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La transportadora de caudales del robo millonario también se quedó con $160 millones de una empresa del juego

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Esta semana Clarin informó del despido de 300 empleados de Codecop, luego de haberse apropiado de más de 1.000 millones de pesos y 1,2 millón de dólares del Banco Galicia y de McDonald’s.

Ahora se supo que la transportadora de caudales Codecop también se quedó con otros $160 millones de Codere, la mayor empresa del juego de la provincia de Buenos Aires, que maneja 13 bingos y es uno de los sponsors de la camiseta de River Plate.

A pedido de Codere, el 28 de diciembre pasado, el juez Mariano Iturralde amplió el procesamiento de uno de los dueños de Codecop, Lucas Zeballos, ex financista de Radio del Plata. Es el único detenido con prisión preventiva hasta ahora en la causa judicial y estaba a cargo del directorio unipersonal de la empresa transportadora de caudales.

El juez Iturralde también procesó a fin de año al gerente comercial de Codecop, John Cruz Ibarra, que antes tenía «falta de mérito». Lo acusó de ser “responsable criminalmente del delito de defraudación por retención indebida” del dinero que era de Codere, Banco Galicia y Arcos Dorados (McDonald’s), según contaron fuentes judiciales a Clarín.

La española Codere es la propietaria de Bingos del Oeste, Bingo de Morón y Bingos Platenses, entre otras 13 salas de juego, con 6.861 máquinas y 11.692 puestos de bingo.

Protesta de trabajadores de Codecop, en noviembre pasado, en la sede central de Florencio Varela.

Protesta de trabajadores de Codecop, en noviembre pasado, en la sede central de Florencio Varela.

La causa judicial la inició originalmente el Banco Galicia, en julio pasado, quien denunció a Codecop por «retención indebida» de su dinero.

En ese entonces, Codecop se había apropiado de 371 millones de pesos, 1,2 millón de dólares y 42.000 euros del Galicia. Ese dinero, Codecop lo tenía que transportar desde las sucursales en bolsines, por todo el país, con un límite de entrega de 24 horas de demora. Pero no lo entregó durante casi dos meses, hasta que lo denunció el Galicia ante la Justicia.

El juez Iturralde dispuso una serie de allanamientos por la denuncia del Galicia, realizados en las sedes de Florencio Varela, Mar del Plata y Posadas, donde se pudieron recuperar 377 millones de pesos, 124.000 reales, 2.900 euros y 1.800 dólares.

Casi todo ese dinero era fruto de la sustracción al Galicia, aunque no se encontró 1,2 millón de dólares que le habían robado al banco.

McDonald’s denunció posteriormente, en octubre, a Codecop y a Lucas Zeballos por otro faltante de dinero: 643 millones de pesos, 124.000 reales y 37.000 euros. Pero de eso, solo pudieron recuperar $5,6 millones, 124.000 reales y 2.951 euros.

Por esa denuncia de McDonald’s cayó detenido Lucas Zeballos, a fines de octubre pasado.

Y finalmente se sumó Codere a la denuncia judicial, por la sustracción de $160 millones. De ese monto, el juzgado a cargo de Iturralde pudo recuperar $29 millones en los allanamientos que realizó en la sede de Florencio Varela, según contaron fuentes judiciales a Clarín.

De hecho, la mayor parte del dinero que se recuperó estaba almacenada en la sede de Codecop de Florencio Varela y una muy pequeña parte estaba en la sede misionera. Pero Zeballos se negaba a reintegrar el dinero a sus clientes, que eran los dueños de esos billetes.

El juzgado Criminal y Correccional que está a cargo de la causa todavía intenta encontrar 635 millones de pesos de McDonald’s, $130 millones de Codere y 1,2 millón de dólares del Galicia.

Aunque habría más dinero faltante de otros clientes, que no presentaron sus denuncias ante la Justicia, pues estarían intentando recuperarlo con Codecop por una vía extrajudicial, según pudo reconstruir Clarín.

Como consecuencia de los robos de la empresa que encabezaba Lucas Zeballos, a sus propios clientes, la empresa entró en crisis y despidió a 300 empleados el mes pasado, que reclaman porque no sólo no cobraron sus salarios ni las indemnizaciones, sino que además se sienten abandonados por el Gobierno y el propio sindicato de Camioneros.

