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La ruta del dinero K: cómo son los días de Lázaro Báez en prisión domiciliaria en El Calafate

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EL CALAFATE.- Lázaro Báez cumple desde hace casi un año la prisión domiciliaria en esta ciudad. El empresario santacruceño, acusado de lavar dinero, está en una casona de dos plantas de líneas modernas con rejas negras y caseta de seguridad.

En los próximos días, la vista hacia el Lago Argentino que tiene desde los ventanales puede cambiar si los jueces del Tribunal Oral Federal N°4 deciden que regrese a una prisión común a terminar su condena. Por ahora, pasa sus días en una rutina sin estridencias, marcada por pocas visitas y comentarios en redes sociales.

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Desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a finales de mayo, su situación judicial cambió de manera definitiva: el fiscal general Abel Córdoba ya solicitó que vuelva a una unidad del Servicio Penitenciario Federal y, ahora, serán los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez quienes resolverán en la próxima semana sobre la residencia futura de Báez.

El otrora poderoso empresario de la construcción porta una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos las 24 horas: de acuerdo a diferentes testigos que transitan habitualmente la costanera “Presidente Néstor Kirchner” frente a su casa, suele ser visto en el jardín de la vivienda, de césped, pero sin flores, o bien en la puerta recibiendo algún envío, intercambiando con las pocas personas que suelen entrar y salir de la casa.

Curiosidades de pago chico: desde que Báez se encuentra aquí, la expresidenta Cristina Kirchner ha visitado varias veces su chalet en el barrio de Chacras, a apenas veinte cuadras de distancia de donde está el empresario con el que tuvo lazos comerciales y la unió un sinfín de transacciones inmobiliarias, reveladas por hace más de una década y que luego formarían parte de extensos expedientes judiciales.

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Sin embargo, sus vecinos ocasionales aseguran que las visitas que recibe son esporádicas y discretas, que no hay movimiento constante. Pese a que el pedido de traslado al sur tenía también como excusa estar cerca de su familia, el vínculo con sus cuatro hijos está atravesado por problemas de dinero y viejos rencores.

Así lo confirmó el viernes pasado Leandro Báez, el hijo menor, en una entrevista en LN+, en la que responsabilizó a los abogados de su padre por haber sido condenado a tres años de prisión en suspenso por la maniobra de lavada de dinero, y a su padre por haberlo involucrado en sus negocios. Así y todo, detalló que mantiene un vínculo esporádico con él: “Lo fui a ver en enero y sabemos intercambiar mensajes de padre a hijo, el en su rol de abuelo”. Aclaró que no hablan de las causas judiciales. Él eligió tener una defensa separada a la de su padre.

Leandro contó que su hijo de 14 años también visitó a su abuelo en El Calafate. Agregó que su hijo menor, quien nació mientras estaba Báez en prisión, aún no lo conoce.

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Melisa Soledad Báez, Luciana Báez, Martín Báez, Leandro Báez y Norma CalismonteArchivo

El otro hijo varón del empresario, Martín, también condenado en la misma causa, cumple libertad condicional en Río Gallegos. Tras pedir autorización a la justicia, estuvo aquí visitándolo hace tres meses, según confirmaron a este medio fuentes judiciales.

En Río Gallegos viven también sus hijas Melina y Luciana, y su exesposa Norma Calismonte, de quien se separó de en medio de las causas judiciales.

Báez rehizo su vida afectiva con una mujer que conoció mientras estaba en prisión, oriunda de Florencio Varela y pariente de otro santacruceño que estuvo detenido en causas judiciales. Se trata de Claudia Insaurralde. Su nombre comenzó a circular en los medios en 2020, cuando Báez obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y se instaló en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires, donde ella lo acompañó. Si bien estaba previsto que ella lo acompañara al sur, no hay datos que así lo corroboren.

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Una cuenta de la red social Facebook que lleva el nombre del empresario empezó a tener mayor actividad desde que el 29 de mayo pasado se conociera que la sentencia quedó firme. Una publicación atribuida a Báez publicó dos días después un texto titulado “La injusticia de la justicia”, donde cuestiona que los jueces de la Corte Suprema se negaran a revisar la causa en su totalidad, como había requerido el abogado Juan Martín Villanueva.

