La decisión del Ministerio de Sanidad de obligar este miércoles a ponerse la mascarilla en centros sanitarios ha levantado las quejas de las once comunidades reacias a imponer su uso, y mientras algunas han dicho que la acatarán pese a oponerse, otras estudian su legalidad.

Según informó EFE, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este martes a estas comunidades -todas salvo Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Asturias y Murcia- que se sumen a su propuesta «con un poquito de normalidad» porque es de sentido común «y la gente ya la está aplicando en los centros sanitarios pese a que no hay obligación».

Tienen de plazo hasta este miércoles para hacerlo voluntariamente; si no, el Gobierno está decidido a usar la declaración de actuaciones coordinadas, contemplada en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que «obliga a todas las partes» incluidas en ella. 

Mónica García, ha pedido este martes a estas comunidades -todas salvo Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Asturias y Murcia- que se sumen a su propuesta «con un poquito de normalidad» porque es de sentido común «y la gente ya la está aplicando en los centros sanitarios pese a que no hay obligación

Así lo ha vuelto ha reiterar este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que el Gobierno sigue dialogando con las comunidades sobre la propuesta de Sanidad para amortiguar el impacto del pico epidémico de la gripe y otros virus respiratorios en el sistema asistencial.

Varios presidentes del PP, como los de Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, han censurado que el Ministerio de Sanidad pretenda «imponer» el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios, actuando «tarde y mal» tras una epidemia de gripe que se ha disparado en las fiestas navideñas y que, según los populares, ha pillado a la ministra «de vacaciones».

Pese a que Aragón ha sido una de las que ha impuesto la mascarilla, su presidente, Jorge Azcón, ha afirmado que la medida de Sanidad «no responde a criterios técnicos» y ha cuestionado que la decisión del ministerio haya sido tomada «pensando en la salud de los ciudadanos», sino tan solo «por las fotos».

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en la «tardanza» de esta norma y ha reprochado al Gobierno «la falta de diálogo» con las comunidades autónomas: «Si Mónica García es ministra de Sanidad desde el 20 de noviembre ¿por qué no adoptó esta decisión con carácter preventivo como hicimos las comunidades autónomas?», se ha preguntado.

Otra dirigente autonómica popular, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la decisión de Sanidad a través de su cuenta en X (antes Twitter), en la que ha calificado de «improvisación» la imposición de mascarillas. «La obligación como la prohibición, recurso del gestor débil», ha escrito.

A sus palabras ha reaccionado el Gobierno a través de Pilar Alegría, que ha emplazado a Díaz Ayuso a tener «mayor contención y prudencia» a la hora de opinar de asuntos como la obligatoriedad de la mascarilla porque los españoles guardan «fresca» en la memoria su gestión de la pandemia de la covid, «especialmente» lo referente a las residencias.

Galicia defiende el uso generalizado de la mascarilla en centros sanitarios pero lamenta que Sanidad imponga la obligatoriedad sin tener en cuenta que cada comunidad «tiene una situación epidemiológica diferente».

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha adelantado que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando la legalidad de la intención del Ministerio de Sanidad, al tiempo que ha cuestionado tanto las formas como el fondo de la decisión: «Las cosas no se hacen así», ha advertido. 

Si Mónica García es ministra de Sanidad desde el 20 de noviembre ¿por qué no adoptó esta decisión con carácter preventivo como hicimos las comunidades autónomas?

Navarra aboga más por la recomendación del uso de la mascarilla en centros de salud que por su obligatoriedad, pero si finalmente se impone «analizará jurídicamente» la decisión, y «si no hay alternativa» la acatará, tal y como han apuntado a EFE fuentes del departamento de Salud.

Otras se han preguntado por qué no obligar mejor a vacunarse por ser «más efectivo»; así lo ha sugerido la consejera de Salud andaluza, Catalina García, que ha apelado a la «responsabilidad individual» para no hacer obligatorio, sino «recomendable», el uso de la mascarilla.

La consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha asegurado que acatará el mandato aunque las islas no están en situación de emergencia y pide que cada comunidad pueda actuar en función de su estado epidemiológico. «Pedimos que las comunidades puedan actuar según su realidad epidemiológica, sobre si el uso es recomendable o es obligatorio», ha reivindicado.

Por su parte, la de La Rioja, María Martín, ha matizado que no se opone al uso obligatorio de las mascarillas pero «sí a tomar decisiones sin el aval de los científicos y técnicos».

Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha reclamado que las decisiones en materia sanitaria estén basadas en informes técnicos y se tomen por consenso y con diálogo con los actores implicados.

Esta comunidad presentará alegaciones a las autobajas justificadas -otra de las propuestas de Sanidad para desatascar la Atención Primaria en este pico de contagios- porque aunque el Gobierno valenciano está a favor de la «desburocratización», se trata de un asunto que todavía está «verde»; hará lo mismo sobre la petición de elaborar planes de contingencia dado que la región valenciana los hace todos los años.

En Extremadura, donde desde el jueves se pondrá en marcha una campaña extraordinaria de vacunación contra la gripe y la covid en horario de tarde y sin cita previa, el director gerente del SES, Jesús Vilés Piris, ha insistido en que el uso de la mascarilla para evitar los contagios debe ser «recomendable» y ha abogado por ser «más cauto» a la hora de dictar su obligatoriedad.