El escándalo por la posibilidad de que la ¿modelo? Sofía Clerici pueda ingresar al blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno los casi 570.000 dólares en efectivo que la justicia secuestró en uno de sus domicilios cuando investigaba posible lavado de dinero en su excursión junto al caudillo peronista de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, acaba de tener un nuevo capítulo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) que preside Ignacio Yacobucci apeló este lunes la resolución del Juzgado Federal de Zamora que le permitió a Clerici transferir los 569.911 dólares a una cuenta apta para adherirse provisionalmente al blanqueo.

En su apelación, el organismo antilavado sostiene que aunque Clerici haya explicado que el dinero provino de su actividad de acompañante de viajes, no aportó elementos probatorios que confirmen esos dichos (por ejemplo, por medio de testigos).

Para pedir su ingreso al blanqueo dispuesto por el gobierno y aprobado por el Congreso, la compañera de Insaurralde en la travesía mediterránea del yate Bandido había dicho que la actividad que ella ejerce no permite registración en la AFIP y por ello no tiene forma de justificar el origen de su dinero.

Sin embargo, la presentación del Director de Litigios Penales de UIF, Mariano Abel Ezeyza, sostiene que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad. Es decir: con factura o no, Clerici debe ofrecer pruebas respecto de dónde sacó su plata, para disipar las sospechas, por ejemplo, de que no provenga de actividades delictivas.

«De mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios», reflexiona ante Clarín una fuente de la UIF.

«La gravedad de los hechos que se investigan, por su vínculo con posibles hechos de corrupción, sumado a la trascendencia de la cuestión debatida por los efectos que puedan tener en el futuro en otros casos, impone la necesidad de revisar la resolución atacada por tratarse de un supuesto de gravedad institucional», razona el ente antilavado en su escrito.

«En primer lugar, el hallazgo de dinero en el domicilio de Sofia Clerici se vincula con la razonable sospecha de que puedan ser producto o provecho de actividad ilícita desarrollada por Martin Insaurralde vinculado al ejercicio de la función pública. Si bien el dinero fue hallado en el ámbito de custodia de Clerici, lo cierto es que no se ha logrado acreditar que sea de su propiedad, ni tampoco la licitud de su origen.»

«De hecho, surge de la prueba acompañada por vía de exhorto por las autoridades del Reino Unido de España que, los gastos de alojamiento y del alquiler del yate de lujo Bandido en el viaje a Marbella, España, se habrían facturado a nombre de Clerici. Esto indica claramente que la nombrada hacía pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él«, sigue la UIF en su apelación.

Esa breve presentación judicial es, sin embargo, muy elocuente respecto del razonamiento respecto de la postura adoptada por el juez Ernesto Kreplak para aceptar a Clerici en el blanqueo. «El magistrado omitió valorar que el Régimen al que Clerici pretende adherirse, tiene como finalidad permitir que los sujetos exterioricen activos de origen lícito no declarados ante el fisco. En este punto es de vital relevancia acreditar siquiera mínimamente la veracidad de la supuesta fuente generadora de ingresos, para descartar el origen ilícito, puesto que claro está que las actividades ilícitas no tributan.»

Por eso, «permitir la transferencia de los fondos y la adhesión condicional de Sofia Clerici al Régimen de Regulación de Activos tomando por ciertos los dichos de la imputada sobre el origen del dinero, implica un grave perjuicio contra el orden económico y financiero.» Para la UIF, «de mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cual fue el modo de pago por estos servicios.»

Este es el punto central de la objeción, que incluso trasciende el caso Clerici-Insaurralde: «Bajo el razonamiento del juez, perfectamente cualquier persona sin una actividad lícita declarada (o como es en el caso, inscripta en el monotributo) que tuviera dinero en efectivo proviniendo del narcotráfico podría solicitar blanquear su dinero invocando como fuente generadora el ejercicio de la prostitución, sin que los operadores estatales hicieran preguntas para descartar el origen ilícito del dinero.»

La resolución judicial que le abrió a Clerici las puertas al blanqueo

Luego de una primera negativa, la semana pasada el juez Ernesto Kreplak, que lleva el expediente, habilitó el traslado del dinero que la justicia había secuestrado a Clerici -justamente bajo sospechas de lavado de dinero- a una Cuenta Especial de Regularización de Activos en dólares en el Banco Galicia, que la modelo abrió para ingresar al blanqueo, y dispuso la inmovilización de esos fondos a través de una medida cautelar. En ese mismo acto, el juez le volvió a negar a la escort VIP su sobreseimiento.

«En este contexto de falta de mérito probatorio suficiente para sobreseer o bien atribuir responsabilidad a la encausada, me lleva a concluir que la labor investigativa y el tiempo que insume la investigación de maniobras complejas como las que aquí se denunciaron e investigan, no pueden violentar el principio de inocencia del que goza Sofia Clérici o cualquiera de los investigados, obligándola a la pérdida de un derecho que la normativa específica parece concedérsele cuando existen medidas menos gravosas, que permitirían, a la vez, cumplir con las medidas de aseguramiento del proceso, lo que suele denominarse, ‘principio de proporcionalidad de las medidas cautelares’», explicó Kreplak en su controvertido fallo.

El magistrado, que ante su colaboradores se mostró frustrado porque consideró que no tenía herramientas legales para negar el pedido de Clerici para entrar al blanqueo, sostuvo que en caso de que sea condenada, la Ley de Blanqueo de Capitales es clara y prevé «la perdida automática de todos los beneficios que otorga el régimen al cual Clérici pretende acogerse». Y detalló que la intención de la medida es que se le permita «a los sujetos obligados tener la posibilidad de regularizar sus obligaciones fiscales, incluso cuando ya estuvieran bajo un proceso de investigación penal, en tanto y en cuento no se encuentren procesados».

«Con la medida precautoria de prohibición de innovar respecto de la suma de dinero que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos aportada por la defensa de la imputada, puede garantizarse que no se altere o modifique la situación de hecho preexistente; lo que permitiría, en simultáneo, no obstaculizar el ejercicio de un derecho acordado por la ley como así tampoco frustrar los objetivos de la medida cautelar dispuesta en autos por la Alzada», sentenció Kreplak en sala resolución que ahora fue apelada por la UIF.

Ahora, la resolución del planteo queda en manos en la Sala III Cámara Federal de La Plata, cuyos integrantes deberán decidir si convalidan o no la decisión adoptada por el juez.