“Estos robos solo se pueden explicar porque detrás de los Zeballos hay gente muy poderosa, de la política K, del gremio de los Moyano y de la policía bonaerense que les cuida las espaldas. Sino no se entiende que la empresa siga operando como si no hubiera ocurrido nada, luego de haberles robado más de 1.400 millones de pesos a tres clientes en los últimos meses”, dijó a Clarín una fuente con acceso a la causa judicial.

La sombra de la Policía Bonaerense y del intendente de Ezeiza

Desde la detención de Lucas Zeballos, quedó a cargo de Codecop su padre el policía Carlos Zeballos, fundador y otro de los dueños de la transportadora de caudales, que está con prisión domiciliaria por extorsión a otras empresas de seguridad.

Carlos Zeballos fue el responsable de echar a 300 empleados de Codecop, a quienes les envió telegramas de despido en el transcurso del último mes, alegando estar «imposibilitados de otorgar efectiva prestación de tareas» o que los despedidos filmaron las protestas realizadas por los empleados el 10 de noviembre pasado.

El policía que ahora maneja Codecop fue detenido en agosto de 2019, luego de estar prófugo durante ocho meses, con una orden de captura internacional por el delito de extorsión. En ese entonces, despidió a otros 200 empleados de Codecop.

Siendo el dueño de Codecop, Carlos Zeballos se dedicaba en 2018 a extorsionar -junto al entonces concejal K Roberto Amarilla- a empresas de seguridad privadas, a las que les exigían una mensualidad para poder operar en territorio bonaerense.

En ese entonces, el dirigente K Amarilla era presidente del Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de Ezeiza, quien también fue detenido por esta causa de extorsiones en diciembre de 2018. Y su jefe político era el actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados (Frente de Todos).

El exconcejal Amarilla fue jefe director de Agencias de Seguridad, del Ministerio de Seguridad bonaerense, entre 2013 y 2015, cuando el ministro era Granados y el gobernador era Daniel Scioli.

El abogado de Lucas Zeballos y de Codecop es el poderoso excomisario de la Bonaerense, Juan José Ribelli, quien pidió la excarcelación de su defendido, asegurando que había colaborado en las dos indagatorias que le realizó la Justicia.

Ribelli fue policía de investigaciones y estuvo al frente de la División Automotores de Vicente López hasta que fue detenido -ocho años-, acusado de proveer la camioneta Traffic que voló la AMIA -en el atentado que murieron 85 personas-, pero luego fue absuelto por la Justicia.

«La superintendencia de entidades financieras y cambiarias del Banco Central sancionó con un apercibimiento en 2018 a Lucas y Carlos Zeballos. ¿Pero qué hizo ahora? Nada. ¿Cómo puede ser que después de estos robos siga operando Codecop?», cuestionó uno de los damnificados ante la consulta de Clarín. 

Sugestivo silencio de los Moyano

Codecop echó a 300 empleados durante el último mes y solo quedaron trabajando menos de 100 empleados, que se van rotando en la sucursal de Florencio Varela.

La empresa redujo las operaciones en su sede central de Florencio Varela y cerró las plantas de Mar del Plata y Misiones. De los 25 camiones propios, solo quedaron en funcionamiento tres camiones transportadores de caudales.

Los 300 trabajadores echados de Codecop eran afiliados al gremio de Camioneros, que conducen Hugo Moyano y sus hijos. Pero el sindicato no realizó ninguna protesta, pese a que los trabajadores recibieron en diciembre la mayoría de los telegramas, cuando regía la prohibición de los despidos. Y todavía no se hicieron efectivos los pagos por esos despidos.

Uno de los telegramas de despido que recibió un trabajador de Codecop, donde el dueño de la empresa Carlos Zeballos argumenta que no puede darle tareas para realizar.

Uno de los telegramas de despido que recibió un trabajador de Codecop, donde el dueño de la empresa Carlos Zeballos argumenta que no puede darle tareas para realizar.

Telegrama de despido que recibió un trabajador de Codecop, donde Carlos Zeballos justifica el despido porque el empleado filmó y tomó fotos de una protesta, en noviembre pasado.

Telegrama de despido que recibió un trabajador de Codecop, donde Carlos Zeballos justifica el despido porque el empleado filmó y tomó fotos de una protesta, en noviembre pasado.

“Fue un despido masivo. El gremio y el Gobierno nos dejaron en banda. Acá echaron a 300 compañeros y la gente de los Moyano nos entregó. Ni siquiera sacaron un comunicado denunciando esta situación”, dijo a Clarín un exempleado que pidió mantener su anonimato.

