POLITICA
La viceministra de Salud explicó el motivo de la creación del organismo que controlará cinco hospitales nacionales
En el marco del nuevo esquema de gestión hospitalaria anunciado esta semana por el Gobierno, la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, brindó una extensa explicación sobre los fundamentos detrás de la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el organismo descentralizado que a partir de ahora tendrá bajo su órbita a cinco hospitales públicos nacionales.
La medida fue oficializada a través del Decreto 459/2025, firmado por el presidente Javier Milei, y forma parte de un paquete de normativas difundidas en el Boletín Oficial. La ANES administrará de manera centralizada los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).
“Con esta decisión buscamos simplificar la gestión administrativa, financiera y legal de cinco hospitales nacionales”, explicó Loccisano en diálogo con Radio Rivadavia. La funcionaria señaló que la iniciativa se enmarca dentro del plan de reordenamiento que lleva adelante el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, con el objetivo de reducir la ineficiencia estructural detectada en varios de estos centros de atención. “Encontramos muchas cosas que estaban mal, irregularidades, curros, situaciones que se venían repitiendo año tras año”, detalló.
Según Loccisano, los problemas hallados abarcan desde compras de medicamentos con sobreprecios hasta la destrucción sistemática de vacunas por errores en la planificación de adquisiciones. Como ejemplo, mencionó que en los últimos cuatro años se descartaron dosis de vacunas antigripales por un valor equivalente a 14 millones de dólares. “Se compraba por las dudas, se repetía el histórico y se terminaba destruyendo”, afirmó.
La funcionaria explicó que tras revisar esos mecanismos, se logró bajar el costo de una compra de vacunas de 60 a 37 millones de dólares, a partir de una combinación de cálculo más preciso, nuevas normas de competencia y una mayor cantidad de oferentes. “Se ahorraron 23 millones. No solo porque se calculó mejor, sino porque también se mejoraron las normas de competencia”, sostuvo.
En ese sentido, la ANES permitirá realizar licitaciones conjuntas para los cinco hospitales, incluyendo no solo insumos médicos, sino también servicios como seguridad, limpieza y alimentación. La expectativa es que esta unificación permita negociar precios más bajos, ganar escala y reducir redundancias. “Planeamos que la licitación sea una para los cinco hospitales”, indicaron fuentes oficiales.
Loccisano insistió en que la creación del nuevo organismo no implicará la aparición de estructuras paralelas, sino que se apoyará en los equipos técnicos existentes en cada hospital. “Los hospitales van a seguir funcionando igual. Lo que hacemos es simplificar la administración con los mismos equipos técnicos que hoy trabajan”, remarcó.
La funcionaria también apuntó contra la gestión de los hospitales de financiamiento compartido con la provincia de Buenos Aires, asegurando que el Estado nacional sostiene en soledad varios de estos centros, pese a no corresponderle. “La provincia está ausente, no pone el financiamiento que le corresponde. La Nación los sostiene porque no podemos dejar a las personas sin prestaciones”, señaló.
Durante la entrevista, Loccisano se refirió a otro punto que generó controversias: la situación del Hospital Garrahan, cuya estructura jurídica como hospital SAMIC lo deja por fuera de la ANES, pero que también es parte del plan de eficiencia impulsado por el ministerio. “En el Garrahan hay más de 500 cargos de conducción por 580 camas. Prácticamente, hay un jefe por cama. En el Posadas, que tiene 500 camas, hay 55 cargos jerárquicos”, comparó. Según precisó, el objetivo es ordenar y evitar la proliferación de jefaturas innecesarias que desvían recursos.
Respecto a los cambios propuestos en el sistema de residencias médicas, defendió la implementación del esquema de “beca-institución”, el cual –según dijo– permite a los residentes optar por un sistema que aumenta sus ingresos de bolsillo y mejora las condiciones laborales, sin eliminar la opción vigente. “El que quiere quedarse en el sistema tal cual está, se puede quedar”, afirmó.
En cuanto a la absorción del Instituto Nacional del Cáncer (INC) dentro de la estructura del Ministerio, aseguró que no se verán afectadas ni las funciones ni los equipos profesionales. “La provisión de drogas oncológicas, la compra y distribución, siempre estuvo en manos del Ministerio de Salud. No hay ningún programa que se haya dado de baja”, aclaró.
