El gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, encabezaron anoche una reunión con los intendentes que el peronismo tiene en la Primera sección electoral: 18 de 24. La cena, sucedida en el distrito de San Fernando, donde gobierna el massista, Juan Andreotti, tuvo como eje rector ajustar el discurso de campaña y hacer un balance de gestión en esa región del conurbano, que en estas elecciones pasó a ser el circuito electoral con la mayor cantidad de votantes, destronando a la poderosa Tercera sección electoral.

“El foco central es que hay que frenar a Milei”. La consigna, pronunciada en la reunión de anoche en San Fernando, sintetizó el espíritu de urgencia y cohesión que dominó el encuentro, según relataron asistentes a la cita. La frase, repetida como un mantra, marcó el tono de una estrategia que busca dejar atrás las diferencias internas para priorizar la unidad frente al avance de Javier Milei.

La semana pasada, Kicillof compuso una foto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y este lunes con la ex titular de Anses y primera candidata a senadora provincial, Fernanda Raverta. Ambas dirigentes reportan directamente a Cristina Kirchner. El plan, entonces, es matizar las críticas que fueron algo habitual en el peronismo hasta la conformación del frente Fuerza Patria.

La reunión de este martes por la noche congregó a los 18 intendentes peronistas de la región, además del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis -y primer candidato a senador provincial por la Primera- y el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Estuvieron los intendentes Juan Andreotti (San Fernando), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Javier Osuna (General Las Heras), Juan Ustarroz (Mercedes), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Facundo Diz (Navarro), Leonardo Boto (Luján), Gabriel Moreira (San Martín), Mauro García (General Rodríguez), Damián Selci (Hurlingham), Mario Ishii (José C. Paz), Juan Mancini (Suipacha), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Federico Achával (Pilar) y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

Durante el encuentro, los intendentes expusieron el estado de sus municipios y coincidieron en la necesidad de trabajar en unidad la campaña. El acuerdo, según dejaron trascender, incluyó el compromiso de “dejar de lado las diferencias” y adoptar un “concepto de igualdad”.

Este martes, antes de la cena en San Fernando, Katopodis expresó que tanto Kicillof como Massa y Máximo Kirchner actuaron “con responsabilidad para lograr una lista de unidad”.

“No había margen para otra cosa, ahora hay que ponerle un freno a Milei porque si no todo lo demás no va a tener sentido”, planteó el funcionario provincial.

Los intendentes se comprometieron a intensificar el contacto directo con los vecinos, especialmente a través de la modalidad “puerta a puerta”. Esta estrategia busca consolidar la base electoral y contrarrestar el crecimiento de Milei en la región.

Este 7 de septiembre los electores de la Primera sección elegirán senadores provinciales. Son cinco los legisladores que aporta la sección en la Cámara alta. El peronismo pondrá en juego cuatro bancas, de las cuales ninguna será reelecta. De repetir los guarismos del 2021, entrarían al Senado, Katopodis; la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini; el intendente de José C. Paz, Mario Ishii y la actual diputada nacional, Mónica Macha (Nuevo Encuentro).

Según los participantes, la prioridad es “trabajar en unidad” y garantizar que la campaña se desarrolle bajo un mismo mensaje y con objetivos compartidos. La consigna de frenar a Milei se instaló como el criterio rector de las próximas acciones políticas.

El Juzgado Federal de Río Gallegos rechazó la apelación del fiscal Julio César Zárate contra la decisión de incluir a Cristina Kirchner en el padrón electoral para las elecciones legislativas de octubre.

La jueza Mariel Borruto explicó que el recurso debe rechazarse “por haber sido interpuesto de manera extemporánea, en un claro vencimiento de términos”, motivo por el cual ahora deberá decidir la Cámara Nacional Electoral si mantiene en el padrón a la expresidenta o la excluye por la condena en la causa Vialidad que pesa en su contra.

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En Argentina, una persona condenada penalmente con pena de prisión mayor a tres años queda inhabilitada para votar por aplicación automática de los artículos 12 y 19 del Código Penal y del artículo 3 inciso e) del Código Nacional Electoral.

“Privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo el fallo de Borruto donde decidió mantener a Cristina Kirchner en el padrón.

Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, la Cámara Electoral, integrada por Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, envió una notificación para que la expresidenta sea excluida del padrón electoral.

Tras recibir la notificación, Borruto, que se encuentra subrogando dicho juzgado, resolvió declarar la inconstitucionalidad de dichos artículos y, como argumento, utilizó jurisprudencia de la CNE, como el Caso Zelaya, donde se resolvió que esas normas violan derechos fundamentales, como el derecho al voto, la igualdad, la dignidad humana y el principio de resocialización.

“El derecho a elegir libremente a un representante, así como el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y elegir libremente a sus gobernantes, integra el universo de Derechos Humanos reconocidos en los principales Instrumentos Internacionales que nuestro país incorporó al derecho interno con jerarquía constitucional”, sostuvo el fallo citado por la jueza.

La CNE admitió en reiteradas oportunidades quejas por la prohibición automática que ordena la ley aunque justificó su aplicación en delitos graves como lavado de activos, malversación de fondos públicos, narcotráfico, defraudación contra la administración pública o corrupción, delito por el que fue condenada Cristina Kirchner.