“Camioneros arregló con Zeballos y con el Gobierno. Nos abandonaron”, coincidió otro trabajador despedido.

«Yo era chofer, trabajé seis años y me echaron. No tengo respuesta de mi liquidación final. El Ministerio de Trabajo y el sindicato nos dieron la espalda», se quejó otro exempleado.

Los representantes de Camioneros estuvieron presentes hace dos meses en la planta de Florencio Varela, por última vez, para romper el paro que realizaba la mayor parte de los trabajadores, ya que habían sido suspendidos y no habían cobrado sus salarios. Después de eso, no se los volvió a ver a los gremialistas de Moyano en las instalaciones de Codecop.

Clarín intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con tres dirigentes gremiales de Camioneros, pero ninguno quiso responder.

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Ocaña prometió más pruebas para demostrar que Volnovich dejó ‘acéfalo’ al PAMI mientras vacacionó en el Caribe

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La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, anunció este sábado que tras la feria judicial aportará más pruebas para intentar demostrar que el PAMI “estuvo acéfalo” durante los diez días que su directora y director, Launa Volnovich y Jorge Rodríguez estuvieron de vacaciones, juntos en el Caribe mexicano.

Ocaña explicó que «la dirección del PAMI surge a través de un decreto del 2004 dictado por el Presidente Kirchner y establece que la conducción y la administración dependen de una dirección ejecutiva que está conformada por el director que nombra el presidente y con un subdirector cuya función primaria es la de suplir en caso de ausencia o de impedimento”.

Sin embargo, “tres funcionarios, la directora, el subdirector y el síndico, se fueron todos juntos de vacaciones dejando al PAMI sin conducción e incumpliendo con sus deberes de funcionario público. Está muy claro que el delito está conformado» afirmó Ocaña al programa Dato sobre Dato de radio Milenium.

«Más allá del tema ético, que sea en medio de una pandemia y de una ola de calor, que se ausenten los funcionarios del PAMI es un hecho grave”, sostuvo la ex titular del PAMI y ex ministra de Salud.

Destacó que “estos funcionarios y miembros de La Cámpora son los que levantan el dedo y les dicen a todos los argentinos que tienen que vacacionar a la Argentina porque los dólares son para la producción y pagar las deudas. Para ellos, no rigen esas reglas. Aquí lo que hay es un claro delito.»

«El Presidente no puede mover ni un alfiler del gobierno si no tiene la autorización de Cristina y de Máximo Kirchner y ese es un problema también porque en un régimen presidencialista como el de la Argentina tenemos un presidente que no tiene poder y eso es grave”, dijo en alusión al intento fallido de Alberto Fernández de pasar a Rodríguez a otro organismo para que no se repita la acefalía.

Para Ocaña, “es evidente que el Presidente no pudo hacer esos cambios. Habían dejado trascender el supuesto malestar que el Presidente tenía con esos funcionarios. Al no tomar ninguna medida, mostró que todo esto que trascendió no se pudo ejecutar. Es grave.»

Al explicar la acefalía de la obra social de los jubilados, dijo que “no se tomaron decisiones y en una institución como el PAMI donde todos los días tenes que tomar decisiones” mientras Volnovich, Rodríguez y el síndico estuvieron en el Caribe.

“Por 10 días al menos, no se habrían emitido ningún tipo de disposición. (..) Claramente aquí hay un incumplimiento de estos funcionarios que debe ser revisado por la justicia ya que el poder político no lo ha hecho», finalizó Ocaña.

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Para Miguel Angel Toma, Mohsen Rezai no fue detenido en Nicaragua por ‘una decisión geopolítica de Cristina Kirchner’

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Para el ex titular de la SIDE Miguel Angel Toma, el iraní imputado por el atentado a la AMIA, Mohsen Rezai, no pudo ser detenido en Nicaragua por un error del gobierno, sino que «estamos frente a una decisión geopolítica fundamentalmente sostenida por la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

“Es un alineamiento geopolítico que ella ya imponía allá por el 2010 tanto con Irán como con Venezuela, con Cuba y ahora con Nicaragua”, afirmó el ex diputado peronista a Dato sobre Dato de radio Milenium.

