POLITICA
La piloto trans de Aerolíneas Argentinas, Traniela Campolieto, le pidió a Javier Milei que se siente a conversar con ella
En pleno conflicto aeronáutico y con el Gobierno en miras de privatizar la línea de bandera, la piloto se manifestó en contra y aseguró que el gremio está muy unido.
Mientras el gobierno de Javier Milei se encuentra en pleno conflicto con el gremio aeronáutico, la piloto trans de Aerolíneas Argentinas, Traniela Campolieto, habló del reclamo y pidió dialogar con el Presidente.
“Nuestras asociaciones sindicales son profesionales que nos dan consejos a los tripulantes y recomendaciones a la compañía. Las empresas vienen del mundo financiero, entonces no entienden bien que se puede hacer un ajuste hasta un punto. Son 12 horas de vuelo en las que el cuerpo sufre falta de humedad, hinchazón, falta de atención. Todo eso lo sabe la asociación. Entonces le dicen a la compañía ‘mirá, esta tabla es la que vamos a respetar y nos tenemos que poner de acuerdo en esto”, indicó la piloto.
El Gobierno declaró “sujeta a privatización” a Aerolíneas Argentinas
En referencia a Pablo Biró, quien comanda la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), señaló: “Me llevo muy bien. Es una relación de compañero de trabajo. Lo veo cada tanto porque él también es comandante, no trabajo con él. Lo veo cada vez que voy a una asamblea. Tenemos esa relación en la cual él es secretario general y yo soy una afiliada, no soy amiga de él. Cada tanto algún mensaje, pero no hay amistad“.
Sobre los paros, en diálogo con La Nación, comentó: “Ahí ya entramos en estrategias sindicales de las que yo no participo. Entonces lo que te voy a decir es muy personal. La huelga es un derecho que tenemos los trabajadores. No hay que demonizarla. Todas las líneas aéreas del mundo hacen paro. Hace poco vine con un vuelo desde Miami, no estaba tan lleno. Y después se completó y quedaron pasajeros abajo. Había una huelga de American Airlines por falta de mantenimiento, porque encontraron los aviones muy rotos, y vinieron a Aerolíneas para volver a la Argentina. La gente cree que nos pasan cosas acá, pero afuera pasan cosas mucho más terribles también”.
“Mis compañeros con los que vuelo, que son los copilotos, hace mucho tiempo que vienen con salarios bajos y ahora es peor. Por eso no entiendo bien, y es una incógnita con la que vivo hace años, cómo puede ser que Aerolíneas dé pérdida. Entiendo que en cierta temporada puede ser que sí, pero todo el tiempo es pérdida. ¿Cómo que nunca dio plata? ¿Qué hiciste con la plata? Esa es mi pregunta. Yo trabajé y cumplí con el trabajo. ¿Dónde quedó toda esa producción?”, detalló.
También hizo referencia a los sueldos de los pilotos y aseguró que “nadie gana $10 millones como se está diciendo”,
“En un avión chico, el Embraer 190, un piloto gana entre $1,5 y $2 millones neto. Yo tengo un sueldo un poco mejor, un comandante del A330 percibe entre $4,5 y $5 millones“, añadió.
La privatización
En referencia a la privatización, expresó que desde la aerolínea la viven con “un rechazo contundente” y que desea ser la CEO de la compañía: “Quiero el puesto de Fabián Lombardo”.
“La aerolínea de bandera de un país tiene la obligación de cumplir con la conectividad del territorio. Y eso sucede en todo el mundo. Está obligada a cumplir con determinadas condiciones de conectividad. Lo que sucede en el mundo es que hay marcos regulatorios de la aviación comercial que acá no hay. Con las economías locales entra el concepto de línea aérea de bandera, que asegura que esos lugares no decaigan en su PBI. Aunque el avión vaya por la mitad. Las rutas no rentables y que conectan al país hay que subvencionarlas, pero no con plata del Estado; quiero que Aerolíneas pueda auto subvencionarse las rutas que son para cumplir con esta conectividad nacional. A través de la carga por ejemplo”, señaló.