Finalmente, al referirse a la situación del PAMI, Loccisano explicó que se encuentra bajo un proceso de reordenamiento con foco en eficiencia y acceso directo a los afiliados. Mencionó mejoras en la entrega domiciliaria de insumos como pañales y en la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias y medicamentos al vademécum. “Este gran comprador que es el Estado debe generar eficiencias que impacten en todos los organismos”, concluyó.
POLITICA
Qué le dijo Camila Perochena a Javier Milei tras el ataque del presidente
La doctora en historia e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, Camila Perochena, respondió a las críticas del presidente Javier Milei en el marco del debate sobre el rol de la Argentina como potencia mundial a principios del siglo XX. Durante su columna en Odisea Argentina (LN+) la especialista detalló los argumentos históricos y económicos que cuestionan la narrativa sostenida por el oficialismo sobre ese período.
“Ojo Presidente con confundir riqueza con potencia, no es lo mismo”, señaló Perochena en diálogo con el periodista Carlos Pagni. Con esta frase, la especialista sintetizó el eje de su argumentación, que busca diferenciar el alto ingreso per cápita del país a comienzos del siglo XX de la capacidad real para influir en el orden global, una característica propia de una potencia.
Perochena explicó que el Gobierno basa su afirmación en las series del economista Angus Maddison, que ubican a la Argentina con un PBI per cápita elevado entre 1900 y 1930. “En 1913, la Argentina estaba en el puesto 13 de ese ranking, con un PBI de US$1770”, observó, aunque Perochena advirtió que este dato por sí solo es engañoso.
“Hoy, por ejemplo, en el puesto 12 del PBI per cápita está San Marino. Primera en el ranking está Luxemburgo. Esto quiere decir que el indicador de PBI per cápita no es muy bueno para medir si un país fue una potencia o no, porque depende mucho de la cantidad de habitantes”, analizó.
La historiadora contrastó las cifras de 1913, que muestran una diferencia de escala: Argentina, con una población de 7,5 millones de habitantes, alcanzaba un PBI per cápita de US$ 1770. En cambio, Alemania registraba un PBI per cápita similar, de US$ 1907 pero con una población de 67 millones. El tamaño absoluto de la economía argentina era muy reducido en comparación, lo que le impedía tener el peso de una verdadera potencia mundial.
Según la historiadora, el concepto de potencia excede lo puramente económico. “En términos de relaciones internacionales, ser una potencia implica poder influir en el orden internacional y moldear las normas del sistema internacional”, definió. Agregó que la Argentina de ese entonces “no estaba ni cerca de sentarse en la mesa chica de los países que toman las decisiones centrales”.
Para fundamentar su postura, recurrió a una figura histórica elogiada por el propio Milei: Carlos Pellegrini. Citó una carta que el expresidente escribió en 1901 desde Europa. “Nosotros solo necesitamos tiempo y juicio y tener presente que los Estados Unidos, en 1801, era lo que la República Argentina es en 1901, de manera que, si sabemos manejarnos, el siglo XX será de América del Norte, y el siglo XXI de América del Sur. Ni los propios liberales se autopercibían una potencia mundial. Pellegrini, liberal, decía que nos faltaban cien años para ser potencia”, leyó y argumentó.
Perochena sumó más datos para sostener su tesis, basados en el estudio Rica pero no tan moderna de Lucas Llach. El trabajo responde esta pregunta al analizar indicadores que van más allá del ingreso. Si bien Argentina pertenecía al “club de los ricos” de la época, con un PBI per cápita que superaba el 80% del de las economías más avanzadas, mostraba un notable rezago en variables clave del desarrollo.
El estudio establece una distinción fundamental entre “rico” y “desarrollado”, y concluye que el país encajaba en la primera categoría, pero no plenamente en la segunda. La riqueza provenía de un crecimiento extensivo, un salto único impulsado por la tecnología del ferrocarril que permitió incorporar masivamente tierras fértiles a la producción, pero este modelo no se acompañaba de una modernización estructural paralela.
El PBI per cápita de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal era similar al de Australia en 1929, mientras que las diez provincias no pampeanas, principalmente del norte, tenían un nivel de ingreso comparable al de México.
