Desde sectores la Coalición Cívica y del PRO salieron a defender la autonomía y la independencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Ignacio Yacobucci, mientras un sector del gobierno de Javier Milei busca lograr la renuncia o el despido del funcionario que lucha contra el lavado de dinero. Yacobucci es hijo del juez Guillermo Yacobucci.

Voceros del ministro de Justicia y de Yacobucci consultados por Clarín se excusaron de hacer comentarios sobre una versión que habla de un inminente despedido de Yacobucci quien fue nombrado en su cargo el año pasado luego de una audiencia pública y tiene 4 años de mandato.

En cambio, el diputado de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Juan López, y el El ex titular de la UIF del gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, salieron a defender la autonomía e independencia del organismo que desde el 2015 se mantiene como querellante en la causa Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el año paso asumió ese rol en el caso por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente K de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

El año pasado, tras presentarse como querellante contra Insaurralde por el cso del Yategate, Yacobucci intentó evitar la salida sorpresiva de su vicepresidente Manuel Tiesso y su reemplazo por Santiago Gonzalez Rodríguez, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

El diputado López negó, como dicen las versiones de un sector de LLA, que Carrió se haya reunido con Yacobucci. En cambio, confirmó que la diputada de la CC, Mónica Frade, entregó en la Justicia y en la mesa de entradas de la UIF una denuncia. Sería la denuncia por supuesto lavado contra el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo.

Ante la situación de incertidumbre que rodea a Yacobucci, Federici dijo que “con el fin de avanzar sus intereses políticos, el gobierno se ha embarcado en la destrucción de la autonomía e independencia operativa de la UIF, comprometiendo así la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la capacidad del país de cooperar internacionalmente con el esfuerzo global contra tales amenazas”.

La autonomía de la UIF “es un pilar fundamental de la confianza de las fuentes de información en la institución, tanto a nivel local como internacional. Si las fuentes perciben que el gobierno interfiere indebidamente y con fines políticos en la autonomía e independencia operativa del organismo, lo más probable es que corten el flujo de información hacia el mismo, privándolo de la materia prima necesaria para la producción de inteligencia financiera y afectando de esa manera la efectividad de sus aportes a la justicia argentina y a sus contrapartes extranjeras”, agregó en declaraciones a Clarín.

Tanto la Ley Argentina como los estándares internacionales “exigen que las UIF sean autónomas y operativamente independientes, y esto es precisamente para evitar que los intereses políticos comprometan la búsqueda de la verdad y la justicia, y la cooperación con otros países en favor de la paz y la seguridad internacional”, subrayó.

Incluso, Yacobucci asumió hace unas semanas la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Lavado de Dinero (GELAVEX) de la OEA, luego de haber evitado el año pasado que la Argentina por mala gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina contra el lavado pasara a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Si era incluido en esa lista iba a perder 7.6 puntos del PBI por el retiro de inversiones y sanciones financieras internacionales.

La versión de sectores del Gobierno es que Yacobucci “no avanzó con la adecuación de la UIF a los estándares requeridos por el GAFI”, cosa que Federici y otros expertos niegan. Como también desmintieron que el funcionario haya viajado en primera clase a París, Singapur y otros destinos vinculados con reuniones del GAFI. Los viajes los autoriza Justicia y la Cancillería. “Yacobucci viajó una sola vez en Premiun Economy a Comodoro Rivadavia porque el ministro le pidió a último momento que viajara para al anuncio de la implementación del nuevo Código Procesal penal”, contó una fuente parlamentaria

Según la versión incluso, fue “observado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que informó al Presidente y pidió explicaciones al funcionario”.

A Yacobucci también le recriminan que “no cumplió con una línea que bajó el propio Javier Milei e incluso Cúneo Libarona, su jefe político, y es la que sostiene que la UIF no debe participar como querellante en ninguna causa de lavado o narcotráfico”.

Según la línea oficial, esa tarea tiene que ser llevada adelante por los jueces y fiscales sobre todo en los casos de corrupción para evitar que la UIF quede involucrada en una presunta persecución contra dirigentes de otras gestiones políticas.

Y argumentan que el propio GAFI en un documento sobre la Argentina advirtió a la UIF y le pidió que deje de ser querellante en causas judiciales. «El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) indicó que Argentina debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante en procesos penales, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa», sostendría el GAFI que en el Gobierno usan para sostener esa posición.

En realidad, ese documento dice que se deben garantizar las salvaguardas para garantizar la independencia de la UIF y nada de no recomendar ser querellantes. Desde que asumió Yacobucci la UIF solo pasó a ser querellante en 9 causas por narcotráfico y lavado y el caso Insaurralde.

En la oposición, y sobre todo en algunos sectores del PRO más enfrentados a La Libertada Avanza, dicen que la búsqueda de la renuncia de Yacobucci reflejaría el presunto pacto de impunidad entre Milei y Cristina Kirchner para conseguir los votos en el Senado que aprueben el pliego del juez Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte. En cambio, en el Gobierno aseguran que «no existe ese pacto» con la ex presidenta pero estas versiones ponen en duda esa afirmación.

Fuentes del Gobierno afirman que “en diversas ocasiones llamaron la atención las enormes comitivas y los viajes en primera clase. En este sentido, desobedeció con la política de austeridad del Gobierno”.

“Encima tuvo una pésima gestión en el GAFI. Tanto es así que tuvo que ser relegado al rol de coordinador”, subrayó.

Y “la gota que rebalsó el vaso fue un intento de viaje a fin de año a Paraguay que nuevamente fue en primera clase y con una comitiva enorme”, añadió.

Para la fuente oficial “es el momento adecuado para que lo echen dado que terminó la evaluación del GAFI en diciembre y necesitamos gente idónea para implementar rápidamente todas las medidas que exige el organismo”.