Consultada sobré que haría para solucionar el conflicto, respondió: “Los empleados de Aerolíneas necesitan un aumento salarial urgente. Si están dispuestos a hacer eso, recuperar a los tres pilotos despedidos y sacarle las sanciones a los colegas, destrabará la parte con el personal. Y por otro lado, revisaría ruta por ruta, mejoraría las rutas rentables y subvencionaría aquellas que no lo son. También incrementaría la carga -de importación y exportación- y renovaría la flota internacional para gastar menos en combustible y en mantenimiento”.
El mensaje a Javier Milei
“Que (Javier Milei) se siente a conversar conmigo sobre Aerolíneas. Quiero acercarle la propuesta de una persona que es trabajadora de la compañía, que no quiere otra finalidad más que el beneficio del país y hacer una empresa pujante. Pero Milei es lo mismo que los demás, no es distinto, aunque tenga una canción distinta, un cuento y un relato diferente. El denominador común de todos los mandatarios fue vender la Argentina al extranjero”, sostuvo.
Milei busca apurar la privatización de Aerolíneas Argentinas a través de un decreto
POLITICA
Al igual que Florida, Texas interroga sobre el estatus migratorio en los hospitales y hay temor
El pasado 1° de noviembre entró en vigor una orden ejecutiva firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que obliga a los hospitales del estado a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. Esta política ha generado controversia y preocupación, ya que recuerda una normativa similar implementada tiempo atrás en Florida.
Según los defensores de los derechos de los inmigrantes, estas iniciativas pueden desalentar a muchas personas a buscar atención médica, incluso en casos de emergencia. La implementación de esta medida ha sido compleja y ha involucrado tanto a las instituciones de salud como a organizaciones que trabajan para cuidar a la comunidad de extranjeros que viven en el país norteamericano.
¿Qué establece la nueva medida de Abbott?
La orden de Abbott establece que todos los hospitales de Texas deben preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses y si están presentes de manera legal en ese territorio. Sin embargo, las personas no están obligadas a responder estas preguntas.
Según la normativa federal, el acceso a la atención médica no debe verse afectado por el estatus migratorio o la disposición del interrogado a proporcionar esta información. Así, los profesionales tienen la obligación de aclarar que las respuestas no influirán en el servicio.
El objetivo declarado por el gobernador republicano es que el estado de Texas pueda tener un registro claro de los costos asociados a la atención médica de personas que se encuentren sin papeles. El mandatario expresó que los contribuyentes texanos no deberían cargar con estos gastos. Por este motivo, a partir de marzo de 2025, los hospitales deberán comenzar a enviar informes al estado con datos específicos, aunque estos no incluirán nombres ni información personal de los pacientes.
Preparativos y desafíos para los hospitales
Los establecimientos han pasado meses preparándose para implementar este cambio. La Asociación de Hospitales de Texas (THA, por sus siglas en inglés) ha trabajado en conjunto con los centros de salud para aclarar las dudas y establecer protocolos que garanticen que la nueva normativa no afecte el nivel de atención que se ofrece a los pacientes. En diálogo con The Associated Press, Carrie Williams, portavoz de la THA, aseguró que estos centros no dejarán de ser lugares seguros para recibir atención.
Algunos grupos defensores de la salud y los derechos de los inmigrantes han lanzado campañas informativas para tranquilizar a la comunidad y explicar que la atención médica seguirá disponible para todos.
Impacto de la medida en Florida: un precedente preocupante
La implementación de una política similar durante el año pasado en Florida ha servido de modelo para Texas. En 2023, el gobernador floridense Ron DeSantis aprobó una ley que obliga a los hospitales a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. Desde su implementación, organizaciones de derechos humanos y salud han reportado un descenso en el número de inmigrantes que buscan atención médica, según informó la mencionada agencia de noticias. Esta baja se ha atribuido al miedo y la desconfianza generados por la medida, incluso cuando el acceso a los servicios de salud no se ve restringido legalmente por la negativa a responder.
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