El estudio es categórico al afirmar que una cuarta parte de la población argentina vivía en regiones que producían apenas el 10% del PBI nacional. Esta fractura interna demuestra que la prosperidad del modelo agroexportador no se distribuía de manera homogénea y que una parte significativa del país no participaba de la riqueza que posicionaba a la Argentina en los rankings internacionales.
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POLITICA
Unión por la Patria busca derogar los DNU de Milei sobre fuerzas de seguridad y llevar el debate al Congreso
Unión por la Patria anunció que derogará los DNU de Javier Milei que reestructuraron a las Fuerzas de Seguridad. Así se lo confirmó a TN el diputado José Glinski, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y actividades de Seguridad Interior.
Buscarán llevarlos al recinto de las cámaras legislativas en las próximas sesiones. En la embestida también se sumaron los diputados Leopoldo Moreau, Juan Marino, Carolina Gaillard, Germán Martínez y el senador Oscar Parrilli.
La Comisión analizó los DNU delegados, a los cuales hizo referencia UxP, los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional que refieren a los nuevos marcos legales para la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“Tomamos una decisión que nadie se animó a tomar en 50 años: ordenar, definir y conducir con firmeza a nuestras fuerzas. La PSA cuida los aeropuertos. Gendarmería protege nuestras fronteras. Prefectura controla ríos y mares. El SPF, en las cárceles”, dijo entonces ante la firma de estos DNU la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Este martes, ante los legisladores, Diego Freitas Ortiz de Rosas, director nacional de transformación institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera del mismo ministerio, defendieron la decisión de la norma que “fue implementada en el marco de la ley Bases y de las facultades delegadas”.
“Nos hubiese gustado trabajar estos temas en el Congreso, en las comisiones”, les respondió el diputado José Glinski. Recordó, además, que de la sancionada ley Bases, se quitó la declaración de Emergencia en Seguridad. “Estas reformas exceden lo expresado por los legisladores. Son reformas ilegales, hay una extralimitación del Poder Ejecutivo. No hay que tenerle miedo al debate democrático”, aseguró.
En otro orden de cosas, el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, habló de las dificultades para sesionar por el cerrojo de seguridad que impide el normal acceso al Congreso. El edificio está vallado por las fuerzas de seguridad no solo alrededor de los edificios, sino también en lo que respecta a la representación popular y de las provincias que encarnan diputados y senadores.
Otro legislador consideró que el Congreso está “militarizado” en cada debate. Martínez advirtió que “están dejando a las Fuerzas de Seguridad en una debilidad jurídica constitucional, malinterpretando el artículo 3 de la Ley Bases”, referido a la delegación de facultades.
En tanto, el diputado oficialista de La Libertad Avanza, Santiago Pauli, dijo a TN: “Estos DNU que traen estas reformas seguirán su curso. Entendemos que la oposición no está de acuerdo; tienen los mecanismos para manifestarlo, como la otra Bicameral (la Comisión de Trámite Legislativo). Pero los avances en materia de seguridad del Gobierno nacional están en sintonía con lo que la sociedad quiere, que es bajar la inseguridad. El Congreso tiene opiniones diversas y existen los mecanismos para expresarlas”.
El presidente de la Comisión, el senador Martín Goerling Lara (PRO), consideró que se cumplieron los objetivos de la convocatoria: “Creo que era necesario este ida y vuelta para despejar dudas y conocer los puntos de vista de cada sector: el Gobierno, por un lado, y los diputados de la oposición, por otro. Es importante este debate porque fue muy sorpresivo. La decisión del Ejecutivo se tomó en el último momento, cuando vencían las facultades delegadas. Salieron los decretos y no hubo difusión. Para eso se convocó a la comisión: para discutir”.
Los decretos de reestructuración
El pasado 8 de julio, en el filo del vencimiento de las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado al Poder Ejecutivo —sin incluir expresamente la materia de Seguridad, que fue excluida en el debate parlamentario de la Ley Bases—, el Gobierno aprobó mediante una serie de decretos nuevos marcos legales para cuatro fuerzas federales: la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo central de la reforma es modernizar sus estructuras, mejorar la eficiencia operativa y adaptarlas a los desafíos contemporáneos, como el crimen organizado, la seguridad fronteriza, la reinserción social y el control marítimo.