A su criterio “hay una decisión política. El embajador (Daniel) Capitanich obviamente es parte de ese diseño”, sino el diplomático debería haberse enterado que tres días antes la vicepresidenta Rosario Murillo anunció por radio y TV la llegada de Rezai, aseguró.

“Acá no hay que pensar que hubo negligencia. Ha habido una decisión de ver si pasaba la presencia de Mohsen Rezai y obviamente no pasó y aquí tenemos las consecuencias», agregó.

Cuando se le preguntó, si otros organismos de inteligencia internacionales deberían haber avisado a la AFI del viaje de Rezai, contestó «cómo va a confiar la CIA, la inteligencia alemana, española o francesa con un país que hoy tiene un gobierno con las características políticas que tiene?”

Recordó que “hace muy poco Cristina Caamaño, frente a un requerimiento judicial, envió la totalidad del libro de movimientos de la AFI sin testear ninguna de las cosas que deben ser testeadas cuando la justicia solicita información”, en alusión al informe con los nombres de dos mil agentes y analistas de la AFI que filtraron a medios K.

Para Toma, Caamaño “puso en superficie los nombres de los agentes, las fuentes, los movimientos, las designaciones, la metodología y el funcionamiento…”

Entonces, “¿Por qué un servicio de inteligencia serio como son los países occidentales van a confiar a pasarle información a un país que no es capaz de controlar su propia información sensible?”

Por ejemplo, subrayó, en ese informe estaba “hubo el nombre de la gente de la AFI que estaba operando en el Líbano, en el espacio donde Irán forma a la guerrilla del Hezbollah a través de Mohsen Rezai en su momento.»

«La estructura de la AFI ha sido absolutamente diezmada. Hoy no tienen ningún valor ni una significación y en realidad lo único que se usa de esa estructura son los fondos reservados para financiar operaciones ilegales y paralelas», aseguró el ex jefe de la SIDE del ex presidente Eduardo Duhalde.

Cuando se le comentó que el Gobierno le pidió a Rusia que detenga a un iraní acusado del atentado a la AMIA, pero se confundió de persona: «Creo que es producto de la incapacidad, la falta de seriedad y de la ausencia del profesionalismo que no es sólo en el área de la inteligencia”.

“Verificamos la misma situación en la Cancillería. Santiago Cafiero conduciendo la Cancillería argentina me parece que es poco serio y poco consistente. De manera que no nos tenemos que sorprender que estas cosas sigan sucediendo.»

Sobre la decisión de la justicia de Chile de darle la libertad condicional a Facundo Jones Huala, Toma dijo que “la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) existe, a pesar de la negativa del kirchnerismo”.

“Facundo Jones Huala la reivindicó, es su jefe y además lo que demuestra en gran medida es la complicidad del gobierno en el desarrollo de este tipo de acciones”, añadió en alusión a la gestión del embajador Rafael Bielsa a favor del dirigente mapuche.

El hecho de que hayan dejado en libertad “a Jones Huales es una situación de amenaza concreta de que se incrementen los hechos de violencia por parte de los pseudos mapuches en el sur”.

A su criterio “queda claro que hay sectores dentro del gobierno que opinan con simpatía o directamente son cómplices de la acción de estos señores. La Presidenta del INAI, Magdalena Odarda, del sector más duro del kichnerismo, fue sorprendida junto con su número dos llevando en camionetas oficiales del INAI elementos de logística para sostener la toma de los mapuches de la RAM en determinadas áreas en Bariloche o en otros lugares de la zona”.

“Acá no hay la confirmación solamente de que la RAM existe, no solamente que son violentas, no solamente que ejecutan acciones terroristas, no solamente que reciben dinero del narcotráfico, sino que además existe por parte del gobierno una actitud de complicidad como esta” destacó.

Toma finalizó advirtiendo que “si no se toma seriamente esta cuestión, hay un riesgo real de ruptura de la paz, de la seguridad y del control territorial de la Argentina en el sur patagónico.»

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Cancillería dice que no se equivocó cuando pidió a Rusia la captura de un iraní acusado por la AMIA que no estaba allí

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Horas después de que Clarín publicara que la embajada argentina en Irán incurrió en un nuevo error, al alertar a Buenos Aires de que uno de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA (1994) con pedido de captura internacional había viajado a Moscú esta semana junto al presidente Ibrahim Raisi, a pesar de que esa persona no estaba en Moscú, la Cancillería sacó un comunicado en el que aseguró que no se equivocó.