En el mismo perfil, en los últimos días Báez publicó posteos favorables al Partido Justicialista, frases sentenciosas referidas a su presente y también un dibujo del aviador Lupín, el protagonista de una historieta que inspiró el apodo de Néstor Kirchner, con la frase: “La gente no Lee, Mira, Escucha, Repite…. Pero No Lee y si no Lee que es lo que Entiende!!!”. A última hora del viernes, en la misma cuenta se compartió un video del actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, en un recorte del programa “Animales Sueltos” del que supo ser panelista, donde se refería a la Causa Vialidad, causa por la que Báez también fue condenado.

En la cuenta que lleva su nombre y en la que lo presentan como “Presidente de Austral Construcciones SA”, oriundo de Corrientes y divorciado, recibe muestras de apoyo de militantes peronistas, extrabajadores de Austral Construcciones e incluso de exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas en Santa Cruz.

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La vivienda es una de las propiedades de Báez que aquí sigue siendo una incógnita: otra de las construcciones que erigió durante sus años florecientes y que casi no fue habitada. De dos plantas, color ocre, techos negros y enmarcada con pórfidos patagónicos, también cuenta con un quincho en la parte posterior. La garita de seguridad privada siempre se mantuvo en la casa, aún cuando su dueño cayó en prisión. La presencia de seguridad no impidió que un grafitero escribiera “Korruptos” en la pared exterior, inscripción que fue tapada rápidamente.

Toda la vivienda, ubicada sobre la costanera, está rodeada de un enrejado metálico negro. Pocos aquí en El Calafate, recuerdan que haya estado habitada alguna vez, al igual que el hotel-shopping ubicado a 400 metros de distancia, un enorme edificio de varias plantas que nunca concluyó. Ambos fueron allanados por la justicia en 2016, en busca de posibles tesoros escondidos.

La casa no tiene cortinas, los vidrios polarizados no dejan descubrir señales visibles de actividad en su interior. La última vez que se lo vio en público a Báez fue en 2021, cuando aún cumplía arresto domiciliario en el Gran Buenos Aires. Desde entonces, su figura se ha desdibujado del escenario mediático, aunque su nombre sigue siendo sinónimo de uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la Argentina.

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La ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema selló su destino judicial. El fallo dejó sin efecto los recursos extraordinarios presentados por su defensa y habilitó la ejecución plena de la pena. Ahora, todo depende del Tribunal Oral Federal N° 4, que deberá decidir si Báez regresa a prisión o continúa en su domicilio hasta que se disponga su traslado.El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado.

Mientras tanto, en El Calafate, el empresario que alguna vez fue el principal contratista de obra pública de la Patagonia, espera. Lo hace en silencio, frente al lago, en una casa que ya no representa poder, sino encierro.



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Filtraron un audio entre un intendente tucumano y un empresario: droga, millones y una posible intervención

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El intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, aparece en una conversación con el empresario Roque “Chipi” Giménez, en la que se mencionan vínculos con el narcotráfico y un robo millonario.

El caso generó una fuerte reacción del gobernador Osvaldo Jaldo, quien repudió los hechos y analiza una posible intervención del municipio del sur tucumano.

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El audio se volvió viral durante el fin de semana y motivó una serie de allanamientos en domicilios vinculados a Giménez, un contratista de obras públicas con contratos millonarios en Alberdi. Las medidas fueron ordenadas por el Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción, en el marco de una causa que investiga supuestos lazos entre funcionarios y actividades delictivas.

Uno de los operativos se llevó a cabo en una vivienda del barrio 111, donde reside un familiar directo del empresario. Allí, la Policía secuestró documentación, teléfonos celulares y el sistema de videovigilancia. También se inspeccionó el ex mercado municipal, declarado como domicilio legal de la empresa Giménez Group, aunque no se hallaron pruebas relevantes.

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La firma de Giménez había sido contratada para construir una sala velatoria destinada a vecinos de bajos recursos, por un monto superior a los 15 millones de pesos. También encabezaba la refacción del mercado municipal y una posterior remodelación del Centro Cultural. Sin embargo, las obras fueron suspendidas por falta de pagos, según denunció el propio empresario.