Los pasos en el Congreso
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), al igual que los decretos dictados en el marco de facultades delegadas, tienen plazos para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por Oscar Zago (MID). La comisión debe emitir un dictamen de aprobación o rechazo para que el tema llegue al recinto. Tiene diez días hábiles desde el ingreso del decreto al Parlamento para someterlo a debate.
“Vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, señala la ley 26.122, que regula el uso de los DNU y que varios bloques buscan reformar.
Eso es lo que impulsa UxP: llevar directamente uno de los DNU al recinto, el que modificó la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina, ya que cumplió con los plazos para su debate en la comisión y está en condiciones de ser tratado.
Las novedades se conocerán tras el receso legislativo, previsto para agosto.
fuerzas de seguridad, Senado, Bicameral
POLITICA
Qué dijo la Justicia sobre la publicación de Milei sobre Ian Moche
La Justicia Federal intervino de manera formal en la controversia por el reposteo del presidente Javier Milei sobre Ian Moche. Un juez de La Plata emitió una resolución que obliga al Poder Ejecutivo a pronunciarse sobre la publicación que la familia del niño activista de 12 años con autismo busca eliminar de la red social X.
El juez federal de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, a cargo del juzgado Nº 4, estableció un plazo de cinco días para que el presidente Javier Milei presente su versión sobre los hechos denunciados. El plazo corre a partir de la notificación formal en su domicilio legal.
Una vez que el Poder Ejecutivo presente el informe circunstanciado o venza el tiempo para hacerlo, el magistrado tendrá 48 horas para dictar una resolución. En esa instancia, definirá si ordena o no al Presidente la eliminación del mensaje de su cuenta en la red social X.
La decisión del juez Recondo, firmada el pasado jueves, se alinea con el dictamen previo del fiscal Federal N°2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía. El fiscal habilitó la intervención del fuero en el caso, un paso clave para el avance de la demanda.
La Justicia determinó la competencia del fuero federal porque la publicación en cuestión se realizó desde la cuenta oficial de Javier Milei como presidente de la Nación. El dictamen del fiscal Gutiérrez Eguía subraya que el perfil del mandatario en la red social X posee un tilde gris, una marca de verificación que la propia plataforma reserva para “Individuos del Gobierno Nivel nacional: Jefes de Estado (presidentes, monarcas y primeros ministros) y sus adjuntos y cónyuges”.
El fiscal argumentó que, si bien el caso pertenece al derecho no penal, la publicación la efectuó el demandado en su rol de Jefe de Estado. Citó jurisprudencia que indica que la calidad de la persona que comete un acto o sufre sus consecuencias puede determinar la competencia federal, especialmente si afecta o compromete los intereses del Estado Nacional. Este reconocimiento implica que el reposteo no se considera una simple opinión personal, sino un acto vinculado a su función pública.
La polémica comenzó cuando el Presidente reposteó un mensaje de un usuario anónimo que agraviaba a Ian Moche, activista autista de 12 años, y al periodista Paulino Rodrigues de LN+. La publicación mostraba al niño en fotografías junto a figuras de la oposición como Sergio Massa y Cristina Kirchner, con el objetivo de calificarlo como “ultrakirchnerista”.
El contexto era el debate por la ley de emergencia en discapacidad. La familia de Ian cobró notoriedad tras un encuentro con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según la madre del niño, Marlene Spesso, el funcionario le dijo que tener un hijo con discapacidad era “un problema familiar” y no del Estado. Tras la viralización del reposteo presidencial, la familia denunció una campaña de hostigamiento en redes, que incluyó la divulgación de datos privados como la dirección de su casa y la escuela de Ian.
La familia de Ian recibió con cautela la novedad judicial. “Como familia tomamos la decisión de decirle basta a los ataques y a la violencia, que no podemos permitir. El universo va poniendo a cada uno en su lugar”, dijo a Marlene Spesso. Por su parte, el abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, publicó en sus redes: “Señor Presidente Javier Milei todavía está a tiempo de borrar el posteo y pedir una disculpa”.
@ianmoche
Desde el Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al tema en su conferencia de prensa del 25 de junio. “Ian Moche nunca fue objetivo de alguna crítica. Eso fue malintencionado lo que quisieron instalar. Lo que Milei criticaba fue la utilización del niño por parte de algunos medios de comunicación y de algunos dirigentes de la oposición”, afirmó Adorni.
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actualidad política, acto 9 de julio, milei, ministros, rosada
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