro escenario (una cámara lo rechaza y otra no; las dos cámaras lo avalan, una cámara lo trata y otra no, ninguna lo trata) supone que el decreto sigue rigiendo (en este caso, desde el 29 de diciembre). Esto refiere exclusivamente a su tratamiento parlamentario: la Justicia corre por canales distintos e igual puede invalidarlo si lo considera ilegal o inconstitucional.

Entonces, primero debe conformarse la bicameral, que como tal está integrado por legisladores de las dos cámaras: 8 senadores y 8 diputados. En La Libertad Avanza aseguraban que sería la próxima semana, pasada la navidad, cuando también se conformarán las comisiones que tratarán el mega proyecto de reformas que Milei enviará para tratar en sesiones extraordinarias.

Para entender qué podría suceder allí, primero hay que observar como quedaría integrada la bicameral, una discusión que de entrada ya trae conflicto con el kirchnerismo. La mayoría para el quorum y para dictamen, vale aclarar, se consigue con 9 miembros.

De los 8 senadores: 1 será de La Libertad Avanza (Juan Carlos Pagotto); 1 de la UCR (Victor Zimmermann); 1 del PRO (Luis Juez); 1 de Cambio Federal (Juan Carlos Romero); 1 por Unidad Federal (Carlos Camau Espínola) y para Unión por la Patria quedarían 3.

Todos esos bloques, que juntos representan a la mayoría de los miembros de la Cámara Alta, acordaron que así fuera. El jueves por la noche UxP envió 4 nombres, no 3: “Van a patalear, pero acá mandan los números″, la restaba importancia un senador que participa del armado de la comisión.

De los 8 diputados: 2 serán de LLA (Oscar Zago y Lisandro Almirón), 1 del PRO (Hernán Lombardi); 1 de la UCR (Francisco Monti); 1 Cambio Federal y aliados (Nicolás Massot) y 3 de UxP (no se habían informado los nombres y la bancada también insistía aquí que le corresponden 4 lugares).

Qué puede pasar con el DNU en el Congreso

En resumen, del total de los 16 integrantes: UxP tendrá 6 miembros; LLA tendrá 3; los bloques federales que responden a gobernadores 3; el PRO 2 y la UCR 2. La Libertad Avanza, obviamente, y el PRO, pese a las fisuras internas, ya tiene decidido avalar el decreto. Unión por la Patria cuestionó de plano tanto el uso del DNU como su contenido; la UCR y los bloques federales, en cambio, cuestionaron muy duramente el instrumento, pero no tanto el contenido.

Es decir, con el peronismo K determinado a rechazarlo, una duda está hoy en qué podrían hacer los 2 radicales y los 3 federales. Y, según señalaron legisladores de los dos sectores, pese a las críticas públicas, será difícil eventualmente sumarse a una votación con el kirchnerismo para voltear una decisión del gobierno, a dos o tres semanas de su asunción y en un contexto delicado. En cualquier caso, la discusión real estaría luego en el recinto.

“Van 10 días y ya vas a tener a la CGT en la calle, al kirchnerismo yendo a fondo y en plan de resistencia… ¿cómo haces para explicarle a la gente que está mal el modo en el que lo hacen, pero el contenido está bien, pero que es una antecedente muy malo, pero que no significa que querés que le vaya mal gobierno?”, decía un diputado de ese grupo que estará sentado en la bicameral.

“No hay seguridad de qué va a pasar. Dejar al oficialismo en minoría será condenar al gobierno. Sobre todo que los K durmieron en la comisión cientos de DNU que no trataron nunca”, señalaba otro, que advertía que podría reclamar, en la primera reunión, que los decretos se traten por orden de antigüedad: es decir, la comisión debería tratar primero decenas de DNU firmados por Alberto Fernández. Es verdad: la bicameral no se reúne desde junio del 2022.

La UCR -atravesado también por una fuerte interna- emitió un comunicado el jueves y acusó al gobierno de “avasallar” el sistema democrático y pidió enviar en modo de proyectos de ley lo mismo que el Ejecutivo ya decidió por DNU y así poder tratarlo punto por punto, sin necesidad de rechazar o avalar todo. Ayer, el bloque radical se reunió en Diputados: según pudo saber TN, lejos de la unanimidad, los planteos fueron desde un rechazo absoluto hasta la defensa del decreto, y quienes advirtieron también el peligro de quedar pegado al kirchnerismo.

En este contexto, se avecina una discusión interpretativa. La bicameral que debe analizar el decreto tiene carácter permanente, es decir que puede funcionar en cualquier momento y emitir un dictamen. Sin embargo, no había claridad entre los legisladores respecto a si el dictamen podría tratarse en el recinto durante el periodo de extraordinarias.

En el PRO y LLA interpretaban que no, que debería ser tratado recién en marzo, tras la apertura de las sesiones ordinarias. En espacios que habían cuestionado la decisión del Ejecutivo no mostraban tampoco demasiada voluntad de forzar la interpretación contraria, al menos por el momento.

Es por eso que el DNU -siempre que no quede trabado el Justicia- podría llegar a regir durante 3 meses, antes de que pueda ser tratado en el recinto, donde tampoco está claro necesariamente que la mayoría de cada cámara vaya a rechazarlo, aunque el panorama es más difícil para le Gobierno que en la comisión bicameral.

“El problema del decreto es que es precisamente un decreto, no una ley, que va a tener problemas en la justicia, y por lo tanto es frágil. Eso no da seguridad jurídica ni para que una empresa invierta, ni para sacar un alquiler. Quizás sería inteligente que, con la seguridad de que sigue rigiendo el decreto, envíen los proyectos de ley. De todos modos, el clima cambia semana a semana, hay que ser cautelosos”, advertía un legislador que, por obediencia partidaria, debería rechazar el DNU, y sin embargo no es tan seguro que lo haga.