En la grabación, Giménez le reclama a Campos por un robo ocurrido en el obrador: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”. A pesar del tono de la charla, el intendente negó cualquier vínculo con el narcotráfico: “Es mi voz, sí. Pero no recuerdo muchos detalles. Esa conversación fue hace más de un año y se refería a un robo, no a ninguna actividad ilegal”.

Campos intentó desmarcarse de la polémica: “Soy el principal interesado en que la Justicia esclarezca esto. Quiero limpiar mi apellido. No voy a tomar licencia ni a renunciar. Se lo dije al Gobernador. El pueblo de Alberdi me respalda”.

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Las explicaciones no alcanzaron para frenar la crisis institucional. Jaldo fue categórico: “El intendente tiene que salir a dar la cara. El municipio está muy comprometido. Podemos tomar medidas que van desde sanciones hasta una intervención directa”.

El gobernador vinculó el escándalo con un reciente operativo en el que se incautó un pan de cocaína en la zona: “Esto no es casual. Estamos tocando intereses. Hay gente molesta con los operativos. Pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Nadie con vínculos con el narcotráfico va a seguir en funciones”.

La Justicia continúa avanzando en la causa. Las autoridades provinciales intensificaron los controles en Alberdi, mientras se evalúa el futuro institucional del municipio. Todo dependerá del avance del expediente y del impacto político que genere en los próximos días.

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Chipi Giménez,Luis Campos,Narco Política,Tucumán

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Intervienen un municipio en Tucumán por presuntos nexos del intendente con el narcotráfico

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dispuso hoy la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi tras la difusión de un audio que involucra al intendente con presuntos nexos con el narcotráfico, entre otras irregularidades. Se trata de Luis “Pato” Campos un dirigente peronista que desde 2003 alterna el mandato al frente del distrito con su esposa, Sandra Figueroa, actual legisladora provincial.

La conversación que impulsó el desplazamiento de Campos fue grabada por el empresario local Roberto Giménez, que presta el servicio para obras públicas y confesó públicamente su deseo de ser el intendente del municipio. Giménez llamó al intendente para reclamar por el robo de una maquinaria de un predio municipal y exigió el pago de 16 millones de pesos. El caso se judicializó.

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La conversación de un intendente y un contratista de Alberdi – Gentileza La Gaceta

“Luis, no tenes las bolas para gobernar. Vos sos el jefe. Acá el comisario te tiene que chupar el pingo a vos. Se han robado todo, han cortado el candado. Yo quiero ir a una interna, quiero ser el intendente”, le recriminó Giménez a Campos en un fragmento del audio que divulgó el diario local La Gaceta.

El empresario, fastidioso, siguió con la protesta: “Vos tenes que decirle: ´Soy el intendente, soy el que manejas la policía, soy el que maneja la droga, soy el que maneja las muertes, todo´. Necistas un Al Capone para gobernar, no un lassie. Por eso no te respetan, rey. Estan diciendo que Luisito está metiéndose merca todos los días en la oficina. Armemos una licencia tuya y una interna».

El intendente Campos, que fue funcionario provincial durante una de las gobernaciones de Juan Manzur, reconoció en los medios locales que su voz es la que aparece en el audio, aunque negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico.

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A partir de la divulgación de este audio, que se conoció la semana pasada, se desató una crisis institucional en Tucumán. Por eso, Jaldo dispuso hoy la intervención del municipio y del Concejo Deliberante, y convocó a elecciones para dentro de 180 días. El gobernador designó como interventor a Guillermo Norry, un dirigente de larga trayectoria en el PJ tucumano con pasado en el Sindicato de Luz y Fuerza.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el día que le tomó juramento al intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos

“Dimos tiempo para que el intendente y el concejo deliberante resuelvan las irregularidades, la intervención no fue por al audio. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos tocando intereses. No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos”, dijo hoy Jaldo en una rueda de prensa en la gobernación.