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El presidente Javier Milei efectivizará el lunes, al filo del tiempo reglamentario, el rechazo de las iniciativas sancionadas este mes sobre la moratoria, los incrementos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. En diferentes despachos de la Casa Rosada mantenían el mismo diagnóstico: el bloqueo de los vetos estaría avanzando, con posibilidades de ratificarse en los tres casos.

En el oficialismo enfatizan cómo se están transparentando algunos acuerdos que se venían negociando en las últimas semanas. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sacó una foto con un grupo de seis diputados radicales que pasarán a formar parte del interbloque legislativo con La Libertad Avanza. Esto hará que el oficialismo pase a tener 46 bancas afines, siendo 39 propias de La Libertad Avanza y una sola del monobloque CREO, a cargo de la tucumana Paula Omodeo.

El anuncio se materializó ayer vía redes a través de una foto entre Menem y Mariano Campero (Tucumán), Mario Cervi (Neuquén), José Tournier (Corrientes), Francisco Monti (Catamarca) y Luis Picat (Córdoba). Estuvo ausente Martín Arjol (Misiones), pero también pasó a formar parte del interbloque. A excepción de Monti, este grupo de diputados se fue del bloque de la Unión Cívica Radical el año pasado cuando apoyaron los vetos presidenciales, los denominados “radicales con peluca”.

En el oficialismo creen que el acuerdo con los radicales mileistas es paradigmático. En primer lugar, porque varios de estos legisladores habían tenido encontronazos recientes con los violetas y terminaron pactando igual. Un caso es el de Arjol, que compitió aparte en las elecciones misioneras después de no conseguir pactar con LLA. También Campero, que fue marginado del armado electoral en Tucumán y había comenzado a tirar unas primeras críticas a los libertarios. “Son fáciles de convencer los muchachos”, chicanean desde un despacho de la Casa Rosada.

El Gobierno debió someterse a dos situaciones de estrés el año pasado. Una fue con el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que pese a la insistencia opositora fue respaldado con 87 votos; y la otra, la Ley de Financiamiento Universitario, que consiguió bloquearse con solo 84 votos.

Fuentes cercanas a Martín Menem consideran que podrían conseguir vetar una iniciativa “hasta con 72 a 75 votos” si es que se dan ciertas condiciones de ausentismo o abstención, esa podría ser la línea que sigan los operadores libertarios con gobernadores para convencerlos a no dar el apoyo explícito al veto pero ir en línea con el oficialismo, evitando una suba del riesgo país y un encarecimiento del endeudamiento provincial.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el aumento previsional tiene un impacto fiscal del 0,20% del PIB (para lo que queda de año). Para el caso del bono, esta cifra asignada es del 0,12%; mientras que para la moratoria previsional de 0,39% del Producto. La más cuantiosa de todas es la Ley de Emergencia en Discapacidad, que acarrea un costo variable de 0,28% y 0,51% del PBI.

En la Casa Rosada aseguran que ya tienen los votos necesarios para rechazar el aumento para las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional, y que estarían las condiciones para que esto se produzca para el caso de la emergencia en discapacidad. Para este último caso, las negociaciones estarían arribando a buen puerto. Hay quienes piden mirar a las declaraciones de Guillermo Francos. “Cuando declara así de suelto es porque el asunto ya está cocinado”, dice alguien que lo conoce, quien miró los últimos reportajes del jefe de Gabinete.

Sobre esta última iniciativa siguen persistiendo algunas incógnitas. Incluso, hubo legisladores oficialistas que dijeron en público que resulta un tema espinoso para su imagen en el territorio. “Hemos hecho planteos en el caso concreto de Discapacidad. Son temas sensibles y nosotros tenemos poner la cara muchas veces y tenemos que volver a la provincia“, se sinceró ante Diputados TV, el diputado Cervi.

Esto llevó a que se hable de la posibilidad de que Nación configure una medida para palear el desfinanciamiento en ese rubro. Por ahora, este escenario es descartado por altas fuentes de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Salud, quien es el área que tiene bajo su órbita la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También continúan ratificando que el veto para los tres casos va a ser total. Nada de medias tintas.

El Presidente puso a sus principales funcionarios en autos y les indicó que la sostenibilidad de los vetos es la principal prioridad política de la gestión nacional. Incluso, al día de hoy no hay agenda ni anuncios en la órbita de la Vocería Presidencial, ya que el enfoque del círculo chico libertario está en acercar posiciones con aliados circunstanciales para conseguir su colaboración.

Por eso no resultó menor que, por primera vez en muchas semanas, se pudieran reunir de manera completa todos los integrantes de la mesa política del Gobierno. En los últimos encuentros no había asistido el asesor presidencial Santiago Caputo, decisión tomada producto de su mala relación con los alfiles karinistas, Martín y Lule Menem. En los últimos días, se decidió volver todo a foja cero y que participen en simultáneo de la articulación política del Gobierno.

En las filas libertarias esperan un alineamiento de algunos actores del PRO y de la UCR (presidida por Rodrigo de Loredo) que antes votaron en contra de los vetos, se abstuvieron o se ausentaron en la votación. La apuesta también versa sobre algunos gobernadores puntuales y que tienen alfiles propios en la Cámara de Diputados. Un ejemplo es el sanjuanino Marcelo Orrego, de estrecha sintonía con el Gobierno, y que sus diputados no votaron con los libertarios en la sesión de junio.