Desde hace tiempo el juez Ariel Lijo está en el ojo de la tormenta por su postulación a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. Oscuro y críptico, se le adjudican todo tipo de tropelías e intercambio de favores con diversos actores del poder político, por lo que aquella promoción -hoy agravada por su designación por decreto presidencial, en abierta contraposición con las disposiciones de la constitución nacional- levantó polvareda de todos lados, tanto a favor como en contra.

Una de las primeras en expresarse en respaldo de la promoción de Lijo fue la diputada María Eugenia Vidal, la misma que tenía una causa en su contra en el juzgado administrado por ese juez por la compra irregular de un inmueble en Recoleta. La denuncia respectiva fue presentada en su momento por Yamil Castro Bianchi, y Lijo la sobreseyó el 19 de diciembre pasado. El fiscal federal Ramiro González no apeló, por lo que acaba de quedar firme esa sentencia.

Enriquecimiento ilícito

En el texto de la denuncia se argumentaba que la diputada del Pro había comprado un departamento en Recoleta, a mediados de 2019, por 340 mil dólares. Sin embargo, en la declaración jurada previa correspondiente a ese mismo año, Vidal informó contar con un patrimonio de 95 mil.

La diputada pretendió justificar la compra afirmando que había tomado una hipoteca y que tenía ahorros. “Es el resultado del trabajo de toda mi vida, de la venta de mi casa anterior cuando me divorcié y de la mitad del auto que tenía con mi exmarido; una mitad de la casa la pagué con eso y la otra, con una hipoteca de diez años”.

Pese a que los datos la incriminaban, Lijo decidió sobreseerla, con el argumento de que “con la prueba reunida, no es posible cuestionar la situación patrimonial de Vidal, ya que no se observa un incremento injustificado de su patrimonio, como sostiene el denunciante”. Y continuó su explicación aseverando: “Es evidente que no hubo enriquecimiento ilícito en el caso, pues del análisis de sus declaraciones juradas se desprende que su capacidad económica, complementada por el crédito hipotecario, le permitió adquirir el inmueble mientras ejercía el cargo de gobernadora, disipando así cualquier sospecha inicial”.

Por si fuera poco, Lijo destacó: “Es relevante señalar que tanto las declaraciones juradas como la información proporcionada por el escribano y por los distintos organismos del sector público concuerdan entre sí, mostrando coherencia y transparencia en la evolución patrimonial de la imputada”. Y, al referirse a la mencionada hipoteca, sostuvo que “está perfectamente documentada y declarada” en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA). “Esto da verosimilitud a la deuda contraída y brinda una sólida base para comprender su situación económica, demuestra además su cumplimiento con las obligaciones fiscales y refleja responsabilidad y transparencia en la actividad financiera “, completó.

Ramiro González, el fiscal designado en la causa, aceptó los argumentos de Lijo, y decidió no apelar la sentencia. Además de esa fiscalía, se desempeña como fiscal subrogante federal con competencia electoral de los tribunales de Comodoro Py. Es la única que interviene en el control de los comicios –incluyendo el financiamiento electoral de los partidos nacionales-, y en 2024 fue objeto de una causa penal por la “fastuosa y millonaria” fiesta de cumpleaños que él mismo se regaló. La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó su desestimación con el argumento de que la denuncia “era poco precisa”, y el juez Sebastián Casanello ordenó su archivo.

La oscura trama de Comodoro Py queda en evidencia con estas acciones. Sobre todo si se considera que Ramiro González es el ahijado judicial de María Servini y además revista como titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).

Un tuit polémico

No es casualidad que el poder judicial sea el más desacreditado en la opinión pública, con indicadores de un 92 por ciento de descrédito entre los argentinos en las encuestas más recientes. Pero, en el caso puntual de la causa del departamento de Vidal, surge un nuevo elemento para sumar a la confusión general, relacionado con el posteo en X que hizo la diputada, en el que transcribe la nota del diario La Nación, aunque alterando su título. En efecto, mientras que en la del lleva como título: “María Eugenia Vidal fue sobreseída por enriquecimiento ilícito: Lijo falló a su favor y el fiscal no apeló”, y en la bajada se informa que “La exgobernadora fue denunciada por la compra de un inmueble en Recoleta; el juez dijo que no había pruebas para avanzar contra ella y Ramiro González consintió esa decisión”;  en la publicación de Vidal se altera el título, limitándose a consignar que: “María Eugenia Vidal fue sobreseída por enriquecimiento ilícito”, y también la descripción: “Había sido presentada a partir de la compra de un departamento en Recoleta”.

De este modo, con un pase de magia, Vidal pretende desvincularse de Lijo y de González, excluyéndolos de toda responsabilidad en su sobreseimiento. Las razones detrás de esa decisión sólo pueden ser planteadas en el terreno de la especulación. ¿Habrá considerado la diputada que la referencia a ambos incrementaba las dudas sobre la Justicia del sobreseimiento? El diario La Nación ha sido uno de los más críticos respecto de la postulación de Lijo a la Suprema Corte, por lo que llama la atención que recurra a repostear a ese medio, y, mucho más aún, a alterar los titulares de la nota.

Hayan sido cualesquiera fuesen las razones que llevaron a Vidal a alterar el contenido y el sentido de la nota, su decisión sólo tiende a echar un manto de sospechas aún mayor sobre el comportamiento de la Justicia Federal, su relación con la dirigencia política y, por supuesto, sobre la solidez de la sentencia de sobreseimiento.

“No aclares que oscurece”, afirma la sentencia popular. Vidal, Lijo y González han quedado sumidos en una oscuridad mayor a la que les precedía, si es que esto fuese posible. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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