A 100 kilómetros de allí, en Juan Bautista Alberdi desembarcó un grupo de efectivos de la policía de Tucumán y también de la Genderamería. El operativo, ordenado por el Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción, incluyó allanamientos al domicilio de Campos, Giménez y otros funcionarios municipales.

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La intervención que dispuso el gobernador por decreto sería ratificada en la Legislatura provincial el jueves próximo. La medida se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que habilita la intervención de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional, y establece un plazo de intervención no mayor a 180 días. Jaldo convocó a elecciones municipales para el próximo 26 de octubre.

“Desde hace tiempo los habitantes del municipio de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes, que se han agravado con las denuncias penales formuladas contra las autoridades del órgano ejecutivo y del Concejo Deliberante”, reza un fragmento del decreto que lleva la firma de Jaldo, del ministro del Interior, Darío Monteros, y el resto del gabinete provincial.



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“La Inteligencia Artificial no es una amenaza, la amenaza es no querer transformarse”

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Lina Zubiria, quien además es docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de San Andrés, sostuvo que el debate sobre la Inteligencia Artificial no debe centrarse en si reemplazará a los humanos, sino en cómo puede complementarlos: “Tenemos que buscar los grises. No podemos ni ignorarla ni pensar que viene a aniquilarnos. El verdadero problema no es la tecnología, es no querer transformarse con ella”.

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Consultada por la mirada crítica que algunos sectores tradicionales del periodismo tienen frente a la IA, Zubiria entendió el sentimiento de pérdida, pero lo relativizó: “Es normal sentir nostalgia. Uno dedicó años a perfeccionar la escritura, a pasar noches sin dormir para cerrar notas, y de pronto una tecnología lo hace en segundos. Pero eso no invalida el trabajo humano: el sentido común, la mirada crítica, la ética, todavía son irremplazables”.

La especialista también remarcó que el modelo clásico del periodista que ‘pastorea’ en redacción durante años para luego salir a la calle “ya no existe más” y que seguir formando profesionales bajo esa lógica solo genera frustración y desconexión: “Si creemos que los jóvenes sólo pueden hacer tareas técnicas, sí, van a ser reemplazados. Pero si les damos espacio para pensar, analizar y proponer, el valor humano vuelve a tener protagonismo”.

El rol del docente: enseñar a preguntar, no a repetir

Zubiria también planteó un giro clave en el ámbito educativo: dejar de enseñar a responder y comenzar a enseñar a preguntar. “Antes, como docentes, nos preparábamos para dar respuestas. Hoy los chicos ya las tienen en su celular. Entonces, el nuevo rol del docente es ayudarlos a mejorar sus preguntas, a desarrollar pensamiento crítico”.

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Relató una experiencia con estudiantes universitarios, quienes al preguntar a una IA quién era el mejor jugador de la Copa América recibieron una respuesta errónea. “Eso les mostró que la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta. Esa es la enseñanza clave: no eliminar la IA, sino saber usarla con criterio”.

IA en el estado: la transformación que no llega

Otro de los puntos abordados fue el rezago del sector público en el uso estratégico de IA. “Hay una diferencia entre digitalizarse y transformarse”, explicó. “Digitalizar es poner tecnología a lo viejo. Transformarse es cambiar de verdad los procesos. Pero eso requiere tiempo, dinero y decisión política, algo que con mandatos de corto plazo cuesta mucho sostener”.

Afirmó que en muchos casos la implementación de IA en el estado responde más a una necesidad de reducir costos que a una visión de largo plazo: “Estamos ante una batalla cultural, más que política. Transformar un país no depende de quién gobierne, sino de si todos estamos dispuestos a construir algo duradero”.

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Ética, intenciones y el desafío del uso responsable

Finalmente, Zubiria se refirió al uso político y electoral de herramientas de IA, como la generación de imágenes o noticias falsas: “La tecnología no es buena ni mala. Todo depende de la intención con la que se use. Y hoy la gran deuda es ética. Hay un desfase entre el avance de las herramientas y las regulaciones legales, pero no podemos esperar a que lleguen las leyes para actuar con responsabilidad”.

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“La, Inteligencia, Artificial, no, es, una, amenaza,, la, amenaza, es, no, querer, transformarse”

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