En su alerta, la embajada se refería a Mohsen Rezai, el vicepresidente de Asuntos Económicos iraníes, el mismo que estuvo en Nicaragua entre el 9 y 13 de enero para participar de la reasunción de Daniel Ortega. El aviso de la embajada argentina en Teherán movilizó un pedido de detención de Mohsen Rezai por parte de Interpol Argentina a Interpol Rusia, que además surgió de la Justicia argentina por el aviso de Cancillería. En la misma se involucró la Unidad Fiscal AMIA. Pero Mohsen Rezai nunca estuvo en Moscú, y quien relató las novedades de esa gira de iraníes por Rusia fue Ebrahim Rezai, miembro del grupo parlamentario de amistad ruso-iraní.

Sin embargo, Cancillería salió a responder. «No está en las funciones de la Cancillería argentina ordenar una detención, eso lo hace la Justicia. El título falaz de la nota desconoce el principio constitucional básico de la división de poderes».

«A la vez, ignora que el servicio exterior no tiene entre sus funciones la de investigar a un acusado. En rigor, la Cancillería actúa como auxiliar de la Justicia, que es quien lleva adelante la investigación y el proceso», señaló el organismo que conduce Santiago Cafiero en un hilo de Twitter.

«La Cancillería, a través de su embajada en Irán, recibió información que daba cuenta de que el ciudadano iraní Mohsén Rezaí podría desplazarse a Rusia en una comitiva», afirman y agrega: «Y, como indica el procedimiento en estos casos, inmediatamente se actuó poniendo en conocimiento a las autoridades judiciales y policiales pertinentes: UFI AMIA e INTERPOL».

A pesar de este comunicado, Clarín confirmó el viernes de muy altas fuentes que el Rezai que busca la Argentina fue confundido con otro funcionario del mismo apellido: puntualmente, con el jefe del grupo parlamentario ruso iraní, Ebrahim Rezai, quien fue uno de los voceros de la visita oficial que Raisi le hizo a Vladimir Putin esta semana.

Pese a estos datos, Cancillería insiste: «Por otra parte, la nota asevera -sin base fáctica alguna- que se habría confundido la identidad de la persona buscada por Interpol. Dicha especulación es falsa y sólo busca desmerecer la función de los agentes involucrados en realizar la alerta correspondiente».

Y concluyen: «Rechazamos el injusto ataque formulado en la nota al correcto proceder del personal del Servicio Exterior de la Nación y alentamos al cuerpo diplomático a seguir trabajando en coordinación con la Justicia, sin dejarse desalentar por operaciones mediáticas maliciosas y sesgadas».

El Rezai equivocado

Según las fuentes consultadas por Clarín, en las fotos del viaje no se ve tampoco a Ebrahim Rezai en Rusia, sino que se lo encuentra reportando los hechos desde Teherán.

El pedido de la UFI AMIA firmado el miércoles último por la fiscal Mariela Labozzetta, que suplanta al titular Sebastián Basso dice así: «Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Fiscal interinamente a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la sede de la AMIA, en la causa nro. 8566 cuya investigación se encuentra delegada en esta Unidad»

Mohsen Rezai y Daniel Ortega compartieron el acto de asunción.

Mohsen Rezai y Daniel Ortega compartieron el acto de asunción.

Y agrega: «A fin de hacerle saber que se ha tomado conocimiento que MOHSEN REZAI, quien registra captura nacional e internacional en la causa en la que me dirijo (dispuesta por el Sr. Juez Canicoba Corral el 9 de noviembre de 2006), se encuentra en el día de la fecha y hasta el día de mañana en la ciudad de Moscú, Federación de Rusa».

Pero Interpol Rusia contestó a la Argentina a su pedido de detención de Mohsen Rezai: «Amablemente se informa que la persona mencionada es desconocida para nuestros registros policiales centralizados. En caso que recibamos información adicional, serán puestos en conocimiento».

Esa nota fue entregada a Eduardo Zuaín, embajador en Moscú y quien este viernes ratificó a la agencia Télam que Alberto Fernández estará en Rusia el 3 de febrero.

El escándalo se profundizó porque se supo que el gobierno de Nicaragua informó en forma oficial y pública tres días antes de la asunción de Daniel Ortega de la visita del funcionario de Irán Mohsen Rezai, uno de los acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA, pero el gobierno argentino insiste en que no se enteró.





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